Frente Amplio Unitario

DDHH y muerte de represores genera fuerte debate: ¿Llegó la hora del punto final?

19/03/2016 |

Por Mario López M.

• Cada vez quedan menos criminales y testigos de delitos de lesa humanidad. Los familiares de víctimas y sobrevivientes también disminuyen. La muerte de Arellano Stark en total impunidad abre el debate.

• Se alzan quienes llaman a buscar una salida con verdad a cambio de perdón. Se trata de crímenes que no se pueden amnistiar ni prescribir; otorgarles beneficios constituye impunidad, les responden.

Han transcurrido 42 años desde el golpe de Estado y dieciséis desde la vuelta a la democracia y aún permanece abierta una lacerante herida. Continúan los pactos de silencio y sigue sin emerger la verdad. Miles de represores y cómplices activos y pasivos, con y sin uniforme, permanecen en libertad sin haber pasado un día presos y, aún más, sin haber "visitado" ni siquiera un tribunal para responder de sus hechos. Por otro lado, miles no pueden aun velar los restos de sus seres queridos ni sanar sus heridas ni fantasmas de terror. Menos reparar el daño sufrido.

No es pasado, es presente

El tema ha tomado vigencia a partir de la muerte de uno de los mayores genocidas de la dictadura, Sergio Arellano Stark, en total impunidad y sin reconocer los hechos en que participó. Y, para peor, sin pisar un solo día la cárcel. También ha puesto en el tapete la discusión de la reciente condena y prisión a que fue sometido un exterminador de 89 años quien sufriría de enfermedades inhabilitantes. Se pide para ellos "un acto de humanidad", la misma que negaron a 3.214 ejecutados políticos, de los cuales más de 1.000 permanecen desaparecidos, y a más de 40 mil que fueron torturados y 200 mil exiliados y a las familias de todos los anteriores.

Por ello hablar de punto final, acuerdos de verdad a cambio de perdón o disminución del castigo e incluso beneficios intrapenitenciarios causa escozor en organizaciones de DDHH y en la opinión pública en general. "Cómo perdonar socialmente a quienes causaron tanto daño y no han dado muestras de arrepentimiento", señalan. "Ya no se trata de ofensas a personas determinadas, se trata de la humanidad entera la que ha sido violentada", afirman.

Otras voces aseguran que es necesario distinguir entre quienes dirigieron, cometieron  u ordenaron los crímenes y quienes solo cumplieron órdenes. También piden distinguir entre los que, arrepentidos, han cooperado con la justicia, permitiendo encontrar verdad y justicia a muchos, citando los casos del "papudo" Andrés Valenzuela, el "mocito" Jorgelino Vergara o Carlos Herrera Jiménez, quienes han entregado información que se reconoce importante en la solución de ciertos delitos graves.

¿Verdad a cambio de beneficios?

Los fuegos los abrió el sacerdote jesuita y ex rector de la Universidad Alberto Hurtado Fernando Montes, quien llamó a considerar los derechos de los victimarios que se encuentran en Punta Peuco. No habló solo a título personal, pues existe un grupo de abogados y sacerdotes (que no desean ser identificados por ahora) que se han estado reuniendo para conversar (e influir) sobre el tema. Buscan obtener "beneficios humanitarios para los presos de Punta Peuco". Ya no se trata solo de militares, sus familias o la derecha viuda de la dictadura. Montes está consciente de que muchos dirán: "¡Ah, este cura se dio vuelta la chaqueta!".

"Preocupado" se declara el sacerdote por existir dentro del penal condenados que sufren de alzheimer y otras dolencias. Preocupado, porque "una sociedad tiene que saber castigar a los culpables, saber establecer la verdad, pero no perder jamás la civilización (...) como sacerdote y seguidor de Jesús, primero con las víctimas que han sufrido tanto, de las cuales hay que preocuparse particularmente, pero no puedo despreocuparme de los victimarios. Porque, por malas cosas que hayan hecho, siguen siendo personas humanas", afirmó en una entrevista en La Segunda.

"Y si a mí me preocupan los derechos humanos, tengo que tener una visión universal y tratar de que sea lo más justa y equilibrada posible. Eso, en un contexto donde yo he sido claro y preciso: he sido un fuerte, fuerte, fuerte opositor a los atropellos de los derechos humanos. Personalmente, hasta expuse mi vida en defensa de esos derechos. Sin embargo, si hay que castigarlos, debe hacerse de manera civilizada (...) Yo, como sacerdote, sin que eso signifique aprobar lo que hicieron, tengo que ser capaz de ser una instancia humana donde ellos puedan hablar, y no puedo dejar de reconocer que ellos, por bárbaros que hayan sido, tienen familia, tienen hijos. Y eso me permitió contactar a algunas familias que han sufrido como nadie", aseguró.

No ha sido la única voz ligada históricamente a los DDHH que ha pedido cambiar la óptica y atender a razones humanitarias en relación a los delincuentes condenados en Punta Peuco. El abogado Héctor Salazar señala el tema central en la discusión, según su parecer: "El punto está en que, cumpliéndose los requisitos para acceder a algún tipo de beneficios penitenciarios, en Punta Peuco eso no ocurre o ha ocurrido excepcionalmente en situaciones específicas (...) Si ellos ya fueron juzgados y condenados, esta política de no dar beneficios penitenciarios es otra forma de castigo", concluye, haciendo un llamado a asumir que "cuando ya los cañones dejaron de humear, usted se encuentra con otro ser humano al frente".

No son un delito cualquiera

Una categórica respuesta provino de una mujer que ha vivido en carne propia las atrocidades de la dictadura, que ha luchado por verdad y castigo no solo por su caso, sino que además ha patrocinado a sobrevivientes y otros familiares que, como ella, no han olvidado, menos perdonado. Carmen Hertz debe ser una de las personas más respetadas y respetables en el mundo de los DDHH. Incluso el padre Montes así lo reconoce.

La respuesta de la abogada parte recordando que la "memoria es el mecanismo que busca el hombre para vencer los peligros de la deshumanización. La memoria individual y colectiva les permite a las personas y a los pueblos modelar su futuro. Sin memoria no es posible echar bases sólidas para la reconstrucción de una sociedad que ha experimentado en su seno el exterminio (...) Los crímenes de lesa humanidad son los que más repugnan a la conciencia civilizada de la humanidad, porque afectan la condición humana y ponen en peligro la paz mundial. Por esas razones la comunidad internacional ha declarado estos crímenes como Imprescriptibles, Inadmnistiables y de Jurisdicción Universal".

Es más, la profesional asegura que "perseguir la Justicia por estos crímenes no es ‘quedarse en el pasado', sino por el contrario: la Justicia es la fuente primera de la Memoria y la Memoria en una sociedad traumatizada por prácticas genocidas es una herramienta liberadora, que permite construir un presente y un futuro moralmente decente (...) Rescatar del silencio lo que fue persistentemente negado es un deber ético de justicia y reparación para con las víctimas, pero es también una responsabilidad con la sociedad chilena, que se enfrenta hoy más abiertamente con la posibilidad de mirarse y reconocerse en su historia", espeta Carmen Hertz.

Obediencia o traición

Ejecutado el golpe hubo militares que se opusieron a él, en todas las ramas. La gran mayoría de quienes se quisieron apegar a la tradición constitucionalista de las FFAA perecieron bajo el poder de la dictadura. Otros obedecieron siguiendo la otra tradición, la verticalidad del mando. No todos dimensionaron los verdaderos alcances de lo que se cernía sobre el país. Pero hablamos de militares, cuerpos armados y obedientes en que no se cuestionan las decisiones. Menos si el castigo por hacerlo era la muerte por traición.

Así lo han confesado en tribunales y ante la prensa decenas de soldados que al momento del golpe eran muchachos de 18 años haciendo el servicio militar. Pero como generalizar es nocivo, también muchos de esos muchachos gozaron del repentino poder del que comenzaban a disfrutar, con determinación sobre la vida y la muerte de personas. Uno de los testimonios más crudos al respecto lo entregó un ex conscripto en un programa de radio del Rumpy, al que relató parte de sus experiencias pos golpe, reconociendo que la adrenalina le excitaba y, lo peor, le agradaba.

Otros por miedo acataron o huyeron y aún viven angustiados intuyendo que cualquiera que se acerca es un peligro. Así lo relató el "mocito" el día en que fue entrevistado en exclusiva por Cambio21: "Debo tomar precauciones, sé lo que le hacen a los que hablan", señaló recordando la historia del cabo Leyton, a quien ejecutaron por relatar a carabineros el modus operandi de la DINA en el robo de vehículos y la desaparición de personas. Los conscriptos que rompieron el silencio en el caso "Quemados" también permitieron que se conociera toda la verdad y se procesara a los criminales tras el homicidio e intento de homicidio de Rodrigo Rojas de Negri y Carmen Gloria Quintana. No fueron los únicos.

¿Son todos los casos iguales?

Dos casos han llamado la atención por ser situaciones de gran difusión pública. Dos ex represores que desertaron durante la dictadura se transformaron voluntariamente en cooperadores de la justicia. Andrés "Papudo" Valenzuela entregó y entrega aún y cada vez que es requerido vital información acerca del modo de operar del Comando Conjunto al que perteneció, el destino de cuerpos de ejecutados y responsabilidades de exterminadores y agentes de la DINA. Gracias a él se supieron los nombres de una centena de desconocidos agentes y se les procesó y castigó.

Lo mismo aconteció con el "mocito" Jorgelino Vergara, quien con 16 años servía en la casa de Manuel Contreras, el jefe de la temible DINA, siendo posteriormente asignado al cuartel de Simón Bolívar, absolutamente desconocido por la justicia y organismos de DDHH pues de allí nadie salió vivo. Gracias a él se supo su ubicación y lo que allí pasaba. También el destino de muchos que perdieron ahí la vida y hasta hoy se desconoce su paradero. Cooperó y coopera buscando establecer la verdad. Ambos han sido reconocidos por tribunales y organismos de DDHH, que no les han perseguido.

Un tercer caso emblemático se da con otro represor. Solo que su situación es diametralmente distinta. Se trata de Carlos Herrera Jiménez, actualmente recluido en Punta Peuco y quien se ha preocupado de contactar a cuanto familiar de aquellos que asesinó o torturó o simplemente aparecen en la prensa, para pedirles perdón. Así lo intentó con el hijo homónimo del líder sindical Tucapel Jiménez y con Ana González, la emblemática líder cuya familia casi entera fue asesinada y "que no ha dejado de luchar por los suyos y los demás", como indicó aCambio21. Herrera no goza, a pesar de sus confesiones, de ningún beneficio intrapenintenciario.

El tiempo, ¿cómplice o enemigo?

Cada día que pasa disminuyen las posibilidades de conocer la verdad. Los pactos de silencio de oficiales y jefes y el miedo a contar lo que se sabe por subalternos y ser enjuiciado por ello, marcan la pauta.  Cada día que pasa víctimas sobrevivientes mueren sin haber sido reparadas y familiares parten sin conocer el destino de los suyos. Los que los secuestraron, torturaron, violaron o asesinaron lo saben, pero callan y obligan a otros a callar. Ex conscriptos -que pidieron guardar sus identidades-, señalaron aCambio21 que lo ocurrido a los ex soldados Guillermo Reyes (el que confesó en radio lo acontecido durante su servicio militar) y a Fernando Guzmán (caso Quemados) les preocupa, pues cooperaron e igual fueron detenidos.

Desde la derecha cómplice y quienes aún permanecen impunes, el tiempo es su aliado, pues estiman que con él se irá olvidando lo que pasó. De hecho, las mayores "defensas" al momento de plantear hoy temas de DDHH es que quienes los promueven "se quedaron en el pasado". Por ello los dichos de Carmen Hertz otorgan sentido a ese pasado: "La revisión del pasado y la confrontación de la memoria en torno al hecho traumático del exterminio de un sector de la población ha sido siempre un proceso desgarrador y complejo, pero necesario e imprescindible de enfrentar", afirmó.

El asunto es ¿cómo romper el férreo círculo de impunidad y silencio que se maneja desde Punta Peuco? ¿Ofrecer perdón a soldados sin mando al momento de los hechos, rebaja de penas o beneficios carcelarios por confesiones o testimonios relevantes que alleguen verdad? Hoy la confesión o la cooperación eficaz a la determinación de la verdad es un atenuante en nuestro derecho penal que permite rebajar la eventual pena. Para muchos eso ya es suficiente, pues la naturaleza de los delitos de los que se trata no permite ningún otro privilegio a criminales de lesa humanidad.

Al respecto el padre Montes dejó sobre la mesa su "petitorio": "Es muy razonable lo que piden los familiares de desaparecidos y las víctimas, que quien tiene datos los entregue, porque la incertidumbre hace difícil sanar las heridas (...) Yo pediría que tengamos la sabiduría que a quien entrega datos se le reconozca de alguna manera su acción, para que haya una ventaja en hacerlo; no para que quede libre de polvo y paja, pero por lo menos que ese reconocimiento sea un aliciente para que otros también los puedan entregar. Pero por sobre todo insisto en que no debería haber ensañamiento cuando las situaciones de salud, de edad, de estado mental, le van quitando a una persona todo el carácter de peligro y ya no tiene ningún poder".

FUENTE: CAMBIO 21