Millonarias ganancias: En busca de una salida para la usura, el
lucro y el enriquicimiento poco ético de los dueños de las Isapres
Por Javier Insulza
El propio ministro Mañalich advirtió que “cuando uno observa que las
personas están obligadas a cotizar para un seguro de salud y que una
parte sustantiva de esa cotización obligatoria se retiene como utilidad,
uno dice que aquí hay algo que estructuralmente no está funcionando
bien”.
Días
después que se conocieran las altas utilidades que han obtenido las
isapresaseguradoras de salud, el ex director médico de la Clínica Las
Condes y actual ministro de Salud, Jaime Mañalich, planteó que "sería
una buena idea que las isapres pagaran un poco más los costos en salud" e
incluso reconoció que "este tema requiere una reforma, pero el Gobierno
y los parlamentarios hemos sido indolentes, es decir, no hemos resuelto
el problema". De esta manera, el secretario de Estado admitió que era
necesario realizar cambios al proyecto de ley de Isapres.
De acuerdo con sus resultados financieros, las utilidades
sortearon incluso el aumento del 13% que experimentaron las licencias
médicas y del 9,6% que crecieron las prestaciones de salud, como
consulta médica, exámenes o cirugías.
Ya a fines de octubre la Fiscalía Nacional Económica publicó un
estudio que muestra que la rentabilidad de las Isapres, a nivel local,
"es sustantivamente mayor a la de las compañías de seguros generales
(7,4%), compañías de seguros de vida (11,7%) y al sistema bancario
(17,5%), con un promedio de 35%".
De esta forma, surge la duda natural de cómo se soluciona este problema.
Es por ello que Cambio21 decidió ir más allá y consultarle a legisladores y expertos sobre la viabilidad de la reforma de las isapres.
Historia reciente
El aumento en las utilidades de las isapres conocido hace unos
días no es del todo novedoso. Desde el año 2009 éstas han aumentado en
260%. Es decir, crecieron de 26 mil millones a 68 mil millones de pesos
el año 2011, lo que equivale a un incremento de más del 33%.
De hecho, este año han marcado un nuevo récord, llegando a una
histórica ganancia desde la creación del sistema en 1981. Hasta
septiembre pasado sus utilidades se elevaron a $66.352 millones, 36,1%
superior a las utilidades que obtuvo el sistema de salud privado en el
mismo período de 2011, y que llegó a $ 48.759 millones.
Las autoridades han dicho que estos incrementos estarían dados
por el incremento en los ingresos operacionales, administración y
ventas, pero reconocen que también tiene que ver con el aumento de los
valores de los planes y de cotizantes nuevos durante el año pasado.
"Lo que ocurre es que el seguro de las Isapres no existe en
ninguna parte del mundo y aquí hay una prestación vertical entre
prestadores y seguros que son de los mismos holdings", dice, en
exclusiva para Cambio21, el diputado y ex
presidente del Colegio Médico Enrique Accorsi, quien agrega que "en
todos lados son diferentes las aseguradores y los prestadores, excepto
en Chile y, por tanto, la única forma de mejorar el sistema es terminar
con la verticalidad, ya que de lo contrario seguirá la injusticia".
Los expertos son claros en decir que el aumento de las ganancias
de las isapres se explica por la desmedida alza de las cotizaciones
frente a los gastos en prestaciones y en el pago de licencias médicas.
El propio ministro Mañalich advirtió que "cuando uno observa que
las personas están obligadas a cotizar para un seguro de salud y que una
parte sustantiva de esa cotización obligatoria se retiene como
utilidad, uno dice que aquí hay algo que estructuralmente no está
funcionando bien".
Pero los problemas parecen estar lejos de terminar. Es claro que
desde hace no poco tiempo las Isapres se han transformado en el
principal dolor de cabeza de millones de chilenos que gastan lo que no
tienen por una mejor salud. La discriminación de las instituciones hacia
las mujeres y adultos sobre 55 años y las elevadas cotizaciones que
cobran y que les generan los millones de dólares que ganan anualmente,
son las principales "malas prácticas" que han provocado la indignación
de los pacientes.
"Pronto habrá una expectativa de vida con mujeres viviendo 85
años y concurrirán con su aporte mensual durante muchos años y después
no tendrán coberturas. Por lo tanto, no es sólo legislar la tabla de
valores y los planes, sino también legislar a fondo", argumenta el
diputado Accorsi.
El PGS y las nuevas propuestas
Así las cosas, el ministro de Salud anunció hace
unos días que el gobierno enviará una nueva indicación al proyecto de
ley que reforma el sistema de isapres y que se encuentra en trámite en
la Cámara de Diputados. La indicación establece que el Plan Garantizado
de Salud (PGS) tendrá tarifas diferenciadas, según dos tramos etarios:
menores de 24 años y mayores de 25. El secretario de Estado sostuvo que
"si mantuviéramos una tarifa plana, sin diferencia por tramo de edades,
algunas personas quedarían con déficit para pagar, cifra que llegaría al
22% de los afiliados. Una de cada cuatro personas tendría que pagar más
por sus planes".
Esto es rebatido por el diputado PPD Enrique Accorsi quien,
afirma que "la propuesta de los cuatro tramos no es una solución muy
buena, porque se cargará a los cotizantes más jóvenes en desmedro de los
adultos mayores y el Tribunal Constitucional fue claro en que no se
podía discriminar por sexo y edades". De ahí que los parlamentarios de
la Concertación anunciaran que recurrirán de nuevo al TC si el proyecto
llegara a aprobarse con la diferencia de grupos por edades como se ha
dicho.
Pero, entonces, surge la válida duda de las necesarias propuestas para terminar con este abuso.
En una columna en La Tercera el Director del Master en Regulación
de la UAI Eduardo Bitrán y el economista Fabián Duarte plantean, entre
otros puntos esenciales, que "se debe establecer, al igual que en
Estados Unidos, una regulación de precios, en que el Loss Ratio
no pueda superar por ejemplo el 15% de los ingresos de la isapre
(similar al estándar de Estados Unidos). Esto equivale a limitar la suma
de los costos de administración, comercialización y utilidades.
Cualquier excedente debería ser compensado a los afiliados mediante
devolución de primas. Si esta regulación hubiera existido el 2011, todas
las isapres habrían tenido utilidades positivas, pero hubieran devuelto
a los afiliados más de $18 mil millones en primas. Para que esta
regulación sea efectiva se deben controlar los precios de transferencia
con prestadores integrados".
El ex presidente del Colegio Médico y diputado socialista Juan
Luis Castro, es claro en manifestar las condiciones que ha puesto la
oposición en el Congreso para avanzar hacia una ley de isapres nueva.
"Hay tres condiciones. Primero, que el IPC de la salud que está en el
proyecto de ley pase a ser vinculante y no sòlo sea un parámetro a
considerar, es decir, que en la práctica se obligue a las isapres a
tener límites de regulación en sus ganancias. Con un IPC vinculante se
puede lograr que por ley que se limite la actual atribución unilateral
de las Isapres a poner los valores".
En segundo término el parlamentario plantea que "debe haber un
sistema solidario y que permita compensar los riesgos entre los mas
jóvenes y los más viejos y poder pasar de un sistema individual a uno
colectivo". Sobre este tema Castro agrega que "La derecha no quiere
abrir este tema, pero a nuestro juicio el sistema no resiste más como
está y, por tanto, introducir factores de solidaridad es urgente".
El tercer punto que aborda el doctor Castro es aquel que ha
estado en el centro de la polémica en los últimos días y que dice
relación con los precios diferenciados. "Se debe, además, concretar que
las tarifas sean igualitarias o planas, que es lo que determinó el
Tribunal Constitucional, y no por rangos etáreos como propone el
Gobierno".
Castro es enfático en declarar que "si no se consideran estos
tres aspectos lo más probable es que el proyecto termine rechazándose".
Y al parecer no hay dos posturas al respecto, pues el diputado
Accorsi coincide con su colega socialista en señalar que la propuesta
del Ejecutivo "no parece tener mucha viabilidad, porque ya estamos de
acuerdo de votarlo en contra si no tiene cambios de fondo y no creo que
un proyecto así pase por el Senado".
Algo similar ocurre con el ex ministro de salud, Pedro García,
quien plantea que "el tema de las utilidades en un sistema de salud, que
aunque sea privado parte desde la seguridad social, ciertamente
importa, pero más que eso importan los resultados de este seguro que es
parte de la seguridad social. Hay cosas que pueden hacerse mejor y tener
mayores rangos de equidad y es lo que debe discutirse con urgencia a la
brevedad".
El sistema a la inglesa
La pregunta de fondo es ¿Puede un sistema ganar plata en la salud? Y ¿qué se espera del sistema de salud?
Los analistas reconocen que el tema es complicado, porque el
punto está en cuál es la lógica de un sistema de aseguramiento privado
de salud, donde la finalidad es ganar plata.
Algunos expertos que prefieren guardar su identidad proponen que
se llegue a un sistema como el que existe en Inglaterra, donde el que
sale beneficiado es aquel que mantiene a la persona sana. La propuesta
de los especialistas consiste en generar utilidades por preocuparse de
que la gente no se enferme y que los riesgos de muerte disminuyan.
Así las cosas, si se bajara el índice de mortalidad por
enfermedades y, en un plano ideal, la gente falleciera sólo por motivos
de vejez, tendría mayor sentido pagar por el seguros privados de salud
que hace de forma adecuada su trabajo. "Mientras eso no ocurra es
natural que la gente sienta que unos señores se están embolsando muchos
millones por un servicio ineficiente", dice los estudiosos.
"Si efectivamente el sistema de salud lograse que la gente no se
enfermase y eso generara ahorros al país sería muy positivo y ahí
importaría menos que las aseguradoras ganasen plata, siempre y cuando se
manejaran las enfermedades de forma adecuada, lo que tendría un retorno
enorme", concluyen los especialistas.
Con esta idea, en el ejemplo del actual presupuesto de salud, que
alcanza los 8 mil millones de dólares, y bajo el supuesto de
desarrollar este círculo virtuoso, en el que en un supuesto se lograra
ahorrar un 10%, es decir, 800 millones de dólares, algunos especialistas
dicen que, en ese caso, no les molestaría que las isapres se quedaran
con la mitad por hacer el trabajo de forma correcta y agregan que eso
sería mucho más dinero ganado para todos.
FUENTE: CAMBIO 21