Elecciones 2013
La “ley de la selva” que opera en el financiamiento de las campañas políticas
Rodrigo Alarcón L.
Al iniciar un año electoral, nuevamente
surgen voces que llaman a transparentar los movimientos de dineros en
las campañas. Los especialistas coinciden en que los candidatos gastan
más de lo que permite la ley y llaman a mejorar la fiscalización,
suprimir los aportes empresariales y, en definitiva, cambiar la forma de
hacer política.
A las puertas de un año marcado por las elecciones
presidenciales y parlamentarias, el presidente de Chile Transparente,
Gonzalo Delaveau, sostuvo que el país debe avanzar para lograr mayor
transparencia en el financiamiento de las campañas políticas.
El presidente del capítulo chileno de Transparencia Internacional
indicó que, pese a la vigencia de la ley de financiamiento de campañas,
“todos saben que se gasta mucho más del límite legal, que hay una serie
de triquiñuelas”.
Asimismo, Delaveau afirmó que el tema será aun más relevante en 2013,
considerando el alto grado de abstención observado en las últimas
municipales, y que los partidos reciben recursos de acuerdo a la
votación que obtienen.
Actualmente, la ley 19.884 sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral
regula los recursos involucrados en todas las campañas, limitando el
gasto de los candidatos, estableciendo la figura del administrador
electoral, normando el aporte fiscal y privado y señalando cómo se deben
rendir los gastos, entre otros puntos.
Entre los especialistas hay coincidencia en que efectivamente los
candidatos a distintos cargos gastan más de lo que declaran y está
permitido por ley. Para eso, existen distintas formas: establecer
comandos y desarrollar campañas antes de que empiece el período oficial,
recibir donaciones o aportes que no son cuantificados y declarados como
dinero o subvalorar algunos servicios recibidos, por ejemplo.
Para Manuel Aris, jefe del área de Incidencias de la Fundación
Ciudadano Inteligente, “hay que transparentar mucho más el tema del
financiamiento que proviene del sector privado y ojalá suprimir el
financiamiento de empresas, porque es de ahí que surge la principal
cooptación de la voluntad de la autoridad cuando después es elegida. En
segundo lugar, aumentar el financiamiento público con mayores montos,
porque eso permite que los candidatos puedan competir en igualdad de
condiciones”.
Asimismo, Aris consideró que “para nuestra democracia sería muy bueno
que cambiara el formato de cómo se hace política. Hoy las campañas se
hacen a través del marketing, como lo hace cualquier empresa, y en
política necesitamos herramientas que obliguen a los candidatos a
presentar más ideas que imágenes. Que haya difusión de contenidos antes
que imágenes que no nos dicen nada”.
Una de esas reformas, la que amplía el financiamiento público para
las campañas, reflota en cada período electoral y debate sobre el gasto
en campañas.
Francisca Quiroga, académica del Instituto de Asuntos Públicos de la
Universidad de Chile, recalcó que “una democracia sólida debería tener
mecanismos donde el Estado financie y transparente estos recursos
públicos para un proceso eleccionario, eso también va a permitir que no
se concentre tanto el tema de los recursos”.
“Sabemos que hoy en día hay candidaturas que tienen los recursos
disponibles, que un incumbente, como un parlamentario en ejercicio,
tiene la capacidad económica para hacer campaña permanentemente,
entonces la generación de nuevos liderazgos es muy compleja en un
escenario tan concentrado en los recursos y con alta desigualdad
también, porque no todos tienen las mismas oportunidades”, agregó.
Sin embargo, entre los expertos también hubo coincidencias en que se
debe mejorar otro aspecto: la fiscalización para hacer cumplir la actual
ley.
La analista Marcela Ríos sostuvo que “más allá de mirar los vacíos de
la ley y cómo mejorar la normativa, hay un tema de control que es tanto
o más importante, que tiene que ver con que no existe ninguna
fiscalización, porque el Servel no hace ninguna fiscalización”.
“Nadie controla que lo que se declara es verdad, que lo que se gasta
es verdad, nadie multa, no hay ningún tipo de fiscalización para
asegurarse de que los recursos públicos se gastan en lo que se dice y en
lo que se tienen que gastar. Ese es un tema que tiene que ver, más que
con mejorar o cambiar la ley, con las facultades, el personal y la
voluntad política que tiene el Servel”, aseguró.
La especialista dijo que “hoy es como la ley de la selva: el que
tiene más, gasta más. Nadie controla y no estamos siendo capaces de
regular esta relación entre dinero y política, que puede tener efectos
muy negativos en un sistema democrático”.
FUENTE: RADIO U. DE CHILE
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