Existe una estrecha relación entre políticos y las administradoras
De Pinochet a la Concertación: 40 ex ministros que son o han sido parte del lucrativo negocio de la AFP
por EL MOSTRADOR 14 agosto 2016
El tema de las bajas pensiones que entregan las AFP se ha instalado en la agenda pública, luego de las masivas manifestaciones y la disconformidad expresada por los usuarios y jubilados, lo cual ha repercutido en que todo el espectro político ha manifestado su deseo de modificar el sistema previsional ideado por José Piñera en dictadura. Sin embargo, al parecer el respaldo que tienen va más allá del gran volumen de dinero involucrado, ya que existe una relación estrecha entre políticos y las Administradoras de Fondos de Pensiones, existiendo una especie de paradigma en donde ex ministros forman o fueron parte de sus directorios.
Radio Bío Bío dio a conocer este domingo una lista con 104 nombres de ex ministros, operadores y ex jefes de servicio, de todo el abanico político que están involucrados en el negocio de las AFP.
La investigación fue hecha tomando en cuenta los antecedentes de las memorias anuales de la AFP junto a los boletines estadísticos de la Superintendencia de Pensiones, revelando el nombre de algunas de las personas involucradas como es el caso de la actual ministra del Trabajo, Ximena Rincón; el titular de Energía, Máximo Pacheco y el ex ministro de Vivienda del gobierno de Sebastián Piñera, Rodrigo Pérez Mackenna, quien oficia actualmente como presidente de la Asociación de AFP.
Además, el extenso listado publicado también muestra que existen 5 ex ministros en directorios de las distintas administradoras que hay en el mercado, entre lo que se encuentra Guillermo Arthur Errázuriz (UDI), como vicepresidente de la AFP Capital; Hugo Lavados Montes (DC) como presidente del directorio de la AFP Cuprum: Jorge Marshal Rivera (PPD) como miembro del directorio de la AFP Provida y Osvaldo Puccio Huidobro (PS) como director suplente de la AFP Provida.
A los nombres anteriores se suman los casos de ex ministros que pertenecieron anteriormente a algún directorio como la ya mencionada Ximena Rincón, quien desempeñó el cargo de directora de la AFP Provida desde 2006 a 2008; Máximo Pacheco que dirigió la misma aseguradora en 2003; María Eugenia Wagner (DC) que fue directora de Cuprum entre 2013 y 2014 o Fernando Rojas (UDI), quien se desempeñó como gerente general de la AFP Habitat hasta abril pasado.
Entre los ex ministros que pertenecieron a directorios figuran Álvaro Donoso Barros, ministro de Planificación en dictadura que fue director de AFP Provida; Martín Costabal UDI), ex ministro de Hacienda y ex gerente general de AFP Habitat; Fernando Leniz (fallecido), ex ministro de Economía en dictadura y ex presidente de la desaparecida AFP Summa; Fernando Rojas Ochagavía (UDI), ex subsecretario de Educación y ex gerente general de AFP Habitat; Jorge Cauas, ex ministro de Hacienda de la dictadura y ex presidente de la AFPP Provida; Jorge Prado Aránguiz, ex ministro de Agricultura del gobierno militar y ex presidente de AFP Plan Vital; Luis Larraín Arroyo, ex ministro de la Oficina de Planificación Nacional entre 1989 y 1990 y ex director de AFP Habitat; Alfonso Márquez de la Plata, ex ministro de Agricultura y ex director de AFP Provida; Miguel Schwietzer Walters, ex ministro de Relaciones Exteriores de febrero a diciembre de 1983 y ex director de AFP Santa María; Miguel Ángel Puduje, ex ministro Secretario General de Gobierno y de Vivienda en dictadura y ex vicepresidente de la Asociación de AFP; Sergio de Castro, ex ministro de Economía y Hacienda y ex presidente de Provida y José Antonio Viera Gallo, ex ministro Secretario General de la Presidencia y ex director de la AFP Provida.
La investigación también muestra que otros 20 políticos aparecen en el Registro de Directores, listado de candidatos inscritos voluntariamente para representar a las AFP en directorios de empresas privadas donde tienen acciones, con sueldos que van entre los $18 millones y $114,7 millones.
La actual legislación no menciona en ninguna parte la inhabilitación para quienes ostenten cargos en el aparato público o de representación popular, sino que se enfoca a cautelar los conflictos de interés con el ámbito privado.
FUENTE: EL MOSTRADOR
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