Querella del CDE acusa a Mellafe & Salas de daño al Fisco por más de $900 millones
Los “Sobreprecios” y contratos de palabra que provocaron la salida del tercer hombre de Carabineros
Publicado: 05.02.2013
Un
año después de que CIPER revelara las millonarias irregularidades en el
Departamento TIC de Carabineros, las investigaciones realizadas por la
Dipolcar, el Ministerio Público y la Justicia Militar identificaron el
nudo de esos negocios ilícitos que provocaron la salida del general
González Theodor y de otros dos oficiales. Además, revelan nuevos
negocios oscuros: sobreprecios en generadores comprados a Mellafe &
Salas por más de $900 millones, facturas falsas, multas a Elsag Datamat
por $400 millones jamás cobradas y el viaje a Japón que Mellafe &
Salas le pagó a un oficial del TIC.
En la mañana del martes 13 de noviembre pasado, el tercer hombre en
la jerarquía de Carabineros supo que debía abandonar la institución:
había perdido la confianza del general director Gustavo González Jure.
Sólo un reducido grupo de generales y oficiales supo la causa del
llamado a retiro del general inspector Gerardo Gabriel González Theodor:
la denuncia hecha por CIPER en febrero del 2012, sobre las millonarias
irregularidades en el Departamento de Telecomunicaciones e Información
(TIC), unidad clave que estuvo bajo su mando por más de una década. (Ver
Millonarias Irregularidades en las compras de una unidad clave de carabineros).
El cuerpo de generales tomaría conocimiento de ello en la reservada
despedida que se le hizo en la dirección general de Carabineros, a la
que asistían por video conferencia los altos oficiales emplazados en
regiones. Allí, después de una pequeña introducción a modo de historia
de su paso por la institución, González Theodor emplazó al general Christian Fuenzalida, jefe de la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (DIPOLCAR), por faltar a la “lealtad” que se deben los generales al investigarlo “por los dichos de un pasquín”.
Según la versión que dos de los presentes entregaron a CIPER, las
palabras de González Theodor provocaron la inmediata reacción del
general director Gustavo González Jure: “Si hubiera sabido que iba a
pasar esto, no hubiera convocado a esta reunión”. La queja del ya ex
tercer hombre de Carabineros, fue directa contra el jefe de la Dipolcar,
encargado por González Jure de investigar las denuncias sobre posible
cohecho y fraude al Fisco en contratos millonarios y compras con
sobreprecios en el Departamento de Telecomunicaciones e Información de
Carabineros (TIC).
A
poco de iniciada su investigación, al tomar declaraciones a los
oficiales y funcionarios del TIC, los efectivos de la Dipolcar
descubrieron que la mayoría de las decisiones cuestionadas o bajo
sospecha de irregularidad, las tomaba el general Gerardo González
Theodor. Y si bien éste ya no ejercía el mando del TIC, el haber dejado
en su lugar a su hombre de confianza, el coronel Iván Cortés,
así como la década que ejerció el cargo y su influencia como tercer
hombre en la jerarquía, le permitieron seguir controlando gran parte del
millonario presupuesto del TIC: en 2012 fue de $50.000 millones.
A
poco de iniciada su investigación, al tomar declaraciones a los
oficiales y funcionarios del TIC, los efectivos de la Dipolcar
descubrieron que la mayoría de las decisiones cuestionadas o bajo
sospecha de irregularidad, las tomaba el general Gerardo González
Theodor. Y si bien éste ya no ejercía el mando del TIC, el haber dejado
en su lugar a su hombre de confianza, el coronel Iván Cortés,
así como la década que ejerció el cargo y su influencia como tercer
hombre en la jerarquía, le permitieron seguir controlando gran parte del
millonario presupuesto del TIC: en 2012 fue de $50.000 millones.
Los descubrimientos de la indagación interna en el TIC, dieron
sustento para el inicio de otras tres investigaciones –Contraloría,
Ministerio Público y Justicia Militar- por hechos que podrían constituir
cohecho y fraude al Fisco.
La mayoría de los implicados son funcionarios de Carabineros, pero
aún no hay procesados. Primero debieron partir el coronel Iván Cortés y
luego el capitán Carlos Bustos, ambos del TIC. El general González
Theodor abandonó la institución con un desahucio de $82 millones y una
pensión vitalicia de aproximadamente $2.900.000 mensuales. Otros, de
menor rango, simplemente se fueron con lo puesto.
La investigación en curso ha dado un brusco giro. Porque bajo la lupa
de la Contraloría, Carabineros, la Justicia Militar y el Ministerio
Público están hoy no sólo oficiales y funcionarios policiales, sino
también una empresa del sector privado y durante cuatro años proveedora
de la institución policial: Mellafe & Salas S.A, de propiedad del empresario Daniel Platovsky.
Según la querella del CDE –y que tiene a Mellafe & Salas como el
principal acusado- la venta irregular de 622 generadores habría
provocado un daño a las arcas públicas avaluado en $928.178.946, por
concepto de “sobreprecios”.
INVESTIGACION EN CUATRO FRENTES
En febrero de 2012, apenas salió la publicación de CIPER, se inició
un sumario interno de Carabineros ordenado por su director, el general
Gustavo González Jure. Según la indagación de CIPER, el primer obstáculo
surgió de inmediato: la investigación estaba bajo el control del mismo
general González Theodor, quien aún manejaba los hilos del TIC a través
del coronel Iván Cortés, uno de sus hombres de mayor confianza en la
institución. Un funcionario de gobierno señaló a CIPER que desde el
Ministerio del Interior le indicaron a González Jure que “la
investigación la debía encargar a un departamento autónomo ya que no
podía el gato quedarse a cargo de carnicería”.
Así fue como la investigación quedó a cargo de la Dirección de
Inteligencia de Carabineros (DIPOLCAR), y de su entonces jefe: el
general Christian Fuenzalida, hoy director de Seguridad Privada y
Control de Armas (OS-10). Muy pronto surgió un nuevo ruido polémico en
torno a la indagación interna. Si bien la investigación la llevaba el
Departamento de Inteligencia, los informes llegaban al fiscal designado
para este caso, el general Julio Pineda Peña, hoy jefe de Carabineros en la Quinta Región y gran amigo del general González Theodor.
Dos efectivos policiales y un civil que declararon ante el general
Pineda, comentaron a CIPER que, a pesar de haber mencionado
explícitamente al general González Theodor como responsable de hechos
irregulares, su nombre no quedó en las actas de sus declaraciones.
-Las preguntas estaban bien pensadas para intentar que no saliera el
nombre del general González Theodor mencionado. Aún así, y habiendo
llevado yo mismo una de las respuestas al gran ausente en el
cuestionario, el general Pineda inmediatamente dejó sin efecto mi
respuesta –dijo a CIPER un funcionario civil de Carabineros.
La investigación –que cumple un año en estos días- sigue su curso con
otras aristas en el propio Departamento TIC, pero el informe sobre la
denuncia original ya fue entregado a la Primera Fiscalía Militar para
dar curso a las posibles responsabilidades penales.
LA FACTURA FALSA DE MELLAFE & SALAS
El 24 de abril de 2012, dos meses y medio después de la publicación del reportaje de CIPER, Roberto Sepúlveda Edwards, en representación de la empresa Mellafe & Salas, llegó a
la Fiscalía Centro Norte denunciando hechos que “podrían revestir
carácter de delitos”, en los cuales estarían involucrados trabajadores
de la misma empresa. Sepúlveda hizo mención a falsificaciones de
facturas y engaños al portal Chile Compras. La causa RUC 1200425640-7 se
abrió.
Ese mismo día de abril, el fiscal José Morales Opazo despachó a la PDI una orden amplia de investigar. En el oficio Nº 042012/FAC/5595,
las instrucciones al jefe de la Brigada Investigadora de Delitos
Económicos Metropolitana de la PDI contemplan seis puntos: entrevistar
al denunciante, Roberto Sepúlveda Edwards (gerente general de Mellafe
& Salas); incautar las boletas a las que se hacía referencia en la
denuncia y tomar declaraciones a personal del portal Chile Compra, entre
otros.
A
casi diez meses del inicio de la investigación, los descubrimientos
realizados por la Fiscalía Norte han provocado un giro que tiene en tela
de juicio al propio denunciante y dueño de la empresa: Daniel Platosvsky.
Y todo empezó por la petición de José Miguel de la Cuadra, jefe de
Convenio Marco de Mercado Público, a Mellafe & Salas, de una boleta
cualquiera que mostrara que los generadores que le vendía a Carabineros
eran más baratos que los que vendía a otros clientes.
La fiscalización de ese funcionario público descubrió la primera
hebra del origen de la boleta fechada el 4 de abril de 2011. En efecto, la boleta mostraba que el generador se había vendido a Claudia Andrea Parra en $4.165.000 (los de Carabineros tienen un precio unitario de $2.300.000. El jefe de Convenio Marco de Mercado Público, José Miguel de la Cuadra, decidió entonces llamar a Claudia Parra.
- Me llamó la atención esa boleta porque la fecha era de tres días
antes de que yo le pidiera a Mellafe & Salas una factura cualquiera y
porque, además, venía sin la recepción conforme del comprador. Por eso
llamé a la señora Parra para preguntarle por el generador adquirido en
Mellafe & Salas. ¡Y no tenía idea! –dijo a CIPER José Miguel de la
Cuadra.
En correo posterior, Claudia Parra le indicó a de la Cuadra: “Efectivamente el equipo está en mi poder en mi parcela en Los Ángeles”.
La indagatoria policial resolvió los misterios. Resultó que Parra es la
cónyuge de Carlos Muñoz, gerente de la división de Insumos y Repuestos
de Mellafe & Salas. Al ser interrogado Muñoz, esto fue lo que dijo
sobre el generador en cuestión: “A fines de febrero de 2012, mi cónyuge
recibió un llamado telefónico de un sujeto que se identificó como José
Miguel de la Cuadra, jefe de División Convenios Marcos del Mercado
Público, el cual consultaba por la recepción de unos productos
facturados por Mellafe & Salas”.
El gerente Carlos Muñoz señaló que resolvió con su cónyuge pedir a de
la Cuadra precisiones. Las recibieron, acompañadas de una copia de la
factura en cuestión. “Tuve acceso a ese correo y recién, de esa manera,
tomé conocimiento de que se habían utilizado los datos de mi cónyuge para una operación inexistente ya que nunca ella compró la mercadería que ahí se señala”.
Según declaró Muñoz, de inmediato le informó de lo ocurrido a su
jefe, Roberto Sepúlveda Edwards, “quien tomó la determinación de cerrar
el proceso”. Eso significó -afirmó Muñoz- que le entregaron en su
domicilio el generador en cuestión. Al fin, el 1 de marzo de 2012,
Claudia Parra le pudo responder a de la Cuadra que ya tenía el generador
en su poder.
Muñoz le consultó a Sepúlveda por el costo de dicha operación: “Me
dijo que después lo veríamos, pero hasta la fecha yo no he pagado nada”.
La nueva arista que involucra directamente a Mellafe & Salas en
los ilícitos investigados, acumula numerosas declaraciones a personal de
gerencia, empleados y ex empleados de la empresa, incluyendo al propio
Platovsky, además de personal de Chile Compras. Al voluminoso
expediente se agregó en el camino una nueva denuncia.
El jueves 23 de agosto, ante el 7º Juzgado de Garantía de Santiago,
el abogado Claudio Cofre Soto presentó una querella criminal contra
quienes resulten responsables en calidad de autores, cómplices o
encubridores por el delito de “Malversación de caudales públicos, fraude al Fisco y cohecho”. Su fundamentación: el reportaje publicado por CIPER el 2 de febrero de 2012.
La acusación fue derivada al mismo grupo de la Fiscalía Norte a cargo
del fiscal José Morales Opazo, quien a diferencia de la indagatoria
anterior, decidió ordenar la investigación a la Dirección de
Inteligencia de Carabineros. Tres meses más tarde, el 26 de noviembre,
una nueva denuncia engrosó las más de mil páginas que ya acumulaba el
expediente: el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló
criminalmente en contra de quienes resulten responsables de causar un
gran prejuicio a las arcas fiscales por falsificación de boletas y un
aumento de precios en la venta de 662 generadores electrógenos a
Carabineros.
Según la querella del CDE –y que tiene a Mellafe & Salas como el
principal acusado- la venta irregular de esos generadores habría
provocado un daño a las arcas públicas avaluado en $928.178.946, por
concepto de “sobreprecios”. La querella tiene el RUC 1200425640-7.
ASI SE DECIDIÓ LA COMPRA DE LOS GENERADORES
El jueves 3 de mayo de 2012, por oficio Nº 46, se presentaron los
primeros antecedentes que “pueden ser constitutivos de delitos” ante la
Primera Fiscalía Militar de Santiago por situaciones ocurridas en el
Departamento de Telecomunicaciones e Información de Carabineros (TIC). A
ellos se sumarían nuevos documentos el 6 de septiembre y el oficio Nº
95 de fecha 30 de noviembre de 2012.
Fue en ese mismo mes de noviembre de 2012 que el fiscal Julio Pineda
resolvió enviar a la Primera Fiscalía Militar la denuncia por los
ilícitos acumulados en los ocho tomos de su indagatoria interna. En
ella, el general Pineda menciona al menos diez hechos que “pueden ser
constitutivos de delitos”, instruyendo para que se haga la persecución
penal que corresponda.
En
la segunda página de su informe -al que CIPER tuvo acceso- se da cuenta
de cómo se gestó en el TIC la compra de los primeros 295 generadores
eléctricos a Mellafe & Salas, los que después llegarían a 662. El
general Pineda establece que la reunión clave para dicha compra se
realizó el 18 de enero de 2011, en las dependencias del TIC, a las que
asistieron por parte de Mellafe & Salas, Rodrigo Carrasco Quiroga y Vladimir Beovic. Por el TIC estaban: el
teniente coronel Ramiro Martínez Chang, el ingeniero eléctrico Sergio
Zúñiga Carrasco, el sargento primero Mario Velásquez Silva y el sargento
segundo Rodrigo Muñoz Quezada.
En esta cita los representantes del TIC -como era habitual, al
parecer- le informaron a los representantes de Mellafe & Salas
cuáles eran sus próximas compras. Lo primero en la lista fueron los
generadores. Como Mellafe & Salas no tenía generadores inscritos en
el portal del mercado público, hizo la solicitud respectiva para un tipo
especial: Kipor Diesel KDE6700T. Y obtuvo la incorporación de esos generadores el 9 de marzo de 2011.
Ocho días más tarde, el 17 de marzo, un documento electrónico salió del Departamento TIC (Nº 1.193), firmado por el capitán Carlos Bustos Prat,
dirigido a la sección de Adquisiciones de la Subdirección de Gestión y
Control de Adquisiciones. Allí se informa de las características
técnicas que deben tener los generadores que se compraran. Tres días
después se subió al portal Chile Compras (ID 1315) la licitación de 295
generadores eléctricos -Kipor Diesel KDE6700T-, los
mismos que el primer día de marzo Mellafe & Salas solicitó
incorporar al portal de compras públicas. El precio final fue de
$787.887.844.
Aún no se sabe el resultado de la investigación de la Contraloría. Por
casi once meses miembros del equipo de Auditorías Especiales de la
entidad se instalaron en las dos dependencias donde funciona el
Departamento TIC: calle Retiro Nº1560, en Recoleta; y Amunategui Nº 519,
en la comuna de Santiago. Allí se les facilitó una sala donde tuvieron
acceso a toda la documentación requerida para la auditoría. También
tuvieron acceso al sumario interno de la DIPOLCAR, cuyos tomos fueron
exhaustivamente revisados durante algunas semanas.
La información fue contrastada con documentación solicitada a Chile
Compras y a una de las empresas más cuestionadas por las millonarias
licitaciones: Mellafe & Salas.
Al inicio de la investigación, uno de los miembros de este equipo de
la Contraloría, dijo a CIPER: “No nos demoraremos más de dos meses,
máximo tres. Pero no más allá de eso, porque son los tiempos que
disponemos”. A días de cumplirse un año del reportaje de CIPER, la
misma fuente responde: “Ya se terminó la investigación, se hizo el
informe y está siendo revisado para su publicación. Y esto no llevará
más de dos semanas”.
LA MANO DE MAQUIAVELO EN EL TIC
Las insistentes llamadas y correos enviados por CIPER en la primera
semana de diciembre de 2011, solicitando entrevista con los mandos del
Departamento TIC, encendieron las alertas en el grupo íntimo de González
Theodor, el oficial recién ascendido a tercer hombre de Carabineros. Y
la respuesta fue siempre la misma: “Estamos gestionando la entrevista,
tal vez la próxima semana…”. Una forma de dilatar la publicación de
CIPER y de intentar evitar un cuestionamiento público por malversación
en millonarias adquisiciones, manejadas por el general González Theodor y
su “grupo de confianza”.
González Theodor ya había dado muestras de su habilidad. Se hizo
famoso en 1990, cuando siendo jefe de una sección del OS-7 logró la
captura de uno de los delincuentes más buscados: Günther Muller Pinto,
buscado por más de 20 asaltos a bancos en Vitacura y Providencia.
Ascendió a la jefatura del TIC en el momento clave en que Carabineros
daba un salto en su sistema informático. En 2007, cuando ascendió y
asumió la dirección de Planificación y Desarrollo de Carabineros
(DIPLADECAR), obtuvo premio: llevarse al Departamento TIC al área bajo
su mando, dejando a su hombre de confianza a cargo, el coronel Iván
Cortes. Así, mantuvo el control sobre un departamento estratégico.
-González Theodor llegó al TIC por su fama de “tecnológico”. Siempre
andaba investigando las últimas tecnologías y con el último teléfono o
computador de moda. Incluso se metió a estudiar ingeniería, pero no pudo
seguir. Aún así, fue el único que llegó a ser jefe del TIC sin título
de ingeniero o estudios especiales en el área. En su círculo más
cercano, él decía: “estoy a cargo de puros hueones con título
que fueron a perder el tiempo a la universidad” –dijo a CIPER un general
que fue por muchos años muy cercano a González Theodor.
Una vez que CIPER publicó el reportaje sobre las irregularidades del
TIC, González Theodor creyó que, siendo el tercer hombre en la jerarquía
institucional, seguía manejando los hilos. Se equivocó. El 30 de mayo
del 2012, salía del departamento TIC un oficio
firmado por su nuevo jefe, el coronel Juan Antonio Muñoz, dirigido al
fiscal a cargo de la investigación interna informando de al menos diez
irregularidades. Todas ellas pusieron a González Theodor y a su sucesor
en el TIC, el coronel Cortés, en la galería de los “acusados”.
Entre las irregularidades más graves, se mencionan los contratos con Entel, gestionados por el entonces mayor Urrea López; la página web de Carabineros que mantenía una persona con antecedentes penales, Héctor Alegría Melo; el contrato incumplido por Elsag Datamat,
empresa vinculada a los hermanos Francisco y Fernando Cordero (hijos
del ex general director de Carabineros, general Fernando Cordero), a los
que nadie les había hecho valer la garantía que los obligaba a pagar
una multa de cerca de $400 millones.
Pero había más. Una de las principales irregularidades detectadas por
el equipo del nuevo jefe del TIC, coronel Juan Antonio Muñoz, fue en el
proyecto estrella del general Gerardo González Theodor: la construcción
de una nueva Central Nacional de Comunicaciones (CENCO) en el antiguo
cine de la Mutual de Carabineros (Ver entrevista del coronel Juan Antonio Muñoz).
MELLAFE & SALAS PAGA VIAJE A JAPON
Entre los hallazgos de la investigación interna no causó sorpresa que
el coronel Iván Cortes, el teniente coronel Ramiro Martínez Chang y el
capital Carlos Bustos Prat, tuvieran un trato especial con la empresa
proveedora Mellafe & Salas. En el Departamento TIC se sabía que ese
nexo nació en 2009, cuando el entonces agente de ventas de Mellafe &
Salas, Rodrigo Carrasco, asumió como interlocutor de la empresa en el
TIC.
A los pocos meses, Rodrigo Carrasco ascendió a gerente comercial de
la “División Instituciones Públicas” de Mellafe & Salas. Las ventas
subieron. Sólo en el último mes y medio de 2009, cuando Carrasco llevaba
apenas cuatro meses como gerente comercial, la empresa facturó con Carabineros ventas por un valor de US$ 2.280.484,99.
Entre esas ventas, figuran once órdenes de compras
por kits de cámaras de vigilancia que, si bien se pagaron dentro de la
fecha y tienen plazo de instalación, algunas hasta hoy no han sido
instaladas, incumpliendo el periodo establecido en la misma orden de
compra. Las ventas generadas por Rodrigo Carrasco, gerente comercial de
Mellafe & Salas, se convirtieron en la envidia de muchos proveedores
de Carabineros. Se habló de regalos consistentes en vehículos nuevos,
dinero, viajes… Pero nadie lo pudo probar.
El
mismo Daniel Platosky, en entrevista concedida a CIPER en enero del
2012, días antes de que se publicara el reportaje sobre las
irregularidades detectadas en el TIC, se refirió a ello:
-Yo estuve sólo en una o dos ocasiones en el TIC, para conocer sus
instalaciones, invitado por el jefe Iván Cortes, pero no conocí a nadie
más. Y en cuanto a regalos o favores de cualquier tipo, si se demuestra
que alguien de mi empresa hizo cualquier tipo de regalo o favores, me
avisas y lo echo por huevón.
Y se probó. El lunes 2 de noviembre de 2009, el mismo mes que
empezaron las millonarias compras a Mellafe & Salas en el
Departamento TIC de Carabineros, el capitán encargado del trato con los
proveedores en el TIC, Carlos Bustos Prat, embarcó hacia Japón –vía
Estados Unidos- acompañado de Rodrigo Carrasco, gerente comercial de
Mellafe & Salas. Ambos regresaron el 11 de noviembre.
Los billetes de avión fueron comprados en la empresa turística Carlson Wagonlit Travel, tuvieron un costo de US$ 6.220,56 y fueron pagados por Mellafe & Salas. En la boleta de recibo figura escrito a mano: “Div. Instituciones Públicas”, y lleva la firma del gerente comercial de la empresa, Rodrigo Carrasco.
Cuando la investigación interna en Carabineros descubrió este viaje,
todos miraron al techo. En Mellafe & Salas dijeron que fue a pedido
del TIC. El capitán Bustos declaró que fue autorizado por su jefe
directo, el coronel Iván Cortes y con conocimiento del general González
Theodor; y que para el viaje hizo uso de su feriado. Y dejó de hablar
cuando le mostraron un correo que el mismo le envió a Rodrigo Carrasco,
gerente de Mellafe & Salas, solicitando una reunión con Daniel Platosky para hablar sobre este viaje.
El coronel Iván Cortés también se fue de negativa: declaró que él no
había autorizado ese viaje, que nada sabía. Debió enmudecer a su vez
cuando a los pocos días el capitán Carlos Bustos entregó un correo que
da cuenta de que sí sabía de su viaje a Japón.
Y hasta allí llegó el baile. Porque entonces se le pidió la renuncia
voluntaria al capitán Bustos y se le hizo un “llamado voluntario a
retiro” al coronel Iván Cortes, por entonces jefe de la Prefectura de
Carabineros Santiago-Norte.
“Todo se hacía con la anuencia del dueño de Mellafe & Salas, Daniel Patosvky, quien en varias ocasiones nos invitó (oficiales del TIC)
a cenar a “La Mar”, un restaurante ubicado en Vitacura. En una de esas
cenas se habló del viaje a Japón y otros posibles viajes futuros, de los
cuales algunos se concretaron y otros no”, dijo a CIPER uno de los
involucrados que pide reserva de su nombre hasta que sea llamado a
declarar ante la fiscalía.
LA PARALIZADA CENTRAL DE COMUNICACIONES
En 2009 el general Gabriel González Theodor viajó a México. Allá
conoció en terreno un centro de la policía mexicana a través del cual se
controlaban vehículos, retenes, comisarías y otros recintos en el
extenso territorio de ese país. Apenas llegó a Chile le propuso al
general Gordon, entonces a la cabeza de Carabineros, instalar algo
similar. Con el visto bueno de su superior, González Theodor comenzó de
inmediato a organizar su gran legado tecnológico.
Decidió que la nueva central de comunicaciones se instalaría en el ex cine de la Mutual de Carabineros, ubicado en calle Amunategui Nº 519, en Santiago. El teniente coronel Ramiro Martínez Chang, funcionario del TIC y otro de sus hombres de confianza, recibió de González Theodor la responsabilidad de la ejecución del proyecto.
Decidió que la nueva central de comunicaciones se instalaría en el ex cine de la Mutual de Carabineros, ubicado en calle Amunategui Nº 519, en Santiago. El teniente coronel Ramiro Martínez Chang, funcionario del TIC y otro de sus hombres de confianza, recibió de González Theodor la responsabilidad de la ejecución del proyecto.
Las obras comenzaron en dos frentes: civiles y tecnológicas. Pero sin
ninguna licitación. Tampoco se suscribió una garantía para las más de
60 pantallas que se instalaron en el recinto. La idea de González
Theodor fue hacer las obras e instalaciones y después se verá. Tal como
lo hacía en el TIC: después se vería cómo cuadrar los montos con las
licitaciones que se subirían al portal público.
La
investigación realizada a las irregularidades en la instalación de la
nueva CENCO arrojó un dato que no fue sorpresa para nadie: la empresa
más requerida en este proyecto era Mellafe & Salas. Y fue con los
trabajos comprometidos “de palabra” para la CENCO que Mellafe &
Salas tendría que, por primera vez, enfrentarse al cambio del sistema.
Fue Rodrigo Carrasco, el exitoso gerente comercial de la División
Instituciones Públicas de Mellafe &Salas, quien dejó su huella en
las oficinas del nuevo jefe del TIC, coronel Juan Antonio Muñoz. Así
informó este coronel sobre la audiencia que ambos sostuvieron y que
figura en el expediente de la Fiscalía Militar:
“En audiencia concedida al señor Rodrigo Carrasco Quiroga,
manifestó que era el gerente de División de Instituciones Públicas de la
empresa Mellafe y Salas y que mantenía en sus bodegas un sistema de
climatización por un valor aproximado de $ 400.000.000, que además había
invertido en un estudio de climatización por un valor de $1.500.000,
para las obras de la Nueva Cenco, todo solicitado por el Director de
Planificación y desarrollo de la época (el documento pone el cargo pero omite el nombre del general Gabriel González Theodor)
Agregó que le habrían manifestado que incluyera las obras civiles
dentro de la climatización, las que consultó con la misma empresa que
estaba desarrollando las obras civiles en la Nueva Cenco y que estas
alcanzaban a los $ 180.000.000, todo lo cual se adquiriría bajo la
modalidad de Convenio Marco, a la empresa Mellafe y Salas, confiando en
la palabra y sin que existiera ningún acuerdo por escrito, la empresa
importó dicho equipamiento y elaboró el estudio”.
Ni los $400 millones del sistema de climatización y tampoco las obras
civiles avaluadas en $180 millones, y que se pagarían a Mellafe &
Salas, fueron cancelados. Todas las obras de la nueva CENCO
comprometidas a través de tratos verbales por el general González
Theodor –que alcanzaban a $581 millones- quedaron paralizadas. Por
primera vez no era el dinero de Carabineros el que se volatilizaba, sino
el de Mellafe & Salas.
-Después de todo lo que se ha descubierto, al general González
Theodor lo mandan a retiro con un desahucio de $80 millones más un
sueldo vitalicio de $2.900.000… ¡Un chiste! Y el otro día mi coronel
Muñoz echó al suboficial Fajardo porque cambió un vale de gasolina por
$24.000, porque lo habían mandado al Sur sin viático… -fue el comentario
de un oficial del TIC a CIPER.
Pero el gran rumor que aún hace eco en el TIC y en otras dependencias
de Carabineros es el incendio que se inició en la oficina del general
Gabriel González Theodor el viernes 12 de octubre de 2012 y que incineró
su computador y todos los archivos que allí mantenía. Todos los
testimonios recogidos por CIPER hablan de un incendio intencional
relacionado con las irregularidades del TIC y con la denuncia de
sobreprecios a las compras del Plan Frontera Norte del Ministerio del
Interior.
-El general González Theodor tenía negocios con el coronel Jorge
Garrido Díaz, quién se entendió en muchas de esas compras con
sobreprecios directamente con uno de los expulsados de la Subsecretaría
del Interior: el abogado Baeza. Pero como González era el tercer hombre
de Carabineros, nadie investigó lo del incendio –dijo a CIPER un
general.
El coronel Jorge Garrido es el actual subdirector de Gestión, Control y Adquisiciones de la Dirección de Compras de Carabineros.
FUENTE: CIPERCHILE
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