¿Dónde están?: La marcha número cien en búsqueda de verdad y justicia
Para la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, la marcha número cien refleja la perseverancia de los familiares en obtener justicia, pero también constituye una vergüenza para el Estado de Chile, que carece de voluntad política para terminar con la impunidad.
Camilo Villa J.
Viernes 31 de agosto 2018 18:06 hrs.
Fue el viernes 24 de junio del 2016 cuando los familiares de detenidos desaparecidos se juntaron frente al Palacio de La Moneda y marcharon por la Alameda para exigirle al Gobierno de Michelle Bachelet verdad, justicia, y el cierre de Punta Peuco.
Más de dos años después, los mismos familiares se siguen reuniendo los días viernes para exigir las mismas demandas. Pero la marcha de este 31 de agosto fue especial, la alta convocatoria evidenciaba algo distinto, y claro, la de este viernes fue la marcha número cien: cien veces exigiendo justicia, cien veces que los familiares de detenidos desaparecidos no han sido escuchados.
Al menos así lo cree Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), quien acusa falta de voluntad política tanto del gobierno de Michelle Bachelet como el de Sebastián Piñera para, de una vez por todas, poder lograr verdad y justicia.
“Desde hace más de dos años, al igual como lo hicimos en dictadura, tuvimos que comenzar a salir para demandar al Estado de Chile su falta de voluntad política para lograr verdad, para hacer justicia y para el término de la impunidad. Qué vergüenza para un país que se dice democrático que los familiares de las detenidas y detenidos desaparecidos tengamos que volver a salir a gritar con fuerza ‘dónde están’, porque no hay respuestas de parte de aquellos que son los responsables, pero tampoco hay acciones políticas de parte del Estado para que la impunidad deje de ser una realidad en Chile”.
Para Pizarro, el hecho de haber marchado cien veces tiene dos lecturas: una que habla de la perseverancia de los familiares de las víctimas, y otra que habla de la vergüenza de las autoridades nacionales.
“Nuestra marcha número cien es un acto de resistencia y rebeldía para nosotras y nosotros. La marcha número cien constituye una vergüenza para el Gobierno de Chile”.
La marcha que realizan los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos en dictadura consiste en dos vueltas por el bandejón central de la Alameda, entre las calles Morandé y Teatinos, y si bien –debido a las libertades concedidas a criminales de lesa humanidad- las últimas manifestaciones han destacado por su alta convocatoria, generalmente no son más de un centenar de personas las que se manifiestan.
Por lo mismo, para la secretaria general de la AFDD, Marta Vega, el haber marchado cien veces es el resultado de enfrentar persistentemente la adversidad de las autoridades, del tiempo, del clima y de los medios de comunicación que invisibilidad la lucha.
“Hemos estado las cien marchas dando vueltas, a veces hemos sido veinte o treinta, pero hemos sido persistentes. Esta es la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, esta persistencia nos ha permitido estar acá, en esta marcha cien donde hubo una gran convocatoria, vino mucha gente y después de esta marcha cien vamos a seguir. Hemos estado con lluvia, con frío, con mucho calor, pero hemos insistido y estamos acá”.
Entre los asistentes a la manifestación de este viernes se encontraba el diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, quien afirmó a nuestro medio que el Estado de Chile debiese sentirse avergonzado, pues cien marchas por la justicia significa que cien veces se ha hecho oídos sordos.
“Es una vergüenza para el Estado de Chile, es una vergüenza que como Estado no hayamos estado a la altura de un proceso que requiere mucha más seriedad y por supuesto muchísimos menos privilegios para quienes fueron criminales en dictadura”.
La marcha número cien se realizó justo un día después del Día Internacional del Detenido y Detenida desaparecida, y en el contexto de una acusación constitucional contra los ministros que otorgaron libertad condicional a criminales de lesa humanidad que cumplían condenas en Punta Peuco.
Para los familiares de las víctimas, la acusación constitucional es un deber moral de todos quienes dicen defender los derechos humanos
FUENTE: RADIO U. DE CHILE.
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