SERIE: LA AGRESIVA INGENIERÍA TRIBUTARIA DE 12 GRANDES EMPRESAS
Las zombis que usaron Penta, LAN y Falabella para tratar de eludir impuestos
Sebastián Piñera fue pionero en el uso de zombis, empresas quebradas y con pérdida tributaria que le permitieron ahorrar más de $2.800 millones en impuestos. En la segunda parte de esta investigación se muestra cómo otros grandes empresarios –controladores de LAN, Falabella y Penta– recurrieron a la misma estrategia, comprando zombis en un mercado generado por avezados tributaristas que el politólogo J.Winters identifica como la “industria de la defensa de la riqueza”. Si el SII no los hubiera frenado, la pérdida para el Fisco habría sido de más de $1 billón.
El periodo entre 1986 y 2006 es recordado como el de mayor crecimiento económico en la historia reciente de Chile. Pero hay otro elemento igualmente marcador de esa época y que se conoce menos: el desarrollo de varias ofensivas tributarias que permitieron a las empresas más importantes pagar menos impuestos de los que correspondían a sus utilidades.
Un ejemplo de esas estrategias es el Fondo de Utilidades Tributables, el famoso FUT. Originado en los ‘80, tras la crisis económica, el FUT buscaba incentivar que los dueños de las empresas no se gastaran sus utilidades y las reinvirtieran. Así, las utilidades que permanecían en las firmas no pagaban impuestos. La abundante evidencia de que la inversión -especialmente en capital fijo- iba de la mano con altas tasas de crecimiento económico, permitía argumentar que el FUT buscaba beneficiar a toda la comunidad.
Sin embargo, las investigaciones de Michel Jorratt, de los economistas Ramón López y Eugenio Figueroa, y Tasha Fairfield, mostraron que parte importante de los recursos acumulados en el FUT no terminaron reinvertidos ni ahorrados.
Fairfield dijo a CIPER: “En Chile, los dueños del capital encontraron muchas maneras de gastar sus utilidades sin retirar formalmente las ganancias, es decir, sin pagar el correspondiente impuesto”.
Sebastián Piñera
Esta serie de reportajes se centra en otra estrategia que dominó entre 1990 y 2004: revivir sociedades de los grupos liderados por Manuel Cruzat y Javier Vial y quehabían quebrado o habían sido sometidas a convenios preventivos en la crisis del ’80. Estas firmas –que hoy se conocen como zombis o cascarones- permanecieron sin actividad, algunas de ellas hasta por dos décadas, hasta que avezados tributaristas las sacaron de sus tumbas para un fin específico: absorber las utilidades de prósperas empresas y de esa manera reducir drásticamente su pago de impuestos.
Tal como ocurrió con el mal uso del FUT, en la estrategia de las zombis también se abusa de una política tributaria pensada para promover el bien común y que sigue vigente: que las empresas que pasan por periodos malos puedan guardar sus pérdidas en una suerte de cuenta de ahorro y usarlas para pagar menos impuestos cuando les vuelva a ir bien. Este trato preferencial (los asalariados no lo tienen) se debe a que, para el sistema, las empresas son actores clave del desarrollo y se espera que la compensación de pérdidas con utilidades facilite su crecimiento.
La astuta jugada que idearon esos avezados tributaristas fue que el Fisco diera el mismo apoyo a empresas prósperas que hacían desaparecer sus utilidades comprando cascarones: firmas que eran solo un rótulo y un libro contable con pérdidas tributarias.
Esa lógica fue la que usó el ex presidente Sebastián Piñera con al menos una de las zombis que compró a comienzos de los ‘90 (Compañía de Desarrollo Industrial) y que le sirvió para crear Inversiones Bancard Ltda. Como se expuso en la primera parte de esta serie, esa zombi cargaba con una pérdida tributaria de $44 mil millones, monto que consumió los $39 mil millones en utilidades que Inversiones Bancard generó entre 1997 y 2004. Ese mero ejercicio contable le permitió eludir el pago de $2.862 millones (ver recuadro “Los $2.862 millones en impuestos que Piñera no pagó”).
-No quiero entrar en detalles, porque no tengo el tiempo, pero uno, cuando crea empresas, busca las maneras de crear oportunidades. De crear oportunidades para todos los chilenos -dijo Piñera en una de las pocas oportunidades en que ha accedido en estos días referirse al tema.
Antes de ahondar en las otras empresas que usaron zombis, es necesario subrayar que esta investigación solo echa un poco de luz en la gran historia no contada sobre las estrategias tributarias usadas en las últimas décadas.
Jeffrey Winters
Esa historia es relevante, porque distintas investigaciones académicas internacionales indican que los diseños tributarios agresivos no se entienden en sus causas y consecuencias si se los ve como casos aislados. Por el contrario, son el producto de una industria que intenta a través de distintos mecanismos que los más ricos paguen menos impuestos.
“La industria de la defensa de la riqueza”, la llama el politólogo Jeffrey Winters, PhD en Yale, “professor” de la Universidad Northwestern y autor del libro Oligarquia (Cambridge University Press, 2011, ver entrevista en CIPER). Y la define como “un ejército de profesionales altamente preparados y bien remunerados” que se desempeñan, fundamentalmente, en bufetes tributarios y diseñan complejas redes legales para que los más ricos puedan ocultar sus ingresos y bienes de la lupa de la autoridad.
Para Winters, los niveles inéditos de concentración de riqueza y de desigualdad en el mundo (en los que Chile destaca) son una demostración del éxito de esta industria.
Algunos nombres y estrategias de la versión chilena de esa industria están retratados en estas páginas.
VANGUARDIA
Los antecedentes reunidos por CIPER sugieren que entre los dueños de grandes empresas que usaron zombis y que el Servicio de Impuestos Internos (SII) califica de “Grandes Contribuyentes”, Piñera fue un pionero. Y dado que madrugó, ganó. Uno de los factores es porque accedió a las zombis de Manuel Cruzat de mejor calidad o “más frescas”, como dijo su abogado Fernando Barros a CIPER, pues tenían su contabilidad ordenada.
A medida que el éxito de Piñera y de otros pioneros se difundió en el mercado y la oferta de cascarones de Cruzat se agotó (en 1996 se transaron los últimos de los 200 cascarones que dejó el grupo), los tributaristas recurrieron a otro tipo de zombis: las de Javier Vial (Grupo BHC), cuyas sociedades no tenían nada, ni siquiera el cálculo de la pérdida.
Para que estas firmas pudieran ser usadas como cascarones ante el SII, abogados y tributaristas debieron reconstruir 15 ó 20 años de registros contables. De las casi 150 sociedades que tenía el Grupo BHC, solo se pudieron poner a la venta cerca de 30: las que tenían su proceso de quiebra finiquitado.
El “ataque zombi” causó tal impacto en la recaudación tributaria, que las alarmas se encendieron y en agosto de 2000 el Ejecutivo envió al Congreso una reforma que buscó ponerle coto a esa práctica: el proyecto “Normas para Combatir la Evasión Tributaria”.
Viendo que el beneficio de los cascarones se cerraba, grandes empresas se apuraron a comprar zombis durante los meses que antecedieron a la promulgación de la Ley Nº 19.738 (junio de 2001). Varias de las operaciones que se describen a continuación forman parte de esta carrera.
Si todas las empresas que compraron zombis en este último tramo (a partir de 2000) hubieran logrado hacer uso de sus pérdidas para rebajar sus impuestos, el Fisco habría dejado de recibir $1 billón 36 mil millones. Esa fue la cifra que estableció el SII en 2007, en un estudio sobre el impacto tributario de las zombis a partir de la fiscalización que comenzó en 2004.
Ese año, la autoridad tributaria cuestionó a 60 grandes empresas cuyas utilidades habían desaparecido a través del uso de las pérdidas de las zombis que compraron. Como se verá, los que hicieron uso de esas malas prácticas después del año 2000 no tuvieron la misma suerte que Piñera.
ZOMBI FISCAL
En esa última ola de zombis hubo situaciones extremas. Un ejemplo: Textiles Arltex S.A., una firma que no pertenecía a los mencionados grupos quebrados en los ’80, sino que fue creada en noviembre de 1988 por los abogados Fernando Barros Tocornal (el jurista tributario de cabecera de Piñera) y Eugenio Zegers Riesco.
Fernando Barros
Tres meses después de ser creada, en febrero del ’89, la empresa consiguió un préstamo de CORFO de US$12 millones, los cuales debía devolver en 12 cuotas semestrales, a partir de 1991.
Como los dueños de Textiles Arltex S.A. no pagaron el préstamo, en 1993 la CORFO pidió su quiebra: reclamó una deuda de US$18 millones, unos $7.748 millones (dólar a $430, valor de enero de 1994). La empresa fundada por Barros y Zegers fue intervenida, hasta que a mediados de 1995 la junta de acreedores negoció un monto de pago: UF30.943, ($364,9 millones, UF a $11.795, valor de mayo 1995). Es decir, un pago 21 veces menor a lo que la CORFO esperaba recuperar.
Entrevistado por CIPER, Fernando Barros dijo que, si bien en el documento de constitución él aparece como socio de la empresa, lo cierto es que él nunca fue dueño de ella, sino que la constituyó en su rol de abogado para clientes extranjeros. La identidad de éstos no la recordó.
“No sabía lo de la quiebra”, precisó Barros a CIPER. Y acotó que tampoco tuvo ninguna relación con la venta de la textil, cuando ya transformada en cascarón, fue comprada por familias controladoras de Falabella.
En efecto, una vez que el proceso de quiebra de Textiles Arltex estuvo finiquitado, el cascarón quedó listo para su compra. Eso ocurrió en 2001, cuando pasó a ser controlada por Reinaldo Solari (y sus tres hijos); María Luisa Solari Falabella (y su hija Cecilia); y Juan Cuneo, entre otros inversionistas controladores del retail Falabella, ligados familiarmente.
El cascarón fue rebautizado y pasó a llamarse Inversiones Altex Ltda. (sin la “r” original). Su capital social ascendió a más de $3.300 millones.
Inversiones Altex Ltda. está en la lista de 60 empresas en las que el SII detectó la aparición de pérdidas tributarias inaceptables. CIPER no pudo obtener información de si sus nuevos dueños lograron rebajar el impuesto de sus utilidades usando las pérdidas de la zombi Arltex S.A. Tampoco, cuál fue el monto de pérdidas que declararon y que el SII les cuestionó.
Para aclarar el punto, CIPER se contactó con el Grupo Megeve (family office de esta rama de los Solari Falabella). CIPER no obtuvo respuesta.
LOS PENTA
Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, controladores de Empresas Penta, forman parte del grupo de pioneros en el uso de zombis. Investigaciones como la de Carlos Tromben (Crónica Secreta de la Economía Chilena, Ediciones B, 2016), o el reportaje de Jorge Rojas sobre las estrategias tributarias de este grupo, muestran que desde comienzos de los ‘90 los dueños de Penta recurrieron constantemente a zombis y que esa estrategia fue clave para cimentar su poder económico.
Rojas destaca la compra en 1990 de la zombi Inmobiliaria y Comercial San Jorge Ltda., sociedad que perteneció a Manuel Cruzat y que arrastraba una deuda tributaria de $17 mil millones desde su quiebra en 1983. Délano y Lavín la fusionaron con Administraciones e Inversiones Penta Ltda. Como resultado de esa operación, obtuvieron una devolución de impuestos de $2.800 millones, dinero que usaron para pagar parte de la compra del 50% de Isapre Vida Tres.
El segundo cascarón utilizado por los dueños de Penta, fue Empresa Pesquera Tarapacá: la compraron en1995 y aportó al grupo una pérdida tributaria de $15 mil millones, según el informe de Deloitte & Touche. La pesquera absorbió varias sociedades del grupo y pasó a llamarse Empresas Penta S.A.
Las pérdidas de estos dos cascarones pudieron ser usadas por los dueños de Penta para rebajar impuestos, porque el SII no cuestionó esas operaciones. Hecho que sí ocurrió con el tercer cascarón adquirido por Lavín y Délano: Sociedad de Inversiones Rio Teno Ltda., creada en 1979 y que acumulaba una pérdida de arrastre de $54 mil millones.
La escritura del 11 de diciembre de 2000 (Notaría de Patricio Rabi), registra que la zombi Rio Teno absorbió a la ya citada matriz del holding de Délano y Lavín, heredando su nombre. Surgió así una nueva Empresas Penta S.A. que recibió un capital social de más de $25 mil millones ($25.547.940.482).
En virtud de las millonarias pérdidas que arrastraba, la nueva Penta intentó que le fueran devueltos $4.100 millones en impuestos pagados en los años anteriores. Pero esta vez el SII no dejó pasar la operación. De los $54 mil millones de pérdidas que acumulaba la zombi, el SII apenas reconoció como válidas $3 mil millones; y en vez de devolverles dinero, les exigió el pago de casi $6 mil millones en impuestos adeudados.
Es importante recordar que Délano y Lavín compraron esta zombi cuatro meses después de que el gobierno de Ricardo Lagos ingresara al Congreso el proyecto “Normas para Combatir la Evasión Tributaria”. En ese nuevo contexto político, lo que hasta ese momento había sido aceptado sin reparos, no prosperó.
Fuentes del Grupo Cruzat aseguraron a CIPER que así como Fernando Barros fue el gestor de varias compras de zombis para Sebastián Piñera, en Empresas Penta ese rol lo jugó el abogado Alfredo Alcaíno. CIPER lo contactó para conocer los argumentos legales que sustentaban esas operaciones, pero Alcaíno declino referirse al tema. Empresas Penta S.A., envió un comunicado reconociendo la compra de Inversiones Teno y la disputa que hubo con el SII por las “pérdidas” (ver aquí declaración).
LOS CUETO
La familia Cueto Plaza, controladores de LATAM y partners de Piñera, también recurrieron a los cascarones de empresas quebradas. En la primera parte de esta serie se mencionaron dos sociedades que los Cueto compraron junto al ex presidente: Administración e Inversiones El Bosque Ltda. (que pasó a llamarse Inversiones Bancard S.A.) y Los Lirios S.A. (que terminó bautizada como Inversiones y Servicios Los Andes Ltda.).
No fueron las únicas zombis que compraron. En los ’90, los Cueto recurrieron a otros dos cascarones con cuantiosas pérdidas de arrastre. La investigación de CIPER logró determinar que en uno de ellos exigieron al SII la devolución de impuestos pagados.
El primer cascarón fue Inversiones Las Antillas Ltda., empresa del Grupo Cruzat sometida a un convenio preventivo desde 1984. En 1993 fue comprada por los Cueto en $177,3 millones ($177.338.031) a través de la Sociedad Agrícola Quirihue. Casi inmediatamente entró a la propiedad de este cascarón Sebastián Piñera. Primero, a través de Inversiones y Asesorías Santa Magdalena S.A.; y luego, a través de Inversiones Bancard Ltda.
Con el ingreso de Piñera, su capital social aumentó de cero a $1.600 millones y el cascarón fue rebautizado como Inversiones Polcura Ltda.
Cuatro años después (1997), Piñera retiró a Inversiones Bancard y Polcura Ltda. pasó a ser controlada por vehículos de inversión de la familia Cueto: Inversiones El Fano, Inversiones La Espasa, Inversiones Priesca, entre otras.
Bajo el control de los Cueto, Polcura fue rebautizada como Inversora Costa Verde Ltda. El Diario Oficial registra que sus administradores eran los hermanos Enrique, María Esperanza, Luis Felipe y Juan José Cueto Plaza.Junto a otras sociedades de los Cueto (que juegan con variaciones del mismo nombre: Inversiones Costa Verde S.A. e Inversiones Costa Verde Ltda.), esta inversora les servía a fines de los ‘90 para administrar su patrimonio controlador de LAN Chile, donde Piñera participaba a través de una empresa también construida a partir de una zombi: Inversiones Bancard Ltda.
Los datos tributarios obtenidos por CIPER indican que Inversora Costa Verde Ltda. declaró tener una deuda de arrastre de mil millones de pesos ($1.078.727.541), monto que el SII rechazó casi en su totalidad. Aunque no hay registro de que hayan solicitado devolución de impuestos pagados en años anteriores, la fiscalización de 2004 hizo que el SII les exigiera el pago de $120,9 millones ($120.931.967) en impuestos adeudados.
La indagación de CIPER encontró otra sociedad de los Cueto construida sobre un cascarón: Inmobiliaria e Inversiones Costa Verde S.A., creada a partir de Inversiones San Esteban S.A., empresa que se inició en 1981. Bajo el control de los Cueto, esta inmobiliaria declaró una pérdida de arrastre de casi $400 mil millones ($392.861.325.613). Aunque el SII rechazó buena parte de esas pérdidas (más de $300 mil millones), determinó que había $50 mil millones de pérdidas correctas (es decir, reales).
Desde el 9 de marzo CIPER solicitó en tres oportunidades una entrevista con algún representante de la familia Cueto para abordar el uso de estos cascarones. No recibimos respuesta.
CASCARONES EN EL RETAIL
Javier Vial Castillo, proveyó de zombis a varios empresarios del retail: a los controladores de Falabella (a quienes vendió Inversiones Hualañé S.A., Inversiones San Patricio S.A. e InversionesQuitalmahue S.A.); a los de Ripley (Inversiones del Centro Ltda.) y a los de Johnson´s (Inversiones San Bartolomé). A diferencia de los cascarones de Manuel Cruzat que –como se vio en el reportaje anterior- eran vendidos por la Comisión Progresa (liderada por los bancos acreedores de Cruzat), las sociedades del Grupo BHC fueron resucitadas y colocadas en el mercado por el mismo Vial, junto a los abogados Aníbal Correa Barros y Alberto Coddou Claramount. Así lo reveló la investigación de Jorge Rojas, hecho que pudo confirmar CIPER accediendo a un informe del Departamento de Delitos Tributarios del SII.
El trabajo de reconstrucción de las contabilidades -declaró Coddou ante el SII- “estuvo a cargo de las principales firmas auditoras del país: Price Waterhouse Coopers, Deloitte y Arthur Andersen”.
Carlos Jiménez Olea, representante legal de Sociedad Agrícola y Comercial O´Brien, una de las más importantes del Grupo BHC, describió así ante el SII la operación: Vial trató que la venta de sus zombis se realizara desde la sociedad Inversiones Barnechea S.A. que tenía una gran pérdida de arrastre, para evitar el pago de impuestos. Dado que la demanda de zombis fue tan explosiva, explicó Jiménez, no lograron realizar todos los trámites para revivir a Barnechea y Vial tuvo que comenzar a vender sociedades de la citada O´Brien S.A. Como ésta tenía una pequeña pérdida de arrastre, Vial declaró y pagó los tributos correspondientes por la venta de la mitad de las zombis que se lograron revivir.
Según el SII, cuando Inversiones Barnechea estuvo en condiciones de operar, Vial decidió aprovechar algo de la pérdida, haciéndola partícipe del 30% de las utilidades de la venta del resto de las sociedades.
Las ventas que Vial efectuó no rindieron los frutos esperados por los compradores. La investigación del SII de 2004 redujo todos los enormes montos que esos cascarones traían y cuestionó el fondo de esas declaraciones de pérdidas.
Eso fue lo que le ocurrió al Grupo Corso, que maneja los negocios de la familia Cortés Solari y que usó la zombi Sociedad de Inversiones Quitalmahue S.A. para tratar de pagar menos impuestos.
Quitalmahue fue fundada en 1982 por sociedades del Grupo BHC, quebró al año siguiente y sus pérdidas estaban constituidas esencialmente por préstamos no pagados al Banco Concepción y una deuda con Inversiones San Patricio S.A.
Desde 1986, Quitalmahue pasó 15 años sin ninguna actividad hasta que Vial ordenó reconstruir su contabilidad y calcular las pérdidas. En abril de 2001, se presentaron ante el SII todas sus declaraciones de impuesto a la renta entre 1987 y 2001. La pérdida de arrastre que arrojó fue de $26.910 millones ($26.910.731.973).
En ese momento (2001), con la amenaza de una ley anti evasión a punto de salir del horno, el cascarón fue comprado por Teresa Solari Falabella (una de las tres hermanas dueñas del retail), Juan Carlos Cortés Solari y María Francisca Cortés Solari. El precio: $1.044 millones. Seis meses después de haber vuelto del cementerio (7 de junio de 2001), Quitalmahue realizó la tarea para la cual fue comprada: absorber a una joya de la familia Cortés Solari: Mocito Guapo, que entonces tenía el 1,87% de Falabella (sus activos totales eran $15.293.950.750 y su pasivos $6.441.950.750).
Como resultado de la fusión, el capital social de Quitalmahue subió a $4.701 millones. Acto seguido fue rebautizada como Sociedad de Inversiones QS S.A.
Tras la fusión, los Cortés Solari pidieron para Inversiones QS S.A. una devolución de impuestos ya pagados en 2002 por $1.400 millones ($1.428.685.594). Fuentes del SII aseguraron a CIPER que ese organismo rechazó el 80% de las pérdidas declaradas, y les aceptó el otro 20% debido a que Mocito Guapo tenía pasivos reales. Finalmente, les devolvieron $754 millones por impuestos pagados con anterioridad.
Un dato anexo resulta interesante para entender el mercado que se hacía con las sociedades zombis. Tan consciente estaba la familia Cortés Solari de que actuaban en el borde de la ley, que del precio original pactado con Javier Vial por la compra de la zombi Quitalmahue ($1.044 millones), solo le pagaron $280 millones. Como el resto quedó condicionado a la aprobación del SII de la contabilidad de la zombi, cuando el SII les cayó encima, no pagaron la diferencia.
Cuando Juan Carlos Cortés declaró ante el SII, explicó que antes de comprar el cascarón “recurrimos a varios asesores”. Entre ellos, mencionó a Francisco Scolari (socio de KPMG auditores consultores); Alberto Morgan Lavín (abogado de Molina Ecclefield Lagos y Cía, y director del Grupo Bethia) y Bernardo Fontaine Talavera, quien destacó en 2014 por su dura oposición a la reforma tributaria que terminaba con el FUT (ver Los forados a favor de la elusión que dejó el acuerdo tributario de Arenas con la derecha).
“Por sugerencia de nuestros asesores -declaró Cortés- se tomó la decisión de comprar Quitalmahue como una oportunidad para aprovechar las pérdidas que tenía esta sociedad…”, según consigna la investigación de Jorge Rojas.
El segundo cascarón de Vial al que recurrió otra rama de los controladores de Falabella, fue Inversiones San Patricio S.A., empresa que quebró en 1985. Cuando fue revivida en 2000, tenía una pérdida de arrastre de $940.700 millones.
En 2002 sus controladoras eran María Luisa Solari Falabella (otra de las hermanas dueñas del retail) y su hija Cecilia Karlezi Solari. El SII cuestionó más del 90% del enorme monto de pérdidas declarado por esa sociedad. Sin embargo, consideró como válida una deuda de arrastre importante: $78 mil millones. Hasta 2006 le había devuelto a San Patricio S.A. impuestos pagados por $301 millones.
El tercer cascarón es la Compañía de Inversiones Hualañé S.A., cuya quiebra fue declarada en 1984 y permaneció sin actividad hasta que ésta fue sobreseída en 2000. En 2004, Hualañé era controlado en un 0,1% por Reinaldo Solari Magnasco (cabeza de Falabella junto a Juan Cuneo), y en un 99,9 % por sus hijos: Piero, Sandro y Carlo Solari Donaggio).
Los socios aumentaron el capital de Hualañé a $1.400 millones y la rebautizaron como Inversiones Lucca Ltda. En 2005 Lucca absorbió otras dos sociedades de esta rama de la familia (Inversiones Barolo Limitada y Compañía y Asesorías Dolci Limitada), con lo que aumentó su capital a $9.612 millones ($9.612.360.074).
Tanto Hualañé S.A. como Arltex S.A. (cuya historia se cuenta al inicio) figuran en la lista de 60 empresas en las que el SII detectó pérdidas tributarias inaceptables. Sin embargo, CIPER no pudo obtener información de cuánto de estas pérdidas se usaron para reducir utilidades, ni si el SII las obligó a corregir sus declaraciones tributarias.
CIPER intentó contactar a los ejecutivos del Grupo Corso (que administra los intereses de la familia Cortés Solari) y del Grupo Auguri (Karlezi Solari), para entregar su versión sobre el uso de empresas zombis. No recibimos respuesta.
LOS $2.862 MILLONES EN IMPUESTOS QUE PIÑERA NO PAGÓ
El origen de Inversiones Bancard Ltda., la empresa que le permitió a Sebastián Piñera eludir una considerable cantidad de impuestos en los ‘90, es una automotora creada por Cruzat a fines de los ‘70, que luego transformó en una financiera: primero la llamó Divel y luego Compañía de Desarrollo Industrial. Cuando Piñera la compró en 1994 en $817 millones, esa firma no era nada más que su pérdida: $44 mil millones.
Ahí se inició la operación: la rebautizó como Inversiones Bancard Ltda., introdujo dentro de ella otras sociedades y a partir de 1997 comenzó a usar las pérdidas “neteando” sus utilidades. Vea aquí la tabla hecha por CIPER con los impuestos que debió haber pagado Inversiones Bancard Ltda. a partir de 1998, según el cálculo del SII que investigó a las empresas zombis en 2004.
Fuentes de la autoridad tributaria dijeron a CIPER que, cuando en 2004 revisaron las declaraciones de Inversiones Bancard Ltda. –como las de otras 59 empresas que registraban sorpresivos e importantes montos de pérdidas- constataron que los $44 mil millones de “pérdidas” que declaró la empresa de Piñera provenían del cascarón que le compró a Cruzat. Como esa “pérdida” no era real, sino que se originaba en un artilugio contable, en 2004 el SII borró gran parte de ella ($30 mil millones) y recalculó hacia atrás lo que Piñera debió haber pagado en impuestos entre 1998 y 2001: $563 millones (1998); $365 millones (1999); $1.700 millones (2000) y $200 millones en 2001.
Todo ello totaliza $2.862 millones en impuestos que Piñera no pagó, porque cuando el SII investigó (2004), esos años ya estaban prescritos.
Para entender cómo se genera este monto, hay que partir mirando la línea del cuadro “Base imponible declarada”, que es la historia que le cuenta Inversiones Bancard Ltda. al SII. En el ‘97 la sociedad declaró una pérdida tributaria de $44 mil millones (monto con el que adquirió el cascarón de Cruzat). La línea indica cómo año tras año esa pérdida se va reduciendo como resultado de una simple operación contable, al restarle las utilidades que obtiene Inversiones Bancard Ltda. Como las “pérdidas” son siempre mayores que las utilidades ($39 mil millones entre 1997 y 2004), Inversiones Bancard no pagó impuestos.
La segunda línea -“Base imponible corregida por el SII”- es la historia que el SII estima correcta. Como se ve, el SII determinó que, de los $44 mil millones que Inversiones Bancard Ltda. declaró en 1997 como pérdidas, solo $15 mil millones eran aceptables. Como ese monto no hizo desaparecer los $39 mil millones de utilidades que en ese mismo periodo obtuvo, el SII calculó que la empresa de Piñera no pagó $2.862 millones en impuestos.
La tabla y el cálculo de poco sirvieron. Porque en 2004 los impuestos no pagados entre 1998 y 2001 ya estaban prescritos. Por lo cual, el SII solo pudo exigir que Piñera rectificara sus impuestos entre 2002 y 2004. Así, el ex presidente pagó $100 millones (por impuestos de primera categoría) más otros $150 millones por concepto de global complementario.
FUENTE: CIPERCHILE
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