Frente Amplio Unitario

UDI tiene otra razón para no poder dormir: nueva pieza clave en investigación por Pentagate llega a la justicia

03/12/2014 |

Por Equipo Cambio21

Se trata de una grabación que el exgerente del grupo Penta, Hugo Bravo, presentó a su favor en medio de una demanda laboral, la que termina por cerrar los nexos y mecanismos con los que el grupo financió a su partido.

Dentro del caso Pentagate el único que comienza a respirar un poco más tranquilo es el exgerente de las empresas de Carlos Alberto "Choclo" Délano, Hugo Bravo. Además de haberse convertido en la piedra que terminó con el derrumbe de la imagen del consorcio, es quien reveló ciertas grabaciones telefónicas y que le significó ser denunciado por la ilegalidad de la captación de ese audio.

Hoy el señor Bravo está más tranquilo. La causa en su contra, interpuesta por Carlos Lavín (uno de los dueños de Penta) fue sobreseída y, es más, fue admitida como evidencia en la demanda laboral que él presentó en contra de los controladores de la empresa. Un problema menos para él, pero uno más para sus antiguos jefes.

Para poder entender la importancia de esta grabación, se tiene que ir hasta las génesis del caso, antes de que se conociera el Pentagate y que solo fuera "fraude al FUT".

Todo comenzó cuando la empresa del "financista" de la UDI se vio involucrada en el caso en que un empleado del Servicio de Impuestos Internos (SII), se entregó a la justicia, confesando que él y un colega, habían armado un mecanismo en que las empresas que se habían convertido en clientes clandestinos suyos, pudieran conservar o no pagar completamente los Fondos de Utilidades Tributarias, FUT. En este fraude se descubrió que la empresa Penta era uno de los "clientes" de este funcionario. La respuesta de la los gerentes fue despedir a Bravo, lavándose las manos sobre el tema.

Bravo no se quedó de brazos cruzados. Interpuso una demanda laboral luego de que sus expatrones no lo indemnizaran por los 30 años de servicio. Esto después de que llamará, escribiera y visitara sus  oficinas, donde sólo encontró puertas cerradas y teléfonos colgados. Con todo esto, cuando finalmente se logró reunir con Lavín, lo grabó cuando hablaban de su situación laboral, el despido y la falta de desagravio en que exige el pago de $ 2.500 millones (lo mismo que aportó la familia Luksic a la Teletón).

La pieza clave

La grabación estuvo y seguirá en la polémica. Con su admisibilidad, y dado su nexo con el Pentagate (cabe recordar que fue Bravo quien destapó los aportes irregulares de la empresa a las candidaturas UDI con boletas falsas) puede revelar nuevos antecedentes sobre el caso que sacude al gremialismo y que dejó en evidencia el financiamiento desmesurado de la política.

Según el juez, la grabación obtenida el 7 de septiembre en la casa de Bravo, "no afecta el bien jurídico protegido" como es la intimidad de las personas. Este argumento fue expuesto por la defensa de Bravo y también por el jefe de la fiscalía de Las Condes, José Veizaga, quien argumentó que tras indagar los hechos se determinó que no existe "delito, por lo tanto, no tenemos que investigar nada".

Ni confianza ni nada

Más allá de lo controvertido que pueda ser la admisión como prueba de la grabación en las causas judiciales, el diputado y abogado PPD, Guillermo Ceroni, apuesta por lo positivo del paso judicial, explicando que lo importante es que se logre recuperar la confianza y el honor de la institucionalidad y del mundo político en general.

"Cualquier cosa que en definitiva permita transparentar lo que hay en este caso debe hacerse, a pesar de que haya sido una grabación oculta (...) en aras de la transparencia y de conocer la verdad y la vinculación que puede haber en este caso con la política tiene que darse a conocer porque es la única forma que la gente vaya viendo que las cosas se van aclarando y determinando responsabilidades", dijo el parlamentario, agregando que "nuestro país ya no es uno para andar ocultando cosas".

"Hoy a raíz de estas cosas -y en la política en general- tenemos que lograr que se recupere la confianza, porque recordemos que las autoridades son políticos y son ellos los que deciden el destino de un país, no el sector privado. Son los más perjudicados", agregó.

La UDI postPenta

Sobre este punto, cabe recordar que los principales perjudicados del caso fueron los parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente, precisamente porque recibieron dineros mal habidos por la empresa que evitó el pago del FUT. Cuando Hugo Bravo, en venganza por haberle cerrado la puerta en la cara para no pagarle una indemnización, reveló la arista política del fraude de la empresa, lo hizo por medio de boletas. Éstas iban dirigidas a colaboradores del partido y trabajadores del Congreso, quienes recibían millonarios montos, por trabajos inexistentes, para hacerles llegar los fondos a: Iván Moreira, Ena von Baer y Jaqueline van Rysselberghe.

A ellos, posteriormente, se sumaron los nombres de José Antonio Kast y Pablo Zalaquett, todos parlamentarios y candidatos UDI. Y es tras esas acusaciones que el gremialismo tomó ribetes ofensivos más agresivos en contra del gobierno, a modo de desviar la atención de la verdadera crisis que hoy vive el partido, que remeció al mundo político y que terminó por cuestionar todo el sistema de financiamiento en tiempos de campañas.

FUENTE: CAMBIO 21