LOS CONVENIOS DE TODOS LOS CAMPOS CLÍNICOS DE LA UPV TERMINAN ESTE AÑO
Lazos entre UPV y Akredita QA ponen en jaque certificación de su Escuela de Medicina
Publicado: 23.09
En 2010 la Escuela de Medicina de la U. Pedro de Valdivia obtuvo un año de acreditación. Lo otorgó Akredita QA. Uno de sus pares evaluadores es hermano y socio del entonces secretario general de la universidad, Aldo Biagini, hoy rector. En 2011, Akredita certificó a la escuela por tres años. Un mes más tarde uno de los hombres que decidió esa acreditación fue nombrado jefe de Medicina. Los desconocidos lazos entre la UPV y Akredita QA cuestionan esos certificados justo cuando esa escuela ha perdido sus campos clínicos, es una de las dos más deficientes del país y debe reacreditarse.
Una mujer responde al teléfono en la Escuela de Medicina de la Universidad Pedro de Valdivia (UPV). Le preguntamos sobre los campos clínicos que tienen para sus alumnos. Nos dicen que los hay en las dos regiones donde la UPV imparte la carrera de Medicina. En La Serena está el Hospital de Ovalle, el que forma parte de un convenio entre la universidad y el Servicio de Salud de Coquimbo (SSC), vigente desde julio de 2010. Y en Santiago, agrega, están el Hospital de Talagante, el Centro de Referencia en Salud (CRS) Salvador Allende de Pudahuel, dos consultorios en Lo Espejo, la Mutual de Seguridad y el Servicio Médico Legal (SML).
Lo que la funcionaria dice es muy parecido a lo que describió a CIPER el rector de la UPV, Aldo Biagini, cuando respondió el año pasado a la carta que nos había enviado una ex alumna denunciando la pésima calidad de la educación que se imparte en esa escuela (ver carta y respuesta). Allí Biagini mencionaba los mismos centros, y además agregaba convenios con las municipalidades de Nancagua y Chépica, en la VI Región. Con esa oferta de establecimientos, la UPV pareciera estar en excelente pie para enfrentar en los próximos meses el proceso de reacreditación de su Escuela de Medicina. CIPER investigó la situación en que la UPV se postula y no sólo encontró problemas académicos que podrían poner en riesgo la acreditación, sino también serias irregularidades que abren un nuevo flanco sobre la manera en que la UPV ha obtenido sus certificaciones.
Esta vez las acusaciones no apuntan a la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), como lo fue en el proceso que llevó a su controlador y ex rector Ángel Maulen a la cárcel, sino que a Akredita QA, la agencia que creó el ex rector de la Universidad de Chile, Luis Riveros, junto a otros académicos en 2006 para evaluar y acreditar carreras universitarias. Esa agencia fue la encargada de certificar a la Escuela de Medicina de la UPV las dos veces que ha sido acreditada. En ambas ocasiones operaron estrechos lazos hasta ahora desconocidos entre ambas entidades, y que hoy generan dudas sobre la legitimidad de esos procesos.
En 2010, cuando la carrera fue acreditada por primera vez, uno de los pares evaluadores que permitió la certificación fue el doctor Leandro Biagini, hermano y socio del entonces secretario general de la universidad y actual rector, Aldo Biagini. Al año siguiente, en noviembre de 2011, Akredita QA volvió a acreditar la escuela pero esta vez por tres años. Un mes después, Vito Sciaraffia fue contratado como nuevo director nacional de Medicina en la UPV. Hasta ahora eran muy pocos los que sabían que Sciaraffia forma parte desde 2008 de Akredita QA como uno de los encargados de certificar las carreras del área de la salud.
La Universidad Pedro de Valdivia no está acreditada, pues su certificación no fue renovada en 2012 por la Comisión Nacional de Acreditación. Pero su carrera de Medicina sí lo está. Al perder su acreditación, los nuevos alumnos que ingresaron a la UPV en 2013 y 2014 perdieron la posibilidad de optar al Crédito con Aval del Estado (CAE), beneficio que sí conservaron los poco más de 250 alumnos que ya estudiaban Medicina en esa universidad. Si el próximo 17 de noviembre, fecha en que caduca la acreditación vigente de la Escuela de Medicina de la UPV, es rechazada su renovación, proceso a cargo nuevamente de la agencia Akredita QA, la situación de crisis que vive dicha universidad -producto de la pérdida del CAE y de las investigaciones judiciales y del Ministerio de Educación- se agravará. Los alumnos de Medicina no sólo perderán el último sello de legitimidad que les quedaba, sino también todo acceso a becas o beneficios otorgados por el Estado. Lo grave es que todos los antecedentes revisados por CIPER dan cuenta de un escenario cuesta arriba en torno a la reacreditación.
Según la última medición oficial del Ministerio de Salud (Prueba Eunacom 2013), la Escuela de Medicina de la UPV es una de las dos escuelas que obtuvieron los resultados más deficientes del país. Eso significa que, a pesar de que se presenta en su sitio web como una carrera “con énfasis en Salud Pública”, la mayoría de sus egresados no está lo suficientemente capacitada para trabajar en el sistema público de salud. Y aún así, con un arancel anual de $5,5 millones, es una de las ocho universidades más caras entre las 23 que imparten la carrera (ver listado de aranceles). El elevado precio podría justificarse con el alto número de campos clínicos que la universidad ha conseguido para sus alumnos, y que son un requisito clave para la acreditación de la carrera. Pero hay un problema: la mayoría de esos convenios ya no están vigentes o están a punto de caducar. Aunque los sigan promocionando como gancho para atraer nuevos alumnos, la UPV ha perdido casi todos sus campos clínicos.
En abril de 2013 el Servicio de Salud Metropolitano Occidente (SSMOCC) decidió poner fin al contrato que le permitía a la Universidad Pedro de Valdivia usar el Hospital de Talagante como su principal campo clínico: aunque los alumnos seguirán cursando su internado hasta fin de año, el convenio terminó oficialmente el 31 de agosto recién pasado (ver carta). Como el CRS de Pudahuel forma parte del mismo convenio, también se puso fin al acuerdo que permitía que fuera utilizado como centro de práctica para los alumnos de la UPV. Un médico que trabaja en ese establecimiento y que pidió a CIPER reserva de su nombre, dice que ahí sólo permiten que los estudiantes de la UPV observen procedimientos, pero casi nunca participar activamente en la atención de pacientes porque “no nos dan confianza”. Es por eso que, asegura, han optado por licitar el campo clínico a otras universidades. Respecto al vínculo que le permite a la UPV hacer uso del Hospital de Ovalle, en Coquimbo, la situación es la misma: está en su fase final, pues se acaba a fines de este año.
Los estudiantes de Medicina de la UPV también pudieron usar como campos clínicos los consultorios Nº1 y Nº5 de la comuna de Santiago. Pero desde 2013 ese convenio se acabó. En los consultorios de Lo Espejo, aunque el pacto tiene vigencia hasta 2015, sólo en uno podrán seguir los alumnos de Medicina de la UPV. Y en el SML señalan que, al igual que otras 24 universidades, la UPV firmó en 2007 un contrato que duraría un año y que desde entonces se ha renovado automáticamente por períodos iguales y consecutivos. Allí el acuerdo sigue vigente, aunque puntualizan que desde 2012 no han recibido a alumnos de esa escuela.
EL HISTORIAL DE AKREDITA QA
La UPV es una de las 12 universidades que hoy investiga el Ministerio Público por lucro o irregularidades en su acreditación institucional. Su principal controlador y ex rector, el empresario y ex subsecretario de Economía durante el gobierno de Eduardo Frei, Ángel Maulén, hoy está libre, aunque con firma mensual, luego de pasar meses encarcelado por su participación en la acreditación fraudulenta de su universidad en 2010 (ver reportaje de CIPER). Está formalizado por cohecho y lavado de dinero. Esa es la arista penal. Por la vía administrativa los resultados parecían ser mejores: el Ministerio de Educación absolvió a fines de 2013 a la UPV por irregularidades. Sin embargo, con la llegada del nuevo gobierno, nuevamente el Ejecutivo abrió una investigación con la UPV como una de las siete universidades protagonista.
Hasta hoy, todas las acusaciones por irregularidades por lucro y en los procesos de certificación de la UPV tenían que ver con Maulén y su vínculo con la venta fraudulenta de acreditaciones universitarias operadas por Eugenio Díaz desde la CNA. Fue en ese proceso que la universidad obtuvo por primera vez su acreditación, en diciembre de 2010 (ver resolución). Pero antes, en septiembre de 2008, la universidad cerró un contrato con la agencia Akredita QA para acreditar sus carreras de Pedagogía y Medicina, exigencia legal que rige para esas dos carreras. El documento, al que CIPER tuvo a acceso a través de la Ley de Transparencia, lleva las firmas de Ángel Maulén y Luis Riveros y constituye el inicio de una relación que en adelante estaría marcada por evidentes conflictos de intereses.
Cuando se firmó el contrato, Akredita QA aún no tenía atribuciones para acreditar la carrera de Medicina. Si bien la agencia existe desde 2006, recién a mediados de 2008 fue autorizada por la CNA para operar como acreditadora. Al principio, Akredita QA obtuvo autorización para certificar todo tipo de carreras en el área de Educación, Administración y Comercio, Ciencias Sociales, Tecnología y Salud, aunque con excepciones: Medicina y sus programas de especialización quedaban fuera (ver autorización). La restricción duró poco: en enero de 2009 la CNA amplió la autorización e incluyó a Medicina en su área de acción.
Akredita QA es una de las tres agencias que han sido sancionadas por la CNA, y la única que aparece dos veces en esa nómina. La primera fue en 2011, por conflicto de intereses en la acreditación de Educación Parvularia del Instituto Profesional Los Leones: además de presidir la agencia evaluadora, Luis Riveros también formaba parte del Consejo Académico de la entidad evaluada. Por eso la CNA multó a Akredita QA con 100 UTM (unos $3,8 millones). La segunda fue en julio de 2013, cuando la CNA la sancionó con una “amonestación por escrito” por negarse a entregar información respecto a la acreditación de 26 carreras en distintas universidades entre 2010 y 2011 (ver sanción). Una de esas carreras era Medicina en la UPV. Poco después Riveros, quien fue rector de la Universidad de Chile (1998-2006) y es el “gran maestro” de la Masonería de Chile, abandonó su participación en Akredita QA. Hoy preside la comisión ejecutiva para la creación de una universidad estatal en la Región de O’Higgins.
La empresa acreditadora es también conocida como “la agencia de los rectores”, pues además de Riveros han participado en su propiedad Manfred Max Neef (ex rector de la Universidad Austral), Jaime Pozo (ex rector de la Universidad de La Serena) y Ubaldo Zúñiga (ex rector de la Usach). Este último estuvo formalizado por fraude al fisco en 2009 por las irregularidades en la licitación de la plataforma informática del Registro Civil. Además de ellos, han sido socios en Akredita QA el ex diputado de Renovación Nacional, Maximiano Errázuriz, condenado por fraude al fisco por el mal uso de las asignaciones parlamentarias (ver reportaje de CIPER); e Iván Navarro, fundador de la Universidad Blas Cañas (hoy Universidad Católica Silva Henríquez), quien actualmente preside la agencia.
CIPER solicitó a la CNA copia de todos los documentos que respaldaran la acreditación de Medicina en la UPV, tanto en 2010, cuando fue acreditada por un año, como en 2011, cuando se le otorgó la certificación por tres años. En ambos casos la decisión estuvo en manos de Akredita QA. La respuesta de la CNA indica que en esa repartición pública sólo cuentan con la información respecto del primero de esos procesos. Los documentos de la acreditación de 2011 –aquellos de los que trata la sanción de la CNA–, nunca fueron entregados. No obstante, la información disponible permite verificar irregularidades hasta ahora desconocidas en ambos procesos. En el primero, porque uno de los evaluadores era hermano y socio de una de las principales autoridades de la UPV, el actual rector Aldo Biagini. Y en el segundo, porque apenas un mes después de obtener la reacreditación de Medicina, y por un período de tres años, uno de los miembros del Consejo de Acreditación de la agencia que decidió otorgar la certificación de Medicina de la UPV fue contratado por esa misma universidad para hacerse cargo de la dirección nacional de la carrera.
EL HERMANO EVALUADOR
Ángel Maulén todavía estaba a la cabeza de la UPV cuando el 18 de enero de 2010 su Escuela de Medicina, tanto en Santiago como en La Serena, obtuvo por primera vez la acreditación. Para entonces, sus vínculos con Eugenio Díaz y las irregularidades en las acreditaciones desde la CNA eran algo desconocido. Es más, faltaban 11 meses para que la UPV fuera acreditada en el proceso irregular que hoy es materia de investigación judicial. Por eso la certificación de la carrera de Medicina, tras tres años de funcionamiento y sin siquiera una primera generación de egresados, era un hito para su universidad. Sobre todo porque era un logro de la segunda esposa de Maulén, la doctora Candice Rudloff, en esa época directora nacional de la carrera.
Aunque ese primer informe resultó más bien lapidario, la agencia Akredita QA la certificó por un año (ver resolución). Si bien reconocía que la escuela tenía un perfil de egreso claro para sus alumnos, también señalaba que los programas académicos y la malla curricular no eran consistentes con ese perfil. De hecho, los evaluadores detectaron “un reducido énfasis en la atención primaria de salud y del modelo biopsicosocial que se dice orienta los estudios de la carrera”, precisamente el perfil de médicos que la escuela pretende formar, según su sitio web. Destacaron también una alta rotación de autoridades que interfería con el seguimiento de los planes remediales; incoherencia entre los profesionales contratados y los que figuraban en cada evaluación; bajo número de docentes vinculados formalmente con la institución; una autoevaluación con un inadecuado nivel de participación en la que se confundían fortalezas con debilidades; y mecanismos de toma de decisiones no acordes con los propósitos planteados como escuela. La mayoría de las medidas que los evaluadores consideraban positivas eran demasiado recientes como para poder calificarlas. No obstante todas las falencias consignadas, el Consejo de Acreditación del Área de la Salud de Akredita QA consideró que la carrera cumplía con los requisitos establecidos por la CNA para ser certificada por los siguientes 12 meses.
Un dato que hasta ahora pasó inadvertido es que uno de los tres pares evaluadores de Akredita QA que participaron en el proceso era hermano y socio de Aldo Biagini, el actual rector de la UPV, quien por entonces era secretario general de la universidad (ver informe de pares evaluadores).
Leandro Biagini Alarcón, médico cirujano y especialista en Medicina Interna, fue director médico del Hospital Clínico de la Universidad de Chile en la época en que Luis Riveros era rector de esa universidad. Como el establecimiento hospitalario depende de la rectoría y no de la Facultad de Medicina, fue el mismo Riveros quien lo designó en el cargo. Desde ahí lo habría reclutado como par evaluador en Akredita QA, en 2008. Hasta hoy continúa siendo parte de ese equipo. Fue director médico corporativo de Megasalud y actualmente es director docente de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Mayor, la que depende de la Facultad de Medicina de esa misma casa de estudios. Allí, la carrera está acreditada por seis años desde 2013. Y también fue Akredita QA la agencia que la certificó (ver resolución).
El vínculo de los hermanos Biagini Alarcón no es sólo sanguíneo, sino también comercial. Ambos son socios en al menos tres sociedades familiares: Inversiones Mar Azul Ltda., Inversiones del Pacífico Ltda. e Inversiones Tobalaba S.A. Esos nexos, que por entonces pasaron inadvertidos, seguían vigentes en 2011 cuando la escuela volvió a presentarse ante Akredita QA para postular a una nueva acreditación.
El año pasó y la primera certificación de la escuela de Medicina caducó. La UPV debía reacreditar la carrera y entregar su nuevo informe de autoevaluación a la agencia de Luis Riveros, 90 días antes de que venciera la acreditación, esto es el 18 de enero de 2011. Pero el documento no se despachó sino hasta fines de marzo de ese año (ver informe de autoevaluación). Según el informe, la carrera tenía entonces 284 alumnos y 95 docentes en sus sedes de Santiago y La Serena. Maulén seguía siendo el rector, Rudloff aún era directora nacional de Medicina y todavía no egresaba la primera generación de la carrera.
EL NUEVO CARGO DEL CONSEJERO SCIARAFFIA
El atraso en la entrega del informe significó también una demora en la resolución de Akredita QA respecto a la reacreditación. Recién en agosto de 2011 fueron los pares evaluadores a visitar la escuela y no fue hasta el 17 de noviembre que el Consejo de Acreditación del Área de Salud de Akredita QA decidió (ver resolución). En su informe, los evaluadores reconocen la existencia de reglamentos que norman el desempeño de los estudiantes, pero también la ausencia de reglas claras respecto a notas mínimas de promoción y porcentajes de asistencia. También señalan la ausencia de instancias donde se permita la interacción entre académicos de las distintas sedes, y un número insuficiente tanto de docentes como de horas designadas para docencia práctica. Los evaluadores establecen que los académicos cumplen sólo parcialmente con las calificaciones y la experiencia necesarias para desempeñar funciones directivas y académicas docentes y que no hay mecanismos suficientes para que el cuerpo académico participe activamente en la formulación de planes y programas. Y además, la carrera no tiene un número máximo de alumnos por sede, lo que no es acorde con el compromiso de asegurar una enseñanza de calidad.
A pesar de las debilidades detectadas, nuevamente Akredita QA acreditó la carrera, esta vez por tres años, hasta noviembre de 2014. Habían pasado tan sólo dos meses desde la publicación en CIPER de un reportaje que reveló las primeras irregularidades tras la acreditación institucional de la UPV en 2010 y de la salida de Maulén de la rectoría. En su lugar había asumido Gonzalo Arenas, quien hasta entonces había sido decano de la Facultad de Ingeniería de la UPV. CIPER no pudo acreditar si Leandro Biagini participó activamente en este segundo proceso como par evaluador, aunque cada uno seguía en su posición: Aldo aún era secretario general de la UPV y Leandro todavía figuraba en la lista de pares evaluadores de Akredita QA.
Pero los hermanos Biagini no serían el único nexo entre la UPV y la agencia acreditadora. En diciembre de 2011, apenas un mes después de que Akredita QA aprobara la reacreditación de Medicina por los siguientes tres años, la esposa de Ángel Maulen, Candice Rudloff, renunció a la universidad, que ya estaba en el centro de las investigaciones judiciales. Vito Sciaraffia asumió la dirección nacional de Medicina en su reemplazo. Se mantendría en el cargo apenas unos meses, hasta mayo de 2012. Pocos sabían de sus estrechos vínculos con Akredita QA y su rol en la acreditación de la carrera.
Sciaraffia es ingeniero civil y médico cirujano. Fue director del Instituto de Administración y Salud de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y también el primer superintendente de Salud del gobierno de Sebastián Piñera. Duró en ese cargo apenas tres meses (ver reportaje de CIPER). Además, desde 2008 que forma parte del Consejo de Acreditación del Área de la Salud de Akredita QA, una instancia que presidió el doctor Juan Eduardo Bustos hasta su muerte el pasado 10 de septiembre, y que además componen otras cinco personas. Desde allí fue uno de los encargados de decidir la acreditación de Medicina de la UPV, carrera que pasó a dirigir apenas un mes después de haberla acreditado.
Las dos resoluciones que sellaron la certificación de Medicina de la UPV llevan las firmas de Bustos y Riveros. Hasta el momento resulta imposible saber cómo votó Sciaraffia en esas sesiones del consejo de Akredita QA, ya que las actas no son de acceso público. Actualmente la misma agencia está a cargo de evaluar la reacreditación de la escuela. Aunque ya no está en la UPV, Sciaraffia continúa siendo miembro del Consejo de Acreditación del Área de la Salud de Akredita QA. Aldo Biagini ahora es rector de la universidad y su hermano Leandro aún figura como par evaluador de la agencia.
El proceso ya comenzó con la visita de los pares evaluadores a la universidad los días 3, 4 y 5 de septiembre. Con su hermano en la rectoría desde febrero de 2013 –tras la renuncia de Gonzalo Arenas–, Leandro Biagini no forma esta vez parte del equipo que evaluador. Varios académicos de la escuela han señalado a CIPER que la UPV difícilmente tendrá éxito en esta nueva evaluación. Esto porque según los criterios establecidos por la CNA, para acreditarse la carrera “debe tener suscritos los convenios necesarios para la utilización de campos clínicos, hospitales y consultorios en que se realizarán las actividades prácticas”. Algo que en las condiciones actuales no se estaría cumpliendo.
AL FONDO DEL RANKING
El año pasado egresó la primera generación de médicos de la UPV. Tras rendir la versión 2013 del Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (Eunacom), la universidad quedó como una de las dos con mayor tasa de reprobación, junto a la ya desahuciada Universidad del Mar. Era su primera incursión en la medición que permite al Ministerio de Salud (Minsal) no sólo evaluar la calidad de la enseñanza de las escuelas de Medicina del país, sino que también filtrar el ingreso de profesionales a sus establecimientos: quienes reprueban el Eunacom no pueden optar a cargos en hospitales, consultorios ni centros públicos de salud.
CIPER solicitó a la Asociación de Facultades de Medicina de Chile (Asofamech), entidad encargada desde 2009 del diseño y administración del examen por mandato del Minsal, el detalle de los resultados de ese examen, pero nos los negaron. El argumento fue que después de la filtración de los resultados del examen en 2012, el Consejo de Decanos de la Asofamech acordó no volver a informar los resultados que hasta 2011 eran públicos, para así evitar la excesiva competencia y posibles irregularidades. Desde entonces, los resultados sólo son comunicados de forma individual a los médicos que lo rindieron y a las escuelas, sin darles mayor detalle de otros evaluados. En otras palabras, por decisión administrativa de una entidad privada los resultados del Examen Eunacom ya no son información pública.
Que esa información haya dejado de ser de acceso público es un hecho grave. Los datos no sólo permiten a la ciudadanía saber si los médicos que egresan de las escuelas poseen los conocimientos mínimos necesarios para desempeñarse en el sistema público y hacer frente al nuevo perfil epidemiológico que ha desbordado el sistema de salud. También son el principal insumo para que los estudiantes que postulan a una escuela de Medicina sepan cuál es el nivel de la educación que en ellas se imparte. Es por eso que CIPER presentó a comienzos de septiembre un amparo por denegación de información ante el Consejo para la Transparencia (Rol C1929-14), para exigir que dicha información vuelva a estar disponible para la ciudadanía.
Si a los magros resultados en el Eunacom se suma el fin de los convenios para hacer uso de campos clínicos, la Universidad Pedro de Valdivia enfrenta una compleja situación para obtener la acreditación de Medicina. Varios académicos y alumnos manifestaron a CIPER su preocupación, no sólo por la pérdida de campos clínicos, sino por lo que ocurre en ellos. Dicen que el bajo nivel técnico y académico de los alumnos hace que los médicos en estos recintos no les permitan poner en práctica sus habilidades, por el riesgo que significa para los pacientes. Se refieren también a modificaciones en las calificaciones para que los alumnos pasen cursos sin los conocimientos mínimos, reduciendo así la tasa de retención de la escuela y mejorando sus posibilidades de competir a futuro para una beca de especialización. Y señalan un profundo desorden interno, al punto que a comienzos de 2013, después de casi tres años cursando Medicina y uno como interno en el Hospital de Talagante, descubrieron que Alexander Bravo, uno de sus alumnos, había ingresado desde otra universidad a la UPV con documentos falsos. Es decir, este estudiante de séptimo año de Medicina, que cursaba su segundo año de internado y que atendía pacientes del sistema público, no tenía siquiera los conocimientos básicos de los primeros años de la carrera. El fraude quedó acreditado en un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago (ver fallo). Bravo fue descubierto por sus propios compañeros. Ningún directivo de la escuela se percató de sus graves falencias.
FUENTE: CIPERCHILE
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