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Por caso Pentagate

Jorge Navarrete pide saber origen del financiamiento político y dice que la mayor hipocresía es escudarse en el “privilegio de la reserva”

“Lo que resulta intolerable es que el reconocimiento a las empresas como actores de la vida política y el debate público venga acompañado del privilegio de la reserva, sembrando dudas sobre la conducta en general, y las decisiones en particular, que adoptan nuestros representantes o quienes aspiran a serlo”, explica el abogado y columnista.

por El Mostrador      

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El abogado Jorge Navarrete aboga por la necesidad de que las empresas reconozcan el financiamiento que hacen a las campañas políticas, añadiendo que los candidatos también deberían hacer públicas sus fuentes para conseguir dinero y dejar de escudarse “en la mayor de las hipocrecías”, que es sostener que por el origen reservado de ciertos aportes no es posible saber quién los hace.

En su habitual columna en La Tercera, Navarrete se pregunta si es reprochable que una empresa realice aportes en dinero para financiar a determinados candidatos, a lo cual se responde que “en principio, me parece que no”.

Y explica que resulta “tan legítimo como razonable que las corporaciones, al igual que la gran la mayoría de las personas, manifiesten una predisposición hacia determinados entornos o variables políticas que consideran mejor que otras”.

“Las características de dichos escenarios, donde se decantan temas que atañen a la libertad e igualdad, rol del Estado y el sector privado, tipo y forma de nuestras instituciones, como también su relación con los ciudadanos y los principales agentes del mercado, no debería ser neutra o indiferente a los ojos de las empresas; a saber, agrupaciones de personas que en torno a su capital o capacidad de trabajo persiguen legítimos fines económicos. Sin ir más lejos, es justamente el reconocimiento a estos intereses lo que motivó regular el lobby a través de un procedimiento cuyos requisitos garantizaran la transparencia y debida forma en que debe darse la interacción de los grupos de presión con los agentes del Estado”, precisa.

Sin embargo, destaca la importancia de que se haga público el origen de tales aportes, mencionando que “lo que resulta intolerable es que el reconocimiento a las empresas como actores de la vida política y el debate público venga acompañado del privilegio de la reserva, sembrando dudas sobre la conducta en general, y las decisiones en particular, que adoptan nuestros representantes o quienes aspiran a serlo”.

Además, precisa que la “única manera de fiscalizar el buen cumplimiento de sus funciones, contextualizar sus declaraciones o conocer la real motivación de sus actuaciones, es transparentando sus compromisos y la relación que tienen con quienes los financian. Así, por ejemplo, ¿los varios mencionados como beneficiarios del Banco Penta se inhabilitaron de opinar y participar en los debates o iniciativas que se refieren a la regulación de la banca, las gravosas tasas de interés que cobran las tarjetas de crédito, la eventualidad de haber sido afectados por la reforma tributaria o las mayores obligaciones que deberían tener para con sus clientes? Y si no lo hicieron, ¿cómo se comportaron?”.

Navarrete finaliza sosteniendo que “mientras esto no se resuelva o modifique, lo que sí sería una buena práctica es que los candidatos, hayan o no sido electos, declararan públicamente sus fuentes de financiamiento y, en lo particular, dejaran de escudarse en la mayor de las hipocresías: sostener que dado el origen reservado de ciertos aportes, no les es posible saber quién les donó cuantiosas sumas de dinero. Eso es una gran mentira”.

 

FUENTE: EL MOSTRADOR