Las imputaciones se prevén para cuando se levante el secreto, a fines de diciembre
La estrategia ‘House of Cards’ de Lavín y Délano para bloquear la investigación del fiscal Gajardo
El argumento central es que no conocen la carpeta secreta. Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, además de Pablo Wagner, han esgrimido ese argumento para mantener silencio frente a Gajardo. Fuentes cercanas al caso señalan que la próxima etapa es la formalización separada en tres grupos de los involucrados: Penta, funcionarios SII y, finalmente, los políticos.
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–Mi cliente se acoge a la Quinta Enmienda.
La frase es el escudo con el que el abogado de Raymond Tusk, el poderoso millonario de la serie House of Cards, repele las preguntas de la fiscal especial del Departamento de Justicia, Heather Dunbar. La Quinta Enmienda en EE.UU. decreta que nadie podrá ser forzado a declarar contra sí mismo. A esa altura de la serie, Tusk es investigado junto al vicepresidente, Frank Underwood (Kevin Spacey), por el financiamiento ilegal de campañas políticas.
La escena adquiere relevancia a la luz del Pentagate. Durante los últimos meses la Fiscalía Oriente ha sido el escenario hasta el que han llegado diversos involucrados en el caso para prestar declaración ante el fiscal Carlos Gajardo. Pero algunos de estos han optado por mantener silencio, al igual que el magnate de la serie.
Estos son los dueños del Grupo Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, junto al ex subsecretario de Minería de Sebastián Piñera, Pablo Wagner. Todos han guardado silencio ante el fiscal –según afirman fuentes que conocen el caso– con el argumento de que desconocían el contenido de la carpeta de investigación.
Los dueños de Penta “no han prestado ninguna ayuda”, dicen las mismas fuentes. Ese es el argumento en el que Délano, Lavín y Wagner “han sostenido su decisión de no declarar”, aunque todos los inculpados tienen derecho a guardar silencio o bien pueden renunciar a este.
En octubre, el Octavo Juzgado de Garantía rechazó la petición del abogado de los dueños de Penta para terminar con el secreto de la investigación. Cuando se filtraron las diligencias de la Fiscalía y los nombres de los políticos involucrados en el caso –Jovino Novoa, Pablo Zalaquett, Laurence Golborne, Ena von Baer, Iván Moreira y Andrés Velasco–, se levantó una ola de críticas hacia el fiscal Gajardo. La UDI, encabezada por Ernesto Silva, desplegó una estrategia de desgaste comunicacional repitiendo como mantra el tema de las “filtraciones”, evitando hacerse cargo del fondo del caso.
El próximo 31 de diciembre vence la etapa de secreto, según una fuente cercana al caso. La misma agrega que el fiscal puede pedir a un juez de garantía la autorización para continuar con el secreto e, incluso, “podría imponerse sobre algunas partes de la investigación”. Sin embargo, esto es visto como “poco probable” por algunos abogados del caso, “porque la investigación está avanzada”.
Es la estrategia que también ha seguido Pablo Wagner, el niño símbolo de la relación UDI-grandes empresas, quien tiene otro flanco judicial abierto por la fallida licitación del litio que realizó mientras fue subsecretario de Minería y que fue adjudicada a SQM –ligada al empresario Julio Ponce Lerou, recientemente multado por el caso Cascadas–, pero que después anulada, dado que la empresa incumplía las bases. El caso le costó el cargo a Wagner, quien renunció. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella en su contra y durante las próximas horas Wagner sería formalizado por falsificación de instrumento público.
Es la estrategia que también ha seguido Pablo Wagner, el niño símbolo de la relación UDI-grandes empresas, quien tiene otro flanco judicial abierto por la fallida licitación del litio que realizó mientras fue subsecretario de Minería y que fue adjudicada a SQM –ligada al empresario Julio Ponce Lerou, recientemente multado por el caso Cascadas–, pero que después anulada, dado que la empresa incumplía las bases. El caso le costó el cargo a Wagner, quien renunció. El Consejo de Defensa del Estado presentó una querella en su contra y durante las próximas horas Wagner sería formalizado por falsificación de instrumento público.
SEPARACIÓN Y DESAFUERO
Según fuentes cercanas al caso, “después de pedir audiencia podrían venir tres oleadas de formalizaciones: Penta (Délano y Lavín), los funcionarios del SII y después los políticos”.
Una estrategia que “tiene lógica” para la abogada especialista en Derecho Penal de la Universidad Andrés Bello, Bárbara Salinas. “Tiene sentido estratégico por la cantidad de imputados y los tipos de aristas que tiene la causa. También, porque el Ministerio Público ha aprendido la lección en casos emblemáticos y con muchos imputados. Por ejemplo, si van a llegar a un juicio oral, es mejor que sea con la menor cantidad de imputados posibles para así asegurar las condenas. Es mucho mejor que terminar con un desfile de diez imputados”, dice Salinas, quien representa a los accionistas minoritarios en el caso La Polar.
El abogado penalista Miguel Soto Piñeiro comparte esta visión, pero advierte sobre una debilidad: “Como contrapartida se desarmaría la investigación. Al separarla tanto se pierden los vínculos entre un aspecto y otro. Además, parece una forma de proceder demasiado interesada, enmarcada por cuestiones estratégicas y no estrictamente procesales o sustanciales”.
Ante esto, Salinas acepta que si bien podría ser una “debilidad aparente hoy, el fiscal siempre va a tener la posibilidad de volver a reagrupar. Puede separar investigaciones, con el pequeño costo que significa, y una vez que estén todas las conexiones, volver a reunirlas en un solo caso. Si es un partido de ajedrez lo puede jugar como quiera”.
Aparte de lo anterior, con las formalizaciones separadas de los involucrados el fiscal tiene la facultad, según el artículo 182 del Código Procesal Penal, de “disponer que determinadas actuaciones, registros o documentos sean mantenidas en secreto respecto del imputado o de los demás intervinientes, cuando lo considerare necesario para la eficacia de la investigación”.
Un punto positivo de parcelar las formalizaciones para la Fiscalía es, según Soto Piñeiro, que “se evita problemas con el desafuero. Existiendo la posibilidad de tener que pedir desafueros a lo menos para la dictación de cautelares parecería razonable que la formalizaciones por ese concepto se dejaran para el final”.
Dos de los políticos involucrados en el caso son los senadores UDI Iván Moreira y Ena von Baer. Si la Fiscalía llegase a pedir medidas cautelares para ambos tendrá, necesariamente, que pedir el desafuero ante la Corte de Apelaciones. En caso de que los parlamentarios apelen, el eventual desafuero terminaría resolviéndose en la Corte Suprema.
Sin embargo, ¿es necesario que se solicite el desafuero para formalizar a los involucrados? Es la pregunta que se hace Bárbara Salinas. “La ley dice que no, ya que el desafuero es sólo para acusar y para medidas cautelares. Pero cuando formalizas lo que haces es solicitar una citación y esa también es una medida cautelar. Quien debe resolver sobre la materia es el Juzgado de Garantía”, precisa.
FUENTE: EL MOSTRADOR
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