Grandes agricultores en campaña del terror por derechos de agua
Gonzalo Castillo |Miércoles 28 de septiembre 2016 20:20 hrs.
Diputados y organizaciones sociales calificaron como “campaña del terror” los dichos del presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Patricio Crespo, en los que aseguró que de aprobarse la reforma al Código de Aguas, el Estado deberá desembolsar 27 mil millones de dólares en concepto de indemnizaciones.
“Si el proyecto se aprueba, el Estado deberá desembolsar alrededor de US$27 mil millones por conceptos de indemnizaciones a agricultores y gestión del recurso”. Con estas palabras, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Patricio Crespo, se refirió a una eventual aprobación del proyecto de reforma al Código de Aguas, que se tramita en el Congreso.
Las declaraciones de Crespo fueron realizadas este martes ante la Comisión de Hacienda de la Cámara, que está analizando el proyecto, y en ellas además reiteró la, a su juicio, inconstitucionalidad de la iniciativa ya que “busca limitar la perpetuidad de los derechos de aprovechamiento de agua, cambiando radicalmente su naturaleza jurídica”.
“Es una expropiación encubierta de esos derechos”, concluyó el dirigente de la SNA.
Tanto parlamentarios como organizaciones sociales criticaron duramente estas declaraciones, coincidiendo en que se trata de una “campaña del terror” que estarían instalando los grandes poderes económicos, para evitar que se regulen los derechos de agua frente a la crisis hídrica que está sufriendo el país.
El diputado del Partido Comunista y presidente de la Comisión de Recursos Hídricos, Daniel Núñez, señaló que las declaraciones de Crespo “recuerdan las campañas del terror que, a veces, a uno le parece que estamos viviendo los tiempos de la Guerra Fría o lo que se hacía en el período de la Unidad Popular en contra del gobierno de Allende”.
“Es algo que no tiene ningún fundamento, no tiene ninguna racionalidad, no responde a ningún análisis y cálculo serio y sobre esta base lo que hay que señalar es que este proyecto de reforma al Código de Aguas es una reforma acotada, lo que hace es limitar el derecho de propiedad sobre un bien nacional de uso público que es el agua, por lo tanto no tiene ningún carácter expropiatorio”, agregó.
Para Daniel Núñez, estas posturas sólo buscan perpetuar el actual modelo de propiedad del agua y el uso “absolutamente irracional” del recurso que no se condice con la escasez que está sufriendo nuestro país, por lo que considera “absurdos” estos planteamientos de la SNA.
De hecho, el actual director general de Aguas, Carlos Estévez, refutó los dichos de Crespo y aseguró que la iniciativa legal “no es retroactiva”, por lo tanto no afectaría los intereses de quienes ya detentan derechos de agua.
Rodrigo Mundaca, secretario general del Movimiento por la Defensa del Agua, consideró “impropias” estas declaraciones, ya que, a su juicio, tanto la SNA como el Consejo Minero, “han actuado como poderes fácticos al interior de las comisiones de la Cámara (…) y ambos han insistido en que el Gobierno debe dar certeza jurídica acerca de la propiedad privada del agua no se va a tocar”.
Mundaca enfatiza en que el proyecto que se tramita en la Cámara sólo concierne al 10 por ciento del agua que falta por entregar, sobre la cual se entregarán “concesiones” a 30 años plazo, “es decir no toca el 90 por ciento del agua ya entregada, ni la gratuidad ni perpetuidad con la que fueron entregados esos derechos de aprovechamiento entregados en Dictadura”, por lo que la iniciativa no apunta a desprivatizar las aguas.
“Dicho esto, y con todas sus letras, a mí me parece que las declaraciones de Patricio Crespo son de un carerrajismo total puesto que transcurridos 35 años el modelo privado de aguas se mantiene, y los conflictos que existen en el territorio que enfrentan a las comunidades del norte con la mega minería química a cielo abierto por agua, a las comunidades del centro con el modelo agroexportador por agua, a las comunidades del sur con las hidroeléctricas y forestales por agua, es decir hoy día el Estado chileno es responsable o quienes han administrado el Estado, de la perpetuación de este modelo de aguas”.
Otro personero que intervino en la sesión de la Comisión de Hacienda fue el abogado y ex director de la Dirección General de Aguas en el primer gobierno de Michelle Bachelet, Rodrigo Weisner, quien también criticó la iniciativa y que de aprobarse el cuerpo legal podría afectar los derechos de aprovechamiento ya inscritos, además de aseverar que sería muy complejo implementar los cambios al Código de Aguas que plantea el proyecto.
Daniel Núñez manifestó su extrañeza por los planteamientos de Weisner, quien siendo ex director de la DGA, “sabe que esta norma que tenemos no responde a la realidad actual que existe en Chile de escasez de recursos hídricos”, por lo que calificó como “lamentable” que Weisner “se sume al coro de los intereses privados” en esta materia.
“Por lo tanto, a mí me extraña mucho, y más bien podría haber un conflicto de intereses porque él, como abogado, está trabajando para una serie de empresas y dueños de tierra que usan el agua en la forma actual que, derechamente, creen que algunas de estas normativas pueden, a futuro, perjudicar sus intereses”, señaló el parlamentario comunista.
En tanto, para Rodrigo Mundaca el hecho que Weisner “defienda los intereses de privados” en la Comisión de Hacienda, “en la práctica lo que hace es reflejar que nunca tuvo las atribuciones, ni la capacidad ni las competencias, ni la calidad ética y moral para estar al frente de la DGA durante el primer mandato de Bachelet”.
Cabe recordar que Rodrigo Weisner fue cuestionado además por ser abogado patrocinante del proyecto de instalación de una planta de la CCU, del Grupo Luksic, en Paine la cual solicitaba la extracción de grandes cantidades de agua desde los ya agotados acuíferos de la zona, para sustentar sus procesos productivos.
Finalmente, Rodrigo Mundaca señaló que ninguna reforma al Código de Aguas podrá ser realmente efectiva en cambiar la estructura de la propiedad de estos derechos, mientras no se hagan cambios sustantivos en la Constitución, la cual consagra el carácter privado de las aguas en Chile.
FUENTE: RADIO U. DE CHILE
