El primer escándalo que puso en jaque la probidad funcionaria del gobierno
Cómo se reubicaron las piezas del Caso Kodama
Los abogados de Kodama
escribieron un libro; el ex director del Serviu volvió a la
Municipalidad de Puente Alto; el ex asesor de confianza de Magdalena
Matte fue formalizado por engañar a sus clientes en otra causa. A casi
dos años de estallar el escándalo, la Fiscalía no ha presentado cargos
en contra de ninguno de los imputados.
Un decreto firmado el 25 de
marzo de 2011 por la entonces ministra de Vivienda, Magdalena Matte,
autorizando el pago de $ 17 mil millones a Kodama, que luego paralizó,
dio origen al primer escándalo que puso en jaque la probidad funcionaria
del gobierno de Sebastián Piñera.
A casi dos años, la querella por fraude al Fisco que investiga la
Fiscalía Centro Norte exhibe cinco tomos, ocho imputados, un nuevo
peritaje de la Universidad Católica de Valparaíso y ningún formalizado.
Mientras, en el 16 Juzgado Civil se tramita una demanda por nulidad de
pago presentada por el Consejo de Defensa del Estado.
Tres de los imputados que trabajaban en el Serviu renunciaron el 25
de abril de 2011. Antonio Llompart, quien oficiaba de director y
participó en la firma del acuerdo mediante el cual el organismo acordó
el cuestionado pago, volvió a trabajar en la Municipalidad de Puente
Alto en la secretaría comunal de planificación. De allí había salido en
2010 para asumir el cargo en el gobierno, recomendado por su amigo y
compañero de colegio, Manuel José Ossandón, entonces alcalde de la
comuna. Llompart comparte no sólo su militancia en RN, sino también un
parentesco político, pues es hermano de la mujer de Roberto Ossandón.
Rafael Marambio, ex subdirector jurídico, quien negoció la
transacción y admitió haber viajado a Buenos Aires junto a los abogados
de Kodama —Rodrigo Alcaíno y Matías Cortés— y uno de los dueños de la
misma, Kenji Kodama, con pasajes comprados por Alcaíno, presta servicios
en Meditech. En esta empresa es socio de su hermano Felipe, que vive en
Buenos Aires y a quien declaró iba a visitar, porque debía traer
artículos kinésicos para deportistas que vende la compañía en Chile. Una
de las últimas aristas investigadas son los movimientos de dinero en la
cuenta corriente de Marambio, quien aseguró devolvió el dinero del
boleto aéreo en efectivo, y en la de su hermano en Argentina.
Su nombramiento fue gestionado por su amigo Gustavo Hasbún, para el
cual trabajó en la municipalidad de Estación Central cuando éste era
alcalde. El diputado Hasbún habló con la actual vocera de Gobierno,
Cecilia Pérez, quien trabajaba en la Municipalidad de Puente Alto con
Ossandón para que ella lo recomendara con Antonio Llompart cuando estaba
armando el equipo en el Serviu.
El constructor civil Franz Greve, ex director de pavimentación y
obras viales, quien estuvo en las reuniones y trabajó en el cálculo de
la cifra a pagar a Kodama, regresó a trabajar con su anterior empleador,
la inmobiliaria Paz.
El cuarto imputado del Serviu, Ananías González, un funcionario que
venía de la época de Michelle Bachelet, permaneció como jefe de
fiscalización y control hasta que dejó el cargo en septiembre del año
pasado. Él era el encargado de llevar los juicios que involucraban al
organismo, cosa que ocurrió cuando Kodama demandó al Serviu.
Actualmente, ejerce como abogado en el estudio Sepúlveda & Escudero,
donde trabajaba antes de ser entrar al servicio público.
Baeza, formalizado por actuar en contra de sus clientes
La ex ministra, testigo de la causa, incursionó en un nuevo negocio.
Vendió la distribuidora de papeles Dimar, cursó el programa de Alta
Dirección de Empresas en la Universidad de Los Andes y se asoció con
Bernardo Kupfer, director del Parque Metropolitano que renunció seis
meses después de Matte. Juntos crearon una firma que construye centros
de bodegaje en Enea, el complejo empresarial de Pudahuel.
Alvaro Baeza, el abogado (en la foto) que Matte llevó como asesor
jurídico al ministerio, es sindicado en las declaraciones de testigos e
imputados como el que movió las piezas para lograr el pago de $ 17 mil
millones a Kodama, aunque su firma no aparece en ningún documento.
Socio de Baeza & Cia, el 25 de marzo de 2012 fue formalizado por
el delito de prevaricación, es decir, por actuar en contra de los
intereses de sus clientes, la Asociación de Canteros de Colina,
favoreciendo a la contraparte, a la que también representaba. El
convenció a los canteros de ceder sus terrenos en Chicureo a una
inmobiliaria que pagó $ 900 millones que fueron a su bolsillo y no al de
sus defendidos.
La histórica relación entre Matte y Baeza se quebró. Uno de los
yernos de la ex ministra trabajaba en la oficina de Baeza y renunció
seis meses después de estallar el caso.
Rodrigo Alcaíno y Matías Cortés, los abogados que representaron a
Kodama en las negociaciones y viajaron junto a Marambio en el mismo
avión y en la misma fecha a Buenos Aires, escribieron un libro de 500
páginas. Titulado “Curso elemental de litigación oral”, fue publicado
por la Editorial Jurídica y salió a la venta en febrero del año pasado.
Kodama, la empresa cuyo principal cliente era el Serviu, y cuyo
socio, Kenji Kodama, está imputado, atraviesa por una difícil situación
financiera de incierto futuro.
Investigan juicio simulado
El primer monto que Kodama solicitó al Serviu por los mayores costos
en la construcción del corredor para el Transantiago fueron $ 7 mil
millones, pero la Contraloría dictaminó, el 25 de julio de 2010, que no
se ajustaba a derecho.
El peritaje que pidió la Fiscalía Centro Norte a la Universidad
Católica de Valparaíso está bastante cerca. Usando distintos modelos
entregó cuatro cifras que oscilan entre los $ 5.897 millones y los $
8.087 millones.
El informe que Kodama contrató con el Dictuc arrojó $ 17 mil
millones, lo que sirvió como base para llegar al cuestionado acuerdo.
El informe por separado que encargó el Ministerio de Vivienda al
Idiem, después de paralizar el decreto, arrojó la cifra de $ 2.132
millones. Y la Contraloría estableció que lo que estaba pendiente con
Kodama eran $ 131 millones.
Pese a las notorias diferencias nada es comparable a los $ 41 mil
millones que exigió Kodama en la demanda judicial presentada en
diciembre de 2010 mientras se desarrollaban las negociaciones con el
Serviu.
Dicha acción legal con ese monto elevadísimo es lo que llevó a decir a
los imputados que trabajaban en el Serviu que el acuerdo logrado con
Kodama por $ 17 mil millones era una opción muy beneficiosa para el
Estado. Es lo que el abogado Alvaro Baeza le explica a la ministra
Matte.
El arreglo, que implicó desistirse de la demanda, fue ratificado por
el tribunal, por lo cual no debió ser visado por la Contraloría, cosa
que esta última en su informe califica como un ardid engañoso para
evitar su supervisión.
Una de las aristas que investiga el 16º Juzgado Civil y también la
Fiscalía es la figura de un juicio simulado, es decir, que la empresa y
algunos o todos los imputados se pusieron de acuerdo para presentar una
demanda por una cifra muy alta y luego transar en una más baja
previamente calculada por las partes.
La tesis de que si no hubo pago no existe fraude al Fisco, ya que el
decreto se paralizó, sería rebatida por otra que maneja la Fiscalía: si
la transacción fue autorizada por un tribunal, se generó un crédito en
contra del Fisco que figura en sus pasivos. Kodama podría hacer
exigible, por tanto, el cobro, razón por la cual el Consejo de Defensa
del Estado solicitó la nulidad del acuerdo entre la constructora y el
Serviu.
FUENTE: EL MOSTRADOR
No hay comentarios:
Publicar un comentario