Frente Amplio Unitario

Municipalidades e inmobiliarias: Hay negocios con cara de negociados

06/09/2014 |

Por Mario López Moya

Vecinos denuncian extraños beneficios concedidos a inmobiliarias por parte de municipalidades. Acusan que alcaldes dan regalías que rompen la igualdad ante la ley. La calidad de vida se deteriora por el afán de lucro de unos y otros.

En el caso de la municipalidad de Las Condes, por ejemplo, la constructora "Enaco -ligada a la familia Solari- va a construir un proyecto inmobiliario en terrenos pertenecientes a los monjes Benedictinos. "Nos inquietó la envergadura del proyecto, donde pretenden construir 410 viviendas, distribuidas en departamentos y casas, lo que va a generar una gran densidad poblacional en la zona, trastornos viales, problemas de seguridad, además del impacto que significará que durante 5 años y medio se va a construir este mega proyecto", afirma a Cambio21 Jacqueline Zárate, secretaria de la Agrupación Residencial San Carlos de Apoquindo.

"Cuando supimos que se intentaba cambiar el destino de las 24 hectáreas aledañas al Monasterio de los Benedictinos, tratamos de averiguar y nos encontramos con varias trabas, en que se nos negó información en la municipalidad de Las Condes, incluso acerca del permiso de edificación dado y sus características. Se nos ocultaron los antecedentes hasta que los publicó el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y ya no pudieron seguir callando", afirma la dirigente.

Cambios "a la medida"

Efectivamente el Plano Regulador específico para éste terreno de 24 hectáreas fue modificado ampliando el uso de suelo para zona de comercio, incluso aumentó la altura para construir hasta 5 pisos, en circunstancias que todos los permisos otorgados en dicha ubicación lo eran hasta 4 pisos. El Monasterio también confirmó la existencia del proyecto y su voluntad de concretarlo a la brevedad.

Pero claro, es legítimo preguntarse por qué el que se construya en propiedad privada puede ser resistido por los vecinos. Es más, es legítimo que otras familias también quieran acceder a vivir en ese sector acomodado de la cota mil.
"El problema -señala la Presidenta de la Agrupación, Erika González Prelle-, es que el proyecto se sustenta en una "Declaración de Impacto Ambiental" que es emanada de la inmobiliaria y no un "Estudio de Impacto Ambiental", que es lo que manda la ley. Eso es importante, pues es obligatorio hacer el estudio si el proyecto es aledaño a un monumento nacional y, en éste caso, el Templo de Los Benedictinos está declarado patrimonio nacional por ley", asegura a Cambio21.

¿Cuál impacto ambiental?

 

El proyecto fue ingresado como una declaración de impacto ambiental (DIA) y no como un "Estudio de Impacto Ambiental (EIA), lo que es contrario a derecho. Efectivamente, la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente indica en el artículo 11 letra f, que si un proyecto presenta efectos adversos, como alteración de monumentos (...) y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural, se requiere necesariamente del EIA, para compensar y mitigar los daños que la actividad pudiese producir.

 

"Y no solo eso -acota Erika González-, la Municipalidad en este caso no ha contestado hasta hoy los múltiples requerimientos hechos por los vecinos para conocer, cuáles son las razones de bien público tenidas a la vista para autorizar los cambios regulatorios que ampliaron el uso de suelo y que benefician a éste millonario proyecto. Ello viola la ley 20285", afirma.
Cuestionan a De la Maza

Los cuestionamientos a la manera en que se ha manejado esa municipalidad y su alcalde no son nuevos. La Contraloría General de la República en el documento DMSAI 492 dado a conocer por orden del contralor se señaló lo siguiente: "Se ha establecido (...) que es efectivo lo señalado por el recurrente en cuanto a que el alcalde de esa municipalidad ha tenido y tiene intereses en sociedades inmobiliarias, varias de las cuales no incluyó en las declaraciones sobre intereses y patrimonio que presentó ante esta Contraloría y que tampoco se inhabilitó de participar, primero como concejal y luego como alcalde, en las sesiones del Concejo Municipal en que se realizaron modificaciones al Plano Regulador Comunal, conforme lo prescrito en el dictamen Nº 25.517, de 2004, en relación con el principio de probidad administrativa".

"Éste proyecto ha estado asociado a un secretismo enfermizo en que la Municipalidad de Las Condes facilitó a los particulares un negocio, haciéndolo más flexible y entregándole mejores condiciones y privilegios que a otras empresas inmobiliarias, las que no han podido tener las mismas ventajosas condiciones que Enaco", señalan las dirigentes. Aunque no imputan un negociado, sí cuestionan la falta de transparencia en toda la operación, en que el negocio debiera llegar a las 70 millones de dólares.

La Inmobiliaria Lomas de Asís y los Benedictinos pretenden construir el proyecto adjudicado por Enaco, más de 400 viviendas, en que se contemplan 3 autos por inmueble. "El problema micro está representado por este proyecto en particular y lo macro, es que esta es una demostración de lo que está pasando al nivel de las municipalidades y las inmobiliarias, pero el costo de todo esto lo sufre la comunidad, los ciudadanos. Privatizan el lucro y socializan los costos", señala Erika González.

En La Florida también

Marchas y protestas han llevado adelante los vecinos agrupados en diversas entidades en defensa del bosque natural de la zona precordillerana de esa comuna. La inmobiliaria propietaria de la tierra, pretende desarrollar múltiples planes habitacionales que pretenden dividir el bosque. Ello porque los primeros días de noviembre vence el congelamiento que prohíbe construir en la precordillera.

El alcalde de La Florida Rodolfo Carter, quien evitó referirse a esta materia, ha sostenido que él no tiene responsabilidad en el tema, traspasando al Intendente Claudio Orrego y a los miembros del Concejo Municipal la decisión de cambiar el plano regulador que evite que la inmobiliaria presente un mega proyecto en ese sector, atentando en contra de la biodiversidad ambiental y la calidad de vida de los vecinos.

El representante de la Red de Defensa de la Precordillera y la Red de Defensa del Panul, Matías Rojo, señaló a Cambio21 que el alcalde Carter no tiene voluntad ni intenciones de cambiar la situación que evite construir en el sector precordillerano. "Cuando aprobó un proyecto para destruir el bosque Panul, de ahí en adelante no hizo nada. Él se comprometió ante toda la ciudadanía a decir que iba a cambiar el plan regulador para adoptar una política de "cero construcciones en la precordillera sobre el bosque nativo" y esto no ocurrió, porque él mismo saboteó ese proceso desde la municipalidad y hasta el día de hoy el plan regulador de la Florida no se ha cambiado" manifestó el dirigente.

Paine y la CCU

Los mega proyectos debieran constituirse sobre la base de tres pilares. Conciliar con los intereses de la autoridad, conciliar con los intereses de la comunidad y dar cabal cumplimiento a la ley. Así pareció entenderlo, aunque tarde, la empresa CCU que pretendía instalar una planta en la comuna de Paine con una inversión cercana a los 300 millones de dólares. La resistencia de los vecinos producto de la escasez de agua en el sector y la incidencia sobre ello de la nueva planta, llevó a la compañía a cancelar, al menos por ahora, sus propósitos.

Acá también se había presentado una declaración de impacto ambiental. La Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana rechazó sin embargo de manera unánime dicha declaración presentada por la CCU (Resolución N° 328), imposibilitando llevar a cabo el proyecto tal como estaba planteado. Si la compañía quisiera insistir en ejecutar el proyecto, debe presentar un Estudio de Impacto Ambiental e iniciar nuevamente los trámites de evaluación.

"Cuando evaluemos de nuevo este proyecto, lo haremos también con la vocación agrícola de la región y de Paine en particular. Uno de los grandes problemas de la región es el agua, el agua para beber y el agua para cultivar", manifestó a Cambio21 el Intendente de la Región Metropolitana, Claudio Orrego.

Falta una visión integral

"En Chile no existe la política de mirar como un todo los proyectos que se desarrollan en un determinado sector. La ley establece que si en un solo proyecto se construyen más de 300 propiedades se debe hacer un Estudio de Impacto Ambiental (SEIA), pero acá no existe tal control cuando se construyen proyectos aislados de menores densidades, como 200 casas, por ejemplo y si se sumaran todos los micro proyectos como esos, debiera hacerse estudio, pero no se hace. Se aísla un proyecto del otro y no se mira como un todo", afirma el Presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, Patricio Herman a Cambio21.

"Yo no sé si aumentará la plusvalía de los inmuebles con estos proyectos -indica Erika González-, pareciera que el sentido común así lo indicaría, pero el real problema no es ése. Lo que a nosotros nos preocupa es la baja calidad de vida. Puede ser que desde el punto de vista económico exista una ganancia mercantil, pero desde el punto de vista de la calidad de vida, de vivir en un ambiente libre de contaminación, existiendo una superpoblación que deteriora el medioambiente, claramente hay un perjuicio", asegura.

Según la dirigente, no se toma en cuenta "la densidad poblacional que hay hoy, que es inmensa, donde se ha llegado a un punto tal de saturación, en donde no existen mitigaciones viales. También existe un tema de seguridad, pues la inmensa densidad poblacional desmejora la vigilancia y presencia policial, aumentando el número de ilícitos que debemos sufrir a diario los vecinos. Más que mantener rentabilidad para las inmobiliarias, las municipalidades debieran mantener rentabilidad social y comunitaria.", afirma.

¿Y quién le pregunta a los vecinos?

"No solo es importante que se cumpla la ley, lo que ya es básico, sino que además se informe a la comunidad las condiciones y alcances de estos proyectos. Debe socializarse y escucharse a los vecinos, pues se está atentando contra la biodiversidad de la zona, rica en vida animal y silvestre", concluye Erika González.

Y lo cierto es que los vecinos debieran ser oídos. Al menos en teoría, pues corresponde a la ciudadanía participar en la aprobación de los planes reguladores. ¿No lo sabía? Claro, no pida que le digan dónde y a qué hora se hacen las convocatorias públicas, pues sería mucho pedir. Y si usted logra asistir por coincidencia a una de ellas, no se preocupe, pues su opinión vale la nada misma, no son vinculantes para la autoridad.

Ello genera justamente el empoderamiento de los vecinos, que frente a los negociados, negocios y negocitos, termina organizándose y protestando en contra de inmobiliarias y autoridades. El tiro sale por la culata, pues al final, por no escuchar a la gente, pierden inversiones y votos... y quizás algo más, ¿COIMO sabe usted?.

 

La ley de la selva

Inversionistas, inmobiliarias y vecinos, reclaman sobre el desorden que implican los planos reguladores. En la región Metropolitana, la progresiva concentración de la población en las áreas urbanas ha generado una serie de problemas que inciden gravemente en la calidad del medio ambiente y, por lo mismo, en la calidad de vida de las personas. Los sectores "de moda", como lo fueran Pirque y hoy Chicureo, han generado concentraciones habitacionales en múltiples proyectos sin orden alguno. Quilicura, Huechuraba y otras comunas ya no dan abasto vial y son un dolor de cabeza para sus habitantes y las autoridades.

La extrema potestad de alcaldes y Concejos municipales sobre permisos y otras materias, los constantes cambios en las reglas del juego, las solicitudes de "aportes" de las municipalidades a las constructoras para las modificaciones de planes reguladores y los conflictos de intereses entre algunos alcaldes y las inmobiliarias, como se ha denunciado, han puesto en jaque el modelo de planificación pública en vistas al desarrollo sustentable de las ciudades.

Las municipalidades de Las Condes, La Florida y el SEA, no respondieron los requerimientos de este medio, a pesar de haberse intentado reiteradamente obtener una explicación de los por qué, en las conductas denunciadas por vecinos.
La ley de la selva que rige en esta materia continuará, a menos que se estructure una normativa estable, clara, igualitaria y que tenga a la vista el bien de los vecinos y del medio ambiente, por sobre los afanes de lucro que, desmedido, jamás mirará el bien común por sobre el individual. Tarea para los legisladores que, de seguro la tendrán presente en sus oraciones... para cuando sean reelectos, claro.

 

FUENTE: CAMBIO 21