16/07/2013 |
Por Teresa Frías
Tanto el ex subsecretario Pablo Wagner (UDI) como la ex jefa jurídica ,del ministerio de Minería,Jimena Bronfman, ambos nombrados por la administración Piñera, debían velar por el cumplimiento de los procedimientos del proceso de licitación del Litio, que fue adjudicado en su momento a Soquimich. La compañía presentó una declaración donde omitió la información acerca de no tener litigios pendientes con el Estado de Chile, que era uno de los requisitos que imponía las bases de la licitación.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló contra el ex subsecretario de Minería Pablo Wagner, (UDI) por una posible falsificación de instrumento público, que se habría producido cuando integraba el Comité Especial de Licitación (CEL) que le adjudicó la explotación de Litio a la Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich).
La investigación está a cargo de la Fiscalía Centro Norte y la acción judicial contra Wagner incluye también a Jimena Bronfman, ex jefa de la División Jurídica de ese ministerio y secretaria del CEL. Ambos funcionarios fueron designados por el presidente Sebastián Piñera, a inicios de su Gobierno.
A juicio del CDE, esta ex funcionaria y Pablo Wagner firmaron el acta de cierre del proceso "faltando a la verdad", al certificar que Soquimich cumplía con los requisitos exigidos.
El caso se remonta a noviembre pasado, cuando el proceso de una cuestionada licitación de este mineral fue ganado por Soquimich (SQM), pero anulada ya que no cumplían con uno de los puntos necesarios para ganarla, el cual señalaba "no tener litigios pendientes con el Estado de Chile". Algo que SQM si tenía pero que trataron de excusar diciendo que era con el fisco y no con el Estado, respuesta que fue descalificada por absurda.
Por ello el que se haya presentado un documento con una declaración jurada por parte de SQM señalando que no tenían estos problemas, resultó siendo falso, lo cual es considerado lisa y llanamente como un fraude, por parte de la empresa que tiene como socio mayoritario a Julio Ponce Lerou, ex yerno del fallecido dictador Augusto Pinochet.
La larga lista de conflictos de interés
El diputado DC Juan Carlos Latorre valoró la querella interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado asegurando que está actuando como corresponde, "el subsecretario fue alertado de ser cuidadoso en el procedimiento. Lamentable todo terminó en un escándalo, y me parece bien que el CDE establezca si aquí se incurrió en algo más que una falla administrativa, y que se pudiera haber generado incluso algún delito".
Por su parte, para el diputado Marcos Espinosa (PRSD) "esta es una situación delicada, porque aquí no solo está comprometida la fe pública, sino que ademas la actuación de un ex subsecretario de gobierno en un hecho que es realmente bochornoso".
"Cuando fuimos informados de la forma que quería hacer el gobierno la licitación, sabíamos que no era posible, que había que hacerlo por una vía de proyecto de ley, y en el que todos pudiéramos opinar", relató el parlamentario.
Además dijo en conversación con Cambio21 que "aquí uno, más allá de las declaraciones, los medios de pruebas son contundentes y el CDE al hacerse parte de esta querella comprueba que algo raro estaba sucediendo".
En tanto, el diputado Felipe Harboe (PPD) dijo que "en el proceso de licitación se cometieron errores, no creo que haya ninguna mala fe del subsecretario, pero habrá que ver como se va desarrollando la investigación".
En esa línea, el también integrante de la comisión de Minería agregó que "no es justo hablar antes de tiempo, al contrario de lo que hace, por ejemplo, el subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla".
Aunque, el parlamentario fue tajante al declarar a Cambio21 que "este gobierno ya está bastante salpicado por escándalos de conflictos de interés. Tenemos el caso del ex director del INE Francisco Labbé, al ex director de Impuestos Internos Julio Pereira, e incluso Laurence Golborne con Cencosud, entonces lo que se advirtió sobre este tema lamentablemente no está bien resuelto por el Presidente Piñera".
Los hechos graves del caso
Tanto Wagner como Bronfman, "debían velar por el cumplimiento de los procedimientos del proceso de licitación" que fue adjudicado en su momento a Soquimich.
La compañía presentó una declaración donde omitió la información acerca de no tener litigios pendientes con el Estado de Chile, que era uno de los requisitos que imponía las bases de la licitación.
Este antecedente determinó que el CEL finalmente anulara la licitación en octubre del 2012. Sin embargo, previo a ello Wagner y Bronfman levantaron un acta de cierre de evaluación de requisitos administrativos que certificaba que todos los oferentes, incluido Soquimich, cumplían con las bases del proceso.
FUENTE: CAMBIO 21
No hay comentarios:
Publicar un comentario