Defensoría MASantos
Univisión convocó a medios de siete países de América Latina para escribir historias sobre sus respectivas defensorías penales públicas como parte del proyecto “Abogados de los pobres”. En Chile, CIPER reporteó el funcionamiento de un sistema que se basa mayoritariamente en contratos licitados y en específico el caso de DJP, la mayor empresa de defensores privados, que cayó en insolvencia. Esta es la historia de la estrella del modelo público basado en proveedores privados, que de pronto descubrió que los contratos eran mal negocio, arriesgando el derecho a defensa de más de 3.200 personas.
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“Somos la oficina de abogados privados penales más grande de Chile”, se lee aún en la página web de la ahora desparecida Defensa Jurídico Penal Sociedad Anónima (D.J.P.). Suena como un eslogan, pero es probable que en algún momento haya reflejado la realidad, pues D.J.P. creció al alero de un modelo de defensa penal pública que entrega a privados más del 70% de las causas en que el Estado asume la representación de los imputados, principalmente de escasos recursos. De todas las empresas que florecieron con el nuevo sistema, D.J.P. fue la que más contratos se adjudicó desde que en 2005 la Reforma Procesal Penal se implementó en la Región Metropolitana, la más poblada del país. Pese a tener un millonario flujo de ingresos asegurado, las finanzas de D.J.P. colapsaron y desde enero se encuentra en proceso de liquidación.
La quiebra de D.J.P. dejó heridos en el camino y puso un signo de interrogación sobre un modelo que descansa en la tercerización de la defensa pública. A mediados de 2016, D.J.P. dejó de pagar los sueldos de los abogados contratados para atender a los clientes del Estado. Era claro que la empresa era inviable económicamente y de mutuo acuerdo se puso fin a sus contratos con la Defensoría. Pero ese no fue el fin de la relación: el 23 de septiembre de 2016, se firmó el fin anticipado de cuatro convenios con D.J.P (ver documento). Tres días más tarde, el 26 de septiembre, el ente público aprobó un nuevo contrato de tres años por $890 millones con Asesorías Jurídicas Integrales SpA (A.J.I.), una empresa creada por D.J.P. Ambas tienen el mismo representante legal, el abogado Gonzalo Torre Griggs (ver aprobación del contrato y orden de compra).
Gonzalo Torre, socio de DJP (Foto: torreycia.cl)
Parte de los abogados y personal administrativo de D.J.P. simplemente fueron traspasados a A.J.I. “Era parte del mismo holding, pero nos prometieron que nos iban a pagar, que eran distintos RUT. Dijeron que esta empresa estaba limpia”, recuerda uno de los abogados que trabajaba para D.J.P. y que siguió haciéndolo para A.J.I. El desenlace no debería sorprender: al terminar el primer mes, no se pagaron los sueldos. Dos semanas más tarde, la Defensoría instó a los abogados a renunciar y continuar trabajando a través de un convenio directo con la institución. El resto del personal quedó en la calle.
“No teníamos causal legal para no suscribir el contrato con A.I.J.”, asegura Juan Pablo Montes, asesor jurídico de la Defensoría Metropolitana Norte. Dice que aunque eran dos empresas distintas, buscaron argumentos jurídicos que les permitieran no firmar el nuevo convenio, pero no los encontraron. La Contraloría ya había tomado razón de la adjudicación, pues la licitación se había cerrado en mayo.
En el momento en que explotó la crisis, a mediados de 2016, D.J.P. tenía más de 40 abogados contratados para la Defensoría Penal Pública. Otros ocho abogados se sumarían en octubre, tras el convenio con A.J.I. En total, los abogados de D.J.P. tenían en sus manos 3,253 causas judiciales. “Nosotros no sabíamos la realidad de los trabajadores impagos por meses, algunos un año, porque no estaban dentro de las nóminas de abogados ni de asistentes que tenían relación con nosotros a través de los contratos licitados”, dice el jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Defensoría, Álvaro Paredes.
CIPER encontró testimonios de abogados de D.J.P. y que trabajaban para la Defensoría que denuncian que al menos un año antes de que saliera a la luz la crisis, la empresa evidenció su falta de liquidez: empezó a pagar los sueldos de manera parcelada y a incumplir las obligaciones previsionales. Pese a que la Defensoría debe certificar que la empresa cumple las normas laborales antes de trasferir los pagos, ésta no detectó los problemas de insolvencia de D.J.P. Tras una denuncia, la Fiscalía de Alta Complejidad (Centro Norte) se encuentra investigando si en los últimos meses D.J.P. falsificó las firmas de sus empleados en los documentos que avalaban el cumplimiento de sus compromisos laborales.

AUGE Y CAÍDA DE D.J.P.

La sociedad Defensa Jurídico Penal (D.J.P.) fue creada en octubre de 2004 por los abogados Kleber Monlezun Cunliffe, Gonzalo Torre Griggs y la Universidad Miguel de Cervantes. El objetivo de D.J.P. era presentarse a las licitaciones de la recién creada Defensoría Penal Pública, pues la nueva reforma procesal penal comenzaría a operar en Santiago durante el año siguiente.
La apuesta fue un éxito. En esa primera licitación, D.J.P. se adjudicó el 48% de las causas licitadas en la Región Metropolitana y empezó a posicionarse como una importante oficina de abogados defensores. La atención pública se centró en los vínculos políticos de una de las instituciones que formaba parte de D.J.P.: la Universidad Miguel de Cervantes. Su presidente (hoy rector), era el ex diputado democratacristiano Gutenberg Martínez, casado con Soledad Alvear, la ministra de Justicia que llevó a cabo la Reforma Procesal Penal y firmó el proyecto de ley que creó la Defensoría Penal Pública, con su modelo con énfasis privado. Y su representante era Francisco Cumplido, ex ministro de Justicia, también democratacristiano, partido al que estaban ligados varios de los directivos de dicha universidad privada.
En septiembre pasado, Martínez aseguró a CIPER que debido a la polémica la universidad se retiró en 2007 de D.J.P. Los vínculos no desaparecieron del todo: la oficina principal de la empresa funcionó hasta su cierre, a fines de 2016, en el edificio de la Universidad Miguel de Cervantes. El inmueble es propiedad de Inmobiliaria Educacional S.A., en que uno de los accionistas es la Sociedad de Inversiones TLA S.A., creada por el abogado Torre y Mercedes Aubá Asvisio. Esta sociedad es parte de la Corporación Universidad Miguel de Cervantes, lo que explica que Torre sea parte del consejo directivo de esa casa de estudios y Aubá su secretaria general.
El historial de contratos entre DJP y la Defensoría Penal Pública. Fuente: Univisión con datos de CIPER.

En 2010, Torre Griggs y Aubá Asvisio, junto a otros socios, crearon Defensa Judicial de Personas Sociedad Anónima. La empresa, cuyas siglas coinciden con las de D.J.P., también se ha adjudicado licitaciones de la Defensoría Penal Pública.
Sólo entre 2007 y 2014 ambas sociedades –Defensa Jurídico Penal y Defensa Judicial de Personas– recibieron al menos $18 mil millones por los contratos con la Defensoría.
En 2009, D.J.P. creó también Mediación Integral SpA, otra empresa que prestaría servicios al Estado. Los registros oficiales de transparencia indican que, desde su nacimiento hasta octubre de 2015, recibió pagos de la Subsecretaría de Justicia por más de mil millones de pesos. El mismo mes que dejó de prestar servicios de mediación para el gobierno, D.J.P. modificó el nombre de Mediación Integral SpA por uno que anunciaba su nuevo giro: Asesorías Jurídicas Integrales SpA (A.J.I.). Con esa nueva identidad participaría en la siguiente licitación de la Defensoría Penal Pública. Al momento de firmar su primer contrato (en septiembre de 2016, y que apenas duró un mes y medio), su dueño ya no era D.J.P., aunque compartía accionistas: Gonzalo Torre Griggs y dos de los socios de Defensa Judicial de Personas, Mercedes Aubá Asvisio y Marco Antonio Lillo de la Cruz.
Nadie informa con certeza qué gatilló los problemas financieros de D.J.P. Aunque para su principal controlador, la explicación es clara: en septiembre pasado, Torre Griggs dijo a CIPER que el problema era que los ingresos eran menores que los gastos. En la solicitud de liquidación voluntaria que la empresa presentó el 22 de enero pasado en el 28° Juzgado Civil de Santiago, se asegura que los contratos con la Defensoría Penal Pública no eran rentables (ver documento).
El escrito judicial señala que los contratos de la primera licitación (2005), en que la Defensoría pagaba por causa terminada, le permitieron a D.J.P. repartir por única vez dividendos entre los socios. Dicha fórmula de pago fue modificada por la Defensoría en las licitaciones posteriores porque generaba incentivos perversos que afectaban la calidad de las defensas y las empresas maximizaban sus márgenes pagando bajos sueldos a los abogados.
Pese a que D.J.P. siguió concursando durante once años en las licitaciones, ahora se dice que apenas les permitían cubrir sus costos fijos y que participaban para “ganar experiencia”, a la espera de mejores condiciones: “Sin embargo, en vez de ir mejorando los precios, éstos fueron gradualmente bajando y las exigencias aumentaron hacia los prestadores, lo que significó que los costos fueran mayores que los ingresos”, se lee en el escrito judicial que solicita su liquidación.
La explicación es poco convincente para los otros actores del sistema. Aunque un defensor privado del norte del país dijo haber recibido con retraso su salario recientemente, no se sabe de otros proveedores que hayan tenido problemas financieros graves. Además, la misma D.J.P. siguió participando una y otra vez en las licitaciones. Según Álvaro Paredes, jefe de asesoría jurídica de la Defensoría, en un momento se intentó tener acceso a las utilidades que tenían los proveedores en cada contrato, pero la Contraloría impugnó la medida, por lo que la autoridad no conoce el nivel de ganancias que dejan las licitaciones.
Ante el tribunal, D.J.P. reconoció deudas por $398 millones, la gran mayoría con sus trabajadores. Es probable que el monto crezca, pues a una empleada que ya ganó un juicio, la empresa dice adeudarle $242 mil, mientras que la justicia condenó a D.J.P. a pagarle $16,8 millones más cotizaciones pendientes, reajustes e intereses.
Algo que llama la atención es que el mayor acreedor de D.J.P. es el abogado y ex coordinador de la empresa, José Rojas Silva, a quien le reconocen una deuda laboral por más de $50 millones. Rojas es socio de Gonzalo Torre Griggs en varias empresas y trabaja en su estudio Torre y Cía. Contactado por CIPER, el abogado aseguró que todas las empresas que creó con Torre están inactivas y sólo tiene con él una “comunidad de techo” como abogado.
Torre y Rojas tienen otro lazo común: ambos están registrados en la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, entidad que reemplazó a la Superintendencia de Quiebras. Rojas figura como veedor, hasta diciembre pasado; y Torre Griggs como asesor económico de insolvencia (antes fue síndico de quiebras). Este último se presenta en otra de sus empresas (www.insolvencia.cl) como un abogado con “amplia experiencia en asesorías a empresas en situación de insolvencia, (que) ha participado en importantes quiebras y convenios judiciales”. Es curioso que con esa especialidad no haya podido resolver los problemas financieros de su empresa D.J.P.
SE ENCIENDEN LAS ALARMAS
Según Álvaro Paredes, la primera señal de alerta de que algo andaba mal con D.J.P. la dio en mayo de 2016 el jefe de Estudios de la Zona Metropolitana Sur, Jorge Moraga, quien “señaló que le preocupaba que hubiera alguna lesión a la calidad de la cobertura”. Moraga dice que supo de “la situación que afectaba a los abogados pertenecientes a la empresa D.J.P.” en una reunión del equipo regional y que desde ese momento los esfuerzos de centraron en prevenir que afectara la atención de los usuarios.
Álvaro Paredes, jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Defensoría Penal Pública
La solución, coinciden Paredes, Moraga y Montes –todos funcionarios de la Defensoría–, se logró gracias a que los abogados de D.J.P. siguieron representando a sus clientes pese a que la empresa dejó de pagar sus salarios. “Mostraron un alto compromiso y una encomiable vocación de servicio. Ello permitió que pese a los inconvenientes existentes, los problemas de cobertura y calidad en el servicio fueran virtualmente inexistentes”, dice Moraga, aunque él mismo y otros abogados del staff de la Defensoría debieron reemplazar a los abogados de D.J.P. en algunas audiencias.
En total, 44 de los abogados de D.J.P. fueron recontratados de manera directa por la Defensoría a partir de agosto de 2016. A muchos de ellos la empresa aún les adeuda meses de trabajo, además de indemnizaciones y cotizaciones previsionales obligatorias. Los juzgados laborales de Santiago registran 38 demandas contra D.J.P., varias de las cuales incluyen a más de un recurrente. A los recontratados, la Defensoría les exigió no extender la demanda a esa institución para intentar recuperar su dinero. Pero el resto, además de empleados administrativos, sí lo hizo.
En uno de los juicios laborales, un peritaje privado acreditó que D.J.P. había falsificado la firma de uno de sus empleados en el documento de liquidación de sueldo que envió a la Defensoría para demostrar que salarios y cotizaciones estaban al día, un requisito para poder recibir los dineros del contrato con el Estado. Dos abogados presentaron una denuncia penal y actualmente el Ministerio Público investiga a la empresa por presunta “falsificación o uso malicioso de documento privado”.

LA EMERGENCIA POR DENTRO

En el sistema mixto de Defensoría Penal Pública, las empresas licitadas de abogados deben atender a los usuarios como si fueran la misma institución pública. En el oscuro hall de ingreso al edificio Carmen 8 (aledaño a la Alameda) aún se lee que en el cuarto piso está la Defensoría Penal Pública. Lo que allí funcionaba era una de las oficinas de D.J.P.
Carmen 8 es un edificio histórico en la política chilena y, al igual que los orígenes de D.J.P., está ligado a la Democracia Cristiana (DC). Entre los pisos 6 y 8 estaba la sede del partido durante la dictadura. Por eso, uno de los mayores escándalos políticos de la época fue bautizado como el Carmengate. En 1988, durante la primaria para elegir al primer candidato presidencial del retorno a la democracia, el ganador en la DC fue Patricio Aylwin, pero su contendor, Gabriel Valdés, acusó que en la sede de Carmen se habían manipulado los votos. Siempre quedó la duda de si eso había cambiado el rumbo de la transición chilena.
En el edificio de Carmen 8 la oficina de DJP se presentaba como si fuera la Defensoría.
Para D.J.P., la historia en Carmen 8 de acabó el 30 de noviembre pasado. Ese día simplemente se “puso candado” a su oficina. Así lo relata en su demanda laboral la secretaria Claudia Ramírez, quien llegó a trabajar y no pudo entrar, porque la empresa no había pagado el arriendo. Ahí le comunicaron que estaba despedida.
En otra demanda laboral, dos abogados recuerdan que ya en septiembre la situación era crítica. El 7 de ese mes les cortaron los “suministros básicos” por falta de pago. “Los trabajadores estábamos sin las condiciones mínimas para desarrollar nuestras tareas”, acusan.
Para los ex empleados no profesionales la situación es aún más compleja que para los abogados, pues simplemente se quedaron sin trabajo cuando la empresa cesó su actividad: no recibieron oferta de la Defensoría. Nadia Toro es técnico jurídico y estaba embarazada cuando D.J.P. cerró. No le pagaron noviembre ni sus cotizaciones previsionales desde enero de 2016, además de vulnerar su fuero maternal. No ha encontrado trabajo. “A ellos no les importan los trabajadores, ni siquiera dan la cara”, se lamenta hoy.
Aunque la crisis de D.J.P. no generó un gran caos en el sistema de defensas públicas, porque los abogados pasaron a trabajar directamente con la Defensoría, sí hubo problemas. Los registros de sanciones de la Defensoría Penal Pública muestran que durante 2016 aumentaron las multas a la empresa, principalmente por no cumplir con las visitas a los imputados detenidos, que deben realizarse al menos cada 15 días, lo que implica un incumplimiento en el estándar de defensa.
Algunos ex abogados de D.J.P. dicen que a mediados de 2015 empezaron a recibir sus salarios de manera parcelada y con atraso, mientras que para otros las dificultades comenzaron en 2016. “Había gente que tenía que pedir plata para poder ir a trabajar, algunos estuvieron meses trabajando gratis, otros pidieron licencia médica”, dice un ex defensor de D.J.P. para explicar por qué algunos interrumpieron las visitas a las cárceles. “Yo vi a abogadas llorar porque no llegaban a fin de mes”, relata.26
Jacqueline Stubing es una de las pocas abogadas que no tiene problema en dar su nombre para denunciar la experiencia que vivió con la caída de D.J.P. Trabajó siete años en la empresa, en agosto de 2016 pasó a convenio directo con la Defensoría y semanas después renunció con escándalo durante una audiencia judicial.
La abogada dice que estaba dispuesta a seguir en D.J.P. aunque no le pagaran, porque la empresa siempre había cumplido y le apasiona el sistema de litigación de la Defensoría. “Pero era difícil trabajar así. Al final era trágico, los compañeros no tenían cómo movilizarse”, recuerda.
Pero lo que terminó de enojarla fue la forma en que se hizo la transición: les avisaron que la empresa tenía problemas graves y directivos de la Defensoría les ofrecieron recontratarlos de manera directa. Según Stubing, se reunieron con ellos un día viernes y les dijeron que había una fila de gente esperando por esos puestos, por lo que debían decidir durante el fin de semana si aceptaban la propuesta, renunciar de manera amistosa a D.J.P. y el lunes seguir con sus mismos casos, ahora como abogados externos de la Defensoría.
–Resulta que nosotros los estábamos salvando. Si no hubiéramos aceptado habría sido un caos –dice Stubing.
La abogada Jacqueline Stubing. Foto: María de los Ángeles Santos.
La abogada reclama que no alcanzaron a evaluar realmente la propuesta de la Defensoría. Según ella, por la presión a la que fueron sometidos, debieron asumir las condiciones estándar de los convenios directos sin darse cuenta de lo que significaba: “Tuvimos que dejar una garantía de $750 mil en la Defensoría, después de haber estado dos meses sin sueldo. Arrendar oficina y cumplir requisitos, como contratar un asistente”. Dice que fue como el dicho teatral de “la función debe continuar” y cada abogado se llevó las carpetas de sus casos para seguir atendiendo a los imputados.
La gota que colmó su paciencia fue que a las pocas semanas de instalada en su nueva oficina le avisaron que vendría una inspectora de la Defensoría a revisar el recinto. Dice que a unos colegas ya les habían hecho cambiarse de oficina tras una inspección y le indignó que fueran más duros con ellos que lo que habían sido con D.J.P., que no fue fiscalizada a tiempo.
Simplemente avisó que no se sometería a la inspección y a la hora señalada no estuvo ahí para abrir la puerta. Stubing asegura que su oficina cumplía con los estándares y sus carpetas estaban en orden (esto fue confirmado a CIPER por la Defensoría), pero que se rebeló porque se sintió humillada.
–¿Qué le iba a enseñar a mis hijos? No podía enseñarles algo distinto a la dignidad, sentía que me vendía al aceptar condiciones indignas. No es que fuera a cambiar nada, pero no aceptar la inspección era lo que tenía que hacer, que mis compañeros que también estaban hastiados supieran, así mi conciencia quedó aliviada–dice con la voz quebrada.
Sabía que la iban a sancionar. Durante el proceso investigativo dejó estampado lo que significó para ella el traspaso desde D.J.P.: “Con el término de la empresa a la que serví por años, vino el calvario, la segregación, la discriminación. No puede ser que como abogada y defensora de derechos, como creí llamarme, me haya sentido humillada al aceptar las condiciones laborales ofrecidas por la Defensoría Penal Pública (…) Como persona, mujer trabajadora, la presión fue letal (…) Tal vez es difícil entender mi reacción porque con ella asumí un riesgo, de alguna forma era decir NO MÁS”, escribió.
No renunció inmediatamente. Dice que no es fácil dejar de un día para otro las defensas, porque detrás hay una persona imputada y una familia. Tenía un caso particularmente complicado, en que el imputado estaba acusado de robo con violación y cambió su versión en la mitad del proceso. Además le fallaron las personas que debían atestiguar a su favor.
La audiencia en que se juzgaría a su defendido se dio en un contexto bastante especial, pues la sala estaba llena de jueces extranjeros que venían a observar cómo funcionaba la reforma procesal penal en Chile. Stubing recuerda que le pidió al juez aplazar la audiencia porque faltaban los testigos y porque ella dejaría pronto la Defensoría y no podría representar al imputado en las etapas posteriores. Pero el juez fue inflexible.
“Magistrado, renuncio a la Defensoría”, respondió entonces la abogada, que escuchaba a sus espaldas como los asistentes murmuraban sin entender lo que estaba pasando y se oían voces que pedían que la amonestaran. Recuerda que el juez pidió disculpa a los invitados extranjeros, asegurándoles que nunca había pasado algo así antes desde la aplicación de la reforma.
Así, histriónicamente, Jacqueline Stubing puso fin a su carrera como defensora penal pública.
FUENTE: CIPERCHILE