Carlos Huneeus trapea con el mito de la Concertación exitosa

Lagos, Correa y Boeninger: los villanos de la transición

En un trabajo que se extiende por casi 500 páginas, el politólogo y ex embajador de Aylwin en Alemania desmenuza los cuatro periodos de gobiernos concertacionistas y las políticas con que estos mantuvieron el modelo económico heredado de la dictadura de Pinochet. El autor llega al nervio sensible de la coalición que gobernó hasta 2010, exponiendo en perspectiva cuáles fueron las decisiones políticas, en cada una de las administraciones, y los factores que influyeron sobre éstas a fin de explicar la realidad del sistema político actual. La democracia semisoberana (Taurus, 2014) es una investigación que explica cómo el crecimiento económico del país ha sido a costa de instituciones políticas debilitadas y amplios sectores marginados de la toma de decisiones. A continuación se reproducen varios extractos de capítulos del libro en los que se analiza el papel que jugaron los actores clave del periodo.

por El Mostrador

El ministro de izquierda en La Moneda: Enrique Correa

Enrique Correa fue un eficaz ministro secretario general de Gobierno y sería el ministro de izquierda más poderoso del gabinete de Aylwin. Con su designación en un ministerio de La Moneda Aylwin integró a la izquierda al gabinete para que fuera coalición y compartiera con el PDC los costos de la difícil democratización. Lo conocía desde que Correa había sido vicepresidente de la Juventud Demócrata Cristiana del PDC, enfrentándose entonces con Aylwin, que había sido presidente de la colectividad, y se había ganado su confianza durante la campaña del plebiscito de 1988.

Dotado de una gran inteligencia y sentido del poder, Correa ingresó al PS desde el MAPU algunos meses antes de ser nombrado ministro. (…) Su astuta decisión, acompañado de Ricardo Solari (PS), de visitar a Patricio Aylwin al día siguiente del triunfo del NO a expresarle su apoyo como candidato presidencial de la Concertación, cuando era cuestionada en el PDC, fue determinante para facilitar un acercamiento con este, que le permitió llegar al gabinete.

La vocería le permitió a Correa fortalecer su imagen en las élites y desarrollar una amplia base de poder, manteniendo muy buenas relaciones con los medios de comunicación y los periodistas, especialmente con los medios de la cadena de diarios del consorcio El Mercurio, que tuvieron un acceso privilegiado a información del gobierno (Otano, 1998: 286), Aprovechó los amplios recursos institucionales y económicos de un ministerio, lo que le permitió apoyar actividades de la juventud y los sindicatos.

Correa decidió intervenir en el tema más delicado de la transición: las relaciones con los militares, a través de la interlocución con el general Jorge Ballerino, jefe del Comité Asesor del Comandante en Jefe, sin coordinarse con el ministro de Defensa, Patricio Rojas (PDC). Esta intervención fue útil a Ballerino, pues tuvo contacto con un ministro de La Moneda para presentar los planteamientos del Ejército, sin recurrir al titular de Defensa, con el cual Pinochet no se quiso relacionar. (…) Correa fue muy lejos en sus relaciones con el general Ballerino, pues con ocasión del “boinazo”, en mayo de 1993, aceptó prácticamente todas las exigencias planteadas por el Ejército. Su participación para solucionar esta gravísima crisis, poniendo especial atención para aceptar las demandas de los uniformados, fue valorada en sectores de la derecha, que explican que el semanario Qué Pasa le calificara como “el ministro de los militares”.

El presidente Aylwin toleró el involucramiento del ministro Correa en el tema militar por su interés de que un ministro de izquierda compartiera los costos de tener que convivir con el general Pinochet, aunque ello debilitó al titular de Defensa. Ello explica que, después del asesinato de Jaime Guzmán, iniciara una gira por Europa y el ministro del Interior, Enrique Krauss, asumiera como vicepresidente de la República, el mandatario nombrara a Correa como ministro del Interior y no al subsecretario, Belisario Velasco (PDC), para que un socialista dirigiera las acciones contra el terrorismo.

La “agenda pro crecimiento” acentuó el carácter del sistema económico establecido por el régimen de Pinochet. Como era esperable, la amistad que logró Ricardo Lagos con los empresarios no le favoreció nada ante sus votantes de izquierda.

La injerencia de Correa en las principales tareas de la democratización y su cuidadosa relación con los periodistas le permitió desarrollar la imagen de ser uno de los arquitectos de la democratización, recibiendo más menciones que Boeninger y Foxley en las dos importantes historias de la transición (Cavallo, 1998; Otano, 2006).

Correa cometió errores, con decisiones que acentuaron el duopolio en la prensa escrita, lo cual ha debilitado el pluralismo en ella, y descuidó las condiciones institucionales y económicas que debe tener la televisión pública para cumplir sus funciones, como se señala en el capítulo 2. Su participación en el tema militar fue perjudicial, pues desarrolló una relación paralela con el general Jorge Ballerino, que dio una señal de división en el gobierno y no neutralizó las acciones políticas del ex dictador.

Justificaciones para decidir la continuidad del sistema económico

Se ha argumentado que la decisión del gobierno de Aylwin de optar por la continuidad económica se debió a que fue uno de los legados del régimen autoritario, inmodificable porque los senadores designados le habrían impedido contar con la mayoría en el Congreso para impulsar los cambios institucionales (Bermeo, 2004). Esto significaría que existió la decisión de reformarlo, habiendo un conjunto de medidas que no se materializaron por el rechazo que enfrentó el gobierno en el Congreso, junto al veto del general Pinochet. Esto quiere decir que las debilidades y carencias del sistema económico consolidado en democracia se deberían atribuir sólo a la dictadura y considerar a los gobiernos democráticos como meros continuadores de las políticas económicas del autoritarismo. Este planteamiento, más que una distorsión histórica, en rigor ha constituido una caricatura de su gestión.

Sin negar la relevancia de los enclaves autoritarios, el equipo económico de Aylwin tomó esa decisión en forma voluntaria, por considerarla como la más conveniente para lograr los objetivos de crecimiento y generación de empleo, necesarios para alcanzar la estabilidad social que consolidaría a la democracia, pues otorgaría seguridad a los empresarios para seguir invirtiendo.

En los economistas del Cieplan y en Edgardo Boeninger estuvo muy presente el temor a un conflicto con los sindicatos a pesar de la debilidad en que había quedado el movimiento sindical al término de la dictadura, como se analiza en el capítulo 5. Esta preocupación tenía antecedentes históricos en Chile con los conflictos entre la Central Única de Trabajadores (CUT) durante el gobierno del presidente Frei Montalva, pero esa organización estaba entonces controlada por el PC, mientras que en la nueva democracia su presidente, Manuel Bustos, era un dirigente de la DC, de gran carisma entre los trabajadores. (…)

Edgardo Boeninger argumentó que en 1990 hubo consenso en el sentido de dar continuidad al sistema económico establecido por la dictadura y buscar su consolidación, sin cuestionar mayormente sus componentes neoliberales, con excepción de las desigualdades, pero sin enfrentarlas: “Entre los economistas de la Concertación había clara conciencia acerca de la necesidad de consolidar el proceso de crecimiento en curso desde 1995, aunque al mismo tiempo formulaban severas críticas al modelo neoliberal desde la perspectiva de la justicia social” (Boeninger, 1997: 384).

Lo cierto es que no existió tal consenso sobre “consolidar el proceso de crecimiento en curso desde 1985”, y esa decisión no fue discutida al interior de los partidos de la Concertación, ni siquiera entre los economistas. Por el contrario, fue adoptada por el equipo económico coordinado por Alejandro Foxley, equipo que redactó el programa económico durante la campaña electoral de 1989. Este programa tampoco fue discutido o siquiera expuesto a los dirigentes de los partidos. (…)

La decisión de preservar la arquitectura del sistema económico de orientación neoliberal fue compartida por la izquierda, que carecía de un programa alternativo. La experiencia más cercana que conocieron fue la de Francia con las políticas de nacionalizaciones y redistributivas del primer gobierno de François Mitterrand que no fueron exitosas, lo que les hizo observar con mayor cautela la revisión de las privatizaciones hechas durante el régimen militar. Carlos Ominami (PS), ministro de Economía de Aylwin, se manifestó prudentemente a favor de esa revisión, pero no argumentó en forma decidida a favor de ello cuando se produjo el debate por iniciativa de algunos parlamentarios y el vicepresidente de la Corfo, René Abeliuk (PRSD). Tampoco lo hizo el PS. Diputados de la Concertación pidieron constituir una comisión investigadora sobre la venta de las empresas públicas, que fue detenida por decisión de La Moneda, por iniciativa del ministro Edgardo Boeninger.

Si bien el PS criticó las bases programáticas de la Concertación cuando estas se aprobaron en julio de 1989, los planteamientos no serían explicitados luego en el gobierno por el ministro Ominami, o en el Congreso por sus parlamentarios. Por el contrario, ministros y parlamentarios de izquierda fueron más explícitos que los de la DC en resaltar la importancia del rol de los empresarios en el proceso económico, considerándolos como sus principales protagonistas, beneficiándose de las privatizaciones, que habían sido no obstante severamente cuestionadas en su oportunidad por políticos, economistas y abogados de la oposición.

Uno de los factores que más influyó en la decisión de optar más por la continuidad que por el cambio del sistema económico fue considerar que esto permitiría superar la desconfianza de los empresarios hacia la Concertación, creyendo que era indispensable asegurar la continuidad del crecimiento. Existió el temor de que los empresarios tuvieran una actitud hostil y hasta de oposición al gobierno, como ocurrió durante la administración de la Unidad Popular, lo cual haría inviable llevar adelante el programa económico, que, como se señaló en el capítulo 1, era central en la estrategia de consolidación de la democracia. (…)

Había otras alternativas para enfrentar esta desconfianza, sin necesidad de tomar una actitud de inseguridad ante ellos. Podría haber incorporado al gobierno a altos ejecutivos de las empresas o a profesionales que trabajan con ellos, conocían su interés y la manera de entenderse, que podrían haber permitido crear un mejor clima de confianza. Sin embargo, el equipo económico estaba conformado sólo por académicos, que no tenían relaciones con el mundo de la empresa y tampoco los habían estudiado.

La ratificación de la estrategia de la continuidad del sistema económico por el presidente Ricardo Lagos

Decíamos que el gobierno del presidente Ricardo Lagos no revisó la decisión estratégica del gobierno de Aylwin de optar más por la continuidad que por la reforma del sistema económico establecido por Pinochet. Esta fue una decisión compartida por todas las colectividades de la Concertación, incluyendo las de izquierda. El PS y el PPD habían criticado las bases programáticas de la Concertación redactadas por Alejandro Foxley, aunque sin poner mayor presión en ello, como lo harían después con decisiones políticas de derechos humanos, que rechazaron sus parlamentarios, haciendo inviable iniciativas de los presidentes Aylwin y Frei. (…)

Había un consenso en las principales figuras del PS y el PPD sobre la necesidad de superar la desconfianza del mundo militar y de los empresarios producida durante el gobierno de la Unidad Popular, y así eliminar el veto de ambos actores a sus aspiraciones de ser una alternativa de poder, que incluyera que uno de sus dirigentes llegara a ser presidente de la República. Desde la inauguración de la democracia se dieron pasos para establecer las confianzas de los militares, considerando incluso la posición del general Pinochet, que se analizará en el capítulo 6. (…)

Ricardo Lagos fue mirado con recelo por dirigentes de las organizaciones empresariales por su filiación socialista, temiendo que llevara adelante un programa de izquierda cercano al de la Unidad Popular. El temor de los hombres de negocios de que Lagos fuera el nuevo Salvador Allende persistió a pesar de la labor del mandatario como ministro de Obras Públicas durante el gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, cuando llevó adelante un ambicioso programa de construcción de obras de infraestructura a través de concesiones a empresas privadas. (…)

Ricardo Lagos se propuso romper el recelo de los empresarios iniciando una interlocución directa a través del CEP, una institución que agrupaba a los empresarios y era apoyado fuertemente por el grupo Matte, que se había opuesto a la estatización de su empresa por el gobierno de Allende. Además, se relacionó con la Sofofa, que era liderada desde fines del gobierno de Frei por una nueva generación de dirigentes, guiados por una actitud pragmática ante los gobiernos de la Concertación. (…)

El principal paso en esta dirección por parte del Ejecutivo fue acoger la invitación de la Sofofa, encabezada entonces por Juan Claro, para impulsar una “agenda pro crecimiento” que dinamizará la economía chilena, todavía afectada por la crisis asiática. Lagos recogió la iniciativa en el discurso con ocasión de la Cena de la Industria de 2001 y con relativa celeridad se llevó a la práctica, con una primera reunión de trabajo oficial el día 16 de noviembre, definiendo las áreas en las que trabajarían las comisiones mixtas de gobierno, de oposición y de la Sofofa, vinculadas con los principales grupos económicos y empresariales. (…)

La “agenda pro crecimiento” se plasmó en la aprobación y promulgación de trece proyectos de ley, que incluyen la creación del Tribunal de la Libre Competencia, una nueva Ley de Quiebras, la Ley Corta Eléctrica (12-03-2004), la Ley de Pesca, que asignó cuotas por diez años a las cinco principales empresas que explotaban los recursos del mar desde hacía varios años, una de las cuales pertenecía al grupo Angelini, uno de los cinco grupos económicos más poderosos del país. Las normas de carácter tributario no sólo confirmaron la continuidad del régimen establecido en los años ochenta, de tributar sobre las utilidades retiradas y no sobre las devengadas, sino que también eliminaron el impuesto a la ganancia de capitales, que acentuaría los beneficios tributarios de los estratos más acomodados y, con ello, la concentración de la riqueza.

Con todo, estas iniciativas no tuvieron mayor efecto en el crecimiento económico, de 4,7% promedio anual, inferior al del gobierno de Frei. Sin embargo, sí tuvieron los efectos políticos buscados por el mandatario, porque le ayudaron a romper los escrúpulos de los dirigentes empresariales y a crear un clima de cooperación que se prolongó durante todo su mandato. La “agenda pro crecimiento” acentuó el carácter del sistema económico establecido por el régimen de Pinochet. Como era esperable, la amistad que logró Ricardo Lagos con los empresarios no le favoreció nada ante sus votantes de izquierda.

Las desigualdades. Bases económicas de la democracia semisoberana (II)

Las desigualdades económicas opacan los logros macroeconómicos de los gobiernos de la Concertación, una coalición de centro-izquierda que había ofrecido crecimiento con equidad. Sin embargo, en algún momento del gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) se sostuvo que la prioridad de la labor gubernamental se centraría en estimular el crecimiento, lo cual sería refrendado por la Administración de Ricardo Lagos (2000-2006), un mandatario de izquierda después de dos presidentes de la DC. Pareciera que la desigualdad sería una realidad inevitable, pero que no tendría mayores consecuencias económicas y políticas, y con las cuales el país podría vivir, sin temor de que pudieran ser una fuente de tensiones sociales que afectarán la estabilidad política. Las desigualdades económicas chilenas sobresalen en el contexto internacional, pues son las más altas entre los países de América Latina y de la OCDE.

Sin embargo, la desigualdad en la distribución de los ingresos es mucho más que una limitación en el desempeño de gobiernos de coalición de centro-izquierda en Chile. Ella también repercute en la calidad de la democracia, pues la igualdad política, basada en el principio “un hombre un voto”, requiere un mínimo de correspondencia con las condiciones económicas del país, para evitar un debilitamiento del gobierno y que la representación política sea distorsionada por la acción de quienes tienen el poder económico. En el Chile postdictadura el problema es aún más delicado porque hubo acuerdo en la élite de los gobiernos concertacionistas sobre la magnitud de las desigualdades y sus efectos negativos en el proceso económico y político; es más, se conocía cuáles podían ser las políticas que habrían disminuido la desigualdad social. No obstante, no se tomaron decisiones en esa dirección a pesar de las demandas formuladas por parlamentarios y dirigentes de partidos de la Concertación de enfrentar las desigualdades e impulsar reformas para disminuirlas, como lo plantearon en 1998 los llamados “autoflagelantes”.

Las desigualdades económicas constituyen no sólo una realidad objetiva, en términos de diferencias en los ingresos de los chilenos, sino también poseen una dimensión subjetiva, que se refleja en las opiniones y actitudes de los individuos, que se conocen a través de las encuestas de opinión. La desigualdad tiene amplias consecuencias, pues influye en la evaluación que los individuos hacen tanto del desempeño del sistema económico como del sistema político.

FUENTE; EL MOSTRADOR

viernes, 26 de septiembre de 2014