Frente Amplio Unitario

A 30 años del asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez su hijo diputado señala que "aún hay culpables que caminan libres por las calles"

Por Cristina Prudant
La muerte del líder sindical fue uno de los crímenes más alevosos registrados en la dictadura. Se trataba de un hombre sencillo pero de gran liderazgo dedicado a defender a los empleados públicos y que cuando intentó agrupar a todos los trabajadores del país vino la orden de asesinarlo por parte de Pinochet. Al cumplirse tres décadas del suceso, su hijo, el diputado del mismo nombre dijo que su familia se siente “reconciliada con la vida”, pero no entiende que muchos responsables políticos, como el senador Jovino Novoa,(UDI) nunca hayan recibido al menos una dura condena social

A mediados de los años 80, el país comenzó a vivir una nueva etapa. Hubo un renacer de la libertad y los derechos que hasta el momento habían sido conculcados por la dictadura de Pinochet. De esta manera empezaron las manifestaciones más abiertamente en las calles, mientras representantes de los partidos opositores conformaban el "Grupo de los Diez", con el objetivo de lograr una salida pactada de la Junta Militar.

Es ahí cuando entra en escena Tucapel Jiménez, entonces presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), que en ese momento intentaba agrupar a los trabajadores públicos en una organización única que, entre otras cosas, llevara adelante un paro nacional.
El dirigente expresaba los objetivos de dicho movimiento, sumado a la ayuda internacional con la que podía contar para, por ejemplo, apoyar un boicot a los productos locales que eran enviados al extranjero. La idea era no descargar barcos chilenos en puertos foráneos.

Según consta en los archivos del juez Sergio Muñoz (quien tomó el caso del asesinato de Jiménez como ministro especial), Pinochet tuvo una fuerte reacción ante estos anuncios. De hecho, afirmó que no aceptaría que nadie viniera a "sembrar cizaña" y que para el líder gremial "están abiertas las puertas del exilio". Esto sucedió un par de días antes de su asesinato, a fines de febrero de 1982.

El abogado defensor de la familia Jiménez Fuentes, Jorge Mario Saavedra, recordó que en esa época "todos sabíamos que a Pinochet lo tenía loco el sindicalista Lech Walesa; que en esa época estaba desestabilizando el régimen socialista en Polonia. Le parecía aterrador que sucediera algo parecido en Chile, y por ahí veía en Tucapel un Walesa. Por eso le tenía tanta fobia".

Sin embargo, lo que a juicio del profesional fue decisivo para que el gobierno de la época lo sentenciara a muerte, fueron los nexos que estaban excediendo el ámbito de lo sindical para ampliarse a varios otros sectores de la sociedad.

Como lo establece la investigación judicial, en el "Caso Tucapel" intervinieron varias instituciones del régimen militar y una brigada laboral que funcionaba en la Secretaría Nacional de los Gremios (SNG), órgano que empezó a obtener información especial.

Esta entidad estaba ligada directamente con la subsecretaría general de Gobierno que dirigía el actual senador de la UDI, Jovino Novoa. Entre esta entidad y la CNI organizaron seguimientos y grabaciones. Reclutaron al junior de su oficina para que les sirviera de "sapo", el cual era hijo de una amiga de la esposa del dirigente. Estaba cesante y Jiménez le había dado trabajo para ayudarlo.

En una ocasión su hijo, el diputado del mismo nombre, relató que "recibimos amenazas constantes, más o menos desde el 78 al 82. A fines de 1981, él me entregó un cassette y me pidió que lo escucháramos cuando ya no estuviera con nosotros. Nunca pensé que era una despedida. Allí nos habla a todos, como grupo familiar, y luego a cada uno de nosotros. Nos exige que tengamos tranquilidad. Dice que nos va a estar cuidando desde el más allá. Al final, se despide de los trabajadores y de su querida ANEF. Aunque no lo exteriorizaba, estaba más consciente que nadie del peligro".

El fatídico día

La mañana del 25 de febrero de 1982, Tucapel Jiménez salió de su casa en su taxi a trabajar como todos los días. Nunca imaginó que el carabinero Luis Pino, casado con una sobrina suya, al abordarlo ese fatídico día lo conduciría a la muerte. Ese era parte del plan que había organizado la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine) para matarlo. Al momento de detenerse el vehículo, subieron tres sujetos y lo obligaron a dirigirse hacia el camino Renca-Lampa hasta llegar al sector de "El Noviciado". En todo momento fue seguido por dos vehículos que aparentaban ser móviles.

Una vez estacionado en un lugar aislado, el mayor de Ejército Carlos Herrera Jiménez le disparó cinco veces en la cabeza. Enseguida fue degollado. Cuando encontraron su cuerpo, presentaba tres heridas punzocortantes en la región cervical. Antes de abandonar la zona, los asesinos le robaron el taxímetro, una linterna, un reloj pulsera, una peineta y documentos personales para simular un asalto.

Hasta ahora se ha establecido que los autores materiales del crimen fueron el citado Carlos Herrera, condenado a cadena perpetua; el suboficial de Ejército Miguel Letelier Verdugo y el suboficial, Manuel Contreras Donaire (indultado por el presidente Ricardo Lagos en 2005). Todos fueron condenados a seis años de presidio mayor en su grado mínimo, sin beneficios.

Un año después (julio 1983), apareció en Valparaíso el cadáver de un modesto carpintero, Juan Alegría Mundaca, quien dejó una nota inculpándose del crimen del sindicalista. El montaje de este supuesto suicidio fue tan grotesco que no lo creyó nadie. Con los años se pudo determinar que Herrera Jiménez junto a otros militares buscaron alguien a quien culpar, y aprovecharon que Alegría era alcohólico para liquidarlo. En este hecho, el responsable material fue Álvaro Corbalán, integrante de la CNI y mayor de Ejército, que hoy se encuentra condenado a cadena perpetua en Punta Peuco. Desde ese lugar compuso y cantó una canción dedicada a la paz y a la reconciliación...

Después de 17 años en que la investigación no avanzó en manos del ministro en visita Sergio Valenzuela Patiño (tenía un hijo en la CNI), se logró el nombramiento de Sergio Muñoz, que en tres años de indagaciones dictó sentencia para los asesinos de Jiménez y Alegría.

Se destaca que Muñoz no trepidó en procesar al general Humberto Gordon, que dirigió la CNI, y fue el brazo derecho de Pinochet, y que le envió un exhorto a Londres a éste último cuando estuvo detenido, para que respondiera algunas preguntas, porque siempre se supuso que la orden de ultimar al presidente de la ANEF vino de Pinochet, aunque eso nunca se pudo probar.

Pide perdón

El 25 de abril de 2001, el mayor Carlos Herrera Jiménez reconoció públicamente el crimen de Tucapel Jiménez y pidió perdón a su familia representada por el hijo, el diputado PPD Tucapel Jiménez Fuentes.
Herrera, alias "Bocaccio", actualmente detenido en el penal de Punta Peuco, ha solicitado en dos oportunidades el indulto, pero no se le ha concedido. Se comenta en el mundo político, que ningún mandatario se ha atrevido a dárselo, porque sería muy impopular. Sin ir más lejos, el presidente Piñera rechazó la petición de indulto que el reo requirió el año pasado.
El ex agente de la CNI también en entrevista exclusiva con Cambio21 reiteró sus disculpas por el asesinato del sindicalista y admitió los crímenes que se cometieron durante la dictadura. Posteriormente, declaró que "ciertamente fuimos el brazo armado de la derecha económica. Qué duda cabe". Esto a propósito del homenaje que recibió el brigadier Miguel Krassnoff en el Club Providencia, el cual causó una gran polémica en el gobierno de Piñera debido a la filtración de la invitación al evento.

Los "responsables políticos"

Tucapel Jiménez Fuentes es el hijo del líder sindicalista asesinado en 1985. En diálogo con Cambio21, el actual parlamentario por La Cisterna asegura que su familia se ha "reconciliado con la vida" a pesar de que el dolor que ha significado el crimen de su padre aún sigue vigente.
El congresista aún recuerda que durante 17 años la "justicia se olvidó de nosotros, porque el ministro Valenzuela Patiño nunca quiso investigar, sino que se hizo cómplice del asesinato, aparte porque tenía un hijo en la CNI. Nosotros como familia lo que en definitiva logramos fue la tranquilidad espiritual. Estamos reconciliados con la vida. No hay rencor ni odio alguno. Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para que se supiera la verdad y se hiciera justicia. Los asesinos nos causaron un dolor muy grande que hasta el día de hoy permanece en nuestros corazones. Tienen que cumplir las condenas que les dio la justicia, que fueron bajas. Y, claro, al final del día ellos tendrán que responder ante Dios por los actos cometidos acá en la tierra".

- ¿Se hizo realmente justicia?

- No, no. Faltó mucho. Después de 20 años sabíamos que era imposible que se conociera el 100% de la verdad y que se hiciera 100% justicia. Por lo tanto, sabemos que quedó una brecha grande de verdad y una deuda grande de justicia. Hicimos lo que se podía y en el proceso está establecido que fue el dictador Pinochet el que dio la orden. Hay efectivos de encubrimiento y actores materiales. Por lo menos estuvieron involucradas unas 80 personas. Los responsables nunca tuvieron ni siquiera el castigo social que cualquier sociedad pudiese dar. Hoy día hay muchas personas que caminan libremente por las calles y que tuvieron responsabilidad política en el asesinato de mi padre. Lamentablemente, acá no se dio como en Argentina, donde al menos hubo castigo social.

- ¿Quiénes serían los responsables políticos?

- Jovino Novoa (UDI) fue subsecretario general de Gobierno y de él dependía la Brigada Laboral que dirigía Valericio Orrego, que trabajaba con Álvaro Corbalán, el jefe operativo de la CNI. Ambos eran los encargados del seguimiento de mi padre. Hay muchos que miraron para el cielo y se hicieron los desentendidos de lo que pasaba. Creo que esos personajes no han pagado nada del daño que también hicieron.

- ¿Es justo que se le otorgue el indulto a Carlos Herrera?

- Yo soy contrario a los indultos, por naturaleza. Siempre me he opuesto, porque encuentro que cuando se lleva adelante un indulto, en el fondo, lo que se hace es pasar a llevar una decisión de un poder del Estado. Creo que los que cometieron el crimen y las violaciones a los derechos humanos han tenido demasiados beneficios. Nosotros, cuando se realizó todo el proceso, teníamos un abogado que era Jorge Saavedra y de repente los alegatos eran contra 20 abogados, todos pagados por el Ejército y con plata de todos los chilenos. Los procesamientos los cumplían en recintos militares donde entraban y salían cuando querían. Cuando se dictó la condena, a todos se le aplicó la media prescripción, y a la hora de cumplir las condenas, todos se fueron a cárceles de cinco estrellas y con penas bajísimas. Ellos han tenido beneficios que ningún chileno tendría, por ende, creo que con eso ya está bueno.

- ¿Qué le parece el perdón que pidió Herrera?

- Fue lo único que aportó; confesó sus crímenes. Sin embargo, fue el que recibió la condena más alta. Eso nos llamó la atención.

- ¿Ha pensado reunirse con él?

- No, no. Está descartado. La verdad que no veo para qué, no tiene sentido. Nosotros estamos tranquilos, totalmente reconciliados con la vida y creo que si él quiere confesarse con alguien. ¡No sé! Tendrá que responder a Dios y a su familia sobre lo que hizo, pero no tiene ningún sentido reunirse con él.

 FUENTE: CAMBIO21