Frente Amplio Unitario

Reviven caso coimas y presidente de los alcaldes UDI enfrenta a la justicia por recibir sobornos

08/04/2014 |

Por Equipo Cambio21

Según la investigación del Ministerio Público, Mario Olavarría (UDI), jefe edilicio de Colina, habría aceptado los pagos de parte de una cadena de supermercados para la instalación de un nuevo local en su comuna, sobre terrenos municipales.

Año 2007 y una denuncia por una irregularidad en la entrega de una patente de alcoholes desencadenó  un caso que tiene al actual alcalde de Colina, Mario Olavarria (UDI), enfrentando la justicia y que lo puede condenar a penas de cárcel o, incluso, a la inhabilitación absoluta para cargos u oficios públicos.

 

Luego de años de una larga investigación se dio inicio al proceso judicial en contra del alcalde, junto a su ex jefe de gabinete, un gestor inmobiliario y al vicepresidente de una conocida cadena de supermercados, por los delitos de cohecho y soborno.

 

Hace 7 años, un carabinero denunció una supuesta infracción a la ley de alcoholes en un supermercado Tottus, ubicado a un lado de la 8ª Comisaría de Colina. Las denuncias que le siguieron significó el destape de las irregularidades que cometió el alcalde en pro de la entidad comercial.

 

Según la investigación que llevó a cabo el Ministerio Público, el alcalde Olavarría y su ex jefe de gabinete, Domingo Soto, habrían cobrado pagos indebidos, coimas, para entregar un terreno municipal para la instalación de supermercado, incluyendo al gestor inmobiliario Nabil Mansour.

 

Dentro del proceso, también se consideró al vicepresidente de Tottus, Francisco Leyton, al ser quien sobornó a la autoridad del edilicio. Fue despedido de la empresa posteriormente.

 

La investigación habla sola

La investigación determinó que Leyton pagó más de 100 millones de pesos a Mansour para concretar el negocio, quien, a su vez, envió 21 millones al ex jefe de gabinete, para luego transferir otro monto a las cuentas del alcalde Olavarría. Soto, desde 2005 hasta 2009, realizó operaciones similares, llegando a los 117 millones de pesos de supuestos sobornos.

 

En su minuto el mismo alcalde reconoció la existencia de esas trasferencias bancarias.

 

A pesar de que en 2011 los imputados acordaron una salida alternativa con la Fiscalía (que involucraba la restitución de varios millones de pesos a las arcas del municipio), el Consejo de Defensa del Estado (CDE) apeló a la decisión y se ordenó que el ministerio continuara la investigación.

 

Para el gremio de alcaldes, la situación no es indiferente. Así lo demostró el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), el edil de Maipú Cristián Vittori, quien manifestó a Cambio21 que son situaciones como estas las que dañan la confianza ciudadana en el trabajo de las entidades públicas, en este caso el de un municipio.

 

Rupturas de imagen

"Uno tiene que tener confianza en las instituciones y en definitiva que cada persona pueda demostrar su inocencia, pero lo más importante es el respeto a las personas y el debido proceso, y eso es fundamental para el que vivirá el alcalde", explico el jefe del edilicio de Maipú a Cambio21.

"Lo más importante es que no afecte a las comunidades, lo importante en estos procesos es que las comunas no se vean afectadas, que el desarrollo de las comunidades no sea perturbada. Confío en que eso llegue a buen puerto y que, en el fondo, las instituciones puedan funcionar", agregó.

 

Similar opinión es la que expresó el diputado DC, y ex presidente de la AChM cuando fue alcalde de La Granja, Claudio Arriagada, quien, aunque dice que prefiere "evitar referirse a estas materias" cuando el proceso aún está abierto, sí manifiesta su confianza en la justicia y que se demostrarán las culpas en el caso.

 

"Espero que la justicia falle definitivamente, sé que en estos casos es un tema bastante complejo en que afecta la fe pública. Hay un gran desprestigio del quehacer municipal y de la política en general y duele que ocurra", dijo a este medio.

 

Sobre su relación con el alcalde en cuestión, Arriagada relata que nunca tuvo una  cercanía con él, y tampoco lo escuchó hablar sobre la materia.

 

"Nunca conversé sobre este punto. Si sabía que cuando apareció y que estaba involucrado; no habló sobre nada particular sólo he escuchado su argumento. Uno parte de la presunción de inocencia mientras no se demuestre lo contrario y todo lo que atentó a dañar el patrimonio de la comuna  es aún más grave si se logra demostrar", concluyó.

 

Un castigo ejemplificador

La exdiputada y actual Consejera Regional Metropolitana, María Antonieta Saa (PPD), fue una de las parlamentarias que instó en los inicios del caso a que se investigara esta grave irregularidad. Para ella, los castigos que deben recibir los involucrados, de ser encontrados culpables debe ser ejemplificador.

 

"Recibir sobornos es un delito grave, y no se puede borrar con un acuerdo por dinero, creo que la conducta de alguien del servicio público  debe tener un castigo ejemplificador, no se borra pagando una suma  de dinero", dijo la exparlamentaria.

 

"Me parece que el delito de soborno debe ser castigado, penalizado y una personas que ha recibido dinero sucio no puede continuar en ninguna parte del a administración pública, porque vimos casos en que una personas podía ser alcalde pero no diputado (...), pero una persona que ha recibido sobornos no puede jamás ser parte de la administración pública de nuevo".

 

FUENTE: CAMBIO 21