viernes, 1 de abril de 2016

Muerte en Punta Peuco: el plan para sacar a sus presos por razones humanitarias

01/04/2016 |
Por Equipo Cambio21
Sus reos superan los 70 años y todos cumplen condenas por violaciones a los derechos humanos. Manuel Contreras y Marcelo Moren Brito ya dejaron este mundo en prisión. Por esa razón y por temas de salud es que se estudia la forma de que algunos de ellos dejen las celdas para ser tratados médicamente.
"Fue muy duro. Lo que está ocurriendo ahí es una situación dramática". Así definió la situación al interior del penal Punta Peuco el senador Baldo Prokurika (RN). El presidente de la comisión de Defensa visitó el recinto y aseguró que quedó impactado por el estado de los presos. "Encontrarse, por ejemplo, con una persona de 89 años, con dos bastones, con artrosis en las dos caderas, o con una persona que tiene Alzheimer, es grave", agregó.

Ese fue solo uno de los primeros atisbos de la derecha que muestran la intención de dar mayores garantían a los presos que por temas de la edad, enferman y mueren en prisión. Lo que buscan es que salgan de sus celdas para pasar sus últimos días y recibir atención médica.

El penal creado durante el gobierno de Eduardo Frei, siendo ministro de Obras Públicas Ricardo Lagos, contempla albergar a los uniformados condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar. La mayor parte de ellos supera los 70 años y cumplen penas sobre los 100 años. Manuel Contreras y Marcelo Moren Brito murieron en 2015, mientras cumplían condenas.

Es por temas de salud y edad que el senador Prokurika alegó que "Chile está faltando gravemente al pacto San José de Costa Rica, de derechos civiles y políticos, y puede ser objeto de una sanción". El parlamentario alegó que "no hay un trato preferente" con los criminales y que mucha gente "está teniendo un trato inhumano y degradante".

No es la primera vez que la derecha alega por las condiciones de los presos militares y por lo mismo es que apelan por un cambio de trato. Según fuentes internas del ministerio de Justicia, ya se estaría analizando la posibilidad de que algunos de los presos de Punta Peuco salgan del penal.

Norma general

Como es de esperar, desde las agrupaciones de Derechos Humanos la noticia no cae muy bien, pero a visión del abogado de derechos humanos Héctor Salazar existen normativas vigentes para atender estos casos, por lo que no sería necesaria una acción especial del gobierno.

El abogado consideró que "eso hay que verlo caso a caso. En situaciones de carácter extremo y humanitario, no hay nada que exigir, hay que actuar. Hay reglamentación interna en las cárceles para acceder a los beneficios penitenciarios".

"Los requisitos están claros. Allí hay exigencias de cumplimiento de una parte de la condena y sobre la conducta que ha tenido en la vida carcelaria para saber si accede a esos beneficios. Lo que tiene que operar es la legislación vigente", agregó el profesional.

"Ese debería ser un criterio general y no solo aplicado a Punta Peuco, para todos los internos acá opera el principio de igualdad ante la ley", concluyó.

Que denuncie

Consultado sobre el caso, el abogado Cristián Cruz, calificó como una broma de mal gusto que sectores del poder intenten hacer favores a quienes violaron los derechos humanos y advirtió que esto ocurre en un momento de conmoción política.

"Me parece grave otro intento más de pasar gato por liebre, porque los legisladores ya nos sorprendieron con esta figura de la sanción a las filtraciones en momentos de conmoción o cuando ellos son los cuestionados, intentan protegerse o aprovechar la confusión para que los sectores de derecha y quienes lo apoyan", dijo Cruz a Cambio21.

El abogado agregó que "son excusas pueriles cuando dicen que se impactan por lo que han visto en Punta Peuco, parece una broma, una de mal gusto y quizá bajo de esa misma perspectiva tuvieron que haber ido a ver al Tila, al Cabro Carrera, al Guatón Romo... Es grave y delicado, es un nuevo intento de los sectores del poder que buscan beneficiar a los violadores de los derechos humanos".

Sobre las palabras de Prokurica, el abogado acusó que "intenta esconder la realidad. Quiere beneficiar a violadores de los derechos humanos. No es capaz de decir cómo se violan sus DD.HH, y si está seguro que presente una querella, porque como funcionario público, si vio un delito, debe denunciarlo".


FUENTE: CAMBIO 21

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