Los dirigentes de la Caleta Lo Rojo de Coronel están indignados y molestos por el acuerdo, que dicen que los obligaron a firmar, entre la empresa Endesa y los 18 sindicatos de esa caleta.
El trato, indicaron los pescadores, contiene una cláusula que serviría como un “salvo conducto” para Endesa en caso de que exista una nueva paralización de la planta Bocamina II para que la empresa no corra con los gastos de esa inmovilización.
Esto porque Endesa les cobraría a los trabajadores de la caleta una multa por ser “malos vecinos”, es decir, le descontaría del bono que acordaron alrededor de 18 millones de pesos diarios por cada día que la planta deje de funcionar.
Así lo explicó el presidente del Sindicato de armadores Siparmar Luis Villablanca: “Hay cláusulas que son media lapidarias con las sanciones que nos pueden aplicar. Una de ellas especifica que podemos ser multados. Si algún trabajador de la planta paraliza su trabajo, vamos a pagar los 18 sindicatos las consecuencias. Nos estarían descontando del monto que se logró, de los 23 millones de dólares, diariamente una pérdida de 18 millones de pesos, a 110 mil pesos por persona”, manifestó Luis Villablanca.
Este acuerdo entre los 18 sindicatos y la empresa Endesa, explicó Luis Villablanca, estuvo viciado. Esto porque denuncian que hubo diferentes episodios de violencia que sirvieron como medidas de presión contra pescadores que amenazaron, incluso, a los dirigentes a punta de arma blanca para que firmaran el acuerdo.
Amenazas que se explican por la necesidad que padecen los pescadores de Coronel que recibirán dos millones de pesos como adelanto de este acuerdo. Esto se efectuará antes de navidad, por lo que se ha encarecido aún más el ambiente entre los trabajadores.
Lorenzo Soto, abogado que ha participado del proceso que paralizó a Bocamina II ratificó la existencia de delitos en este trato: “Este acuerdo está viciado moral y legalmente por cuanto se ha cerrado e impuesto por la fuerza bajos hechos que incluso tienen connotación delictual. En ese contexto este abogado no está disponible para validar semejante situación”, sentenció Lorenzo Soto.
Con esto, el monto a pagar por Endesa a los pescadores de la zona, forma parte de un plan de cuatro ejes que considera además un fondo de inversión social para la comuna, mejoras ambientales en Bocamina II por 120 millones de dólares, y la relocalización de las últimas 725 familias vecinas a la planta. Esto establece un escenario favorable para la reapertura de Bocamina II, según indicó el presidente del sindicato Siparmar, Luis Villablanca, luego que la Corte Suprema rechazará a finales de noviembre un recurso de protección presentado por el Senador Alejandro Navarro que denunciaba la supuesta presencia ilegal de residuos de asbesto en las instalaciones de Bocamina 1. Esto se suma a la decisión del máximo tribunal de cesar la orden de no innovar presentada en contra de la operación de la central.
En tanto desde la empresa reiteran su compromiso a trabajar con las comunidades: “Endesa Chile reitera su compromiso de diálogo y trabajo conjunto con las comunidades y autoridades de Coronel para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes”, indicó la empresa en un comunicado publicado en su sitio web.
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