Análisis Político
Otro balance desolador
Juan Pablo Cárdenas S
El reciente incendio en los cerros de
Valparaíso deja al desnudo nuevamente nuestras precariedades, al grado
que uno de los principales bochornos de nuestras autoridades fue que
quedara en evidencia el hacinamiento en que viven tantos millones de
chilenos. En el país que proclama estar en el umbral del primer mundo,
estas desgracias nos demuestran una realidad falseada por los índices
macroeconómicos, el ingreso per cápita y otras cifras que sólo
evidencian la voluptuosa calidad de vida de algunos respecto del atraso y
la aflicciones de la inmensa mayoría.
A menudo se restringe el concepto de “seguridad ciudadana” a
aquellas prevenciones y atención que se le debe dar a las personas que
son víctimas de la delincuencia común. Un fenómeno, por cierto, que
viene acrecentándose con las inequidades impuestas por un modelo
económico tan escandalosamente desigual donde la extrema riqueza es
considerada, incluso, como un valor social y digno de ser ostentado. La
historia nos señala, en cambio, que muchos son los chilenos que han
perecido o quedado literalmente a la intemperie a consecuencia de los
constantes desastres naturales que afectan nuestro largo y frágil
territorio, donde ocurre más del 40 por ciento de los movimientos
telúricos del Planeta que, como el de hace tres años, son seguidos por
destructivos maremotos.
A lo anterior, hay que sumar la frecuencia con que los incendios, las
inundaciones y otros desastres asolan a nuestras mal planificadas
ciudades, sobre todo cuando la política se rinde al afán de lucro de las
empresas constructoras que obviamente no tienen en vista el bien
colectivo. Patético resulta comprobar el desarrollo de aventuras
urbanísticas que se imponen caprichosamente contra la voluntad de los
vecinos, las alertas medioambientales y, por supuesto, del más mínimo
sentido común. En la era de los malls, se arrasa con los barrios y
el legado arquitectónico de nuestras urbes y habitualmente se hace
imposible aplicar la ley cuando ya las construcciones están consumadas.
El reciente incendio en los cerros de Valparaíso deja al desnudo
nuevamente nuestras precariedades, al grado que uno de los principales
bochornos de nuestras autoridades fue que quedara en evidencia el
hacinamiento en que viven tantos millones de chilenos, cuanto que en
estas viviendas tan ligeras y pobres habitaran hasta tres familias y un
buen número de allegados. En el país que proclama estar en el umbral del
primer mundo, estas desgracias nos demuestran una realidad falseada
por los índices macroeconómicos, el ingreso per cápita y otras cifras
que sólo demuestran la voluptuosa calidad de vida de algunos respecto
del atraso y la aflicciones de la inmensa mayoría.
En su principal afán de ganar audiencia, los medios televisivos nos
exhiben cotidianamente el drama que afrontan quienes están impedidos de
acceder a centros hospitalarios para tratarse enfermedades complejas y
de oneroso tratamiento. Como también la desgarradora situación de esos
padres que acaban de perder a sus hijos mellizos en un río sureño o el
trágico fin de aquellos ancianos que mueren quemados en sus asilos.
Todavía sigue fresca en nuestra memoria aquel siniestro en que
perecieron decenas de reclusos mientras sus gendarmes en estado de
embriaguez no atinaron a liberarlos de sus celdas.
Cada año, la opinión pública se entera de aquellos niños con
discapacidad que, de no ser por la Teletón, jamás podrían recuperarse o
adquirir aquellas destrezas que les permita vivir con dignidad. Menores
que son atendidos gracias a la erogación pública y el aporte empresarial
que es morigerado por los enormes beneficios que finalmente obtienen
estas entidades que lavan su imagen en esta farandulera, aunque
benefactora, transmisión televisiva. Un evento que, después de todo,
deja a sus organizadores y animadores alrededor de un tercio de todo lo
recaudado.
Se sabe que en las sólidas democracias la seguridad social es uno de
los objetivos primordiales del Estado, de tal manera que ante las
enfermedades catastróficas, la orfandad y los cataclismos los
presupuestos fiscales y la política se prodigan en soluciones dignas
para los que las sufren. Por supuesto que las compensaciones definidas
por algunos países respecto de las víctimas de la guerra o las tiranías
exceden con mucho las establecidas por nuestros gobiernos y parlamentos.
Gratificaciones o indemnizaciones que resultan ridículas al compararlas
con las dietas y prebendas que se han otorgado ellos mismos por
reanimar nuestra vida institucional después de aquellos 17 años de
completa interdicción ciudadana.
Todavía hay damnificados del último maremoto que esperan solución
satisfactoria luego del desastre que enlutó sus vidas para siempre y les
hizo perder todos sus enseres. En un acontecimiento, para colmo, aún
impune respecto de la responsabilidad, al menos política, de las máximas
autoridades del país, de la Armada y de algunos técnicos que,
insólitamente, guardaron silencio frente a la inminencia de un siniestro
advertido a viva voz por muchos, como oportunamente monitoreado a miles
de kilómetros del país. Ojalá que el afán de trasparencia que dice
comprometer a nuestra política se llegue a esclarecer, por ejemplo, en
qué estuvieron esa noche los altos oficiales que tenían que velar por la
“seguridad” de nuestras costas. Así como resultaría justo que alguien
en la Fuerza Aérea fuera realmente sancionado por la responsabilidad de
esta institución en la muerte de un selecto número de chilenos
altruistas que confiaron en sus pilotos la posibilidad de llegar con su
solidaridad hasta la asolada Isla de Juan Fernández.
Aunque nuestro Presupuesto Nacional contempla un ítem en beneficio de
las víctimas de ciertas catástrofes, la verdad es que éste resulta
siempre muy mezquino respecto de las fatalidades que constantemente
afrontamos. Fondos, como sabemos, que no alcanzan para solidarizarse con
las innumerables tragedias personales y familiares en un país en que la
salud, la educación y los servicios básicos están entregados a las
empresas privadas y a su descarada usura. Lo que explica, por ejemplo,
que miles de estudiantes hayan perdido sus carreras por la estafa
consumada por los sostenedores de su universidad; que cientos de miles
de chilenos hayan quedado sin agua potable este verano por los
despropósitos de algunas empresas privatizadas por la Dictadura y los
gobiernos de la Concertación. Como que otros se vieran afectados por los
aluviones provocados por la acción indolente de las inversiones
ecocidas fomentadas por la actual Administración.
Resulta bochornoso observar a alcaldes, concejales y a tantos
funcionarios públicos cruzados de brazos ante los desastres que
comentamos, en un claro reconocimiento de la impotencia del Estado
frente a los cotos de caza de las inversiones extranjeras adueñadas de
nuestros recursos fundamentales. Alentadas, sin duda, por la legislación
servil que se han procurado nuestros gobernantes, parlamentarios y
partidos políticos que hasta en las horas dramáticas vividas en el
último tiempo no son capaces de sindicar e intervenir a las empresas
responsables de causarle a la población tantos padecimientos en el
suministro de la luz, el agua, el trasporte y otros servicios. A la
espera, seguro, de las erogaciones que estas mismas empresas les asignan
para financiar los eventos electorales y permanecer genuflexos ante sus
intereses y despropósitos.
En efecto, nuestras pretensiones primermundistas se hacen ridículas
ante los episodios desoladores que afectan nuestra convivencia y
seguridad. Con cada información sobre la incapacidad de nuestro Estado
para afrontar la posibilidad de que un niño pueda ser atendido en un
centro de médico de excelencia; la entrega rápida de vivienda para el
que la pierde e, incluso, otorgar albergue sicológico a los niños
abusados sexualmente, como a sus familiares. Delito que se ha hecho cada
más frecuente en nuestra realidad y que ha tenido como autores a
connotadas figuras y hasta a los propios maestros y dignatarios
eclesiásticos.
Los recursos, como sabemos, existen, según se ufanan los mismos
funcionarios públicos que controlan la alcancía fiscal y las millonarias
“reservas” del país en el extranjero. Sólo sería cuestión de
repatriarlos ante las fatalidades más severas o bien exigirselos
efectivamente a quienes provocan no pocas de estas calamidades. Según
hemos podido comprobar con la forma en que algunas bullados consorcios
les arruinaron las vacaciones a tantos compatriotas.
Foto: ciudadinvisible.cl
FUENTE: RADIO U. DE CHILE
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