Frente Amplio Unitario

El caso del fraude de Penta no para: Ni el viejo pascuero salva a la derecha especialmente a la UDI

20/12/2014 |

Por Mario López Moya

Los recientes hechos que dan cuenta del vínculo entre el dinero y la política, que han dejado al descubierto la espuria relación UDI-Penta, tiene al partido que rinde homenaje a Pinochet con su plana mayor contaminada y en pleno proceso de descomposición ética.

La grabación conocida del diálogo entre Hugo Bravo, otrora mano derecha del holding Penta, con uno de sus dueños, Carlos Eugenio Lavín, estremeció hasta en sus cimientos a la UDI. No solo destapó nuevos nombres de personeros de ese partido que se habrían visto beneficiados con dineros ilegales, sino que además demostró que su independencia queda en tela de juicio, pues sus legisladores podrían haber sido objetos de cohecho.

Si bien la grabación hecha llegar por Hugo Bravo (en la foto) al tribunal laboral tenía por fin primario el justificar que en ella se contenía el reconocimiento expreso de uno de los socios de Penta, Carlos Lavín, acerca de las indemnizaciones que se le adeudarían, lo cierto es que su contenido era mucho más trascendente, pues de él se desprendían varios otros aspectos relevantes.

Sabían del fraude

Desde luego, que resulta imposible que los socios del holding no supieran, durante años, qué sucedía al interior de su propia compañía, tal como lo afirmara el abogado del ex directivo del Holding Anderson Weldt "¿Me van a decir que ellos (los dueños de Penta) no sabían lo que pasaba adentro en su empresa, y, lo que es peor, después de tantos años?", se preguntó. Y volvió a cuestionar el profesional: ¿Me están diciendo que don Hugo Bravo generó todo un andamiaje para defraudar al fisco beneficiando a las cónyuges de los demandados (Lavín y Délano), y que ellos no sabían?".

Y ese no es el único antecedente que acredita que los dueños de Penta estaban en pleno conocimiento de qué estaba sucediendo. También apareció un informe en derecho redactado por el abogado de Penta (y que fuera también abogado de Bravo) Alfredo Alcaíno (también nombrado en la cinta). En el informe se hace una evaluación detallada de la tramitación del caso FUT, sus antecedentes, consecuencias e implicancias para Penta y compañía.

Allí se evalúa, entre otras situaciones, las relaciones del conglomerado con el cuestionado martillero Valdivia (quien denunció antes de morir la arista política del caso). Así que se cae otro argumento más de los controvertidos empresarios, la justificación de que Bravo fue despedido por sus vínculos con Valdivia y que ello no era ni conocido ni aprobado por Délano y Lavín. Sin embargo, en una de las causas abiertas por el tema Penta, se indaga las gestiones de Valdivia para retasar a la baja la propiedad de Délano, uno de los controladores del grupo. Es más, como se recordará, el malogrado martillero era quien pagaba las infracciones de tránsito de la propia mujer de Carlos Délano. ¿O eso tampoco sabía eso el "choclo"?

Alegatos de ignorancia

Así como Délano y Lavín no pueden excusarse de tener conocimiento o deber estar en conocimiento de lo sucedido con sus empresas, la UDI como partido, tampoco puede alegar ignorancia que sabía o debía saber que sus máximos líderes eran parte de este acto ilegal. Este otro aspecto que se deriva de la grabación y de los demás antecedentes hasta hoy conocidos, lo que es de suma gravedad. No estamos hablando de dineros aislados, tampoco de cifras menores. Es más, estamos hablando de los más importantes personeros gremialistas y de miles de millones de pesos.

Todos los ex candidatos presidenciales de la UDI en los pasados comicios electorales, han sido alcanzados por las esquirlas de la bomba que reventó con el caso Fut/Penta/UDI. Entre Laurence Golborne ($400 millones), Pablo Longueira ($140 o $150 millones) y Evelyn Matthei (el máximo en la 2da. vuelta), se "movieron" lejos más de mil millones de pesos.

Otros cientos o miles fueron distribuidos, según los antecedentes divulgados, entre los ex parlamentarios Jovino Novoa y Carlos Bombal a los senadores Ena von Baer e Iván Moreira y al ex candidato Pablo Zalaquett y por Délano, según la grabación, al presidente de la UDI Ernesto Silva.

Algunos de esos fondos (los menos) se canalizaron a través del Servicio electoral, pero aquellos de que da cuenta la grabación, fueron derechamente ilegales y "justificados" mediante boletas falsas de terceros por trabajos que jamás se ejecutaron. La UDI se encuentra en las llamadas pidiendo dineros, en los maletines conteniendo efectivo "trucho", en las boletas de cónyuges, secretarias y choferes, en las Fundaciones internacionales en que se canalizaron los fondos, en fin, en cada una de las acciones ilícitas en que se defraudó al fisco, a la fe pública y a la independencia de la política de los intereses económicos.

Claro que tiene razón el propio Carlos Eugenio Lavín cuando reconoce en la cinta que "la cagada es demasiado grande". Con otras palabras diversos personeros de la UDI se han hecho cargo del momento por el que atraviesan, como el jefe de los diputados de ese partido, Felipe Ward, quien admitió que "Estamos viviendo un momento muy delicado". No han sido los únicos que han confesado estar complicados, sin embargo no se denota un mea culpa sincero y la promesa de alejarse de las malas prácticas, por el contrario, el propio Ernesto Silva, su presidente, ha intentado justificar los dineros provenientes de las empresas.

Comité de Crisis... en crisis

El día en que se dio a conocer el audio de la grabación en que se daba a conocer con nombre y apellido, a los políticos vinculados a la UDI que aparecían recibiendo dineros para sus campañas, se desató un verdadero ataque de histeria colectiva en la sede de calle Suecia. "Hasta cuando cresta", "si hasta Silva, ahora si cagamos" y otras menos santas, fueron las reacciones que se escuchaban entre los dirigentes que de a poco se acercaron a la sede a inquirir detalles.

Los obligaba este nuevo episodio a cambiar, por enésima vez, la estrategia para frenar e intentar desviar la atención sobre ese partido y sus dirigentes. Hasta el momento, la idea habían sido desde bajarle el perfil, jugar a los empates con el gobierno, amenazar desde el fiscal a la Presidenta y llegando hasta reducir al máximo las vocerías sobre las aristas de Penta, encomendando solo a Silva y a Javier Macaya, su secretario general. Todo lo hecho resultaba en vano, ahora había pruebas que las filtraciones eran verdad. "Estábamos tratando de subsistir, de aguantar el chaparrón", reconoció un cabizbajo parlamentario gremialista.

Las ideas de nuevas estrategias pasaban abruptamente desde el silencio estricto al contraataque frontal, desde Bachelet a quien se moviera. El Comité Estratégico, encargado de la etapa y formado por ex coroneles como Novoa o el ex presidente Melero, hasta abogados y asesores comunicacionales, no tenía una sola posición. El Comité de crisis, estaba en crisis. Desmentidos varios, vuelta a las citaciones a ministros, amenazas con investigaciones a ME-O y a la Nueva Mayoría pasando por la evaluación de la renuncia de Silva y la directiva, fueron analizados.

El hecho de que el presidente del partido apareciera mencionado como uno de los receptores de fondos para su campaña involucraba a todo el partido. Las consultas a partir de las grabaciones fueron multiplicándose, así como la ansiedad y la desazón. Se multiplicaron los llamados a la unidad y a la lealtad en medio de esta crisis. Pero otro factor no pasó desapercibido. Algunos candidatos recibieron menos aportes a sus campañas que otros y eso desató fuertes críticas internas. En cualquier caso, la salida del túnel, sigue estando muy lejos para la UDI.

El Banco Penta a la silla de acusados

Otro grave aspecto que se desprende de las grabaciones es el uso y abuso del Banco Penta para la ejecución de hechos que reúnen el carácter de delitos. En el diálogo entre Bravo y Lavín, se explica cómo era posible mover tanto dinero: "(...) En efectivo (se le pasó) a Pablo Longueira, antes y después, deben haber sido $ 140 o $ 150 millones. Que los millones los cobraban en efectivo y los sacaban del Banco Penta. Ningún otro banco me entrega $ 50 millones (en billetes) sin preguntar".

En otro momento de la cinta, queda en evidencia otra forma en que Penta logró evitar el pago de impuestos. Primero se conoció el fraude al FUT, que los benefició ampliamente y que permitió verter fondos a la UDI; en este momento fue el mismo Bravo quien dejó sobre la mesa cómo fueron llevados $2.000 millones desde la corredora de la bolsa Penta hasta el banco del mismo nombre. Ello gatilló, según el exgerente, que esa entidad cayera en "pérdidas" y no pagara impuestos y "se lo regalaste al banco que no paga impuesto", espetó a Lavín.

Efectivamente la acción penal del SII involucra además a "los representantes legales de Empresas Penta S.A., por rebajar indebidamente la base imponible de su Impuesto de Primera Categoría, mediante el uso de facturas falsas, que dan cuenta de servicios de asesorías que no se realizaron, emitidas por la empresa Penta Corredores de Bolsa S.A., filial del Banco Penta S.A., por montos que superan los $ 2.000 millones, en los Años Tributarios 2009 y 2010". Así se habría, permitido disminuir artificialmente las pérdidas del banco.

De hecho, existe una factura de Penta Corredora de Bolsas por $ 1.000 millones para inducción por asesorías en inversiones. "Esa la va a gozar (el fiscal), la debe tener", comentó Hugo Bravo a Carlos Lavín en la cinta, la que hasta hoy no ha sido cuestionada ni por su contenido ni por la intervención de quienes allí aparecen identificados, lo que constituye un reconocimiento tácito a la veracidad de los dichos allí contenidos. ¿Cómo es posible que hasta hoy no se conozca que la Superintendencia de Bancos, enterada de este hecho público y notorio, reconocido nada menos por dos directores del Banco Penta y en que uno de ellos es además su dueño, no haya intervenido a dicha institución financiera?

Alerta: Primeros indicios por encubrir el caso

Se han comenzado a vislumbrar peligrosos antecedentes que podrían constituir un intento por tapar el caso, y lo peor es que ellos han provenido nada menos de las inoportunas y no menos extrañas declaraciones del fiscal regional oriente, Alberto Ayala, quien deslizó la posibilidad que los aportes adicionales (dineros ilegales entregados por Penta a la UDI bajo cuerda) que si bien reconoce que "pueden ser muy cuestionados", podrían no constituir delito, "Nosotros estamos investigando en una arista que ustedes (periodistas) denominan política, pero que para nosotros es la que tiene menos importancia jurídica", manifestó el fiscal.

No se trató esta vez de trascendidos, aquellos que tanto molestan a la UDI, sino que de las palabras directas de Ayala, quien por su investidura le da un carácter de mayor relevancia a los dichos. Para el fiscal, el eventual cohecho, las boletas falsas ideológicamente, disminuir maliciosamente la base imponible al impuesto a la renta, la infracción al artículo 97 N° 4 del Código Tributario y las declaraciones de los propios inculpados que reconocen haber pasado dineros ilegales a políticos de la UDI, entre otras pruebas que el país conoce, no serían delitos importantes (Sic). Ayala indicó que lo único que puede decir por el momento es que, otorgar dinero a una persona no necesariamente constituye un delito.

"Esta arista de supuestos aportes de campañas políticas de ciertas personas de empresas, que es lo que está por determinarse, es de una relevancia absolutamente menor en términos estrictamente jurídicos que las otras cosas que estamos viendo", señaló muy suelto de cuerpo el fiscal Ayala, quien agregó que lo que se busca determinar es que si como consecuencia de esos "supuestos aportes irregulares" se habría cometido algún ilícito, como una falsificación.

Grave por decir lo menos. Pero ¿quién este fiscal que trata de ponerle una lápida al caso Penta UDI? Se trata del mismo que en el caso Soquimich Moneda (caso Cascadas) se inhabilitó de tramitar la investigación, por haber tenido 12 años de dependencia laboral en esa empresa de propiedad de Julio Ponce Lerou, el ex yerno de Pinochet, y además ser amigo personal de los abogados de los querellados. Ese caso es el que ha significado miles de millones en pérdidas a todos los chilenos, pues entre otros perjudicados con el ilícito se encuentran las AFP, en que se depositan las esperanzas frustradas de una vejez digna.

FUENTE: CAMBIO 21