El gobierno insistió en apoyar la iniciativa
Harboe ratifica su perfil de sheriff a favor de la agenda antidelincuencia y se enfrenta a críticas de Sergio Muñoz
por EL MOSTRADOR 16 marzo 2016
El proyecto de ley conocido como "agenda corta antidelincuencia" está listo para votarse en la Sala del Senado, luego de una nutrida discusión en el Congreso.
La iniciativa está destinada a endurecer las penas en los delitos de robo, hurto y receptación, en especial cuando existe reincidencia y/o de ellos resulta una lesión grave para la víctima.
Los puntos neurálgicos del debate han estado en la ampliación de facultades a las policías para que actúen de manera preventiva y sin oficio previo del Ministerio Público en la persecución de estos delitos, incluso con facultades para allanar sin autorización y para retener hasta por 4 horas –1 hora en caso de menores de 18 años y mayores de 14– a cualquier persona, si existieren “indicios” de que hubiere cometido algún delito y no portare cédula de identidad.
Esta indicación, que nació en la Cámara y fue acogida parcialmente por el Gobierno, conocida como “control preventivo de identidad”, ha sido calificada por sus detractores como una vuelta a la detención por sospecha, generando una alta oposición ciudadana
Pero también las críticas han venido desde el Poder Judicial. El juez Sergio Muñoz, integrante de la Corte Suprema y ex Presidente del máximo tribunal se expresó en duros términos sobre el proyecto.
Muñoz dijo que la iniciativa es "contraria a los estándares internacionales vigentes en la materia", lo que "podría provocar un retroceso en el respeto de los valores que cimientan nuestra democracia", en declaraciones publicadas hoy por El Mercurio.
Particularmente el juez consideró que la iniciativa "cambiaría la fisonomía y funcionamiento de todo el sistema penal chileno, transformación directa del proceso penal, desde uno de corte liberal, enfocado en los principios de legalidad, juridicidad y presunción de inocencia, hacia uno policial".
En la misma línea, Muñoz hizo un llamado a preguntarse si el país "está dispuesto a ceder en garantías y derechos sin el debido análisis y reflexión que debería anteceder a una decisión de política criminal tan enérgica como la que presenciamos. No es posible anteponer y subsidiar la persecución penal, al mismo tiempo de debilitar garantías y derechos de la población".
En este contexto, llegó la respuesta del senador PPD Felipe Harboe, uno de los parlamentarios que en la Nueva Mayoría ha apoyado este proyecto. "Yo no comparto ese análisis (de Muñoz). Lo respeto, obviamente; creo que él tiene mucha experiencia en materia judicial", pero a su juicio el reclamo del magistrado se da precisamente porque el proyecto limita el accionar de los jueces.
"Lo que estamos haciendo en materia de agenda corta es que estamos limitando la facultad de los jueces para salirse del marco que dice la ley. Lo que está ocurriendo es que, por la aplicación de normas que están vigentes en el Código Penal desde el 1800, los jueces de repente bajan esas penas del marco legal, entonces la gente dice: 'Hay que endurecer las penas', y no es un problema de seguir aumentando el piso o el techo, es un problema de que se aplique lo que el legislador dice", aseguró Harboe, ex subsecretario del Interior, a radio Cooperativa.
El ministro del Interior, Jorge Burgos, por su parte, también insistió en apoyar el proyecto. "Nosotros creemos que la discusión en el Senado enriqueció ese proyecto, mejoró una serie de normas en un trabajo conjunto en la primera etapa. El Gobierno considera que el proyecto es positivo, es bueno y va a intentar obtener los votos para aprobarlo en las instancias legislativas que quedan", señaló.
FUENTE: EL MOSTRADOR
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