Análisis exclusivo: post terremoto en Chile, ¿misión cumplida, presidente Piñera?
Realizado por especialistas de la Fundación Sur para el Barómetro de Política y Equidad, este informe inédito analiza el programa de políticas urbanas trazado por la coalición gobernante, y los alcances de la reconstrucción post 27, faenas que según Sebastián Piñera han alcanzado el 97% del cumplimiento.
Este análisis es parte del Barómetro de Política y Equidad "La cuenta Regresiva", de la Fundación Equitas y de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung, libro que contiene diez informes que desmenuzan lo realizado por el gobierno de Piñera hasta mayo 2013 (Fotografía 2: www.gob.cl).
- Mar, 08/27/2013 - 14:47
Durante la entrega de un conjunto de viviendas sociales, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, resaltó este miércoles los logros alcanzados por su gobierno en la reconstrucción de la zona afectada por el duro terremoto del 27 de febrero de 2010. A su juicio, "si hacemos un balance general de la reconstrucción y tomamos en cuenta los hospitales, escuelas, viviendas, puertos, aeropuertos y embalses, estamos ya a un 97% de cumplimiento del compromiso que hicimos frente a todos los chilenos”.
A modo de balance, detalló que “de las 222 mil viviendas que nos comprometimos a reparar o reconstruir, 170 mil están terminadas, entregadas y en manos de las familias que las están habitando. 46 mil están en pleno proceso de construcción. Y, por tanto, el 97% del tremendo esfuerzo y desafío de reconstruir las viviendas que el terremoto y maremoto destruyó, ya está cumplido. Pero nos queda todavía por iniciar 6 mil viviendas adicionales, para completar las 222 mil. Y esa tarea, ministro, tiene una fecha muy clara, no solamente para iniciar la construcción, sino que también para terminarla, que es el 11 de marzo del año 2014”.
Navegador Semántico
El conjunto habitacional inaugurado, explicó el primer mandatario, es “Reconstruyendo Placilla 1, 2, 3 y 4, el proyecto de reconstrucción más grande de la región de Valparaíso, que beneficiará a 304 familias, 80% de ellas damnificadas del terremoto del 27 de febrero de 2010".
Sin embargo, el positivo balance de Piñera dista del análisis realizado por los expertos de Fundación Sur, Paula y Alfredo Rodríguez, como parte del trabajo realizado durante los talleres del Barómetro de Política y Equidad, según su informe "Misión cumplida, señor presidente. Informe de ciudad y Reconstrucción", el que entregamos en exclusiva para AméricaEconomía.com a continuación:
INTRODUCCIÓNSe han cumplido tres largos años del gobierno de la Coalición por el Cambio (2010-2013), en los cuales hemos escuchado discursos presidenciales como el que Sebastián Piñera realizó el año pasado, con motivo de la reconstrucción pos-terremoto de 2010:
“‘¿Ustedes se acuerdan de la historia de los tres chanchitos?, que uno construyó sobre arena, llegó el viento y derrumbó la casa; pero el más sabio reconstruyó sobre roca, y logró una casa que fue capaz de soportar el viento y la lluvia. Y lo mismo quisimos hacer con Dichato’, dijo el Presidente”.1
Con piezas de oratoria como la citada, al menos parecía poco probable que la Coalición lograra cumplir con su programa de políticas urbanas neoliberales; sin embargo, lo ha conseguido. En el inicio del último año de gobierno de Piñera, se puede decir que han cumplido con las metas que se propusieron, entre desaciertos públicos y protestas. No hay que olvidar que, durante el 2011, se realizaron más de setenta protestas en todo el país, tanto por las demoras en la reconstrucción como por la mercantilización de la resolución de los derechos sociales, el lucro en la educación y en la explotación de los recursos naturales.
Las propuestas de la campaña presidencial de Piñera fueron elaboradas por el Grupo Tantauco,2 que estuvo trabajando dos años en el programa de gobierno de la Coalición.3
En este número del Barómetro destacamos el (desafortunado) cumplimiento de algunos de los puntos del programa de políticas urbanas neoliberales de Sebastián Piñera:
a) El aumento del rol fiscalizador del Estado que propuso la Coalición, en el marco del principio de subsidiariedad del Estado, que se repasará a partir de las cifras de la reconstrucción, las cifras de subsidio y de viviendas sociales, como también de la discusión en torno a la burbuja inmobiliaria.
b) La incorporación de las empresas privadas en las políticas de ciudad,4 que se ejemplificará a partir de los cambios que están ocurriendo en las ciudades (las cifras de construcción en la Región Metropolitana y en la comuna de Santiago) y las políticas urbanas segregatorias.
c) La resignificación de la ciudadanía, que puede expresar su opinión de manera no vinculante, lo cual se revisará a partir de la fallida ley de plebiscitos y la propuesta de Política Nacional de Desarrollo Urbano.
d) La privatización del sector público y las infraestructuras colectivas,5 que se examinará a partir de los casos de la ampliación de la avenida Américo Vespucio Oriente y la línea de tren Rancagua Express, y la propuesta de Política Nacional de Desarrollo Urbano.6
“‘¿Ustedes se acuerdan de la historia de los tres chanchitos?, que uno construyó sobre arena, llegó el viento y derrumbó la casa; pero el más sabio reconstruyó sobre roca, y logró una casa que fue capaz de soportar el viento y la lluvia. Y lo mismo quisimos hacer con Dichato’, dijo el Presidente”.1
Con piezas de oratoria como la citada, al menos parecía poco probable que la Coalición lograra cumplir con su programa de políticas urbanas neoliberales; sin embargo, lo ha conseguido. En el inicio del último año de gobierno de Piñera, se puede decir que han cumplido con las metas que se propusieron, entre desaciertos públicos y protestas. No hay que olvidar que, durante el 2011, se realizaron más de setenta protestas en todo el país, tanto por las demoras en la reconstrucción como por la mercantilización de la resolución de los derechos sociales, el lucro en la educación y en la explotación de los recursos naturales.
Las propuestas de la campaña presidencial de Piñera fueron elaboradas por el Grupo Tantauco,2 que estuvo trabajando dos años en el programa de gobierno de la Coalición.3
En este número del Barómetro destacamos el (desafortunado) cumplimiento de algunos de los puntos del programa de políticas urbanas neoliberales de Sebastián Piñera:
a) El aumento del rol fiscalizador del Estado que propuso la Coalición, en el marco del principio de subsidiariedad del Estado, que se repasará a partir de las cifras de la reconstrucción, las cifras de subsidio y de viviendas sociales, como también de la discusión en torno a la burbuja inmobiliaria.
b) La incorporación de las empresas privadas en las políticas de ciudad,4 que se ejemplificará a partir de los cambios que están ocurriendo en las ciudades (las cifras de construcción en la Región Metropolitana y en la comuna de Santiago) y las políticas urbanas segregatorias.
c) La resignificación de la ciudadanía, que puede expresar su opinión de manera no vinculante, lo cual se revisará a partir de la fallida ley de plebiscitos y la propuesta de Política Nacional de Desarrollo Urbano.
d) La privatización del sector público y las infraestructuras colectivas,5 que se examinará a partir de los casos de la ampliación de la avenida Américo Vespucio Oriente y la línea de tren Rancagua Express, y la propuesta de Política Nacional de Desarrollo Urbano.6
Las cifras de la reconstrucción: un papel no es una casa
Para entender las políticas de vivienda neoliberales y los discursos en torno a ellas, es necesario precisar algunas de las ambigüedades con que se utiliza el término ‘subsidios habitacionales’.
Otra ambigüedad del discurso es que, al hablar de subsidios entregados, rara vez se menciona cuánto tiempo pasa para que lleguen a ser subsidios pagados; esto es, para que hayan sido efectivamente utilizados en alguna operación de compra de vivienda. De ahí que se escuchen los reclamos de beneficiarios de subsidios que no logran encontrar solución a su necesidad de una vivienda.
Una tercera opacidad en los discursos en torno a los subsidios es que no todo subsidio habitacional equivale a la construcción de una nueva vivienda: hay subsidios para compra de viviendas usadas, como también los hay, de montos menores, para la reparación de viviendas.
Por último, hay otros subsidios, tales como los de localización, de renovación urbana, que se suman, en determinados casos, a los subsidios de adquisición. Así, se puede dar el caso de que se utilicen tres tipos de subsidios por una unidad de vivienda nueva.
El pasado 21 de mayo, la exposición que el Presidente Piñera hizo de la reconstrucción pos-terremoto y del sector vivienda y ciudad fue también notablemente ambigua con respecto a las cifras de la reconstrucción y de las actividades del sector de la construcción de viviendas.
El gobierno subestimó las dificultades de la reconstrucción. Basta recordar que el Presidente inicialmente señaló que en tres meses estaría todo resuelto; meses más tarde declaró que al cabo de un año tendrían construidas y entregadas 100 mil viviendas, etc. Si hay que citar cuentos infantiles, aquí correspondería “Pedrito y el lobo”.
Ahora, con la ansiedad de mostrar resultados, se han reducido las metas inicialmente planteadas y también dan por terminadas viviendas que están en alguna etapa de construcción o que no pueden ser habitadas por problemas estructurales.
Este año, en su tercera cuenta presidencial frente al Congreso de la Nación, el Presidente Piñera señaló que solo faltaba un 4 por ciento para cumplir las metas de la reconstrucción de viviendas. Y lo comprobó diciendo que, en materia de vivienda, los 222 mil subsidios comprometidos ya estaban otorgados; que, de ellos, 155 mil soluciones habitacionales estaban terminadas y entregadas y 57 mil, en plena construcción. Esto significa que 212 mil soluciones habitacionales, es decir, el 96 por ciento del total, están terminadas y habitadas o en plena construcción. Pero no es tan así. Las cifras del Informe “Avance de Reconstrucción” del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), de abril de 2013,1 permiten desagregar por tipo y estado de avance esos 222.415 subsidios entregados, como se hace en el Cuadro 1.
Este año, en su tercera cuenta presidencial frente al Congreso de la Nación, el Presidente Piñera señaló que solo faltaba un 4 por ciento para cumplir las metas de la reconstrucción de viviendas. Y lo comprobó diciendo que, en materia de vivienda, los 222 mil subsidios comprometidos ya estaban otorgados; que, de ellos, 155 mil soluciones habitacionales estaban terminadas y entregadas y 57 mil, en plena construcción. Esto significa que 212 mil soluciones habitacionales, es decir, el 96 por ciento del total, están terminadas y habitadas o en plena construcción. Pero no es tan así. Las cifras del Informe “Avance de Reconstrucción” del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), de abril de 2013,1 permiten desagregar por tipo y estado de avance esos 222.415 subsidios entregados, como se hace en el Cuadro 1.
Así, de los 155.154 subsidios terminados y entregados a que se refiere el Presidente Piñera, solo 63.528 corresponden a nuevas viviendas construidas, esto es, el 54 por ciento de los 117.660 subsidios otorgados para viviendas nuevas (que en un inicio se habían anunciado serían 180 mil viviendas).
Las cifras de los subsidios
Otra muestra de la ambigüedad en el Discurso del 21 de Mayo fue la promesa de entrega de 750 mil subsidios habitacionales, lo que cambiaría la vida de 2,5 millones de chilenos e implicaría un aumento del 50 por ciento respecto del período anterior. Las cifras del Minvu y de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) muestran lo equívoco del discurso, como se observa en el Cuadro 2.
La revisión de los permisos de edificación para vivienda aprobados en los tres años de este gobierno indica que se está construyendo menos que en el periodo anterior: entre los años 2006 y 2009 se otorgaron más de 600 mil, mientras entre 2010 y 2012 han sido 356 mil, con lo cual el periodo terminará con una cifra que oscila entre 450 mil y 500 mil permisos de edificación.
En el periodo 2006-2012, el porcentaje de permisos para viviendas con subsidios corresponde a menos de la mitad del total de permisos (250 mil viviendas).1 De ahí que calificar como un éxito la oferta de 750 mil subsidios habitacionales para el final del periodo es peligrosa. Esto porque se sabe que no se puede cumplir.
Al fin del gobierno de Piñera, tendremos no menos de 500 mil familias que deambularán con un papel en la mano, buscando una ‘solución habitacional’ que no existe. Esto va a implicar una gran presión sobre el próximo gobierno.
En el periodo 2006-2012, el porcentaje de permisos para viviendas con subsidios corresponde a menos de la mitad del total de permisos (250 mil viviendas).1 De ahí que calificar como un éxito la oferta de 750 mil subsidios habitacionales para el final del periodo es peligrosa. Esto porque se sabe que no se puede cumplir.
Al fin del gobierno de Piñera, tendremos no menos de 500 mil familias que deambularán con un papel en la mano, buscando una ‘solución habitacional’ que no existe. Esto va a implicar una gran presión sobre el próximo gobierno.
Las cifras de viviendas sociales
Otro logro mencionado en el Mensaje del 21 de Mayo fue el aumento del tamaño promedio de las viviendas en el país, que en el año 2012 alcanzó los 77 m², lo que nos lleva a la conclusión de que esto se debe a que se está construyendo viviendas mejores y de mayor tamaño. Esto es cierto. Y ello ocurre, tal como las estadísticas de la construcción nos lo indican, debido a que la producción de viviendas ha tendido a concentrarse en los tramos de mayor tamaño y de mayor precio, junto con una reducción en la producción de viviendas sociales.
Las cifras que aparecen en las páginas web del Minvu y de la CChC muestran la reducción que existe en la construcción de viviendas sociales en todo el país y, con mayor fuerza, en el Gran Santiago. Según Mario Grandón y José Astaburuaga,2 en el periodo 1990-1995, el 67,5 por ciento del total de viviendas anuales iniciadas correspondía a viviendas con subsidio (74.003 unidades promedio anuales), mientras que en la actualidad, el período 2006-2011, esa proporción se había reducido al 48,5 por ciento (64.033 unidades promedio anuales). Esto significa una disminución importante del peso de los subsidios habitacionales en la actividad de la construcción.
A lo anterior se agrega el hecho de que en el año 2012, por primera vez desde 1991, según cifras de la CChC, el total de metros cuadrados de edificación no habitacional en el país se equipara al total de metros destinados a vivienda. Tenemos, así, el panorama de que la construcción de viviendas sociales está dejando de ser atractiva para las empresas inmobiliarias y constructoras. Esto ocurre, como señala José Astaburuaga en El Mercurio,3 por “las dificultades que enfrenta la construcción de casas y departamentos sociales (…) los suelos son más escasos y caros, el costo de la construcción se elevó. Se entregan muchos subsidios, pero se aplican pocos y quedan personas dando vueltas con un cartón. Así se está generando una bolsa de allegados que va a explotar”.
Las cifras que aparecen en las páginas web del Minvu y de la CChC muestran la reducción que existe en la construcción de viviendas sociales en todo el país y, con mayor fuerza, en el Gran Santiago. Según Mario Grandón y José Astaburuaga,2 en el periodo 1990-1995, el 67,5 por ciento del total de viviendas anuales iniciadas correspondía a viviendas con subsidio (74.003 unidades promedio anuales), mientras que en la actualidad, el período 2006-2011, esa proporción se había reducido al 48,5 por ciento (64.033 unidades promedio anuales). Esto significa una disminución importante del peso de los subsidios habitacionales en la actividad de la construcción.
A lo anterior se agrega el hecho de que en el año 2012, por primera vez desde 1991, según cifras de la CChC, el total de metros cuadrados de edificación no habitacional en el país se equipara al total de metros destinados a vivienda. Tenemos, así, el panorama de que la construcción de viviendas sociales está dejando de ser atractiva para las empresas inmobiliarias y constructoras. Esto ocurre, como señala José Astaburuaga en El Mercurio,3 por “las dificultades que enfrenta la construcción de casas y departamentos sociales (…) los suelos son más escasos y caros, el costo de la construcción se elevó. Se entregan muchos subsidios, pero se aplican pocos y quedan personas dando vueltas con un cartón. Así se está generando una bolsa de allegados que va a explotar”.
Las cifras de la Región Metropolitana
En la Región Metropolitana, durante el período 2006-2012, la edificación total anual se ha mantenido estable en torno a los 6,3 a 6,5 millones de metros cuadrados. Lo interesante es el hecho de que, por primera vez desde 1990, el porcentaje de metros cuadrados destinados a usos no habitacionales (oficinas, servicios, industria, comercio) supera a los de uso habitacional. La actividad del sector de la construcción se ha dirigido en los años recientes a la producción no habitacional, como se observa en el Cuadro 3.
El resultado de esta tendencia es que el número de permisos para edificación de viviendas en el Gran Santiago ha disminuido, de un promedio anual de 62.274 unidades en el período 2006-2009, a 35.229 unidades entre 2010 y 2011. De estas cifras se puede concluir que la actividad de la construcción en Santiago se orienta, en estos años, hacia la edificación de viviendas de ingresos medios y altos, y al sector de oficinas y comercio. La construcción de viviendas sociales, que en algún momento (en los inicios de los años noventa) alcanzó hasta el 70 por ciento de total construido en Santiago, hoy llega al 25 por ciento del total. Construir para sectores de bajos ingresos ha dejado de ser negocio en Santiago.
Tenemos así una situación desfasada: un mercado de vivienda que ofrece productos para sectores de ingresos medios y altos, y una política de vivienda que distribuye subsidios habitacionales para los cuales no hay oferta.
Tenemos así una situación desfasada: un mercado de vivienda que ofrece productos para sectores de ingresos medios y altos, y una política de vivienda que distribuye subsidios habitacionales para los cuales no hay oferta.
Las cifras en la comuna de Santiago
Las cifras en la comuna de Santiago son diferentes al promedio de la Región Metropolitana, porque la superficie anual aprobada para edificación de viviendas supera la aprobada para otros usos.
En la comuna de Santiago, desde 1990 a la fecha, se han construidos 121 mil nuevos departamentos con casi 9 millones de metros cuadrados, concentrados en la periferia del centro histórico, en el municipio de Santiago. En los primeros años de la década de los noventa, la actividad inmobiliaria en dicha comuna fue lenta. En el período inicial del retorno a la democracia (1990 a 1996), se construyeron edificios de departamentos mayoritariamente de baja altura (hasta cuatro pisos) vinculados a iniciativas ciudadanas. De ahí en adelante, la altura de las edificaciones y la cantidad de metros cuadrados construidos aumentaron. Entre 1997 y 2005, casi la mitad era de más de diez pisos; y de 2006 en adelante, más de la mitad de los edificios sobrepasa los veinte pisos, y una buena parte los treinta pisos.
El aumento en la cantidad de pisos por edificio es, sin duda, la expresión del funcionamiento de un mercado de viviendas en expansión, con escasas restricciones, que: (a) al operar sube los precios del suelo y, por tanto, requiere de mayor intensidad de uso (mayor número de metros cuadrados construidos = mayor número de pisos) para lograr un mayor lucro; y (b) como está orientado a un segmento muy específico de los subsidios habitacionales, que se sitúa entre las 950 UF y 2.000 UF, nivel levemente superior al de la vivienda social (menos de 750 UF, sumando diferentes subsidios), tiende a reducir los tamaños de las unidades y simultáneamente aumentar el número de unidades de vivienda por edificio. Así logra ganancias superiores a las que alcanzaría en otras localizaciones de la ciudad. La lógica tras este cuadro es similar a lo que ocurre en la tugurización de los barrios periféricos, con viviendas sociales: mayor número de unidades de tamaño pequeño por predio, simple maximización de la renta.
El aumento en la cantidad de pisos por edificio es, sin duda, la expresión del funcionamiento de un mercado de viviendas en expansión, con escasas restricciones, que: (a) al operar sube los precios del suelo y, por tanto, requiere de mayor intensidad de uso (mayor número de metros cuadrados construidos = mayor número de pisos) para lograr un mayor lucro; y (b) como está orientado a un segmento muy específico de los subsidios habitacionales, que se sitúa entre las 950 UF y 2.000 UF, nivel levemente superior al de la vivienda social (menos de 750 UF, sumando diferentes subsidios), tiende a reducir los tamaños de las unidades y simultáneamente aumentar el número de unidades de vivienda por edificio. Así logra ganancias superiores a las que alcanzaría en otras localizaciones de la ciudad. La lógica tras este cuadro es similar a lo que ocurre en la tugurización de los barrios periféricos, con viviendas sociales: mayor número de unidades de tamaño pequeño por predio, simple maximización de la renta.
A partir de 2006 en adelante, se incrementó notablemente la producción de edificios de departamentos en el municipio de Santiago, que pasó a ser la comuna con la mayor superficie de metros construidos para vivienda en el Gran Santiago: si en el año 1990 había 170 nuevas viviendas edificadas por año, en 2008 fueron 17.000.1 Se sigue aumentando el número de departamentos por edificio, alcanzando un promedio de 227. Lo anterior se observa en la disminución de los metros cuadrados por unidad de vivienda, que en promedio son menores a 50 metros, dentro de un rango que va desde los 19 metros cuadrados (un ambiente y un baño) a 60 metros cuadrados (dos dormitorios, living-comedor, dos baños). Los precios por unidad se ubican entre las 980 UF y las 2.100 UF, esto es, entre 50 UF y 36 UF por metro cuadrado.2El rango de precios señalado muestra la importancia del subsidio habitacional y del subsidio de renovación urbana en este proceso de construcción de vivienda. En su gran mayoría no superan las 2.000 UF, límite máximo de precio por unidad, incluidos los subsidios habitacional y de renovación urbana.
Las personas y las familias que pueden acceder al nivel menor del rango de precios por unidad (980 UF) tienen ingresos ligeramente superiores a los de aquellos a quienes están orientadas las viviendas sociales, en la periferia del Gran Santiago.
Lo anterior también se relaciona con cambios en los tipos de familia, el aumento o disminución de los ingresos, con cómo se realizan las negociaciones al interior de los hogares con allegamiento, cómo se toman las decisiones en el ámbito doméstico, entre muchos otros; y muestra un tema que nunca ha sido objeto de política pública, que es aquel de la regulación efectiva de los arriendos.
Como todo éxito cuantitativo en el cual ha primado la rentabilidad de las operaciones inmobiliarias, este stock de viviendas en altura, de tamaño reducido, plantea al menos dos problemas: uno es la posible tugurización de estos edificios, por dificultades para financiar su mantenimiento y gastos comunes; otro es la presión que ejercen sobre inmuebles y barrios aledaños, amenazados de destrucción por aumentos en los precios del suelo y de los alquileres, que llevarían a la expulsión de sus habitantes y reemplazo de sus casas por nuevas edificaciones en altura.
Las personas y las familias que pueden acceder al nivel menor del rango de precios por unidad (980 UF) tienen ingresos ligeramente superiores a los de aquellos a quienes están orientadas las viviendas sociales, en la periferia del Gran Santiago.
Lo anterior también se relaciona con cambios en los tipos de familia, el aumento o disminución de los ingresos, con cómo se realizan las negociaciones al interior de los hogares con allegamiento, cómo se toman las decisiones en el ámbito doméstico, entre muchos otros; y muestra un tema que nunca ha sido objeto de política pública, que es aquel de la regulación efectiva de los arriendos.
Como todo éxito cuantitativo en el cual ha primado la rentabilidad de las operaciones inmobiliarias, este stock de viviendas en altura, de tamaño reducido, plantea al menos dos problemas: uno es la posible tugurización de estos edificios, por dificultades para financiar su mantenimiento y gastos comunes; otro es la presión que ejercen sobre inmuebles y barrios aledaños, amenazados de destrucción por aumentos en los precios del suelo y de los alquileres, que llevarían a la expulsión de sus habitantes y reemplazo de sus casas por nuevas edificaciones en altura.
Las preocupaciones de los privados: las discusiones
semánticas en torno a la burbuja inmobiliaria
Desde sus inicios, en la década de los cincuenta, ha existido una relación directa, clara y precisa, entre la CChC y la esfera estatal. Esta se ha hecho visible tanto en los nombres de profesionales que aparecen en la CChC (como parte de los mandos de decisión) y luego en el Estado (en ministerios, por ejemplo), como en la capacidad histórica que ha tenido la CChC para influenciar y modificar las políticas urbanas en el país o conseguir que el Estado convierta sus intereses corporativos en políticas públicas, de Estado.
Las acciones de la CChC denotan su visión mercantilista: la ciudad y la vivienda son solo posibilidades de negocio. Esto no es algo nuevo y no provoca sorpresa ni asombro alguno. Así ha sido desde su creación.Desde hace un año o poco más, se debate en torno a si existe o no una ‘burbuja inmobiliaria’ en Chile. Esto, a partir de la constatación de los altos precios que han alcanzado las viviendas en el último tiempo, lo que debe ser comprendido como el efecto visible de la independencia alcanzada por el segundo circuito del capital (los agentes del suelo: inmobiliarias, banca, Estado).
Como parte del debate, el cual ha sido difundido por los medios de comunicación, muchos de los expertos —y también los periodistas— concuerdan en que sí se ha producido un alza en los precios en las viviendas:
“Si revisamos la información disponible en la prensa y en los índices publicados por diversas autoridades y organismos, efectivamente los precios de las viviendas han presentado un alza importante en la última década, pero en particular en los últimos dos o tres años”.3La preocupación es que en Chile, país del tercer mundo, no ocurra lo mismo que en países del primero, como España; mucho menos que en potencias, como Estados Unidos. La burbuja es mala para los proyectos de negocios, la inversión extranjera, las mediciones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Pero el caso de Chile es diferente, porque el Estado, en el caso de los subsidios al menos, ha asegurado a la banca.
Los expertos, y también los periodistas, coinciden en indicar que el aumento de los precios de las viviendas no ha sido una medida artificial, sino producto de varios motivos:“Nicole Norel, Subdirectora del Centro de Inteligencia Territorial de la Universidad Adolfo Ibáñez, señala que si bien se ha visto un alza importante en los precios de las propiedades, estos no reúnen las características necesarias para hablar de una burbuja inmobiliaria, ya que esto ocurre cuando el alza es artificial, mientras que en el caso de Santiago existen varios motivos para explicar incremento de los valores de las propiedades tanto residenciales como oficinas”.4
Una de las razones por la cual no se trataría de un alza artificial es porque el aumento de los precios tendría relación directa con la escasez de suelo urbano, como lo indicó el Director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Diego Portales, Ricardo Abuauad. Lo mismo señaló el presidente del Banco Central:“En comunas como Santiago, La Florida, Ñuñoa, La Reina, Las Condes y Vitacura, tal como dice el presidente del Banco Central, ha habido un alza de los precios de las viviendas. Sin embargo, y apoyando la versión del jefe del ente rector, dicha alza se explicaría más por la escasez de tierra que por especuladores inmobiliarios. Los números apoyan esta tesis”.5
Esta explicación es muy difícil de entender, sobre todo si se toma en cuenta que, como señala Trivelli (2010: 17), hay cerca de 10 mil hectáreas de suelo disponible en las comunas del Gran Santiago y que, durante los años 2003 y 2009, la demanda de expansión fue de cerca de 450 hectáreas por año. En palabras de Trivelli (2010: 18): “el suelo disponible alcanza para más de veinte años, o incluso un periodo mayor”.6Por otra parte, se señala que en Chile se construye poco y que las ventas han aumentado, lo cual se ha traducido en un incremento en los montos de los créditos para adquirir viviendas. En este tipo de construcción, no se estaría frente a una burbuja inmobiliaria, porque las construcciones de viviendas se concentran en los barrios de altos ingresos, para personas con alto poder adquisitivo; y también se construye donde hay subsidios, como en el centro de Santiago. Diferente podría ser el caso de las construcciones de oficinas.
La participación en el debate de la CChC se ha concretado a tres puntos: primero, afirma que es necesario definir, redefinir o llegar a un acuerdo respecto de lo que se comprende por ‘burbuja inmobiliaria’, con lo que reduce el problema a un asunto de semántica.Segundo, ha obviado la definición de burbuja a partir de su carácter especulativo; pero las burbujas sí son fenómenos especulativos:
“Se trata de un alza importante y focalizada de algún activo, en este caso bienes raíces, por sobre el alza promedio de los precios y sin razones explicables en los fundamentos de la economía (estructurales, como menor oferta o mayor demanda; o coyunturales, como mayores salarios o mejores rendimientos de las rentas por alquiler)”.7Y tercero, una vez superado el asunto de los significados, la CChC señala que lo que hay en Chile es un ‘boom inmobiliario’.8
En Chile ha habido burbujas inmobiliarias. Basta recordar la masiva condonación de deudas de los subsidios entregados a las viviendas PET, desde mediados de los noventa al 2004.
Lo que hay ahora es una gran preocupación de la banca, que está monitoreando los créditos de vivienda.
Las acciones de la CChC denotan su visión mercantilista: la ciudad y la vivienda son solo posibilidades de negocio. Esto no es algo nuevo y no provoca sorpresa ni asombro alguno. Así ha sido desde su creación.Desde hace un año o poco más, se debate en torno a si existe o no una ‘burbuja inmobiliaria’ en Chile. Esto, a partir de la constatación de los altos precios que han alcanzado las viviendas en el último tiempo, lo que debe ser comprendido como el efecto visible de la independencia alcanzada por el segundo circuito del capital (los agentes del suelo: inmobiliarias, banca, Estado).
Como parte del debate, el cual ha sido difundido por los medios de comunicación, muchos de los expertos —y también los periodistas— concuerdan en que sí se ha producido un alza en los precios en las viviendas:
“Si revisamos la información disponible en la prensa y en los índices publicados por diversas autoridades y organismos, efectivamente los precios de las viviendas han presentado un alza importante en la última década, pero en particular en los últimos dos o tres años”.3La preocupación es que en Chile, país del tercer mundo, no ocurra lo mismo que en países del primero, como España; mucho menos que en potencias, como Estados Unidos. La burbuja es mala para los proyectos de negocios, la inversión extranjera, las mediciones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Pero el caso de Chile es diferente, porque el Estado, en el caso de los subsidios al menos, ha asegurado a la banca.
Los expertos, y también los periodistas, coinciden en indicar que el aumento de los precios de las viviendas no ha sido una medida artificial, sino producto de varios motivos:“Nicole Norel, Subdirectora del Centro de Inteligencia Territorial de la Universidad Adolfo Ibáñez, señala que si bien se ha visto un alza importante en los precios de las propiedades, estos no reúnen las características necesarias para hablar de una burbuja inmobiliaria, ya que esto ocurre cuando el alza es artificial, mientras que en el caso de Santiago existen varios motivos para explicar incremento de los valores de las propiedades tanto residenciales como oficinas”.4
Una de las razones por la cual no se trataría de un alza artificial es porque el aumento de los precios tendría relación directa con la escasez de suelo urbano, como lo indicó el Director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Diego Portales, Ricardo Abuauad. Lo mismo señaló el presidente del Banco Central:“En comunas como Santiago, La Florida, Ñuñoa, La Reina, Las Condes y Vitacura, tal como dice el presidente del Banco Central, ha habido un alza de los precios de las viviendas. Sin embargo, y apoyando la versión del jefe del ente rector, dicha alza se explicaría más por la escasez de tierra que por especuladores inmobiliarios. Los números apoyan esta tesis”.5
Esta explicación es muy difícil de entender, sobre todo si se toma en cuenta que, como señala Trivelli (2010: 17), hay cerca de 10 mil hectáreas de suelo disponible en las comunas del Gran Santiago y que, durante los años 2003 y 2009, la demanda de expansión fue de cerca de 450 hectáreas por año. En palabras de Trivelli (2010: 18): “el suelo disponible alcanza para más de veinte años, o incluso un periodo mayor”.6Por otra parte, se señala que en Chile se construye poco y que las ventas han aumentado, lo cual se ha traducido en un incremento en los montos de los créditos para adquirir viviendas. En este tipo de construcción, no se estaría frente a una burbuja inmobiliaria, porque las construcciones de viviendas se concentran en los barrios de altos ingresos, para personas con alto poder adquisitivo; y también se construye donde hay subsidios, como en el centro de Santiago. Diferente podría ser el caso de las construcciones de oficinas.
La participación en el debate de la CChC se ha concretado a tres puntos: primero, afirma que es necesario definir, redefinir o llegar a un acuerdo respecto de lo que se comprende por ‘burbuja inmobiliaria’, con lo que reduce el problema a un asunto de semántica.Segundo, ha obviado la definición de burbuja a partir de su carácter especulativo; pero las burbujas sí son fenómenos especulativos:
“Se trata de un alza importante y focalizada de algún activo, en este caso bienes raíces, por sobre el alza promedio de los precios y sin razones explicables en los fundamentos de la economía (estructurales, como menor oferta o mayor demanda; o coyunturales, como mayores salarios o mejores rendimientos de las rentas por alquiler)”.7Y tercero, una vez superado el asunto de los significados, la CChC señala que lo que hay en Chile es un ‘boom inmobiliario’.8
En Chile ha habido burbujas inmobiliarias. Basta recordar la masiva condonación de deudas de los subsidios entregados a las viviendas PET, desde mediados de los noventa al 2004.
Lo que hay ahora es una gran preocupación de la banca, que está monitoreando los créditos de vivienda.
El desincentivo a la participación: las ciudades sin ley (de plebiscitos)
El proyecto original de Sebastián Piñera era resignificar la ciudadanía, la que podría expresar su opinión en cuanto a las políticas urbanas, por ejemplo, mediante encuestas de opinión, twitter o facebook (las mal llamadas ‘redes sociales’); es decir, las personas podían opinar, pero de manera no vinculante. Eso no es participación ciudadana en ninguna parte; la opinión de los y las ciudadanas no es equivalente a una conversación informal frente a un café acerca de los eventos del día, o sobre el resultado del último partido de fútbol de la selección nacional ante una pantalla de televisión.
El proyecto tal como está planteado es una demostración de que el interés es desincentivar la participación, de que la participación no interesa.
En el ámbito local, existen algunas herramientas y están asegurados algunos procedimientos para que los y las ciudadanas participen y modifiquen los flujos de decisiones de los gobiernos locales: los plebiscitos y las consultas. Esto, aunque no existe una ley que los regule. Lo que sí había era un proyecto de ley presentado en el Congreso para su discusión y votación, que formaba parte de la agenda de perfeccionamiento de la democracia. Este proyecto, ingresado por el Ejecutivo en 2010 y votado en noviembre de 2012, fue una de las pocas modificaciones sustantivas al proyecto del Grupo Tantauco. Formaba parte de un conjunto de medidas en las que se incluía la inscripción automática en los registros electorales, las elecciones primarias y la declaración de intereses y patrimonio de las autoridades y candidatos. Su objetivo era disminuir el desencanto de la gente con la política; y en el caso de los plebiscitos, facilitar su ejecución y la de las consultas para incrementar la participación ciudadana.Pero la gente no solo estaba desencantada, lo que se manifestó en los altos porcentajes de abstención en las últimas elecciones municipales (a fines de 2012), que llegaron incluso al 90 por ciento en algunas mesas de votación. La gente tampoco estaba informada acerca del proyecto de ley para regular los plebiscitos municipales.
La abstención en las urnas incidió directamente en la desaprobación del proyecto de ley de plebiscitos. El proyecto establecía “enmiendas en las leyes orgánicas constitucionales de Municipalidades y de Votaciones Populares y Escrutinios y en la Ley de los Tribunales Electorales Regionales”.9
El proyecto tal como está planteado es una demostración de que el interés es desincentivar la participación, de que la participación no interesa.
En el ámbito local, existen algunas herramientas y están asegurados algunos procedimientos para que los y las ciudadanas participen y modifiquen los flujos de decisiones de los gobiernos locales: los plebiscitos y las consultas. Esto, aunque no existe una ley que los regule. Lo que sí había era un proyecto de ley presentado en el Congreso para su discusión y votación, que formaba parte de la agenda de perfeccionamiento de la democracia. Este proyecto, ingresado por el Ejecutivo en 2010 y votado en noviembre de 2012, fue una de las pocas modificaciones sustantivas al proyecto del Grupo Tantauco. Formaba parte de un conjunto de medidas en las que se incluía la inscripción automática en los registros electorales, las elecciones primarias y la declaración de intereses y patrimonio de las autoridades y candidatos. Su objetivo era disminuir el desencanto de la gente con la política; y en el caso de los plebiscitos, facilitar su ejecución y la de las consultas para incrementar la participación ciudadana.Pero la gente no solo estaba desencantada, lo que se manifestó en los altos porcentajes de abstención en las últimas elecciones municipales (a fines de 2012), que llegaron incluso al 90 por ciento en algunas mesas de votación. La gente tampoco estaba informada acerca del proyecto de ley para regular los plebiscitos municipales.
La abstención en las urnas incidió directamente en la desaprobación del proyecto de ley de plebiscitos. El proyecto establecía “enmiendas en las leyes orgánicas constitucionales de Municipalidades y de Votaciones Populares y Escrutinios y en la Ley de los Tribunales Electorales Regionales”.9
Los asuntos que incluía este proyecto eran:a) La ampliación de las materias que se podían llamar a plebiscito. Se incluían materias de uso y conservación de bienes nacionales y de uso público, como plazas, parques.
b) La posibilidad de convocar a plebiscitos en conjunto con elecciones que no sean municipales.
c) La disminución de los costos para llevar a cabo un plebiscito.
d) La modificación de los quórum necesarios para pedir un plebiscito.
La abstención en las elecciones municipales afectó el proyecto de ley de forma negativa en lo relacionado con la modificación de los quórum. Este cambio provenía de la Ley Nº 20.500, “Sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública”, que cambió el quórum de 5 a 10 por ciento de ciudadanos y ciudadanas que podían solicitar un plebiscito, sobre la base de que este 10 por ciento debía haber votado en las últimas elecciones municipales, con certificación del Servicio Electoral. Se pedía que este porcentaje solo hubiera votado; podía haber votado nulo, en blanco o haber marcado alguna preferencia. Con respecto a la votación en el plebiscito, en el proyecto de ley se establecía que debía corresponder al 50 por ciento de los que hubieran votado en la última elección municipal.A pocos días de las elecciones municipales, el Senado no aprobó la propuesta:
“Nueve senadores, todos ellos de la Alianza, rechazaron la propuesta por considerar que la aplicación de una de sus normas amenazaba en la práctica la gobernabilidad en las comunas.
El proyecto establecía que los plebiscitos serían vinculantes si en ellos participaba a lo menos el 50 por ciento de quienes habían sufragado en la municipal anterior.
‘Tras lo ocurrido el 28 de octubre, el proyecto contemplaba un quórum muy bajo para establecer decisiones vinculantes’, explicó Francisco Chahuán (RN)”.10
b) La posibilidad de convocar a plebiscitos en conjunto con elecciones que no sean municipales.
c) La disminución de los costos para llevar a cabo un plebiscito.
d) La modificación de los quórum necesarios para pedir un plebiscito.
La abstención en las elecciones municipales afectó el proyecto de ley de forma negativa en lo relacionado con la modificación de los quórum. Este cambio provenía de la Ley Nº 20.500, “Sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública”, que cambió el quórum de 5 a 10 por ciento de ciudadanos y ciudadanas que podían solicitar un plebiscito, sobre la base de que este 10 por ciento debía haber votado en las últimas elecciones municipales, con certificación del Servicio Electoral. Se pedía que este porcentaje solo hubiera votado; podía haber votado nulo, en blanco o haber marcado alguna preferencia. Con respecto a la votación en el plebiscito, en el proyecto de ley se establecía que debía corresponder al 50 por ciento de los que hubieran votado en la última elección municipal.A pocos días de las elecciones municipales, el Senado no aprobó la propuesta:
“Nueve senadores, todos ellos de la Alianza, rechazaron la propuesta por considerar que la aplicación de una de sus normas amenazaba en la práctica la gobernabilidad en las comunas.
El proyecto establecía que los plebiscitos serían vinculantes si en ellos participaba a lo menos el 50 por ciento de quienes habían sufragado en la municipal anterior.
‘Tras lo ocurrido el 28 de octubre, el proyecto contemplaba un quórum muy bajo para establecer decisiones vinculantes’, explicó Francisco Chahuán (RN)”.10
Las políticas urbanas segregatorias
Desde hace varios años, los vecinos de las comunas de Ñuñoa y La Reina han estado en campaña para lograr que pase bajo superficie el tramo que falta para completar el anillo de circunvalación Américo Vespucio.
Después de muchos anuncios, a fines del año pasado, el Ministerio de Obras Públicas presentó una propuesta definitiva para la licitación de la autopista Vespucio Oriente, con un trazado que causó gran difusión y discusión pública: la autopista pasaría en túnel por la comuna de Las Condes, y como trinchera abierta por las comunas de La Reina y parte de Peñalolén. En estas dos comunas no seguiría el actual trazado de Américo Vespucio, sino que iría en forma paralela 150 metros al oriente, para lo cual habría que expropiar un número considerable de casas.Los vecinos, las autoridades de las comunas (Las Condes, Ñuñoa, La Reina, entre otras) que se consideraron afectados por el nuevo trazado, protestaron. Sus reclamos tuvieron amplia cobertura en la prensa y en la televisión. Un candidato presidencial apareció en televisión señalando que no había nada definitivo, que todo estaba en estudio. La Ministra rectificó su propuesta. Se inició una larga negociación con propuestas alternativas, que hasta ahora duran.
Simultáneamente, a fines del año pasado, la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) se disponía a iniciar el proyecto “Mejoramiento Integral Infraestructura Ferroviaria Tramo Santiago–Rancagua”;11 incluso en el portal ChileCompra apareció la licitación para una de sus obras iniciales.
La idea del proyecto es mejorar la conectividad entre las ciudades de Santiago y Rancagua, ampliando la actual vía férrea de dos a cuatro vías, para alcanzar un flujo de un tren cada cuatro minutos.
Se reconocía que esta ampliación, que permitiría el paso de trenes a 150 kilómetros por hora, causaría problemas de seguridad, acústicos, a lo largo de las comunas de Estación Central, Pedro Aguirre Cerda y Lo Espejo, en el sur de la ciudad. Para minimizar estos problemas, el proyecto que EFE se disponía a iniciar en el mes de enero, contemplaba lo que los ingenieros denominaron ‘confinamiento de las vías’. Esto es, muros de alrededor de cinco metros de altura a ambos costados de las cuatro vías. Hay que imaginar lo brutal que es esto para los vecinos y poblaciones. Si ya desde años la vía férrea fragmenta comunas en la zona sur, en un futuro próximo podrían quedar confinados totalmente detrás de esta nueva muralla china continua de catorce kilómetros.Después de más de cuatro meses de movilizaciones de los vecinos, las autoridades de las comunas y parlamentarios lograron que, el día 5 de mayo, la Cámara de Diputados acordara solicitar al Presidente un estudio y valorización de una solución subterránea que minimice los impactos del Rancagua Express en la comunas de la zona sur de Santiago.12
Hasta la fecha, en ninguno de los dos casos hay una respuesta clara de parte de las autoridades; mientras tanto, los vecinos siguen protestando para evitar que se fragmenten sus barrios y comunas mediante la construcción de trincheras y muros.
Después de muchos anuncios, a fines del año pasado, el Ministerio de Obras Públicas presentó una propuesta definitiva para la licitación de la autopista Vespucio Oriente, con un trazado que causó gran difusión y discusión pública: la autopista pasaría en túnel por la comuna de Las Condes, y como trinchera abierta por las comunas de La Reina y parte de Peñalolén. En estas dos comunas no seguiría el actual trazado de Américo Vespucio, sino que iría en forma paralela 150 metros al oriente, para lo cual habría que expropiar un número considerable de casas.Los vecinos, las autoridades de las comunas (Las Condes, Ñuñoa, La Reina, entre otras) que se consideraron afectados por el nuevo trazado, protestaron. Sus reclamos tuvieron amplia cobertura en la prensa y en la televisión. Un candidato presidencial apareció en televisión señalando que no había nada definitivo, que todo estaba en estudio. La Ministra rectificó su propuesta. Se inició una larga negociación con propuestas alternativas, que hasta ahora duran.
Simultáneamente, a fines del año pasado, la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) se disponía a iniciar el proyecto “Mejoramiento Integral Infraestructura Ferroviaria Tramo Santiago–Rancagua”;11 incluso en el portal ChileCompra apareció la licitación para una de sus obras iniciales.
La idea del proyecto es mejorar la conectividad entre las ciudades de Santiago y Rancagua, ampliando la actual vía férrea de dos a cuatro vías, para alcanzar un flujo de un tren cada cuatro minutos.
Se reconocía que esta ampliación, que permitiría el paso de trenes a 150 kilómetros por hora, causaría problemas de seguridad, acústicos, a lo largo de las comunas de Estación Central, Pedro Aguirre Cerda y Lo Espejo, en el sur de la ciudad. Para minimizar estos problemas, el proyecto que EFE se disponía a iniciar en el mes de enero, contemplaba lo que los ingenieros denominaron ‘confinamiento de las vías’. Esto es, muros de alrededor de cinco metros de altura a ambos costados de las cuatro vías. Hay que imaginar lo brutal que es esto para los vecinos y poblaciones. Si ya desde años la vía férrea fragmenta comunas en la zona sur, en un futuro próximo podrían quedar confinados totalmente detrás de esta nueva muralla china continua de catorce kilómetros.Después de más de cuatro meses de movilizaciones de los vecinos, las autoridades de las comunas y parlamentarios lograron que, el día 5 de mayo, la Cámara de Diputados acordara solicitar al Presidente un estudio y valorización de una solución subterránea que minimice los impactos del Rancagua Express en la comunas de la zona sur de Santiago.12
Hasta la fecha, en ninguno de los dos casos hay una respuesta clara de parte de las autoridades; mientras tanto, los vecinos siguen protestando para evitar que se fragmenten sus barrios y comunas mediante la construcción de trincheras y muros.
La privatización de las políticas urbanas
La Comisión Asesora Presidencial de Planificación Urbana entregó, a principios de mayo, la nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNUD) al Presidente Piñera. El texto fue elaborado por un grupo de 28 personas convocadas por el gobierno (arquitectos, presidentes de gremios profesionales, diputados, senadores, ex ministros, premios nacionales, CChC, etc.). En los meses previos a su entrega, el documento fue presentado en regiones, tal como se puede consultar en la página web del Minvu.
La propuesta comienza con la definición de un conjunto de principios generales, tales como descentralización, equidad, integración social, participación, identidad, compromiso, calidad, eficiencia, adaptabilidad, resiliencia, seguridad, gradualidad. A partir de ellos, define cinco grandes secciones: (1) Integración social; (2) Desarrollo económico; (3) Equilibrio ambiental; (4) Identidad y patrimonio; y (5) Institucionalidad y gobernanza.13
El resultado es un documento de consenso de una comisión mayoritaria de gobierno; y en este sentido, es un texto políticamente correcto dentro del marco del neoliberalismo real existente. Están señalados algunos de los principales problemas, se enuncian posibles soluciones, con sentido de gradualidad: “las proposiciones de esta Política se formulan pensando en que su materialización será paulatina en el tiempo, que abordará el territorio en forma progresiva y que se implementará previa evaluación de los recursos necesarios”. Está claro: nunca. Y esto no debe provocar sorpresa, porque se trata de una discusión ideológica, que se maneja con un lenguaje que quiere aparecer técnico, aséptico. Aun así, el texto suscita aprehensiones a la CChC, que señala que firma el documento con las siguientes prevenciones:“1. Hay algunos puntos que se podrían relacionar con una posible actividad empresarial del Estado. Nosotros creemos firmemente en que toda actividad inmobiliaria o de construcción debe ser efectuada preferentemente por el sector privado, aunque sea necesario aplicar incentivos o subsidios por parte del Estado para conseguir los objetivos que se propone.
2. Hay aspectos relacionados con la estructura tributaria vigente, en donde hemos manifestado nuestro desacuerdo con el establecimiento de tributos adicionales a la actividad empresarial, más aún si son de carácter específico y determinación subjetiva. Sí estamos de acuerdo en que se revise la base tributaria actual para evitar abusos, evasiones o para nivelar la aplicación de los impuestos existentes (siempre que sean de carácter universal).
3. También existen materias que pueden conducir a ambigüedades en la aplicación de las normas o que son de carácter subjetivo, como son aquellas relacionadas con la ‘calidad de la arquitectura’, ‘protección del paisaje’ o consideración del patrimonio natural o construido, sin protección oficial, que pudieran interpretarse para generar restricciones adicionales en su entorno, afectando la certeza jurídica para los proyectos
Los aspectos antes detallados, presentes en el documento, son contrarios a algunos de los principios más fundamentales que como gremio defendemos y consideramos base del desarrollo del país en las últimas décadas, en particular el respeto de la propiedad privada, el rol subsidiario del Estado y la certeza jurídica para el accionar de todos los actores involucrados en el desarrollo de nuestras ciudades”.Tres temas centrales están ausentes en la propuesta de la Comisión Asesora Presidencial de Planificación Urbana:
a) Las políticas públicas y las políticas urbanas desde un enfoque de derechos humanos. Una política nacional debe inscribirse en un enfoque más amplio que el de la subsidiaridad, o del solo mercado (que en el caso de las ciudades es aun más imperfecto). Los tratados internacionales sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) deben expresarse en las políticas relacionadas con el territorio.b) En el documento de la PNDU se enumeran diferentes instancias de planificación en las cuales la participación ciudadana se menciona como condición para la toma de decisiones por parte de las autoridades; pero no se establece que ella sea vinculante. Aparece solo como un mero formalismo administrativo, tal como ocurre actualmente, por ejemplo, en los planos reguladores o planes de desarrollo comunales.
c) La base sobre la cual se construyen las ciudades, por obvio que sea decirlo, es el suelo que, por resultado de una decisión administrativa, es definido como suelo urbano. El suelo urbano puede ser considerado como un bien para satisfacer las necesidades de quienes habitan en la ciudad o solo como una mercancía para hacer negocios.
El diputado Patricio Hales, miembro de Comisión, presentó un conjunto de propuestas alternativas en un documento en el que los ciudadanos son los sujetos centrales y no conceptos abstractos como ‘desarrollo urbano’.14 Así los principios, en vez de referirse a condiciones que deberían cumplir las ciudades (por ejemplo: nuestras ciudades deben ser lugares inclusivos), se refieren a derechos que la política nacional otorga a los ciudadanos:“1. Los ciudadanos tienen derecho a ciudades y territorios sustentables.
2. Los ciudadanos tienen derecho al suelo urbano, a barrios y viviendas de calidad.
3. Los ciudadanos tienen derecho una ciudad democrática y a la participación directa en la gestión del espacio urbano que habitan.
4. Los ciudadanos tienen derecho a la integración social y distribución justa y equitativa de los beneficios y cargas de la ciudad.
5. Los ciudadanos tienen derecho a una ciudad donde prime el ‘bien común’ por sobre los bienes privados y el mercado.
6. Los ciudadanos tienen derecho a ciudades con fuerte identidad cultural y social.
7. Los ciudadanos tienen derecho a una ciudad gestionada en forma integrada y descentralizada.
8. Los ciudadanos tienen derecho a ciudades y territorios seguros y planificados a largo plazo”. (Hales, 2013)
La propuesta comienza con la definición de un conjunto de principios generales, tales como descentralización, equidad, integración social, participación, identidad, compromiso, calidad, eficiencia, adaptabilidad, resiliencia, seguridad, gradualidad. A partir de ellos, define cinco grandes secciones: (1) Integración social; (2) Desarrollo económico; (3) Equilibrio ambiental; (4) Identidad y patrimonio; y (5) Institucionalidad y gobernanza.13
El resultado es un documento de consenso de una comisión mayoritaria de gobierno; y en este sentido, es un texto políticamente correcto dentro del marco del neoliberalismo real existente. Están señalados algunos de los principales problemas, se enuncian posibles soluciones, con sentido de gradualidad: “las proposiciones de esta Política se formulan pensando en que su materialización será paulatina en el tiempo, que abordará el territorio en forma progresiva y que se implementará previa evaluación de los recursos necesarios”. Está claro: nunca. Y esto no debe provocar sorpresa, porque se trata de una discusión ideológica, que se maneja con un lenguaje que quiere aparecer técnico, aséptico. Aun así, el texto suscita aprehensiones a la CChC, que señala que firma el documento con las siguientes prevenciones:“1. Hay algunos puntos que se podrían relacionar con una posible actividad empresarial del Estado. Nosotros creemos firmemente en que toda actividad inmobiliaria o de construcción debe ser efectuada preferentemente por el sector privado, aunque sea necesario aplicar incentivos o subsidios por parte del Estado para conseguir los objetivos que se propone.
2. Hay aspectos relacionados con la estructura tributaria vigente, en donde hemos manifestado nuestro desacuerdo con el establecimiento de tributos adicionales a la actividad empresarial, más aún si son de carácter específico y determinación subjetiva. Sí estamos de acuerdo en que se revise la base tributaria actual para evitar abusos, evasiones o para nivelar la aplicación de los impuestos existentes (siempre que sean de carácter universal).
3. También existen materias que pueden conducir a ambigüedades en la aplicación de las normas o que son de carácter subjetivo, como son aquellas relacionadas con la ‘calidad de la arquitectura’, ‘protección del paisaje’ o consideración del patrimonio natural o construido, sin protección oficial, que pudieran interpretarse para generar restricciones adicionales en su entorno, afectando la certeza jurídica para los proyectos
Los aspectos antes detallados, presentes en el documento, son contrarios a algunos de los principios más fundamentales que como gremio defendemos y consideramos base del desarrollo del país en las últimas décadas, en particular el respeto de la propiedad privada, el rol subsidiario del Estado y la certeza jurídica para el accionar de todos los actores involucrados en el desarrollo de nuestras ciudades”.Tres temas centrales están ausentes en la propuesta de la Comisión Asesora Presidencial de Planificación Urbana:
a) Las políticas públicas y las políticas urbanas desde un enfoque de derechos humanos. Una política nacional debe inscribirse en un enfoque más amplio que el de la subsidiaridad, o del solo mercado (que en el caso de las ciudades es aun más imperfecto). Los tratados internacionales sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) deben expresarse en las políticas relacionadas con el territorio.b) En el documento de la PNDU se enumeran diferentes instancias de planificación en las cuales la participación ciudadana se menciona como condición para la toma de decisiones por parte de las autoridades; pero no se establece que ella sea vinculante. Aparece solo como un mero formalismo administrativo, tal como ocurre actualmente, por ejemplo, en los planos reguladores o planes de desarrollo comunales.
c) La base sobre la cual se construyen las ciudades, por obvio que sea decirlo, es el suelo que, por resultado de una decisión administrativa, es definido como suelo urbano. El suelo urbano puede ser considerado como un bien para satisfacer las necesidades de quienes habitan en la ciudad o solo como una mercancía para hacer negocios.
El diputado Patricio Hales, miembro de Comisión, presentó un conjunto de propuestas alternativas en un documento en el que los ciudadanos son los sujetos centrales y no conceptos abstractos como ‘desarrollo urbano’.14 Así los principios, en vez de referirse a condiciones que deberían cumplir las ciudades (por ejemplo: nuestras ciudades deben ser lugares inclusivos), se refieren a derechos que la política nacional otorga a los ciudadanos:“1. Los ciudadanos tienen derecho a ciudades y territorios sustentables.
2. Los ciudadanos tienen derecho al suelo urbano, a barrios y viviendas de calidad.
3. Los ciudadanos tienen derecho una ciudad democrática y a la participación directa en la gestión del espacio urbano que habitan.
4. Los ciudadanos tienen derecho a la integración social y distribución justa y equitativa de los beneficios y cargas de la ciudad.
5. Los ciudadanos tienen derecho a una ciudad donde prime el ‘bien común’ por sobre los bienes privados y el mercado.
6. Los ciudadanos tienen derecho a ciudades con fuerte identidad cultural y social.
7. Los ciudadanos tienen derecho a una ciudad gestionada en forma integrada y descentralizada.
8. Los ciudadanos tienen derecho a ciudades y territorios seguros y planificados a largo plazo”. (Hales, 2013)
Conclusiones
Para concluir este informe de ciudad y reconstrucción, queremos destacar dos hechos. El primero es el desfase entre el discurso del gobierno y la realidad del sector de la construcción. Y el segundo, que sí hay salida a las políticas segregatorias y privatizadoras de la ciudad, y es posible recuperar el rol del Estado en la defensa de lo público.
El gobierno ha ofrecido miles de subsidios. Se mencionaron cerca de 750 mil en el último mensaje del 21 Mayo frente al Congreso. Sin embargo, la actividad privada ha orientado su oferta hacia la demanda de vivienda y servicios de los sectores de ingresos medios y altos.
Lo que ha ocurrido en estos tres años es que el gobierno ha cedido toda la iniciativa en el sector a las empresas privadas. El resultado es que la reconstrucción pos-terremoto de 2010 ha sido más lenta que las palabras del discurso oficial. Aunque las cifras de las viviendas que se construirían han ido reduciéndose, todavía falta casi la mitad de las 120 mil ofrecidas.
En las ciudades, en el ámbito nacional y en particular en Santiago, se observa que (por primera vez) la superficie de los permisos de edificación destinado a usos no habitacionales supera a los de viviendas; como también que, en el caso de las viviendas iniciadas anualmente sin subsidios, superan a las con subsidios. Esto señala una reducción en la producción de viviendas sociales y una concentración de la actividad de la construcción de viviendas y servicios en zonas donde residen sectores de ingresos medios y altos.
En este escenario de mayor fragmentación, al final del periodo de gobierno quedarán 500 mil familias con un papel ‘vale por una casa’.
Por otra parte, la Política Nacional de Desarrollo Urbano presentada por la Comisión Asesora Presidencial habla mucho de participación ciudadana; pero, con una insistencia que raya en la terquedad, se niega a reconocer el carácter vinculante de la participación y la opinión de los y las ciudadanas. Esto ha sido discutido en muchos otros sectores técnico-políticos y todos coinciden en señalar que el desarrollo de las ciudades solo puede plantearse desde la perspectiva de los derechos de los ciudadanos.
En los hechos, en comunas de sectores altos, medios y bajos de Santiago, desde fines del año pasado los vecinos y sus autoridades locales se oponen a grandes obras de infraestructura que las cruzan y destruyen su medio ambiente. Exigen que los vecinos tengan voz en las propuestas de desarrollo urbano e infraestructura que los afectan. Al respecto, queremos terminar este informe con dos ejemplos de cómo se puede reconquistar el rol del Estado en la recuperación de las ciudades que han sido entregadas al mercado:
En diciembre de 2012, una de las primeras medidas que adoptó Carolina Tohá, como alcaldesa recién asumida del Municipio de Santiago, fue anunciar el congelamiento de los permisos de construcción en el barrio Matta sur.
En abril de este año, ocurrió algo similar en el Municipio de Providencia, cuando la nueva alcaldesa, Josefa Errázuriz, detuvo los permisos de construcción en el barrio Las Flores.
Se puede frenar la mercantilización de la ciudad.
El gobierno ha ofrecido miles de subsidios. Se mencionaron cerca de 750 mil en el último mensaje del 21 Mayo frente al Congreso. Sin embargo, la actividad privada ha orientado su oferta hacia la demanda de vivienda y servicios de los sectores de ingresos medios y altos.
Lo que ha ocurrido en estos tres años es que el gobierno ha cedido toda la iniciativa en el sector a las empresas privadas. El resultado es que la reconstrucción pos-terremoto de 2010 ha sido más lenta que las palabras del discurso oficial. Aunque las cifras de las viviendas que se construirían han ido reduciéndose, todavía falta casi la mitad de las 120 mil ofrecidas.
En las ciudades, en el ámbito nacional y en particular en Santiago, se observa que (por primera vez) la superficie de los permisos de edificación destinado a usos no habitacionales supera a los de viviendas; como también que, en el caso de las viviendas iniciadas anualmente sin subsidios, superan a las con subsidios. Esto señala una reducción en la producción de viviendas sociales y una concentración de la actividad de la construcción de viviendas y servicios en zonas donde residen sectores de ingresos medios y altos.
En este escenario de mayor fragmentación, al final del periodo de gobierno quedarán 500 mil familias con un papel ‘vale por una casa’.
Por otra parte, la Política Nacional de Desarrollo Urbano presentada por la Comisión Asesora Presidencial habla mucho de participación ciudadana; pero, con una insistencia que raya en la terquedad, se niega a reconocer el carácter vinculante de la participación y la opinión de los y las ciudadanas. Esto ha sido discutido en muchos otros sectores técnico-políticos y todos coinciden en señalar que el desarrollo de las ciudades solo puede plantearse desde la perspectiva de los derechos de los ciudadanos.
En los hechos, en comunas de sectores altos, medios y bajos de Santiago, desde fines del año pasado los vecinos y sus autoridades locales se oponen a grandes obras de infraestructura que las cruzan y destruyen su medio ambiente. Exigen que los vecinos tengan voz en las propuestas de desarrollo urbano e infraestructura que los afectan. Al respecto, queremos terminar este informe con dos ejemplos de cómo se puede reconquistar el rol del Estado en la recuperación de las ciudades que han sido entregadas al mercado:
En diciembre de 2012, una de las primeras medidas que adoptó Carolina Tohá, como alcaldesa recién asumida del Municipio de Santiago, fue anunciar el congelamiento de los permisos de construcción en el barrio Matta sur.
En abril de este año, ocurrió algo similar en el Municipio de Providencia, cuando la nueva alcaldesa, Josefa Errázuriz, detuvo los permisos de construcción en el barrio Las Flores.
Se puede frenar la mercantilización de la ciudad.
FUENTE: AMERICA ECONOMIA
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