Las malas prácticas de las autoridades gubernamentales: utilizar recintos públicos para reuniones políticas. Tras el episodio de Vitacura, ahora se acusa de lo mismo al intendente de Magallanes
Por Pilar González
"Nos llama profundamente la atención que en horario de oficina y en instalaciones físicas del Estado, se realicen encuentros de carácter políticos, encabezados por el intendente, con personas que ocupan relevantes cargos para definir la estrategia electoral municipal de la derecha", afirmó Juan Francisco Miranda, presidente regional de la DC de Magallanes que denunció la intervención electoral
"Nos llama profundamente la atención que en horario de oficina y en instalaciones físicas del Estado, se realicen encuentros de carácter políticos, encabezados por el intendente, con personas que ocupan relevantes cargos para definir la estrategia electoral municipal de la derecha", afirmó Juan Francisco Miranda, presidente regional de la DC de Magallanes que denunció la intervención electoral
Continúan las denuncias contra personeros de gobierno, que utilizan instalaciones públicas para actividades partidistas, como ya ocurrió con el edil de Vitacura, Raúl Torrealba (RN), quien invitó a almorzar a la alcaldía a los senadores Carlos Larraín y Baldo Prokurica y a los diputados Karla Rubilar Barahona y Joaquín Godoy, todos de la misma tienda, con la finalidad de tratar "diversos temas de contingencia política, incluidos asuntos partidistas, todas materias de interés de los participantes de la reunión".
La Contraloría a raíz de la denuncia realizada por el diputado Gabriel Silber (DC), señaló que: Resulta improcedente realizar en dependencia municipales reuniones de carácter político-partidistas, ya que dentro de diversas consideraciones, no hay que olvidar que el alcalde es funcionario municipal y como tal no puede realizar ese tipo de reuniones en su lugar de trabajo.
Ahora un nuevo caso fue denunciado ante la Contraloría, esta vez en contra del intendente de la región de Magallanes, Arturo Storaker (UDI), y otros funcionarios públicos involucrados, donde se les acusa de intervención electoral y utilización de recursos públicos para definir estrategias de campaña electoral de la Coalición por el Cambio.
Quien realizó la denuncia es el presidente regional de la Democracia Cristiana, Juan Francisco Miranda, y lo hizo ya que el pasado 2 de febrero el intendente sostuvo un encuentro de coordinación de proyectos y presupuestos regionales con los cuatro gobernadores: de Magallanes, Gloria Vilicic; de Última Esperanza, Max Salas; Tierra del Fuego, Catalina Besnier y de la Provincia Antártica, Nelson Cárcamo, encuentro al que también se sumaron dirigentes políticos Branco Ivelic de Renovación Nacional (RN), y Nereida Cárcamo vicepresidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI).
Según señaló Storaker, se le informó que son 5 los candidatos a alcalde por Punta Arenas por el oficialismo, afirmando que el método a utilizar para definir al representante de la Coalición se determinadá a través de una encuesta presencial.
Frente a ello, Miranda señaló que "sostenemos que es necesario aclarar el legítimo derecho a expresar la opinión política en los espacios y horarios que corresponde. Sin embargo, creemos que hacerlo en un marco de trabajo, asociado a labores propias de gobierno, no corresponde. Por ello la denuncia a Contraloría es para que investigue si las autoridades regionales se ajustan al principio de legalidad que sus funciones establecen", remarcó el presidente regional de la DC, agregando además que se le solicitó al órgano de control disponer de las medidas pertinentes con la finalidad de velar por el correcto uso de los fondos fiscales entregados en administración al gobierno regional.
"Nos llama profundamente la atención que en horario de oficina y en instalaciones físicas del Estado, se realicen encuentros de carácter políticos, encabezados por el intendente, con personas que ocupan relevantes cargos para definir la estrategia electoral municipal de la derecha", afirmó Miranda.
En su denuncia enfatizó además, que "sería conveniente" que se aclare si el método definido por el intendente junto a los partidos políticos de la Coalición, se realizará con fondos públicos.
El representante del Presidente
En su presentación a la Contraloría, el denunciante apela a que la Ley Orgánica Constitucional sobre gobierno y administración regional, reconoce al intendente como el representante natural del presidente de la República en la región, y que en tal condición uno de los principales mandatos que le entrega la ley es el de dirigir las tareas del gobierno interior de conformidad con las orientaciones, órdenes e instrucciones impartidas por el Mandatario directamente o a través del ministro del Interior.
"Por lo que buenamente pudiésemos deducir que los dichos y actos del señor intendente de Magallanes obedecen a órdenes, orientaciones e instrucciones que le ha entregado el Presidente de la República o el señor ministro del Interior. Pero nos resulta extraño, toda vez que la primera autoridad nacional no acomete, de un modo directo, en las actividades de carácter electoral que desarrolla la ciudadanía ni los partidos políticos en el país", precisó.
Miranda señala además que "aunque resulte obvio, la Ley Orgánica citada recuerda al señor Intendente su obligación de restringir su acción administrativa al Principio de Legalidad, lo que parece resultar un tanto excesivo para el señor Storaker".
Finaliza sosteniendo en su denuncia que respecto a los procesos electorales, dicha ley establece en el ministerio del Interior la potestad de garantizar el normal y correcto funcionamiento de las instalaciones, seguridad y orden que permitan dar cumplimiento a la Ley de Votaciones y Escrutinios populares. "Eso supone que el señor intendente debe prescindir de realizar acciones de proselitismo político en cuanto debe garantizar neutralidad ante el proceso electoral. Por lo tanto, vengo a solicitar se aclare si se ajusta al principio de legalidad el accionar del señor intendente cuando ante consultas de medios de comunicación relacionadas con la próxima elección municipal realiza juicios de valor respecto a futuros candidatos".
Las defensas de su sector
Como era de esperarse, los asistentes a la reunión, manifestaron su malestar por lo que consideran una "acción injustificada". Así lo señaló el presidente regional de RN, Branko Ivelic, quien aseguró que las acusaciones del representante de la DC son burdas e infundadas. "Resulta increíble que él hable de una presunta intervención electoral, cuando en el año 2008 Miranda, siendo seremi de Obras Públicas, fue uno de los que proclamó la candidatura de Juan Morano para las elecciones municipales de ese año, además en dicha ocasión también estuvo presente la otrora intendenta, Eugenia Mancilla", comentó Ivelic.
Por su parte, la vicepresidenta de la UDI, Nereida Cárcamo, concordó con su compañero de conglomerado respecto al motivo de la reunión que se presentó como prueba frente a Contraloría. Además, Cárcamo aseguró que la única explicación que encuentra, son las ganas de figurar en un año electoral.
Mientras que el seremi de Gobierno Miguel Schweitzer frente a la denuncia de Miranda, afirmó que es "una película que se pasa el señor Miranda y que lo hace por el típico tema electoral. A uno se le olvida, pero si buscan en los diarios del 2008 van a ver que él como seremi de Obras Públicas y la intendenta Mansilla figuraban en la proclamación del Sr. Morano".
Schweitzer al ser consultado sobre la opinión que tienen de la denuncia formalizada, inmediatamente contestó que no hubo gran reacción, y que les parece muy bien que la Contraloría determine lo que debe hacer el gobierno. "Me parece que esa es la fórmula en la que tiene que hacerse y nos parece perfecto que la Contraloría investigue, no sólo esto, sino cualquier otro accionar que en algún momento pueda dejar alguna duda, creo que la Contraloría va a tener certeza que aquí no hay nada irregular. No se ha hecho absolutamente nada irregular" señaló el seremi.
El intendente se enteró de la medida presentada y aseguró que en el país existe total libertad y que la oposición pude tomar las decisiones que estime pertinente. "El encuentro fue una audiencia pública que fue agendada con anterioridad. No hubo nada irregular, el trabajo que se realiza es totalmente abierto a la comunidad magallánica, no tengo nada que esconder", afirmó la autoridad.
Lea el documento presentado por Juan Francisco Miranda
La Contraloría a raíz de la denuncia realizada por el diputado Gabriel Silber (DC), señaló que: Resulta improcedente realizar en dependencia municipales reuniones de carácter político-partidistas, ya que dentro de diversas consideraciones, no hay que olvidar que el alcalde es funcionario municipal y como tal no puede realizar ese tipo de reuniones en su lugar de trabajo.
Ahora un nuevo caso fue denunciado ante la Contraloría, esta vez en contra del intendente de la región de Magallanes, Arturo Storaker (UDI), y otros funcionarios públicos involucrados, donde se les acusa de intervención electoral y utilización de recursos públicos para definir estrategias de campaña electoral de la Coalición por el Cambio.
Quien realizó la denuncia es el presidente regional de la Democracia Cristiana, Juan Francisco Miranda, y lo hizo ya que el pasado 2 de febrero el intendente sostuvo un encuentro de coordinación de proyectos y presupuestos regionales con los cuatro gobernadores: de Magallanes, Gloria Vilicic; de Última Esperanza, Max Salas; Tierra del Fuego, Catalina Besnier y de la Provincia Antártica, Nelson Cárcamo, encuentro al que también se sumaron dirigentes políticos Branco Ivelic de Renovación Nacional (RN), y Nereida Cárcamo vicepresidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI).
Según señaló Storaker, se le informó que son 5 los candidatos a alcalde por Punta Arenas por el oficialismo, afirmando que el método a utilizar para definir al representante de la Coalición se determinadá a través de una encuesta presencial.
Frente a ello, Miranda señaló que "sostenemos que es necesario aclarar el legítimo derecho a expresar la opinión política en los espacios y horarios que corresponde. Sin embargo, creemos que hacerlo en un marco de trabajo, asociado a labores propias de gobierno, no corresponde. Por ello la denuncia a Contraloría es para que investigue si las autoridades regionales se ajustan al principio de legalidad que sus funciones establecen", remarcó el presidente regional de la DC, agregando además que se le solicitó al órgano de control disponer de las medidas pertinentes con la finalidad de velar por el correcto uso de los fondos fiscales entregados en administración al gobierno regional.
"Nos llama profundamente la atención que en horario de oficina y en instalaciones físicas del Estado, se realicen encuentros de carácter políticos, encabezados por el intendente, con personas que ocupan relevantes cargos para definir la estrategia electoral municipal de la derecha", afirmó Miranda.
En su denuncia enfatizó además, que "sería conveniente" que se aclare si el método definido por el intendente junto a los partidos políticos de la Coalición, se realizará con fondos públicos.
El representante del Presidente
En su presentación a la Contraloría, el denunciante apela a que la Ley Orgánica Constitucional sobre gobierno y administración regional, reconoce al intendente como el representante natural del presidente de la República en la región, y que en tal condición uno de los principales mandatos que le entrega la ley es el de dirigir las tareas del gobierno interior de conformidad con las orientaciones, órdenes e instrucciones impartidas por el Mandatario directamente o a través del ministro del Interior.
"Por lo que buenamente pudiésemos deducir que los dichos y actos del señor intendente de Magallanes obedecen a órdenes, orientaciones e instrucciones que le ha entregado el Presidente de la República o el señor ministro del Interior. Pero nos resulta extraño, toda vez que la primera autoridad nacional no acomete, de un modo directo, en las actividades de carácter electoral que desarrolla la ciudadanía ni los partidos políticos en el país", precisó.
Miranda señala además que "aunque resulte obvio, la Ley Orgánica citada recuerda al señor Intendente su obligación de restringir su acción administrativa al Principio de Legalidad, lo que parece resultar un tanto excesivo para el señor Storaker".
Finaliza sosteniendo en su denuncia que respecto a los procesos electorales, dicha ley establece en el ministerio del Interior la potestad de garantizar el normal y correcto funcionamiento de las instalaciones, seguridad y orden que permitan dar cumplimiento a la Ley de Votaciones y Escrutinios populares. "Eso supone que el señor intendente debe prescindir de realizar acciones de proselitismo político en cuanto debe garantizar neutralidad ante el proceso electoral. Por lo tanto, vengo a solicitar se aclare si se ajusta al principio de legalidad el accionar del señor intendente cuando ante consultas de medios de comunicación relacionadas con la próxima elección municipal realiza juicios de valor respecto a futuros candidatos".
Las defensas de su sector
Como era de esperarse, los asistentes a la reunión, manifestaron su malestar por lo que consideran una "acción injustificada". Así lo señaló el presidente regional de RN, Branko Ivelic, quien aseguró que las acusaciones del representante de la DC son burdas e infundadas. "Resulta increíble que él hable de una presunta intervención electoral, cuando en el año 2008 Miranda, siendo seremi de Obras Públicas, fue uno de los que proclamó la candidatura de Juan Morano para las elecciones municipales de ese año, además en dicha ocasión también estuvo presente la otrora intendenta, Eugenia Mancilla", comentó Ivelic.
Por su parte, la vicepresidenta de la UDI, Nereida Cárcamo, concordó con su compañero de conglomerado respecto al motivo de la reunión que se presentó como prueba frente a Contraloría. Además, Cárcamo aseguró que la única explicación que encuentra, son las ganas de figurar en un año electoral.
Mientras que el seremi de Gobierno Miguel Schweitzer frente a la denuncia de Miranda, afirmó que es "una película que se pasa el señor Miranda y que lo hace por el típico tema electoral. A uno se le olvida, pero si buscan en los diarios del 2008 van a ver que él como seremi de Obras Públicas y la intendenta Mansilla figuraban en la proclamación del Sr. Morano".
Schweitzer al ser consultado sobre la opinión que tienen de la denuncia formalizada, inmediatamente contestó que no hubo gran reacción, y que les parece muy bien que la Contraloría determine lo que debe hacer el gobierno. "Me parece que esa es la fórmula en la que tiene que hacerse y nos parece perfecto que la Contraloría investigue, no sólo esto, sino cualquier otro accionar que en algún momento pueda dejar alguna duda, creo que la Contraloría va a tener certeza que aquí no hay nada irregular. No se ha hecho absolutamente nada irregular" señaló el seremi.
El intendente se enteró de la medida presentada y aseguró que en el país existe total libertad y que la oposición pude tomar las decisiones que estime pertinente. "El encuentro fue una audiencia pública que fue agendada con anterioridad. No hubo nada irregular, el trabajo que se realiza es totalmente abierto a la comunidad magallánica, no tengo nada que esconder", afirmó la autoridad.
Lea el documento presentado por Juan Francisco Miranda
FUENTE: CAMBIO 21
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