Frente Amplio Unitario

Los cambios que trae la nueva Ficha Social para subsidios del Estado

Tras más de 30 años se rediseñó la herramienta clave para la ayuda fiscal. Se vuelven a considerar bienes patrimoniales en el puntaje, se incorporan gastos de salud y habrá una ficha aparte para adultos mayores. Hoy, hay 3,9 millones de fichas y se ha reencuestado al 22% de ese total.

por Pamela Jimeno Ocares - 25/11/2012 - 03:15

MAS de tres décadas lleva Chile  usando métodos de focalización del gasto público para los sectores de menores ingresos. En este período, el peso del gasto social ha tenido un aumento progresivo, pasando de representar menos del 50% del Presupuesto de la Nación en 1990, a niveles del 68% en el erario 2013 que hoy debate el Congreso. Dentro de ese gasto social, sólo en subsidios para el primer quintil de ingresos, o 20% más pobre, se destinan al año US$ 1.650 millones. Y si se trata del total de esos subsidios y beneficios con cargo al Fisco, sube a US$ 4.600 millones.

Para acceder a las ayudas estatales el requisito obligatorio es tener inscrita en la municipalidad en que se vive una Ficha de Protección Social (FPS) o también llamada ex Ficha CAS. Este instrumento, muy valorado por las distintas autoridades del área en sus más de 30 años de vigencia, en especial por su ayuda para focalizar el gasto social, hoy experimenta una reforma sustantiva que implica reencuestar a toda la población que tenga FPS y que espera mantener la ayuda del Estado.

Esta decisión apunta a recoger mejor la información de los hogares que piden ayuda al Estado y hacer más eficiente la focalización y entrega de beneficios -en especial monetarios-, pues la ficha actual tiene vacíos que facilitan la entrega de datos erróneos, confusos e incluso falsos por parte de quienes buscan prestaciones. La FPS vigente asigna una serie de puntajes a variables que surgen de las respuestas de las personas y que se aplican, posteriormente, a los subsidios estatales. Entre estos últimos, los más relevantes son los de vivienda, consumo de agua potable, educación y previsión. 

La aplicación de la nueva Ficha Social (FS) -nombre preliminar, pues el definitivo está en estudio- comenzó en diciembre de 2011 y el gobierno espera concluir el proceso el primer trimestre de 2013, adelanta a La Tercera el ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín.

Hoy existen 3,9 millones de FPS,  equivalente a 11 millones de personas y a casi el 80% de los hogares del país. El 84% vive en zonas urbanas. Del universo actual ya se ha reencuestado a 860.000 fichas y de ellas, 553.000 están plenamente revisadas y su contenido verificado con el resto de las entidades del Estado que poseen información relacionada directa o indirectamente. Las oficinas comunales trabajan a un ritmo promedio de 10.000 fichas al día.

Si bien son más de 10 los cambios que impulsó el gobierno, cuatro son las principales modificaciones que, según Lavín, lo transformarán en un instrumento más sofisticado (aunque de fácil comprensión) y certero sobre los hogares que buscan ayuda estatal. El ministro estima que cuando la nueva ficha esté a pleno régimen, “la información que emane dará origen a una nueva estratificación de los beneficios y subsidios del Estado por capas sociales”.

1) Temas patrimoniales

Una de las características de la ex Ficha CAS (vigente hasta 2007) es que construía el perfil de los hogares basándose principalmente en los bienes que tenían las personas, desde la vivienda hasta un televisor, radio o incluso muebles. La pertenencia de una casa y de su equipamiento era lo que determinaba el puntaje relevante a la hora de calificar o no para un subsidio. Ese sistema, que se centraba en tener o no bienes, incentivaba la práctica de esconder electrodomésticos y pertenencias cuando los asistentes sociales visitaban el lugar para verificar los datos dados a la municipalidad.

Desde 2007, con la FPS eso cambió y el foco del cuestionario y la asignación de puntaje se vinculó principalmente a los ingresos del hogar, sus características (si es formal o no, asalariado o por cuenta propia, quién lo provee, entre otros), y en menor medida a variables como la educación (analfabetismo, años de escolaridad) y discapacidades.

Pero Lavín explica que con el terremoto de 2010, la pérdida patrimonial que generó a muchas familias, especialmente de zonas rurales o alejadas, y también a aquellas que empleaban sus bienes para generar ingresos -algo habitual en zonas costeras destruidas por el tsunami-, puso en evidencia que el patrimonio era importante en materia de ingresos. Muchos hogares afectados se empobrecieron y pidieron ayuda al Estado sin éxito, pues no tenían FPS o porque, si bien en el pasado habían pedido una, al tener ingresos estimados como suficientes -por la relación entre los puntajes asignados a los beneficios estatales- no calificaban para recibir ayuda, explica Lavín.

Así, se decidió que la nueva Ficha Social debía volver a considerar el patrimonio, pero sólo referido a la vivienda, terrenos y vehículos.

Para evitar que las personas oculten información, entreguen datos erróneos o difíciles de verificar, se estableció que en la etapa de preencuesta (es decir, antes de responder la nueva ficha) las personas cumplan dos nuevos requisitos. Uno, tener una declaración jurada simple de residentes (necesaria para pedir el Registro de Residentes) y un Formulario de Registro de Residentes (necesario para solicitar la FS en el municipio). Así, al ser reencuestados se les piden esos documentos que acreditan lo que reportan.

Esto también permitirá abordar de mejor manera a quienes viven en campamentos, pues, por la estructura de la FPS, alguien que vive ahí, pero tiene ingresos considerados suficientes, puede no acceder a subsidios, afirma Lavín.

2) Gastos en salud 

La actual FPS recoge cierta información de los gastos en que incurren los hogares, pero en la nueva Ficha Social se introduce un módulo especial en el tema. Esto implica preguntar en específico y asignar un puntaje determinado a los gastos en servicios básicos, alimentación, transporte, estudios, contra lo cual se pedirán respaldos como las boletas de facturación y otros documentos legales que acrediten esas obligaciones, explica Max Franco, jefe de la Unidad de Focalización y Ficha de Protección Social del MDS.

Sin embargo, el cambio más relevante en este ítem es la incorporación del gasto en enfermedades y tratamientos, también contra boletas, certificados o documentos que certifiquen la dolencia y el costo. Para eso se levantará información sobre enfermedades catastróficas o de fuerte impacto en el presupuesto familiar, como cáncer, sida y diabetes. “Este tema fue uno de los más demandados por la gente en la etapa de prediseño de la nueva ficha, y creemos que será un aporte valioso para medir y asignar mejor la ayuda del Estado. Se reconoce que el deterioro en la salud de un miembro de la familia, en especial en las capas pobres y de ingresos medios, es una fuente relevante de empobrecimiento”, acota Lavín.

3) Diferencias regionales

Otro de los temas reclamados por la población fue que la FPS no distingue respecto de los ingresos y el costo de la vida según el lugar geográfico en que viven. “Es un aspecto clave para los hogares de regiones y de zonas extremas de difícil acceso. La ficha actual no distingue el impacto que tiene en el ingreso vivir, por ejemplo, en lugares donde ciertos alimentos son más caros o escasos, los servicios más costosos, o el medio de transporte más engorroso, lo que altera o distorsiona de manera importante el presupuesto familiar y hace necesario cierto tipo de subsidios”, añade Franco.

Por eso, en la FS se suman preguntas y puntajes específicos que reconocen la relación entre poder adquisitivo y costo de la vida, distinguiendo, además, las características de la zona que habita la familia.

4) Ficha del adulto mayor 

Las condiciones laborales, sanitarias e incluso educacionales de los adultos mayores también pueden determinar la situación del hogar y por eso se crea una Ficha Social para ese público, con puntajes especiales que también se aplicarán cuando se trate de un integrante del hogar y no del titular de la ficha, aclara Franco. 

Pero en la FS general también se incorporarán puntajes sectoriales o secundarios para una mejor focalización de carencias específicas, como vivienda, salud y educación, los que serán construidos con los ministerios respectivos.

El conjunto de cambios a la ficha significó que el cuestionario vigente de 63 preguntas se ampliara a uno de 114. Pero, además, que el costo por ficha pasara del promedio actual de $ 6.000, a uno estratificado. En zona urbana ahora vale $ 4.750 y en rural o de difícil acceso, $ 7.000.

La implementación de la nueva ficha en 2011-2013 implica un gasto de US$ 40 millones, la mitad sólo para levantar las encuestas.

FUENTE: LA TERCERA