El Ministerio del Interior, a través de su Programa de Derechos Humanos, de forma inédita entregó un balance de 2014 con la situación procesal y penitenciaria de quienes han sido imputados y condenados por crímenes de lesa humanidad
A pesar que el organismo reconoció que aún hay desafíos relevantes en materia de justicia, familiares y víctimas de la dictadura militar reiteraron su indignación por la impunidad que sigue presente y urgieron al Estado chileno a tomar medidas concretas ahora.
Al 15 de diciembre existen 1.073 nombres de agentes del régimen militar en la justicia, pero sólo 281 están condenados por una sentencia a firme y ejecutoriada dictada por la Sala Penal de la Corte Suprema.
De este número 75 permanecen a la fecha cumpliendo una pena de prisión efectiva, lo que significa que 206 de ellos recibieron condenas menores a cinco años y un día y, actualmente, cumplen sus penas bajo el beneficio de la libertad vigilada. Además, de los 75 agentes encarcelados, tres se encuentran en libertad condicional y ocho con beneficios intra-penitenciarios otorgados por Gendarmería.
Para Francisco Ugás, Secretario General del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, los datos dan cuenta de que no se están aplicando sanciones proporcionales a la gravedad de los delitos, principio establecido en el Derecho Internacional.
El abogado sostuvo que entre las razones que explican esta situación está la aplicación de la figura penal de la media prescripción, la que permite a los acusados acceder a beneficios al cumplir la mitad de su condena.
“Nuestro planteamiento -y ha sido un criterio de actuación de resta repartición- ha sido siempre oponerse a la aplicación de la media prescripción”, afirmó Ugpas, quien explicó que según las normas internacionales este tipo de delitos son imprescriptibles e inadmistiables, por lo que están obligados a tomar esta postura jurídica. Además indicó que la aplicación de la media prescripción “implica que se pongan sanciones tan bajas, que vulnera el principio de proporcionalidad”.
En este contexto, el abogado se refirió al caso de Miguel Krassnoff quien fue visto hace unos días en exposición artística en el Hospital Militar. Ante esto indicó que con situaciones como esta se planeta la liviandad con la que Gendarmería ejercía su custodia. Ugás afirmó que este hecho debe ser investigado, y añadió que las medidas deben ser extremas considerando que Krassnoff es un macro-criminal.
También respondió a las críticas de Cristian Labbé quien señaló que el Programa tuvo un móvil político al acusarlo, e indicó que en el caso Tejas Verdes se solicitó el procesamiento de diez agentes y que el ex Coronel “era uno más de ellos”.
Pero más allá de los casos puntuales, Ugás afirmó que se requiere avanzar en las investigaciones, localizar a los detenidos desaparecidos y poner fin a los pactos de silencio.
“Nuestro Estado tiene que hacer todos los esfuerzos humanamente posibles por encontrar los cuerpos de las víctimas desaparecidas. Yo esperaría que los victimarios que han participado en los crímenes que motivaron la desaparición de numerosas personas en nuestro país, puedan entregar esa información como ocurrió en Argentina. Precisamente los pactos de silencio han sido obstáculos consistentes y extremadamente importantes para limitar el establecimiento de la verdad”.
Con esto coincidió Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, quien sostuvo que con este informe se hace evidente la impunidad: “Ninguno de ellos tiene cadena perpetua, pese a que se repiten en una y otra causa”.
En ese sentido la dirigenta valoró el aporte del Programa, pero sostuvo que el Estado debe hacerse cargo de los temas pendientes como reabrir causas, terminar con los privilegios de Punta Peuco y tomar medidas concretas de inmediato, como anular la Ley de Amnistía o poner fin a los beneficios a violadores de Derechos Humanos.
“Dejemos de hacer esto un cuenta gotas porque ya no queda tiempo”, afirmó a más de 40 años del golpe militar y cuando, según afirma, por ahora hay más verdad que justicia en Chile.
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