Justicia detiene decreto de Piñera que permitía eliminación de correos electrónicos de funcionarios de su administración
10/03/2014 |
La medida defendida por el gobierno de Sebastián Piñera recibio un duro revés al no poder validar su modificación de último minuto. Fue acusada como una acción de la "letra chica del Gobierno"
El Ministerio Público detuvo el decreto de ley que permite a los funcionarios públicos eliminar sus correos electrónicos al finalizar su tiempo de trabajo. El decreto fue enviado por el Presidente Sebastián Piñera, quien validó la medida por tratarse de los correos personales de cada trabajador. La medida contó con el respaldo del ministro del Interior, Andrés Chadwick.
El decreto fue firmado por el Presidente Piñera y publicado el 27 de febrero en el diario oficial. Corresponde a un decreto perteneciente al Ministerio de Economía y que regula el borrado de los correos electrónicos de los funcionarios públicos almacenados en los computadores de los lugares de trabajo.
El nuevo decreto derogaba el decreto 77, impulsado bajo el gobierno de Ricardo Lagos, en donde se obligaba a todos los funcionarios públicos a guardar sus correos electrónicos. Conocida la publicación del decreto las quejas provenientes de la Nueva Mayoría no se hicieron esperar. A las quejas se añade el dictamen momentáneo del Ministerio Público quien ordeno detener el decreto y no borrar los correos.
El gobierno defiende la medida, en la persona del Presidente, argumentado que "al tratarse de correos personales cabe la posibilidad de ser borrados, pero aquellos propios del trabajo no. Esta diferencia la establece la oficina de transparencia y la Corte Suprema". El ministro Chadwick argumento algo similar "existe una sentencia del Tribunal Constitucional, de los tribunales de justicia y una instrucción de la contraloría" y para nada el decreto fue establecido "entre gallos y medianoche".
La fiscalía envió al Gobierno un comunicado en donde ordena no borrar los correos. La nota está firmada por el fiscal adjunto José Morales Opazo y menciona la obligatoriedad a los Ministros de Salud, Educación, Obras Públicas, Trabajo y Urbanismo, según publicó el vespertino La Segunda.
Cualquier acción que obstaculice su cumplimiento constituye delito.
FUENTE: CAMBIO 21
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