Frente Amplio Unitario

Gobierno de derecha salpica a exmandatario: Piñera cara a cara con la justicia

26/03/2016 |

Por Mario López M.

Esta vez pareciera no haber escapatoria para el expresidente. Él personalmente firmó la ley del Royalty y declaró expresamente que su administración la redactó, lo que es falso. Piden que comparezca a Fiscalía.

No fue el Ministerio Público, tampoco el Consejo de Defensa del Estado -a quienes corresponde legalmente velar por los intereses del Estado-, quienes accionaron penalmente en contra de Pablo Longueira (ex UDI) por cohecho, solicitando que Sebastián Piñera  sea citado a declarar en el juicio en calidad de testigo, por ahora.

La querella interpuesta por la Fundación Ciudadano Inteligente constituye un precedente que presiona a los órganos persecutores del Estado a intervenir en defensa de los intereses de todos los chilenos. Más allá del éxito y procedencia de lo solicitado por la fundación, ha comenzado un proceso que más temprano que tarde llevará a la vía judicial a Piñera. Nadie puede sostener responsablemente que es creíble que el entonces presidente desconociera lo que buena parte de su gabinete fraguaba con empresarios que creaban leyes que les favorecían.

Sin dudas la comparecencia de Piñera ante tribunales rompe los esquemas en cuanto precedente de quien es considerado por la gente como un personaje que con "astucia" hasta el momento ha evitado comparecer ante un juez. Ya lo hizo en el Banco de Talca y otros. Ahora debió "conversar" un desayuno con el fiscal Pablo Gómez, pero no todo siempre le resultará tan fácil... de hecho no será así esta vez. Por lo pronto analicemos a los otros citados.

A confesión de parte...

El propio exministro Laurence Golborne (pro UDI) ha confesado que al gobierno anterior le resultó imposible legislar sin los empresarios, dando cuenta de cómo el poder político en manos del gobernante Piñera fue cooptado por el dinero sucio.  Como señala el diputado socialista Fidel Espinoza, "las responsabilidades pretenden circunscribirse únicamente a un ex ministro" para intentar salvar la responsabilidad política, ética y eventualmente penal del exgobernante. Al menos así opina el exdirector de La Segunda, Hermógenes Pérez de Arce, quien afirma que el ex mandatario "está incapacitado moralmente para ser candidato (presidencial)".

"El gobierno de Sebastián Piñera gobernó para los empresarios", ha sostenido el senador del MAS Alejandro Navarro, dando cuenta cómo en las distintas leyes trascendentes en materia de la riqueza nacional la mano de empresarios intervino manejando la agenda legislativa. Así, Soquimich, Penta, Corpesca y muchas otras empresas utilizaron el soborno para obtener las prebendas que les terminaron favoreciendo.

Tal como dice el diputado Espinoza, "una especial habilidad han mostrado desde su salida de La Moneda el expresidente Sebastián Piñera y su entorno para eludir los distintos casos de corrupción durante su mandato". Y ello parece claro, pues no se trata de un hecho aislado o pocos casos concretos, sino que los múltiples antecedentes que se conocen hoy demuestran que la corrupción es el elemento vinculante a todos ellos y que involucran a exministros, exsubsecretarios y hasta al tercer piso que conformaba, entre otros, Carlos Délano.

Los tentáculos de SQM

Así lo afirma el diputado Fidel Espinoza: "ha quedado de manifiesto que SQM influyó en su Gobierno para obtener una legislación favorable a ella. No obstante, las responsabilidades pretenden circunscribirse, únicamente, a un ex ministro de esa Administración, Pablo Longueira, olvidando que ya está comprobado que esta misma empresa pagó irregularmente a la campaña de Sebastián Piñera  y que, por lo tanto, también debe ser investigado por el mismo delito que el ex coronel de la UDI", aseguró.

El parlamentario recalcó que, "en otras palabras, SQM pagó a Piñera para que llegue al poder. Luego, éste, al convertirse en Presidente, patrocinó una indicación que favorecía a esta misma empresa. ¿Qué diferencia hay entre este indicio y los indicios que han derivado en una investigación en Brasil contra el ex Presidente Lula? La ex vocera Cecilia Pérez dijo que no tenían idea de la relación entre Longueira y Contesse, como si eso zanjara el asunto. ¿Pretende señalar, acaso, que tampoco conocía de la relación entre SQM y la campaña del ex presidente?", se preguntó.

La "suerte" o sus influencias parecen acabársele al expresidente, quien cada día que pasa se ve más cerca de tener que comparecer por alguna de las múltiples aristas del financiamiento ilegal en que está vinculado a los casos de corrupción. En lo único en que su "suerte" no ha acabado es en el índice Forbes, que acredita que desde 2009 al término de su mandato duplicó su riqueza a través de un fideicomiso que de ciego no tenía nada. Si el propio presidente está cuestionado por negociados, ¿qué se podría pedir a sus ministros? Algunos casos...

Pablo Longueira

El exministro de Economía está hoy en la mira por corrupción debido a su participación en el Congreso y en el gabinete de Piñera en representación pagada por sociedades como Penta, Soquimich y  Corpesca, entre otras. A su cuestionado rol en la Ley de Pesca, que cuenta ya con dos funcionarios de ese gobierno formalizados por cohecho y varios parlamentarios imputados por el mismo delito, se suma la acusación por cohecho en el tema del Royalty minero, en que recibió de Soquimich la orden de incluir un artículo redactado por la empresa y que respaldó el gobierno.

Veinticuatro son las empresas y contribuyentes relacionados con Longueira y que emitieron documentos ideológicamente falsos para respaldar los $730 millones provenientes de Soquimich. Debe agregarse a eso otros $111 millones que recibieron sus fundaciones. Además existen otros $230 millones provenientes desde otras empresas en la mira de la fiscalía.

En total más de mil millones de pesos (equivalentes a cuatro mil sueldos mínimos 2016 o, dicho de otro modo, el ingreso que un trabajador con ese ingreso se demoraría 333 años en ganar), le giraron diversas empresas (17 de ellas investigadas por su relación con Longueira) mientras desempeñó los cargos de senador y ministro de Estado. Según Sebastián Piñera, lo habría sorprendido a él y a sus ministros al hacerles llegar la ley redactada por SQM sin haberlos advertido de ello. Sin embargo los porfiados hechos desmienten las aseveraciones que solo centran en Longueira la responsabilidad por el ilícito.

Laurence Golborne

Se trata de uno de los firmantes del Royalty en su calidad de ministro de Minería. Su subsecretario Pablo Wagner ha asegurado que nada se hizo a las espaldas suyas, pero él ha estado más preocupado de sus propios líos de dineros, que lo tienen como imputado y al borde de una condena por delitos tributarios. Seis son las boletas ideológicamente falsas que lo mantienen imputado y que su empresa relacionada, Vox Comunicaciones entregó a Penta por un monto de $120 millones. Los otros $160 los obtuvo de otras empresas y los respaldó con boletas truchas de VSA y Siglo Outsourcing (Tomás Carrasco).

Fue otro de los activos cabilderos que negoció con las mineras para sumarlas al Royalty. Él ofreció su oficina privada para efectuar las reuniones para así no "hacer ruido", según escribió en mails dirigidos a los otros ministros. Está además ligado al caso Litio y SQM que terminó con la fallida licitación que generó la causa criminal que hasta ahora tiene formalizado al exsubsecretario Wagner.

Memorable es el mail en que interroga a Matías Mori,ex vicepresidente ejecutivo del Comité de Inversión Extranjera del gobierno de Piñera, acerca de una cláusula pro mineras que este último estimaba que era "la máxima concesión" y que rayaba en la ilegalidad y ponía en riesgo al Estado de Chile. "¿Eso acordamos? ¿Es satisfactorio?", preguntó un despistado Golborne por escrito. "Estimado ministro: esta es la máxima concesión que podemos otorgar a las compañías (...) Legalmente, no podemos incluir las resoluciones en los contratos y la inclusión de un considerando en el que se haga referencia a las mismas expone al Estado de Chile a una demanda en derecho internacional por la infracción del deber de trato justo y equitativo", respondió Mori.

Juan Andrés Fontaine

Ha llamado la atención que en la foto oficial de la firma del Royalty aparece un exministro que no está entre los firmantes de la ley junto a Piñera. Se trata del otrora titular de Economía Juan Andrés Fontaine (pro UDI). ¿Qué hacía allí? Desde luego no se trata de una mera coincidencia, pues participó activamente de la negociación con las principales empresas del rubro.

Varios son los correos en poder de los fiscales a cargo de la investigación de cohecho en contra de Pablo Longueira en que el nombre de Fontaine ocupa un importante rol. De hecho, participó en un  sinnúmero de reuniones con las principales empresas mineras (entre ellas SQM), algunas de las cuales se realizaron de manera secreta en las oficinas privadas de Laurence Golborne en la Avenida El Golf de la capital. A él le correspondió filtrar las "demandas" y "concesiones" que debieron hacerse a las mineras. ¿Sabía las ocultas negociaciones que llevaron a SQM a ser el redactor del artículo del Royalty? Eso lo tratan de dilucidar los fiscales.

Felipe Larraín

Se trata del segundo negociador que firma el texto de la ley del Royalty redactado por SQM. Participa en las negociaciones en su calidad de ministro de Hacienda y es quien debe determinar el acuerdo marco de los beneficios que se otorgan a las compañías nacionales y extranjeras involucradas.

Larraín (pro RN) ha señalado que "la extensión de la invariabilidad tributaria es el único beneficio atractivo que se vislumbra para producir la aceptación del nuevo régimen por parte de las empresas mineras". Ello no es así, pues los mails dan cuenta que conocía de las presiones de empresas por más beneficios.

Ha declarado que "no tuve ninguna comunicación en este tema más allá de la comunicación con el Senado y el senador Longueira. A mí no se me planteó absolutamente nada en esa dirección", aseguró.

Lo que no recuerda son los correos de los que dispone el Ministerio Público y que lo incluyen en las comunicaciones y respuestas con Golborne y Larroulet, entre otros, en las negociaciones en que claramente se da cuenta de las presiones de las compañías, entre ellas SQM. Es uno de los ministros citados a declarar en la causa de cohecho.

Cristián Larroulet

Es otro de los firmantes de la cuestionada ley Royalty, en su calidad de Secretario General de la Presidencia. Fue justamente quien recibió de Longueira el mentado mail el 11 de enero de 2011, conteniendoel artículo redactado por Soquimich y que de inmediato remitió a Laurence Golborne. Ha sido sindicado como uno de los personeros que estaría en condiciones de conocer el origen de la norma viciada. Además participó en las reuniones secretas con las compañías mineras en las oficinas privadas de Laurence Golborne en El Golf.

Larroulet (UDI) también fue parte de la cadena de mails entre los ministros involucrados y que ponían en evidencia las presiones ejercidas sobre la autoridad por las empresas mineras. Aunque ha asegurado la total transparencia en el proceso legislativo que culminó con el Royalty, se encuentra citado por el Ministerio Público a declarar como testigo en la causa seguida en contra de su colega Pablo Longueira  por cohecho.

Menciones especiales

A los anteriores se deben sumar los exsubsecretarios de la administración Piñera que han sido citados en calidad de testigos, por ahora, en algunas de las causas relacionadas con delitos tributarios o de cohecho.

Se trata del exsubsecretario Pablo Galilea (RN), quien ha debido comparecer a declarar en el caso Corpesca que afecta al senador Jaime Orpis y a la exdiputada Marta Isasi, investigados por cohecho y a los exsubsecretarios Rodrigo Álvarez (RN) y Claudio Alvarado (UDI), estos dos últimos en la mira para ser citados en calidad de testigos en el caso Royalty que afecta a Pablo Longueira en la indagatoria por cohecho.

Otros casos

Pablo Wagner

El exsubsecretario de Minería (ex UDI) se encuentra formalizado por los dineros provenientes desde Penta que percibió mientras era funcionario público y que habría correspondido con diversos beneficios a favor de empresas relacionadas con los controladores Carlos Délano y Carlos Lavín.

Durante la administración Piñera, en calidad de subsecretario y presidente del Comité Especial del Licitación (CEL) firmó el acta que acreditaba que Soquimich, la empresa que se había adjudicado en subasta el proceso de licitación del Litio, cumplía a cabalidad con los requisitos exigidos en las bases. No aceptó que nadie revisara la información. Al poco tiempo se descubrió que esa empresa mantenía litigios con el Estado de Chile. Se invalidó la licitación y ello le costó el puesto.

No fue la única de Wagner, también se descubrió que desde la subsecretaría apoyó beneficios ilegales a favor de una empresa minera (Dominga) ligada a los controladores de Penta, quienes a su vez le pagaron bajo cuerda un sobresueldo por $42 millones. Resultado: formalización por cohecho en contra del exsubsecretario, aparte de varios otros delitos. Durante la licitación del Litio era titular de la cartera Laurence Golborne.

Santiago Valdés

Se trata del administrador electoral de la campaña de Sebastián Piñera en 2009, la misma que lo llevó a la Presidencia de la República. Era su ejecutivo de confianza en Bancard -controladora de Bancorp-, uno de los vehículos de inversiones del ex Mandatario y, al mismo tiempo, hijo de uno de sus mejores amigos, Fabio Valdés.

Según la indagatoria del Ministerio Público, Valdés (pro UDI) firmó el contrato forward entre Bancorp y CB, del grupo Cruzat, sospechoso de ser simulado para retirar fondos que fueron a parar a la campaña política de Piñera... o a sus bolsillos. De hecho, está imputado como gerente general de Bancard en la entrega de una decena de facturas falsas.

En su declaración ante la Fiscalía, el ex director ejecutivo de Chilevisión, Jaime de Aguirre, vinculó a Valdés como la persona que sugirió la emisión de boletas falsas a Aguas Andinas. En esa ocasión el ejecutivo de CHV dijo no recordar si Santiago Valdés o Nicolás Noguera (gerente general de Bancard) fue quien le pidió "facturar fraccionadamente a diversas empresas que me indicaron" y devolver $146 millones que Bancard le canceló  por "bonos" y "asesorías".

"¿Quiénes intervienen en este forward? Inversiones Penta III por un lado, que deposita $50 millones en Inversiones CB (en un) forward de entrada. Y $50 millones de salida, para qué empresa: para Administradora Bancorp S.A, domiciliada en avenida Apoquindo 3000, piso 16. Saquemos nuestras propias conclusiones de qué significa este forward", señaló el fiscal Carlos Gajardo durante la formalización de los dueños de Penta. Ese contrato suscrito en 2009 por Mediterráneo Fondo de Inversiones, empresa administrada por Bancorp, es parte de los 102 forwards que entregó Cruzat relacionados con el holding Penta y que fueron cuestionados judicialmente.

Gabriel Ruiz-Tagle

Se trata del exministro de Deportes de la administración de Sebastián Piñera y de quien era socio en el club Colo-Colo. Justamente las acciones en el club albo fueron el primer detonante que debió enfrentar, pues era inaceptable -salvo para él y para el presidente-, que regulara y fiscalizara a un equipo empresa del cual él era el principal accionista. Decenas de acusaciones asociadas a corrupción marcaron su paso por deportes, una de las cuales lo puso seriamente en la mira de la justicia. Se trata de los Juegos Odesur 2014, donde se cuentan por miles los millones de pesos defraudados al fisco.

Actualmente Ruiz-Tagle (UDI) se encuentra formalizado a consecuencia de la denominada "colusión del confort", en que su empresa Pisa junto con la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones estructuraron precios y cuotas de productos fabricados por ellos, en grave perjuicio de los consumidores. Este hecho hizo naufragar su proyecto de postular a la municipalidad de Providencia, debiendo renunciar a su precandidatura.

FUENTE: CAMBIO 21