Se ha mantenido en silencio en lo institucional y se ha negado a conversar con la prensa de uno de los casos más polémicos de las Fuerzas Armadas del último tiempo, el “Milicogate” o también llamado “Fraude en el Ejército”.
Por lo mismo, organizaciones de derechos humanos y los dirigentes de la CTC piden la renuncia de Humberto Oviedo quien asumió el 2014 la dirección de las Fuerzas Armadas, sucediendo al Juan Miguel Fuente-Alba, comandante en jefe al momento de ocurrir la polémica maniobra que dejó al menos unos diez millones de dólares defraudados entre 2011 y 2014 de la Ley Reservada del Cobre.
En ese sentido, Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos condenó la desidia del uniformado, pero también increpó directamente al Gobierno: “Nos parece inaceptable que Oviedo guarde silencio, pero más inaceptable es que el Gobierno no se pronuncie ante la corrupción en estos tiempos, y no le pida explicaciones al Ejército de Chile.
“Estamos hablando de La Cutufa, de la estafa al diez por ciento de la reserva del cobre, el no entregar las listas de la gente de la CNI. Esto amerita la renuncia del Comandante en Jefe, pero también la promesa que hizo públicamente el ministro de Defensa de entregar el proyecto de ley de degradación a los militares condenados en violaciones a los Derechos Humanos”, sostuvo.
Para la dirigenta hoy es más importante que nunca esta promesa porque estos días han seguido cayendo militares condenados en procesos de Derechos Humanos que no se pueden librar de una eventual degradación.
En paralelo, afirmó, se sigue consolidando la llamada “impunidad biológica”, que significa que, tanto víctimas como victimarios están muriendo y esos casos están quedando impunes. “Esa es la apuesta de las Fuerzas Armadas”, advirtió Alicia Lira y añadió que esto no se puede seguir avalando y tratando a las Fuerzas Armadas como una casta especial y privilegiada.
Además, sostuvo que el Gobierno debe dar una señal de protección de las riquezas del país, postura con la que coincidieron los trabajadores del cobre, quienes afirmaron que con este fraude “se pasó a llevar la soberanía” y que, con la conducta en materia de Derechos Humanos “se ha pretendido amenazar la inteligencia del pueblo chileno”.
Para el presidente de la CTC, Manuel Ahumada, el gobierno debe dar señales concretas y advirtió que tomarán medidas más serias: “En el mismo caso Milicogate nosotros como Confederación vamos a tener que iniciar una escalada internacional ante la Corte Interamericana, porque además se nos pretende involucrar, pese a que somos los trabajadores los que generamos la riqueza, la misma que se pone a disposición de una institución (el Ejército) que debiera resguardarla, pero que, en realidad, se la está robando”, indicó.
Las organizaciones y trabajadores se manifestaron fuera del Ministerio de Defensa, frente al Palacio de La Moneda, pidiendo al General que deje el cargo, pero también al Gobierno y los distintos actores políticos de la Nueva Mayoría que sean coherentes con lo dicho y que cumplan con sus compromisos de campaña.
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