BANCO ESTADO ALERTÓ EN 2015 AL GENERAL ECHEVERRÍA POR MOVIMIENTOS EXTRAÑOS
Así operaba la asociación criminal de oficiales de Carabineros
Casi un año antes de que la Fiscalía iniciara la investigación del robo de $10 mil millones en Carabineros, el jefe de Finanzas de la policía, general Flavio Echeverría, fue advertido por el Banco Estado de movimientos anómalos. Echeverría envío al comandante Héctor Nail a tranquilizar a los ejecutivos. Hoy, Echeverría y Nail están en prisión. Tres son las vías que se usaron para extraer fondos. Hasta ahora solo se conocían dos, que operaban con dinero de “remuneraciones” y “desahucios”. La investigación de Carabineros reveló una tercera, alimentada con la cuenta de “asignaciones”.
El 9 de diciembre de 2015 el general Flavio Echeverría atendió un llamado desde el Banco Estado. Del otro lado de la línea le informaron que habían recibido la alerta de un movimiento extraño en una cuenta corriente de Carabineros. Querían saber qué pasaba. Echeverría fue contactado porque era el jefe de Finanzas de Carabineros y tenía el mando sobre la unidad que paga las remuneraciones de la policía, la que tenía el control de esa cuenta. El general tranquilizó a su interlocutor. Le dijo que podía tratarse de un error de procedimiento y que investigaría el origen del problema. No lo hizo.
Hoy, el general Flavio Echeverría está en prisión preventiva y la Fiscalía lo investiga como presunto cabecilla de la asociación ilícita que robó más de $10 mil millones de las arcas de Carabineros, monto que calculó el Ministerio Público el 15 de marzo pasado y que de seguro seguirá creciendo.
La información del contacto telefónico entre Echeverría y el Banco Estado fue confirmada a CIPER en la institución financiera, aunque no detallaron en qué consistió la irregularidad detectada en la cuenta corriente. La alerta se inició en la unidad de Detección de Fraudes, desde ahí pasó al área de Operaciones Transaccionales y, finalmente, a la Banca Institucional, la que atiende la cuenta de Carabineros que había caído bajo sospecha.
General Flavio Echeverría
La indagación de CIPER indica que al día siguiente de la llamada que recibió desde el Banco Estado, Echeverría encomendó a dos de sus hombres de confianza –los comandantes Héctor Nail Bravo y Pedro Valenzuela San Martín– que entregaran al banco una explicación en su nombre. Lo que dijeron Nail y Valenzuela al personal de la institución financiera fue que solo se trataba de un “error en el sistema de cálculos” de las remuneraciones, el que sería investigado y resuelto. Esta versión que encubrió la manipulación que se estaba haciendo de los dineros del Fisco, fue reafirmada al día siguiente en un correo electrónico enviado por Nail Bravo al banco.
El oficial que Echeverría envió a tranquilizar a los ejecutivos del Banco Estado no era cualquier funcionario bajo su mando. Los antecedentes recopilados en la investigación del Ministerio Público hasta ahora, indican que Nail Bravo sería uno de los principales líderes de la banda que perpetró el robo: él reclutó a gran parte de los conjurados, coordinaba los pagos fraudulentos, recibía el botín y participaba en su distribución. Nail, al igual que su antiguo jefe, Echeverría, está en prisión preventiva.
Esta sería la prueba más contundente revelada hasta ahora para demostrar que el general Echeverría supo de las anomalías en el manejo de las cuentas casi un año antes de que la Fiscalía iniciara la investigación del fraude, lo que ocurrió recién en octubre de 2016. Su actuar frente a esa alerta indica que, en el mejor de los casos, dejó fluir la corrupción en la unidad que tenía al mando.
Hay otros antecedentes acumulados en la investigación del Ministerio Público (liderada por el fiscal Eugenio Campos), que han puesto al general Flavio Echeverría en el corazón de la asociación ilícita. A las declaraciones de algunos de sus subalternos indicando que él también se habría beneficiado con las maniobras ilícitas, se suman sus inversiones en fondos mutuos por más de $416,9 millones.
Uno de los subalternos que lo comprometió fue el comandante Pedro Valenzuela. Declaró que en 2011 había recibido $70 millones provenientes de la cuenta de remuneraciones de Carabineros y que, de ese monto, depositó $55 millones en la cuenta de Echeverría. El fiscal Campos informó al Tribunal de Garantía que, al desmenuzar el detalle de las transferencias electrónicas que hasta ahora se han investigado, constató que esos $55 millones fueron efectivamente depositados en una cuenta del general Echeverría en “cuotas” de $5 millones.
Coronel Jaime Paz Meneses (Fuente: CECIPU)
En la cadena de mando de la cofradía que burló todos los controles internos, además de Echeverría y Nail, figuran el coronel Jaime Paz Menesesy el capitán Francisco Estrada Castro. Estos cuatro nombres son, hasta ahora, los que ocupan la cúspide de la pirámide de la asociación ilícita que operaba en el área de remuneraciones de Carabineros. Pero solo cuando la investigación aclare cómo se repartía el botín y en qué fue gastado, se podrá saber con certeza si hay más oficiales involucrados en el núcleo de la organización delictual.
Los antecedentes que se expusieron en la audiencia de formalización del 19 de marzo, indican que el liderazgo ejecutivo de la asociación lo ejercía el coronel Jaime Paz. Él impartía instrucciones al resto de los oficiales sobre los montos que debían sacar de las cuentas institucionales para depositarlos en cuentas privadas, les pagaba a los oficiales a cargo del control interno y, ya consumado el fraude, recibía el dinero para luego proceder a su repartición. También participaban en la recolección del dinero los oficiales Nail y Estrada.
En un segundo nivel se ubica el comandante Robinson Carvajal. Este oficial se encargaba de reclutar carabineros dispuestos a prestar sus cuentas corrientes para recibir el dinero ilegal desde las cuentas institucionales, a cambio de quedarse con un 10% del monto depositado.
La mayor parte de los fondos defraudados provenía de “remanentes” no utilizados de recursos destinados al pago de bonos y asignaciones del personal de Carabineros. El presupuesto anual de la institución contempla una cifra para pagar estos beneficios variables, los que inicialmente son calculados mediante una proyección de gastos. Normalmente, los bonos y asignaciones que finalmente sí se pagan, suman menos que lo proyectado, por lo que a fines de año sobra un “remanente” que debe cuadrarse. El manejo de estos saldos variables permitió ocultar durante años las maniobras delictuales. A ello contribuyó una fiscalización débil.
Capitán Francisco Estrada Castro (Fuente: Poder Judicial)
La investigación de la Fiscalía y de los organismos internos de Carabineros han fijado -por ahora- el año 2010 como el del inicio de las maniobras ilícitas. No obstante, así como la cifra global del monto defraudado ha ido creciendo a medida que la investigación avanza, es probable que nuevos antecedentes indiquen que la organización criminal debutó antes.
Uno de los factores que ha hecho compleja la indagatoria, es que la plana mayor de los concertados en el desfalco llegó a la unidad de remuneraciones con posterioridad al 2010. Por lo tanto, es probable que las operaciones de enriquecimiento ilícito fueran iniciadas por otros oficiales.
El robo quedó en evidencia recién a fines de 2015, cuando el Banco Falabella emitió un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). La operación que encendió las alarmas fue un depósito de $30 millones en una cuenta corriente perteneciente al capitán Felipe Ávila Pérez, monto que no tenía relación con los ingresos regulares del oficial.
El reporte de ese depósito fue el que finalmente puso en marcha la investigación de la Fiscalía, lo que ocurrió en octubre de 2016. Aún no está claro por qué pasó casi un año entre la fecha en que el Banco Falabella emitió el ROS y el momento en que el Ministerio Público inició la investigación.
TRES VÍAS PARA SACAR EL DINERO
Hasta el momento la Fiscalía ha podido identificar dos vías por las que los miembros de la banda extraían el dinero defraudado: la cuenta de “remuneraciones” y la de “desahucios”. Pero CIPER descubrió una tercera ruta: giros ilegales desde la cuenta de “asignaciones”. Así lo confirmaron fuentes internas de Carabineros, las que indicaron que esta nueva vía podría aumentar explosivamente el monto del fraude.
Capitán Carlos Rojas Muñoz
Estas son las tres fórmulas con las que la asociación ilícita extraía los recursos de Carabineros:
- Fondos de “remuneraciones”: Esta fórmula consistía en ubicar un carabinero dispuesto a facilitar su cuenta corriente para recibir un depósito digitado por la asociación ilícita. A cambio de su silencio, el policía se quedaba con un 10% del monto depositado y restituía a la banda el resto en efectivo. Un ejemplo de esta fórmula es el depósito detectado en la cuenta personal del capitán Felipe Ávila, quien estaba destinado en Punta Arenas. El oficial declaró que en 2012 el capitán Francisco Estrada le pidió que prestara su cuenta corriente para, cada cierto tiempo, recibir depósitos desde la cuenta de remuneraciones. Las operaciones, declaró Ávila, las gestaba el comandante Nail, pero él se entendía con Estrada. Por cada depósito recibía una llamada o un mensaje de whatsapp de Estrada. Cada vez, la orden era la misma: debía quedarse con un 10% del monto transferido, sacar el resto del dinero en efectivo de forma fraccionada y luego viajar a Santiago y entregárselo a Estrada.
- Fondos de “desahucios”: Los integrantes de la organización criminal se dieron cuenta de que había una forma de retirar dinero sin requerir la participación de funcionarios de otras unidades que recibieran depósitos. Esta modalidad consistía en autorizar el traspaso de millonarios montos desde la cuenta de “desahucios” al área de remuneraciones, donde quedaba a disposición de los cabecillas. Fue el capitán Carlos Rojas Muñoz quien reveló este sistema. Rojas admitió en su declaración que él era uno de los cinco funcionarios que tenía poder de firma para traspasar dinero desde la cuenta de “desahucios”. Para concretar una transferencia, se requería la firma de al menos dos de los cinco oficiales que tenían esa facultad. Según la versión de Rojas, junto con el coronel Paz –quien también tenía poder de firma– hicieron aproximadamente seis transferencias de $500 millones cada vez. Por cada una de estas operaciones, Rojas recibió entre $4 millones y $7 millones, dinero que le entregaban en efectivo el coronel Paz o el comandante Carvajal. Los antecedentes expuestos por el fiscal en la audiencia de formalización del 19 de marzo indican que el dinero proveniente de la cuenta de “desahucios” se utilizó para “tapar el hoyo” que el fraude estaba dejando en la cuenta de “remuneraciones”.
- Fondos de “asignaciones”: Fuentes internas de Carabineros revelaron a CIPER que esta tercera ruta fue detectada por la investigación de la propia policía uniformada. Esa indagatoria determinó que en numerosas ocasiones (“miles de movimientos”, señaló el oficial consultado por CIPER) la banda le depositó a funcionarios más dinero del que les correspondía por sus asignaciones. Estos policías nada sabían del fraude y, al percatarse de que habían recibido pagos en exceso, se comunicaban con la unidad de remuneraciones, donde eran atendidos por los oficiales coludidos. Estos últimos les señalaban que se trataba de un “error de tipeo” y les daban instrucciones para que depositaran el excedente en una cuenta corriente. Los funcionarios pensaban que estaban restituyendo el monto a una cuenta de Carabineros, pero en verdad era una cuenta privada ligada a la organización criminal. Aunque en general se trata de montos menores –hasta de $500 mil– la reiteración masiva de esta operación podría abultar de manera significativa el monto final del fraude.
“Al día de hoy, solo llevamos analizado el 63% de la cuenta de remuneraciones de Carabineros, con una malversación de más de $10 mil millones (…). Ya en cinco días de
Fiscal Eugenio Campos (Fuente: Fiscalía.cl)
investigación tenemos más de $980 millones solo en esa otra cuenta (de “desahucios”). No estamos hablando de un hurto falta. Es la malversación más grande de la que al menos tenemos conocimiento en una institución pública”, dijo el fiscal Eugenio Campos, al cerrar su intervención en la audiencia de formalización del 19 de marzo.
El 37% de la cuenta de “remuneraciones” que todavía no se revisa, podría llegar a remecer aún más a la institución que en un mes celebrará sus 90 años de historia y que enfrenta su peor crisis interna. Esto porque, de acuerdo a los antecedentes recabados por CIPER, es un hecho que el número de los funcionarios involucrados como cómplices en el desfalco –los que prestaron sus cuentas corrientes para recibir dinero– seguirá creciendo, al igual que el monto malversado.
Pero lo que realmente debe preocupar al alto mando policial es que aún no se sabe cómo y entre quiénes se distribuyó el dinero robado, por lo que el núcleo de oficiales que lideró la organización permanece en la nebulosa.
FUENTE: CIPERCHILE
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