sábado, 21 de enero de 2012

Un llamado al diálogo realizó el sacerdote Arzobispo Fernando Chomalí acusó de “irresponsable” culpabilizar a priori a mapuches de incendios en el sur

El prelado, integrante de la Comisión por la Defensa de los Derechos del Pueblo Mapuche, manifestó que no se pueden hacer acusaciones sin antes desarrollar una investigación que establezca la verdad de los hechos.
Una irresponsabilidad que sigue en el camino de estigmatizar al pueblo mapuche, según el Arzobispo de Concepción, Fernando Chomalí, son las acusaciones deslizadas por el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, culpando a comunidades indígenas por los incendios ocurridos en la Región del Bío-Bío y la Araucanía.
“Me parece que partir a priori culpabilizando a miembros de la comunidad mapuche (…) es irresponsable y no corresponde, porque se suma a la sensación que ellos tienen de ser siempre estigmatizados” sostuvo el prelado en la celebración de San Sebastián de Yumbel, según consignó Radio Bío-Bío.
Contrario a las acusaciones realizadas por Hinzpeter y el intendente de la Araucanía, Andrés Molina, quienes dieron a conocer sus sospechas contra la Coordinadora Arauco-Malleco por sus eventuales responsabilidades en el incendio de Carahue, Chomalí sostuvo que hay que investigar antes de hacer denuncias sin fundamento, además de buscar el diálogo en la sociedad “creo que si hay algo que podemos hacer nosotros es sumar los puntos de vista pensando en el bien del país, eso es lo que me anima a mí”.
En ese sentido, la Comisión por la Defensa de los Derechos del Pueblo Mapuche entregó hace unos días una declaración, firmada -entre otros- por Chomalí y la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fries, la cual expresa “extrema preocupación frente a las declaraciones que han hecho las autoridades políticas emitiendo juicios que exacerban un clima de prejuicio y desconfianza contra las comunidades mapuches y que en nada contribuyen a solucionar los problemas del pueblo mapuche”.
En dicho documento se manifiesta además “confianza en que el Ministerio Público y los tribunales de justicia competentes en esta materia investiguen, procesen y sancionen, si se establece algún tipo de responsabilidad penal derivada de la legislación común, desestimando la invocación y aplicación de la Ley Antiterrorista”.

FUENTE: EL MOSTRADOR

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