El Comité Intergubernamental de Agilización de Proyectos de Inversión (CAI) fue cuestionado por la Contraloría que lo acusó de actuar más allá de sus atribuciones en la tramitación de 56 proyectos. Entre las iniciativas en la carpeta del equipo del subsecretario de Economía Tomás Flores se encuentran HidroAysén y la Marina Deportiva Club de Yates de Papudo, uno de cuyos socios es el subsecretario de Prevención del Delito, Cristóbal Lira. En el ministerio de Pablo Longueira no estuvieron dispuestos a responder cuáles son los criterios usados para escoger los proyectos que se “agilizan”.
El 26 de julio pasado el proyecto inmobiliario El Panul, que pretende instalarse en el cerro del mismo nombre ubicado en la comuna de la Florida, fue declarado inadmisible por el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana (RM).
El año anterior, la Administradora Gesterra, a cargo de la iniciativa cuya inversión alcanza los 50 millones de dólares, había desistido de continuar con el proceso de calificación ambiental iniciado en 2008, ya que el panorama era adverso: el SEA había analizado la propuesta y concluía que no debió haber sido ingresado como Declaración de Impacto Ambiental (DIA) sino como Estudio de Impacto Ambiental (EIA). En julio el servicio lo rechazó por idénticas razones.
Hoy, según explica el gerente general de Gesterra, Carlos Hernández, están trabajando en la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental. Para echar adelante el proyecto, que cuenta con una fuerte oposición por parte de los habitantes de la comuna y organizaciones ambientalistas, han tocado varias puertas. Entre ellas las del Comité Intergubernamental de Agilización de Inversiones (CAI) presidido por ministerio de Economía, al que según explica Hernández acudieron a principio de año.
El proyecto inmobiliario El Panul es una de las 56 iniciativas que, al 15 de julio de este año estaban o habían sido impulsadas por el Comité intergubernamental, a cargo del subsecretario de Economía, Tomás Flores, y a las que tuvo acceso El Mostrador.
Cuestionamientos de Contraloría
Hace unas semanas y tal como publicó este medio el actuar del Comité -cuyo fin es destrabar proyectos emblemáticos a través de asesorías- fue cuestionado por Contraloría. En una extensa investigación relacionada con el proyecto termoeléctrico Castilla, concluyó que la activa intervención realizada por el CAI durante el proceso ambiental de la iniciativa ligada al brasileño Eike Batista -como asesorías directas a los titulares e intervenciones en la seremi de Salud que incluyó amenazas a los funcionarios- sobrepasaba la función únicamente asesora para la cual fue creado, además de no respetar la autonomía de los servicios. Por eso el órgano fiscalizador ordenó que se debían regularizar sus funciones “limitándose a tener un carácter meramente asesor”.
Todo indica que Castilla no es el único proyecto en que el CAI sobrepasó sus atribuciones.
Al revisar los proyectos seleccionados por el CAI para destrabar su tramitación, entre los que se encuentran HidroAysén, el emisario Planta Valdivia de Celulosa Arauco, las centrales termoeléctricas Patache y Pacífico, el centro comercial de Arica de Falabella, Mall Plaza Barón, Mall Plaza Arica, la Marina Papudo y el proyecto inmobiliario Piedra Roja, no queda claro el criterio con el que se opta por un proyecto en vez de otro.
Llama la atención que en el listado se encuentre, por ejemplo, la Marina Deportiva Club de Yates de Papudo, uno de cuyos socios es el subsecretario de Prevención del Delito, Cristóbal Lira, cuya inversión alcanza los 5,5 millones de dólares.
Según la explicación que el principal gestor del Comité, el ingeniero comercial Dieter Wunder, dio a Contraloría, para considerar “emblemática” una iniciativa se consideran algunas variables como el monto de la inversión (mayor a $ US 100 millones) la importancia para la zona o el tipo de tramitación en el sistema ambiental.
Pese a que este medio solicitó que se especificaran los criterios para seleccionar los proyectos y el modus operandi con que se impulsan, desde la cartera de Pablo Longueira rechazaron referirse al tema.
Llama la atención que en el listado se encuentre, por ejemplo, la Marina Deportiva Club de Yates de Papudo, uno de cuyos socios es el subsecretario de Prevención del Delito, Cristóbal Lira, cuya inversión alcanza los 5,5 millones de dólares. O el proyecto inmobiliario Piedra Roja, cuyo principal accionista es la Inmobiliaria Manquehue, y que pretende invertir unos 300 millones de dólares de aquí al 2012 en nuevos proyectos inmobiliarios.
Según fuentes gubernamentales no existe claridad de cuál es la fórmula para ser parte de la carpeta de los elegidos. “En algunos casos la única explicación son presiones del titular. Muchas veces vienen golpeando la puerta del ministro preguntando y los mandan donde Dieter Wunder y su equipo, que en la práctica se transforman en una suerte de ejecutivos de cuenta de estos proyectos”.
El pasado jueves, y a través del sitio ciudadano inteligente <http://ciudadanointeligente.cl/>, se solicitó a la subsecretaría de Economía que se especificaran los protocolos y metodología usada, así como los requisitos y la ponderación que realiza el gobierno para seleccionar qué proyectos entran en carpeta para ser agilizados y cuáles no, o si existe algún tipo de medición de impacto social. Según las mismas fuentes, esto tiene bastante preocupado al ministerio ya que no existe una metodología de selección clara para cada uno de los proyectos elegidos.
La oficina de reclamos
Aunque el Comité de Agilización fue creado oficialmente por un instructivo presidencial el 2 de agosto de 2010, empezó a funcionar a principios de julio de ese año. Durante la primera reunión en que estuvieron varios ministros, se pidió un listado a los gremios empresariales con proyectos importantes “y ahí se empezó a hacer el filtro. Luego han ido sumando proyectos de empresas que se han movido y han contactado a este grupo se y se han ido sumando a la lista”, señala una fuente que conoce de cerca el proceso.
Pese a que este medio solicitó que se especificaran los criterios para seleccionar los proyectos y el modus operandi con que se impulsan, desde la cartera de Pablo Longueira rechazaron referirse al tema.
Durante la tercera reunión de ministros del CAI celebrada el 25 de noviembre de 2010, el entonces ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, definió al comité como una “oficina de reclamos”.
El ingeniero comercial Dieter Wunder y principal operador del CAI empezó a trabajar el 15 de julio del año pasado y al mes siguiente se armó el equipo: la abogada Marcela Klein, que se encarga de asesorarlo en los temas legales y el periodista Mauricio Soto, que agenda reuniones y es responsable de la parte logística del destrabe de los proyectos. En diciembre se oficializaron los contratos. Hace pocos meses llegó a reforzar al grupo el abogado Alejandro Ibáñez.
Según señalan desde el gobierno, lo que sucede en la práctica es que llega un titular al ministerio de Economía “que pide una reunión, derivado de otros servicios o ministerios. Luego se reúne con el equipo de Wunder, donde les hace una presentación, explica los problemas que tiene y en qué parte del Sistema de Evaluación Ambiental radican. Dieter pregunta qué necesitan y después en un nuevo encuentro les comenta la investigación que han hecho para darle ideas de cómo avanzar. Si meten las manos para ayudarlos de frentón o no depende del proyecto”.
Como en el caso de la termoeléctrica Barrancones, para cuya tramitación, al igual que en Castilla, Wunder viajó personalmente a hablar con funcionarios de distintos servicios sectoriales e incluso asistió a la votación de la entonces Corema regional donde se le dio luz verde.
Desde Santiago, explican las mismas fuentes, también realizan llamados a estos servicios, “pidiendo información de cómo viene la mano de los informes y luego de eso conversan con los titulares. Hay una intervención clara durante el proceso de evaluación”.
El mail de HidroAysén
En el caso de HidroAysén, el CAI también realizó gestiones. Así lo refleja un correo electrónico enviado el 24 de septiembre de 2010 por el jefe del departamento de Evaluación Ambiental de Conaf, Juan Castillo a varios funcionarios del servicio en Aysén.
En el mail, Castillo solicita premura para organizar una reunión entre la Conama, el ministerio de Energía y el titular del proyecto. Esto, porque “existe un mandato superior del Comité de Agilización de Inversiones y Economía, en el cual participamos como Ministerio y Servicio y eso nos hace gestionar rápidamente algunas decisiones, que implican a las direcciones regionales”.
La idea del encuentro, señala el correo, es “conocer las nuevas respuestas a observaciones, así como ratificar aquellas que se generaron en reunión sostenida la vez pasada con ustedes y que me gustaría validaran, de aquí al lunes 27 de septiembre, para hacer entrega ese mismo día al titular”.
Para un abogado experto en derecho público, que prefiere guardar su identidad, “lo grave es que estas reuniones entre servicios y proponentes se hacen por la intermediación del CAI, que en rigor actúa como lobbysta de los proyectos. Entonces se confunde el rol destinado a agilizar los trámites con esta “intermediación” en favor del proyecto para que los servicios reduzcan las exigencias”.
FUENTE: EL MOSTRADOR
No hay comentarios:
Publicar un comentario