Justicia confirma prisión preventiva para funcionarios PDI por casos de tortura
Diario Uchile | Viernes 26 de septiembre 2014 15:47 hrs.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) indicó que se trata de torturas cometidas presuntamente por ocho efectivos de la PDI en contra de tres personas ocurridas en 2012 y 2013 en la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) de San Ramón. Por esto la Directora del INDH, Lorena Fries, enfatizó que “la tortura es un delito grave, que constituye una grave violación a los DD.HH. y que debe ser penado coherentemente con su gravedad”.
En un comunicado público el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) informó que la Corte de Apelaciones de San Miguel confirmó la prisión preventiva para cuatro de los funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), implicados en tres casos de tortura ocurridos en 2012 y 2013 en la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) de San Ramón.
Se trata de ocho detectives imputados por apremios ilegítimos, encontrándose los otros cuatro involucrados con arresto domiciliario. El INDH presentó una querella criminal en contra de todos los imputados y de quienes resulten responsables.
En el texto el INDH detalla que el primer caso de torturas ocurrió en enero de 2012, cuando un hombre identificado con las iniciales S.A.A.Z. fue detenido por tres funcionarios de la BICRIM de San Ramón, quienes lo trasladaron hasta las dependencias de dicha unidad policial. En el lugar, los PDI habrían primero golpeado con pies y puños a S.A.A.Z., para posteriormente colocarle un casco de moto y desnudarlo.
Luego el documento del organismo estatal señala que en el segundo caso de torturas que también motivó la querella del INDH, sucedió el día 7 de septiembre de 2012, cuando otra víctima, personalizada con las iniciales D.N.V., se encontraba en su domicilio ubicado en San Ramón, momento en que cuatro funcionarios de la PDI ingresaron ilegalmente a su domicilio, forzando la puerta de ingreso para proceder a su detención. D.N.V. fue llevado a la BICRIM de San Ramón. En el lugar, estando esposado, fue inculpado por uno de los detectives por el robo de enseres en una iglesia de la comuna, lo que llevó al PDI a golpearlo con sus puños en la cabeza y rostro, insultándolo y amenazándolo con un arma de fuego.
Además, el Instituto sobre DD.HH. añadió que un tercer caso corresponde a M.G.C., quien el 17 de enero de 2013 volvía en bicicleta desde su trabajo a su casa, cuando –en el marco de un control de identidad realizado por tres funcionarios de la PDI, al cual accedió voluntariamente- éstos le solicitan ser trasladado a la BICRIM de San Ramón. Una vez en el cuartel, los PDI llevan a M.G.C al estacionamiento del recinto, lugar en el que se suman dos nuevos policías, allí es golpeado reiteradamente en el suelo y mojado.
Para Lorena Fries, Directora del INDH, la situación descrita es “de la mayor gravedad, pues se configura como una práctica que se ha repetido dentro de la PDI. Es inaceptable que agentes del Estado de Chile, quienes son los llamados a proteger la integridad de las personas, hagan justamente lo contrario, o sea torturar”.
La Directora del INDH dijo que se solicitó que se investiguen las acuciosamente para establecer las responsabilidades del caso y añadió que “la tortura es un delito grave, un crimen internacional, que constituye una grave violación a los derechos humanos y que debe ser penado coherentemente con su gravedad”.
Cabe señalar que, el martes 23 de septiembre, el tribunal fijó un plazo de 120 días para que se desarrolle la investigación pertinente.
FUENTE; RADIO U. DE CHILE
Se trata de ocho detectives imputados por apremios ilegítimos, encontrándose los otros cuatro involucrados con arresto domiciliario. El INDH presentó una querella criminal en contra de todos los imputados y de quienes resulten responsables.
En el texto el INDH detalla que el primer caso de torturas ocurrió en enero de 2012, cuando un hombre identificado con las iniciales S.A.A.Z. fue detenido por tres funcionarios de la BICRIM de San Ramón, quienes lo trasladaron hasta las dependencias de dicha unidad policial. En el lugar, los PDI habrían primero golpeado con pies y puños a S.A.A.Z., para posteriormente colocarle un casco de moto y desnudarlo.
Luego el documento del organismo estatal señala que en el segundo caso de torturas que también motivó la querella del INDH, sucedió el día 7 de septiembre de 2012, cuando otra víctima, personalizada con las iniciales D.N.V., se encontraba en su domicilio ubicado en San Ramón, momento en que cuatro funcionarios de la PDI ingresaron ilegalmente a su domicilio, forzando la puerta de ingreso para proceder a su detención. D.N.V. fue llevado a la BICRIM de San Ramón. En el lugar, estando esposado, fue inculpado por uno de los detectives por el robo de enseres en una iglesia de la comuna, lo que llevó al PDI a golpearlo con sus puños en la cabeza y rostro, insultándolo y amenazándolo con un arma de fuego.
Además, el Instituto sobre DD.HH. añadió que un tercer caso corresponde a M.G.C., quien el 17 de enero de 2013 volvía en bicicleta desde su trabajo a su casa, cuando –en el marco de un control de identidad realizado por tres funcionarios de la PDI, al cual accedió voluntariamente- éstos le solicitan ser trasladado a la BICRIM de San Ramón. Una vez en el cuartel, los PDI llevan a M.G.C al estacionamiento del recinto, lugar en el que se suman dos nuevos policías, allí es golpeado reiteradamente en el suelo y mojado.
Para Lorena Fries, Directora del INDH, la situación descrita es “de la mayor gravedad, pues se configura como una práctica que se ha repetido dentro de la PDI. Es inaceptable que agentes del Estado de Chile, quienes son los llamados a proteger la integridad de las personas, hagan justamente lo contrario, o sea torturar”.
La Directora del INDH dijo que se solicitó que se investiguen las acuciosamente para establecer las responsabilidades del caso y añadió que “la tortura es un delito grave, un crimen internacional, que constituye una grave violación a los derechos humanos y que debe ser penado coherentemente con su gravedad”.
Cabe señalar que, el martes 23 de septiembre, el tribunal fijó un plazo de 120 días para que se desarrolle la investigación pertinente.
FUENTE; RADIO U. DE CHILE
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