sábado, 31 de diciembre de 2011

Asegura que ella representa lo que el país necesita Osvaldo Andrade cree necesario generar las condiciones para que Bachelet decida ser la candidata presidencial

Sobre el emplazamiento hecho a Bachelet por el vocero de Gobierno, Andrés Chadwick, el timonel del socialismo explica que “si el 88 por ciento de los chilenos entiende que el liderazgo de Bachelet es lo que es, no hay necesidad de que opine de contingencia”.

El timonel del PS, Osvaldo Andrade, estima necesario generar, dentro de la oposición, las condiciones necesarias para que la ex mandataria Michelle Bachelet se decida para ser la candidata de la Concertación para las próximas presidenciales.
En entrevista dada a La Tercera, el diputado socialista asegura que la sintonía que tiene Bachelet con la ciudadanía, lo que se refleja en la alta adhesión de la gente a su persona, se debe a dos componentes: “Ella es la única que propone algo nuevo para Chile. Y eso tiene nombre y apellido y se llama “Piso de Protección Social”. Es el informe que ella construyó y que recorre el mundo, y es una propuesta para el mundo y para Chile”.
Sin embargo, explica que lo de Bachelet “no es seguro. Nadie podría afirmar ciento por ciento que ella va a ser la candidata presidencial. No hay un plan B a Bachelet, sino que hay que trabajar para que ella decida a dar el paso, tenemos que generar las condiciones para que ello suceda”.
Y agrega que “es un plan único y es incierto. Si no hay formulación programática de la oposición seria, si no hay una entidad, una coalición que sustente eso, si no hay una nueva relación con el movimiento social, si no nos va bien en las municipales el plan fracasa”.
En cuanto a las cifras de la encuesta CEP y el contraste entre los niveles de respaldo entre la oposición y Bacehelt, Andrade sostiene que “ella representa todo aquello que Chile necesita. Chile necesita un liderazgo cercano, afectuoso, que proteja. Lo que Chile tiene es desprotección ante el abuso, y el liderazgo de Bachelet es exactamente lo contrario: protección ante el abuso”.
Sobre el emplazamiento hecho a Bachelet por el vocero de Gobierno, Andrés Chadwick, Andrade explica que “si el 88 por ciento de los chilenos entiende que el liderazgo de Bachelet es lo que es, no hay necesidad de que opine de contingencia”.
En el análisis que hace de los resultados de la última encuesta CEP, Andrade precisa que las cifras muestran la existencia de un deterioro sostenido de la institucionalidad del país lo que afecta la percepción de la democracia chilena.
“Lo que mejor expresa esta situación es el franco deterioro, al punto de transformarse en un problema político, de la Presidencia de la República. No hay nada que dañe más al sistema democrático con ese nivel de desconfianza”, explica.
También cree que existe una clara irrupción del movimiento social que se expresa “en una amplia mayoría por cambiar el sistema binominal. Pero la mejor manera de expresarse es la irrupción de Camila Vallejo. Su visión personal, lo que ella representa, es la instalación del movimiento social en la consideración ciudadana”, mencionó.

FUENTE:EL MOSTRADOR

Patricio Herman: “Wikileaks demostró que Chile es una mascota bien domesticada por Estados Unidos”

Patricio Herman, presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, denuncia que “El drama de Chile es que las instituciones del Estado no funcionan, porque hay una asociación pública-privada para que los grandes actores del mercado siempre saquen ventajas. Lo peor es que también ocurrió en el pasado reciente con los 4 gobiernos de la Concertación, quienes actuaron como los mejores capataces de la derecha económica. Estados Unidos no necesita entrometerse mayormente en los asuntos internos de Chile, ya que hace rato somos una mascota bien domesticada por Washington DC”.
MC.- ¿Cuál fue el principal aporte de WikiLeaks en el capítulo Chile?
PH.- En primer lugar permitió desenmascarar, por lo tanto confirmar, el actuar torvo e hipócrita de las más altas autoridades del país. Enseguida, dejó de manifiesto como la prensa hegemónica se encarga de desinformar a la opinión pública, minimizando la gravedad de los hechos develados en esos cables diplomáticos. Y también como los entes públicos, llamados por ley a fiscalizar las malas prácticas de los agentes del Estado, simplemente optan por mantener un silencio cómplice, evitando iniciar las investigaciones de rigor.
MC.- El periódico La Jornada de México publicó en exclusiva los cables de WikiLeaks ; en España lo hizo El País ; en Francia Le Monde ; en Estados Unidos The New York Times ; en Inglaterra The Guardian ; en Alemania Der Spiegel ; ¿con qué filtro de la prensa tradicional chilena se “difundió” y “analizó” la información de WikiLeaks ?
PH.- En nuestro país hay un control de las noticias y opiniones que podrían incomodar al establishment y en tal sentido los dos consorcios periodísticos que dominan el mercado (El Mercurio & La Tercera), ejercen muy eficientemente esa labor que restringe la libre circulación de las ideas e informaciones. Esta limitación o censura se disfraza con el ropaje de la “prudencia y ponderación”, cuando no se omite derechamente, y tales medios, justificando sus comportamientos, se autodefinen como “serios”, lo cual es aceptado por un cierto porcentaje ingenuo de la población. Actúan en definitiva como lo hace un capellán de ejército con la soldadesca, convenciéndolos que la guerra que libran, atrocidades incluidas, cuentan con la venia del Señor. Pero gracias a la irrupción de las redes sociales y de ciertos medios electrónicos, la situación está cambiando y con ello la población está cada día mejor informada, y por lo tanto más crítica.
El episodio más grave, dado a conocer por WikiLeaks en el caso de Chile, fue la intervención del embajador de Estados Unidos para que la empresa AES Gener pudiera construir una planta termoeléctrica en una zona prohibida para ello. En todo caso, el hecho de que Estados Unidos hiciera esas gestiones no sorprende a nadie, pero lo indecente fue el actuar de nuestra servil institucionalidad, que se prestó para que se violara, inclusive un fallo de la propia Corte Suprema de Justicia, cuyo presidente guardó un acomodaticio silencio. Lo anterior, por cierto, fue minimizado no sólo por esas 2 cadenas de prensa, sino también por la mayoría de los medios, con la excepción del aludido Ciperchile y unos pocos medios radiales y sitios electrónicos. Por su parte, los 120 diputados abandonando sus roles de fiscalización y el Ministerio Público, brillaron por su ausencia.
Los canales de televisión, a excepción de CNN Chile, tienden a ignorar las prácticas de corrupción de los más importantes grupos económicos, focalizando sus noticias en delitos de sangre y robos de poca monta. Por otro lado, el gobierno de Piñera, con la anuencia del poder legislativo, se niega a entregar los recursos económicos necesarios al Ministerio Público para que éste aumente su dotación de profesionales encargados de perseguir a los delincuentes de “cuello y corbata” y a sus cómplices insertos en el aparato del Estado. Es más, el presidente saliente de la Corte Suprema denunció con publicidad que las leyes, cuando las hay, no contemplan penas de relevancia para estos malhechores de alto vuelo y cuello blanco, sin que nadie se diera por aludido, es decir, su enérgica acusación quedó en el olvido.
El drama de nuestro país es que las instituciones del Estado no funcionan, porque hay una asociación pública-privada para que los grandes actores del mercado siempre saquen ventajas. Lo peor es que esto no sucede sólo ahora con un gobierno de derecha, sino que también ocurrió en el pasado reciente con los 4 gobiernos de la Concertación, quienes actuaron como los mejores capataces de la derecha económica.
MC.- Un cable de WikiLeaks documentó la intromisión de Estados Unidos en la política interna de Chile, ¿se trata de la excepción de la regla o la confirmación de un secreto a voces?
PH.- En efecto, la intervención en el caso de la termoeléctrica de Campiche fue manifiesta y descarada. Pero a decir verdad, Estados Unidos no necesita entrometerse mayormente en los asuntos internos de Chile, ya que hace rato somos una mascota bien domesticada por Washington DC.
Y pensar que los organismos financieros internacionales dan crédito al discurso mendaz propalado por los líderes de opinión y políticos de nuestro país, en orden a que Chile es una isla en Latinoamérica en cuanto a probidad y transparencia. Todos aquellos que conocemos los más recónditos espacios de la Administración del Estado sabemos a ciencia cierta que la corrupción en Chile está tan generalizada como en el resto de los países que hablan castellano y portugués. La única diferencia es que aquí se cultiva la hipocresía en su grado máximo.
MC.- Entrando en detalles, ¿por qué la empresa norteamericana AES Gener no podía instalar una termoeléctrica en la Región de Valparaíso?
PH.- Porque el uso de suelo establecido en el instrumento de planificación urbana de la comuna, como también en el correspondiente de la región, no admitían el emplazamiento de esa actividad de infraestructura energética, puesto que estaba reservada como área verde, lo que era bien sabido tanto por el directorio de la empresa infractora como por todas las autoridades competentes. Las institucionalidades urbanísticas y ambientales nunca ejercieron sus atribuciones cautelando el Estado de Derecho. La institucionalidad en general, está conformada por entes de fachada, que sólo ejercen sus autoridades para establecer barreras de entrada a los distintos y concentrados mercados que detenta la elite. Para ésta, en cambio, las normas regulatorias no se aplican o se modifican cuando estorban sus intereses como es el caso de la termoeléctrica aludida.
MC.- Después de la nula respuesta de la Cancillería de Chile y de la OCDE, ¿ante qué organismo internacional presentarán la denuncia por la injerencia norteamericana?, ¿qué instancia podría clausurar la termoeléctrica de AES Gener?
PH.- Ya que estos dos organismos nada han hecho para que el mercado funcione y se detengan estos abusos, esta claro que ambos no son interlocutores válidos cuando de corrupción se trata. Pero perfectamente podríamos recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dependiente de la OEA, en defensa de las comunidades de la zona ya saturada de contaminantes, en donde se está construyendo esa planta carbonífera norteamericana.
MC.- ¿Cómo describiría las políticas públicas en torno a la protección del medio ambiente en Chile?
PH.- En Chile todo se hace en función del crecimiento económico, y en especial de algunos a quienes hay que beneficiar. A pesar de que desde hace 17 años tenemos una Ley del Medio Ambiente, las instituciones públicas recurrentemente consienten en avalar ardides para que ésta sea vulnerada en provecho de los grandes actores del mercado. En Chile se da una situación bastante curiosa, ya que las grandes empresas, sobre todo las multinacionales, solo están alertas por las eventuales críticas que puedan sufrir de la comunidad internacional, y son indiferentes a las que puedan surgir en Chile, ya que cuentan con el apoyo de las autoridades y sus clientes no están en el país.
MC.- ¿Cuál es la relación entre la deforestación desmedida y la explotación de las minas ante el deterioro ecológico que sufre la geografía y población chilena?
PH.- En la actualidad, esa relación no está muy presente, pues la minería se desarrolla fundamentalmente en zonas desérticas o de alta montaña, donde la presencia forestal es bastante reducida. Antiguamente, existen testimonios de fuertes procesos de deforestación, por ejemplo en la zona del valle de Copiapó, norte del país, debido a la corta de especies para las fundiciones. Actualmente los perjuicios ambientales que genera la gran minería están relacionados con el deterioro irreversible de los glaciares y de las fuentes de agua dulce en general, en desmedro de la agricultura y de las poblaciones locales. No hay que olvidar que, por su parte, la enorme demanda de energía que aquella requiere para la explotación de las minas se traduce en la construcción de centrales a carbón, que son las que mayor contaminación producen.
MC.- Los mapuches que defienden sus tierras ancestrales son criminalizados con la Ley Antiterrorista, ¿los ecologistas en las ciudades reciben un trato distinto o un maltrato oficial?
PH.- A las organizaciones ecologistas aún no se las ha perseguido con la Ley Antiterrorista, pero sí han sido objeto de represión y descrédito público, fundamentalmente, cuando apoyan a comunidades en conflicto con empresas forestales, o cuando denuncian hechos de depredación y corrupción asociada. Algunos de sus dirigentes han sido encarcelados y objeto de querellas criminales, aunque en general han logrado ser absueltos de las acusaciones que se les han formulado. No existen integrantes de organizaciones ecologistas que hayan sido asesinados, como si lo han sido activistas mapuches.
MC.- ¿Cuál es la situación de los cultivos transgénicos en perjuicio de las tradicionales semillas campesinas?
PH.- En Chile no existe obligación de rotulación ni etiquetado de alimentos que contengan ingredientes transgénicos. En relación cultivos de vegetales transgénicos, si bien no existe autorización para comercializar al interior del país vegetales transgénicos, se permite el cultivo de semillas para la exportación. Estos cultivos comenzaron en Chile el año 1992 y desde el año 2001 existe una resolución del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), que permite la internación para su propagación. En este período se han ido aumentando las superficies de semillas transgénicas que se cultivan en Chile llegando actualmente a ser del orden 25.000 a 30.000 hectáreas al año. Sin embargo se desconoce la ubicación de estos semilleros, así como las medidas de bioseguridad y fiscalización que se aplican.
Con el propósito de proteger a otros productores de la contaminación transgénica, un grupo de organizaciones presentó ante el Consejo de la Transparencia, organismo público recién creado a semejanza del existente en México, un requerimiento para saber la ubicación de estos semilleros. Este Consejo determinó que el SAG debía hacer pública esta información. Sin embargo algunas empresas (Monsanto y Von Baer) productoras de transgénicos recurrieron ante la Justicia para no entregar esta información, lo cual ha sido resuelto en días pasados tal como se aprecia en en el informe de la Fundación Terram
En todo caso, los cultivos transgénicos como el maíz representan una amenaza muy grave a las semillas campesinas, las que corren el riesgo de perderse por contaminación.
Por Mario Cassasús, publicado originalmente en Clarín de Chile

 FUENTE: EL CIUDADANO

Hijo de Gadafi desde prisión: “No he tenido acceso a un abogado”

30 Diciembre 2011 11 Comentarios
Saif el Islam Gadafi. Foto: AP
Saif el Islam Gadafi. Foto: AP
Es la primera entrevista de Saif al Islam concedida desde prisión. Un asesor de Human Rights Watch, Fred Abrahams, tuvo acceso al hijo de Gadafi y escuchó de primera mano detalles de cómo funcionan las cosas en Libia luego de la “intervención humanitaria”.
“El gran problema es mi total aislamiento. No tengo acceso a la prensa, la radio ni la televisión”- dijo Islam. “Necesito contactar a mi familia o mis amigos para encontrar un abogado”- agregó.
Aunque las autoridades ocupantes prometieron un juicio con todas las garantías a Saif Al Islam, lo cierto es que evidencias provenientes de Libia revelan cada vez más un ambiente de desgobierno y violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
La propia organización Human Rights Watch, junto a Amnistía Internacional, denunciaron recientemente detenciones arbitrarias, maltratos y hasta torturas practicadas a miles de detenidos, por parte de los llamados rebeldes. HRW denunció el hallazgo de 53 cadáveres en descomposición pertenecientes a tropas leales a Gaddafi, masacrados con absoluta impunidad por sus contendientes.
Según Abrahams,  el propio hijo de Gadafi lo conminó a visitar a algunas de las 10 mil personas leales a su padre detenidas en Bengasi, Misrata, Trípoli, Zawiya y Zintan. “Hay torturas”- concluyó.
La propia manera en que Muamar El Gadafi fue asesinado el pasado 20 de octubre, levantó la condena de buena parte de la comunidad internacional por lo que, a todas luces, resultó ser un crimen de guerra. Sin embargo, la demanda de que el cadáver fuera examinado para recopilar evidencias fue desestimada por el Consejo Nacional de Transición. ”No habrá autopsia ni hoy ni otro día. Nadie abrirá el cuerpo de Gaddafi”, declaró entonces  a la AFP el portavoz del consejo militar de Misrata, Fathi Bachagha.
(Con información de The Daily Beast)

FUENTE: CUBA DEBATE

Detienen al presunto responsable del incendio en Torres del Paine. Se trata de un joven turista israelí que será formalizado por el hecho

El fiscal agregó que por el momento no se pueden entregar detalles del hecho por el cual será formalizado, "pero obviamente tiene que ver con un acto negligente que originó este lamentable incendio".
Gracias a un trabajo conjunto entre personal de la PDI y Carabineros se detuvo al presunto responsable de causar el voraz incendio forestal que afecta en estos momentos al Parque Nacional Torres del Paine.

Se trata de un joven israelí de 23 años, quien será sometido a control de detención.

"Existe un ciudadano israelí detenido como el presunto autor de una negligencia respecto a este desastre natural ocurrido el martes pasado", dijo el Fiscal Regional de Magallanes Juan Meléndez, a radio Natales.

Sobre el proceso de investigación el fiscal destacó que personal de PDI y Carabineros han empadronado a más de 300 personas, "lo que nos ha permitido hacer un estudio acabado de los acontecimientos".

El fiscal agregó que por el momento no se pueden entregar detalles del hecho por el cual será formalizado, "pero obviamente tiene que ver con un acto negligente que originó este lamentable incendio".

Finalmente Meléndez aclaró que gracias a testigos y diversas diligencias policiales existen numerosas pruebas que inculparían al ciudadano israelí.


FUENTE: CAMBIO 21

Beyer ofrece diálogo a Confech e inicia contactos con la Alianza y la Concertación Nuevo ministro de Educación invitó a dirigentes universitarios a sostener primer encuentro. Líderes estudiantiles declinaron.

A las 11.00 de ayer y cuando llevaba ya cinco horas en su nueva oficina, el recién nombrado ministro de Educación, Harald Beyer, recibió un recado de sus asesores: representantes de la Confech y de los estudiantes secundarios estaban en el acceso del edificio en la Alameda, dejando una vistosa carta -tamaño gigante- "recordando", según dijeron, las demandas de su sector.
El ministro -por intermedio de sus asesores- aprovechó la ocasión para invitar a los estudiantes a subir hasta su despacho y sostener así su primer encuentro con Noam Titelman (Feuc) y Camila Vallejo (vicepresidenta de la Fech). Ya el día anterior había invitado públicamente al diálogo.
Los universitarios, sin embargo, declinaron el ofrecimiento. "Nosotros decidimos las cosas en forma democrática y no nos corresponde decidir sin consultar a las bases", explicó Titelman sobre lo ocurrido.
La escena, explican cercanos al ministro, fue parte de los primeros movimientos del ex investigador del CEP para iniciar contactos con los actores del sector.
Uno de los debates que rodeó su designación el jueves, en reemplazo de Felipe Bulnes (RN), fue su marcado perfil técnico. Esto, en la antesala de un año que estará marcado por intensas negociaciones políticas en el Congreso para sacar una abultada y compleja agenda de reformas.
En ese contexto, el nuevo ministro defendió ayer su experiencia para el cargo. "El fuerte conocimiento técnico te ayuda a tener muñeca política al final, porque uno sabe cuáles son las opciones, entiende mucho mejor la postura del otro y entiende por qué está en esa postura. Por lo tanto, puede lograr una mayor facilidad de acuerdo. No tengo mayores temores respecto de eso", dijo el secretario de Estado.
En paralelo, Beyer destinó buena parte de su primera jornada como secretario de Estado -que inició cerca de las 06.15 horas- para conversar por vía telefónica con integrantes de las comisiones de Educación de la Cámara Baja y del Senado, tanto de la Alianza como de la Concertación.
Además, Beyer se contactó con los timoneles de la UDI y RN, Juan Antonio Coloma y Carlos Larraín, para discutir la agenda legislativa y preparar un próximo encuentro, que podría concretarse la próxima semana, cuando el ministro se traslade al Congreso.
Según dicen en el entorno del ministro, una de sus primeras tareas en el Parlamento será defender el proyecto que rebaja la tasa del Crédito con Aval del Estado (CAE), de un 6% a un 2%.
Así, en los próximos días, Beyer ingresará una indicación para generar un crédito contingente al ingreso de los estudiantes. Medida que defendió en los meses anteriores desde el CEP.
Este tema lo analizó con el Presidente Sebastián Piñera el jueves pasado, en una extensa conversación telefónica que sostuvieron luego de que aceptara integrarse al gabinete.
Ayer, en tanto, Beyer se trasladó a La Moneda para reunirse con el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. El jefe de gabinete indicó que se había conversado sobre la agenda de reformas prevista para el 2012.
"Como ministro del Interior, me interesa tener un contacto fluido y permanente con todos los ministros de Estado, pero particularmente en estos meses, y en lo que viene, con el ministro de Educación", dijo Hinzpeter, quien en los meses previos había forjado una férrea alianza con el ex encargado de dicha cartera, Felipe Bulnes.
"(Hinzpeter) me transmitió su apoyo en esta gran reforma en la que está involucrado el gobierno", dijo Beyer a su turno.

FUENTE: LA TERCERA

Ante resultados de encuesta CEP Roberto Méndez: “No podría decir que el país esta peor que antes”

El analista y director de Adimark, Roberto Méndez, se muestra sorprendido por las cifras entregadas por el Centro de Estudios Públicos (CEP) en su última encuesta, mostrando una baja de un 23 por ciento de aprobación a la gestión de Presidente Sebastián Piñera y un 62 por ciento de rechazo a la forma en que se está conduciendo el país.


En entrevista a El Mercurio, Méndez afirma que le llama la atención los datos entregados por la encuesta del CEP, que discrepa con las entregadas por Adimark en cuanto que esta última mostró un leve repunte en la gestión del Gobierno, debido a que “considero que las mediciones tienen que ir acorde con lo que se siente en la calle y no podría decir que hoy el país está peor que antes”.
En tal sentido, explica que el clima económico ha mejorado y los proyectos sociales ya están siendo bien valorados por un sector de la población, añadiendo que el Ejecutivo ha podido concretar avances como el posnatal de 6 meses, la eliminación de las listas de espera de las enfermedades que cubre el AUGE y la eliminación del 7 por ciento para los jubilados de su cotización en salud.
Ante las cifras entregadas por la encuesta CEP, Méndez dijo que “los números de la CEP son más parecidos a la situación que se vivió en el invierno y hasta septiembre. Porque desde octubre hasta ahora ha habido un ligero repunte, como nosotros mostramos en noviembre con los 35 puntos”.
Sin embargo, concuerda con la CEP en cuanto al distanciamiento de la ciudadanía con las instituciones, incluso con la reprobación que la gente hace de estas.
El rechazo hacia las instituciones no es sólo a aquellas relacionadas con la política, sino que también hacia otras como las Fuerzas Armadas, la Iglesia, Carabineros, las que sufrieron una baja en los niveles de confianza con que se habían mantenido por años.
En tal sentido, el analista y director de Adimark cree que las movilizaciones jugaron un papel importante en la evaluación que hace la gente ante todo lo que denote autoridad.
“El movimiento estudiantil y de descontentos por diversos temas hizo aflorar un malestar escondido contra las instituciones del país”, agregando que este fenómeno hay que estudiarlo desde el punto de vista si será algo temporal o se instalará como algo permanente.

FUENTE: EL MOSTRADOR

viernes, 30 de diciembre de 2011

Ministro Golborne afirma que "lapsus" de su colega Pablo Longueira fue un "lamentable error"

"La verdad es que es un lamentable error, yo se lo hice ver personalmente lo conversamos, él me dijo que se había equivocado, lo pillaron de sorpresa, todos nos equivocamos y es parte de nuestra naturaleza humana", dijo el titular de Obras Públicas.
En medio de una actividad que el ministro Laurence Golborne encabezó en el peaje Lo Prado, el titular de de Obras Públicas calificó como un "lamentable error" las declaraciones de su par de Economía Pablo Longueira, quien ayer anticipó el cambio de gabinete que se anunció oficialmente a las 15 horas en La Moneda.

"La verdad es que es un lamentable error, yo se lo hice ver personalmente lo conversamos, él me dijo que se había equivocado, lo pillaron de sorpresa, todos nos equivocamos y es parte de nuestra naturaleza humana", dijo Golborne en 24H.

"No es bueno que los ministros anticipemos temas o nos metamos a opinar sobre temas que le competen directamente al Presidente o en este caso al vocero de gobierno", agregó.

Durante la mañana de ayer, horas más tarde de haber adelantado que los ex ministros Felipe Bulnes y José Antonio Galilea dejarían sus carteras, Longueira salió a explicar sus dichos y señaló que se había tratado de un "lapsus de vacaciones".


FUENTE: CAMBIO 21

Siguen los coletazos negativos al nombramiento del presidente de la SNA como ministro de Agricultura. Parlamentarios señalan que "en este gobierno cada vez que se levanta una piedra hay un conflicto de interés"

Por Teresa Frías K.
Vinculado a la propiedad de Copeval, empresa de la cual su familia fue fundadora, fue consejero de la Sociedad Nacional de Agricultura por más de dos décadas y director en cuatro oportunidades antes de convertirse en su presidente, en abril de 2009.
El nombramiento del presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Luis Mayol, como ministro de Agricultura, fue recibido en medio de críticas.

Su rol como consejero en la sociedad se inició el año 1988; a partir de 1999 fue director, asumiendo en abril del 2009 el cargo máximo dentro de la entidad, para el cual fue reelecto este año.

Pero, la molestia radica además en que Mayol también está relacionado con la propiedad de Copeval, la mayor distribuidora del país de agroinsumos, maquinaria, riego tecnificado, ferretería agrícola, veterinaria y servicios agrícolas, y en la que desde el 2003 forma parte del directorio como presidente.

En ese sentido, el hasta ayer presidente de la SNA aseguró que el porcentaje que le corresponde en Copeval ya fue puesto en un fideicomiso ciego, "aunque no tenía ninguna obligación de hacerlo". Sin embargo la preocupación crece sabiendo que a futuro cuando deba actuar como ministro...también se acordará de sus amigos.

En la actualidad, Mayol también se desempeña como director de Puerto Caldera, propietario de la Viña Selentia, y mantiene propiedades agrícolas en la Sexta y Novena regiones.

Una preocupación mayor

Para la senadora Ximena Rincón, miembro de la comisión de Agricultura de la Cámara, el nombramiento de Mayol "no es una buena señal que el presidente de la SNA sea el nuevo ministro. Los intereses obviamente entran en conflicto. Es algo que me preocupa".

A ello, la parlamentaria agregó que "actualmente se están tramitando algunos proyectos como el de biodiversidad y el tema de los transgénicos que requieren de una autoridad tremendamente objetiva y que vele por los intereses del país".

Según el diputado Aldo Cornejo "en este gobierno cada vez que se levanta una piedra hay un conflicto de interés y con esta situación nos están dando la razón".

En diálogo con Cambio21 dijo que, con estas designaciones, "francamente tiene plena aplicación la frase que la ética tiene estética".

Además el parlamentario reafirmó que "estamos frente a un gobierno de los empresarios, que prefiere a los poderosos en vez de los pequeños empresarios. Otro autogol que le juega en contra".

Por su parte, el diputado Osvaldo Andrade, dijo que "el gobierno de Sebastián Piñera es un gobierno de los empresarios y ésta es la mejor demostración".

"Cómo puede ser que a cargo de la cartera de Agricultura pongan a un representante del empresariado agrícola. Aquí ni siquiera hay pudor", señaló el legislador.

Por otra parte, Mayol como presidente de la SNA, compartía directorio con Miguel Allamand Zavala, hermano del titular de Defensa; Karina Von Baer, hermana de la senadora UDI Ena Von Baer; y José Miguel Steigmeier (UDI), cuyo nombramiento como Gobernador de Bío-Bío fue abortado por sus vínculos con Colonia Dignidad, convirtiéndose en el primer tropiezo del recién asumido gobierno de Sebastián Piñera.

FUENTE: CAMBIO 21

Líderes estudiantiles entregan carta gigante con planteamientos a ministro de Educación Harald Beyer

Cuando entregaron la misiva, desde el gabinete del ministro se les invitó a subir para reunirse con Beyer, sin embargo los representantes se negaron, puesto que -afirman- primero deben consultarlo con sus respectivas asambleas.
Dirigentes del movimiento estudiantil, entre ellos Camila Vallejo, se trasladaron hacia las dependencias del Ministerio de Educación para, según indicaron, darle la bienvenida al nuevo titular de la cartera, Harald Beyer.

En la ocasión, entregaron una carta de tamaño gigante con los principales lineamientos de las propuestas de los estudiantes para solucionar lo que llamaron la crisis educativa.

En ese sentido, cuando entregaron la misiva, desde el gabinete del ministro se les invitó a subir para reunirse con Beyer, sin embargo los representantes se negaron, puesto que -afirman- primero deben consultarlo con sus respectivas asambleas.

Asimismo, solicitaron a través de la prensa aclarar los vínculos que, indicaron, mantiene el ministro con instituciones que sustentan colegios particulares subvencionados, en particular los del grupo Matte.


FUENTE: CAMBIO 21

La encuesta que dejó en el piso al gobierno de Piñera. Por Julio Reyes V. periodista y cientista político

En Palacio y en especial en el segundo piso donde está el gabinete presidencial no lo podían creer: la aprobación al gobierno había descendido del 26% al 23%. Y quedaron en el piso -con nula reacción- cuando vieron que el rechazo a la gestión había subido del 52% de junio al 63% de la ciudadanía


No podían ser peores los números sobre la opinión ciudadana. Al revisar el desglose se observa que en la clase media la desaprobación subió del 54% al 61% y en la clase media baja el rechazo saltó del 55% al 66% y no se ve ningún efecto positivo de la llamada Agenda social del gobierno (eliminación de la cotización del 7% de los jubilados, la extensión del post natal).

Es esa clase media que se siente abusada por las empresas del retail, de la telefonía celular, de las farmacias y ve a un gobierno que no hace nada por detener los abusos: no aumenta la fiscalización de las superintendencias y no empodera a las asociaciones de consumidores. Es esa clase media que quiere un alivio, algún apoyo para que sus hijos estudien en las Universidades y después de 7 meses de movilizaciones estudiantiles el gobierno sólo accedió a incrementar 110.000 nuevas becas que cubren sólo el 70% de los aranceles para un universo de casi un millón de estudiantes.

Es esa clase media que ha sufrido el aumento de los combustibles en 15%, de las tarifas de las autopistas en 7,5% y que sólo recibirán un aumento salarial de alrededor del 5% y por tanto, debe seguir viviendo de los créditos bancarios con las costos e intereses abusivos.

La característica del estudio CEP -a diferencia de Adimark- es que la composición de la muestra es cercana a la realidad nacional y cerca del 90% de los encuestados son clase media y clase media/baja y es esa mayoría social la que sufre el fracaso del combate a la delincuencia (62% señala que el gobierno ha estado mal en este rubro), la mala calidad educativa (67% califica mal al gobierno en educación) y los rigores de la inflación (49% califica mal al gobierno).

Lamentablemente para el gobierno de Piñera: Chile no es el ABC1 el que evalúa bien el crecimiento económico que sólo brinda utilidades a una minoría sino al contrario es el que está preocupado (48%) porque el Gobierno no asumió la responsabilidad de construir acuerdos para resolver la crisis educacional (46%).

Es ese Chile que siente lejano, distante al Presidente Piñera y que no confía en él producto de sus amplias promesas electorales que no cumplió y que abusó de "la letra chica".

Definitivamente es la clase media la que desaprobó la gestión de Piñera y existen muy pocas posibilidades de revertir ese rechazo a las políticas gubernamentales.

Hacia el futuro claramente esa clase media está buscando otro tipo de liderazgos más cercanos y más verdaderos -completamente distintos al estilo Piñera- y por eso las 5 personalidades mejor evaluadas son: Michelle Bachelet, Laurence Golborne, Andrés Velasco, Camila Vallejo y Soledad Alvear cuyos estilos de liderazgos son distintos a la arrogancia empresarial de los actuales gobernantes.

Esta encuesta muestra que el gobierno de Piñera ya se agotó y comenzó la carrera por el futuro. Un futuro distinto a lo que hizo este gobierno derechista.

FUENTE: CAMBIO21

Senador Escalona: ‘El movimiento estudiantil y la impopularidad del Gobierno marcó el año’

El senador PS por la Región de Los Lagos, Camilo Escalona, realizó un crítico análisis del año 2011 respecto a las políticas públicas del Ejecutivo en Educación, Vivienda, Obras y Públicas y Salud, y sostuvo que “el movimiento estudiantil marcó este año, las movilizaciones sociales y, en segundo lugar, la impopularidad del Gobierno”.
El parlamentario manifestó que el hecho más importante “fue la movilización social encabezada por los estudiantes, creo que el Gobierno no tuvo la respuesta que se necesitaba. Para mí no es ajeno a esa incapacidad del Gobierno, la salida del gabinete del ministro (Felipe) Bulnes, que estuvo seis meses y antes una figura de tanta importancia como Joaquín Lavín”.
En Salud, el senador advirtió que “tenemos una demanda que se va a incrementar en el curso del año 2012, y eso tiene que ver con una bajísima ejecución de los presupuestos”.
upi/so//

FUENTE: EL MOSTRADOR

Último fallo de DDHH 2011: Suprema condena a oficial (r) Durruty por homicidio

En el último fallo del año en materia de derechos humanos, la Sala Penal de la Corte Suprema determinó condenar a cuatro años de presidio al oficial (r) Mateo Durruty Blanco, por el homicidio de José Rodríguez Hernández, en hechos acontecidos tras el golpe militar en Puente Alto.
Los magistrados Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y el abogado integrante Luis Bates, establecieron en votación dividida que la pena se puede cumplir con el beneficio de la libertad vigilada. El único contrario a dictar la pena fue Ballesteros -quien el 6 de enero asume como presidente de la Corte Suprema- y que estuvo por aplicar la prescripción del caso.
En ese marco, el máximo tribunal del país estimó que el Fisco debe pagar una indemnización total a la familia de la víctima de $50 millones. En esta materia los ministros Rodríguez y Ballesteros estuvieron por negar el pago de la retribución.
De acuerdo a la investigación, José Rodríguez Hernández fue detenido mientras se dirigía al campamento Nueva La Habana portando una caja de libros de autoría de Carlos Marx.
Tras ser apresado por Carabineros fue trasladado al regimiento Ferrocarrileros de Puente Alto, cuyo comandante era Durruty. Según el fallo, por orden del retirado oficial fue trasladado al Cerro La Ballena, cerca de Las Vizcachas, donde finalmente fue ejecutado.
upi/so//

FUENTE:EL MOSTRADOR
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domingo 25 de diciembre de 2011

SE APROBÓ LEY QUE CRIMINALIZA LA PROTESTA







En esta semana mientras las personas se dedicaban hacer sus compras navideñas, en la cámara de Diputados, específicamente en la Comisión de Seguridad Ciudadana, se aprobó por siete votos a favor, cinco en contra y una abstención el proyecto de "RESGUARDO DEL ORDEN PÚBLICO", enviado por el gobierno con el fin único de reprimir las manifestaciones de cualquier índole, ya sean sociales o estudiantiles. Ésta es bien conocido dentro del gobierno como la Ley Antiprotesta o Ley Hinzzpeter.
Dicho proyecto será votado la primera semana de enero, y nuevamente dependerá de los votos de los diputados del PRI y los "independientes", donde cabe señalar que dentro de esta comisión se componen cinco UDI, dos RN, dos DC, dos PPD y dos PS.

En el momento en que se aprobó dicho proyecto estuvo presente el ministro que esta en contra de toda manifestación el Ministro Hinzpeter, quien recordó algunos de los puntos centrales de la iniciativa, que comenzaría a ser votada en particular en la primera semana de enero.


Destacó la importancia el Gobierno le concede a la iniciativa e indicó que sus objetivos principales son sancionar efectivamente a quienes cometen delitos encapuchados; proteger a los pequeños y medianos comerciantes, que ven sus locales saqueados; y castigar a quienes con violencia comenten un conjunto de conductas que alteran la paz social e impiden a muchos compatriotas vivir con tranquilidad.

En la oportunidad, algunos diputados también aprovecharon de fundamentar su voto, replicando posiciones ya manifestadas en sesiones anteriores. En el oficialismo el apoyo a la iniciativa fue bajo la premisa que la normativa es necesaria y que, incluso, existe un atraso en este tema en el país.


El sector opositor estimó que el proyecto presenta elementos peligrosos y cuestionó el fondo de la necesidad de hacer una reforma a la Ley Penal cuando el problema radica en la identificación de los hechores. En este sentido, se postuló la necesidad de fomentar un mejor trabajo de identificación por parte de las policías.


Proyecto

La iniciativa aprobada aclara la aplicabilidad de la disposición a los ataques en contra de los integrantes de las Fuerzas de Orden y Seguridad y a los funcionarios de Gendarmería de Chile que se encontraren en el ejercicio de sus funciones; elimina las multas como penas facultativas para los delitos comprendidos en la disposición, o sea deja la pena de cárcel como única alternativa, y distingue la gravedad de las distintas hipótesis, para asignar la respectiva pena privativa de libertad.

Junto con ello, se incluye una remisión a la Ley N° 17.798, sobre control de armas, para efectos de determinar si el ataque contra la autoridad se ha producido a mano armada. Finalmente, establece que las penas se impondrán siempre que el atentado contra la autoridad no constituya un delito al que la ley le asigne una pena mayor, caso en el cual se aplicará únicamente ésta.

GOBIERNO DE PIÑERA



La normativa reemplaza el tipo penal del delito de desórdenes públicos, contenido en el artículo 269 del Código Penal, por una nueva figura que sanciona con una pena de presidio menor en su grado medio, esto es, de 541 días a 3 años, a los que participen o hayan incitado, promovido o fomentado, desórdenes o cualquier otro acto de fuerza o violencia que implique: paralizar o interrumpir algún servicio público, tales como los hospitalarios, los de emergencia y los de electricidad, combustibles, agua potable, comunicaciones o transporte; invadir, ocupar o saquear viviendas, oficinas, establecimientos comerciales, industriales, educacionales, religiosos o cualquiera otro, sean privados, fiscales o municipales; impedir o alterar la libre circulación de las personas o vehículos por puentes, calles, caminos u otros bienes de uso público semejantes; atentar en contra de la autoridad o sus agentes; emplear armas de fuego, cortantes o punzantes, artefactos o elementos explosivos, incendiarios o químicos u otros capaces de producir daños a las personas o a la propiedad; o causar daños a la propiedad ajena, sea pública, municipal o particular.

Junto con lo anterior, se establece que la pena se impondrá sin perjuicio de la que, en su caso, corresponda aplicar además a los responsables por su intervención en los daños, incendio, atentados, robo, infracciones a la Ley sobre Control de Armas y, en general, cualquier otro delito que se cometa con motivo u ocasión de los desórdenes o de los actos de fuerza o violencia.

Se introduce como novedad en el sistema, la sanción de presidio menor en su grado medio, esto es, de 541 días a 3 años, al que impidiere o dificultare la actuación del personal de los Cuerpos de Bomberos u otros servicios de utilidad pública, destinadas a prestar auxilio en un siniestro u otra calamidad o desgracia que constituya peligro para la seguridad de las personas.


En la misma línea, se establece que respecto de los delitos de atentados contra la autoridad, atentados y amenazas contra los fiscales del Ministerio Público y defensores penales públicos y desórdenes públicos se impondrá en su máximo (si consta de una escala) o bien no se aplicará el grado mínimo, si ella constare de dos o más grados, a los responsables que actuaren con el rostro cubierto o utilizando cualquier otro elemento que impida, dificulte o retarde la identificación del autor.

Finalmente, entre otras materias, el proyecto agrega dentro de las actuaciones de las policía sin orden previa, contenidas en el artículo 83 del Código Procesal Penal, una nueva letra f) que permite a las fuerzas de Orden y Seguridad consignar la existencia y ubicación de fotografías, filmaciones, grabaciones y, en general, toda reproducción de imágenes, voces o sonidos que se hayan tomado, captado o registrado y que sean conducentes para esclarecer los hechos que constituyan o puedan constituir delito y obtener su entrega voluntaria o una copia de las mismas.

Desde ya puede entenderse la gravedad de que el Parlamento apruebe semejante legislación, que por su amplitud puede castigar cualquier expresión de protesta, más aún cuando le entrega la facultad legal a las policías para fabricar pruebas casi a voluntad, ya que no solo castiga y condena a los implicados a llamar a algún tipo de manifestación, sino que también obliga a los gráficos y/o audiovisuales a entregar su trabajo.

Es más urgente que nunca que la sociedad civil se movilice de todas las formas que sea posible, para oponerse a esta ley liberticida, un verdadero autorretrato del Ministro que la elaboró.

ASAMBLEA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS CHILE

Todos supimos siempre todo

A propósito de la serie Los archivos del Cardenal o de Los 80
En la defensa por los derechos humanos que desarrolló la Vicaría de la Solidaridad durante la dictadura cívico militar de Pinochet tuvimos siempre dos frentes esencialmente unidos: la violencia más brutal y sanguinaria de toda la historia de Chile, y la mentira inherente. Lo que más indignaba al dictador y sus secuaces era que la Vicaría desenmascarara todas y cada una de sus mentiras. No hay detenidos desaparecidos; son mentiras del comunismo internacional; no hay presos políticos; nadie ha sido torturado; murió al fugarse; murió en un enfrentamiento; atravesaron la cordillera a pié; los mató el Partido Comunista; se suicidó (incluso una familia completa asesinada fue presentada como suicido colectivo).
Se montaron espeluznantes operaciones mediáticas para justificar los crímenes, como la de los 119 opositores asesinados en Chile que se dieron por muertos por sus amigos en el extranjeros, para lo que fundaron diarios tanto en Argentina como en Brasil.
En este esfuerzo participaron todos los estamentos del Estado y los que el Estado autorizaba: cuatro ramas de las Fuerzas Armadas, la diplomacia, el Poder Judicial, la Contraloría, todos los servicios públicos, la diplomacia (el embajador Sergio Diez es el ejemplo emblemático del recurso a la mentira), las organizaciones juveniles de fachada, los sindicatos alineados, las comisiones legislativas que redactaban las leyes que pedía el dictador, el gran empresariado que se liberaba de los sindicatos descabezados. La mentira no se detenía ni frente al ridículo: en Chile hubo una guerra que nadie vio, sin que se pusieran siquiera de acuerdo en cuándo comenzó: algunos Consejos de Guerra dicen que en 1969, otros que 1970, varios en marzo de 1973, y algunos el 11, 12 ó 22 de septiembre 1973.
Nada de esto se inicia con el cuartelazo: estaba todo organizado desde hacía muchos años. Piénsese en el montaje tramado en la Universidad Católica sobre un supuesto fraude electoral que había ocurrido en las parlamentarias de marzo de 1973, en que Jaime del Valle, Hernán Larraín, Gustavo Cuevas y algunos otros golpistas sostuvieron que hubo fraude, porque los resultados no cuadraban con sus cálculos… y lo evaluaron en 600.000 votos. Las operaciones para deshacerse del general Prats fueron también montadas por civiles, y, como no, de la Universidad Católica.
El plan del Golpe incluía masacres desde antes del 11: los detenidos en La Moneda fueron llevados a Peldehue, donde días antes habían comenzado a hacerse las fosas para el gran día. De los asesinados, que estuvieron años como desaparecidos, se dijo que nunca habían sido detenidos.
La Caravana de la Muerte no existió. Tampoco fueron detenidos los campesinos de Isla de Maipo, pero cuando en Lonquén fueron encontrados sus restos, el entonces ministro del Interior Sergio Fernández cambió de mentira: murieron en enfrentamientos.
Cuatro Álamos, Villa Grimaldi, el cuartel Silva Palma y cientos de otros, no existieron para las autoridades de facto. Desde luego, toda la prensa autorizada, los canales de televisión y la mayoría de las radios sostenían el discurso de las mentiras.
Todas esas mentiras fueron develadas en un primer momento por la Vicaría, y luego por las comisiones Rettig y Valech, y desde el histórico 16 de octubre de 1998, también por nuevas generaciones de jueces.
Ya con todo develado, hubo que cambiar de mentiras. Y apareció la del yo no supe. Nadie supo nada, pero todos participaron en los crímenes, por acción u omisión: desde luego los directores, editores y periodistas de televisión, de los diarios del Bando 15 (El Mercurio y La Tercera); los jueces a quienes tapábamos con un promedio de 300 escritos diarios sólo en Santiago; el Contralor; Sergio Diez, obligado profesionalmente a leer todos los informes sobre las atrocidades de la dictadura; los ministros militares pero sobre todo civiles que disponían detenciones en centros de torturas y otros que firmaban decretos arrebatando la nacionalidad chilena a opositores en el extranjero, los que requerían la firma de todos los secretarios de Estado; los ministros de Hacienda que entregaban fondos de todos los chilenos a los criminales de la Dina y la CNI, y demás cuerpos represivos; los que desfilaban en Chacarillas; el rector de la Universidad Católica y su jefe de gabinete, que entregaron ilegalmente al profesor Ávalos Davidson a funcionarios no identificados de la Dina, tampoco supieron nada, ni siquiera que lo entregaron.
Hubo también otra colaboración igualmente siniestra: la de los que optaron por no hablar para alegar no saber, y que están magistralmente representados en “Los archivos del cardenal”: aquellos que, sabiendo, aparentaban ignorancia. Si alguien hablaba de algún crimen, pedían “no hablemos de política” (madre del abogado Sarmiento); su esposo agrega “cuidado que soy asesor”, y su hijo “nos pones en peligro”. Así ninguno sabía nada y todos tenían la conciencia tranquila. Terrible, porque se creen el cuento de la conciencia tranquila.
Estos últimos fueron indispensables para el régimen: con su silencio transmitían la sensación de que no pasaba nada y que todo eran mentiras de los comunistas.
El senador Carlos Larraín pertenece a estos, que sabiéndolo todo, jugaron y juegan a no saber nada. Y tiene la conciencia tranquila. Por eso la serie y la verdad lo intranquilizan, y de allí sus reacciones destempladas contra el programa de TVN.
Seamos claros. Uno: todos supimos siempre todo. Dos: todos tomamos nuestras opciones políticas, pero por sobre todo morales, sabiéndolo todo. La barrera moral entre unos y otros es insuperable e indestructible.
Nadie puede pretender que militares y civiles, ministros, subsecretarios, jueces, diplomáticos, religiosos, propietarios, directores de medios autorizados y periodistas de esos medios, y los empresarios que hicieron sus fortunas gracias al régimen dictatorial, no sabían nada. La serie “Los archivos del Cardenal” no descubre nada, pero desenmascara todo. Y eso el fascismo no lo perdona.
Por Roberto Garretón
Fue abogado de la Vicaría de la Solidaridad entre 1976 y 1990.

FUENTE: EL CIUDADANO
“No sé qué decir, estoy muy emocionado”, fueron las primeras palabras que pronunció el ex militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Hugo Marchant Moya, tras salir -a eso de las 10 de la mañana- por la puerta 4 de arribos internacionales del aeropuerto de Santiago, luego de dos horas a bordo del vuelo N° 1282 de la Aerolíneas Argentinas, procedente de Buenos Aires, donde se encontraba a la espera de que la Justicia permitiera su ingreso a Chile.
Familiares -su esposa y dos de sus hijos-, amigos cercanos, miembros del Comité Fin al Destierro Ahora (Fada), organizaciones sociales y activistas de Derechos Humanos esperaron impacientes su llegada y le dieron una calurosa bienvenida cuando volvió a caminar libre en Chile, después de 28 años.
Varias decenas de personas esperaban la llegada de Marchant.
El reloj marcaba las 9.20 de la mañana. Familiares, amigos y conocidos de Hugo Marchant se reunían en la entrada del aeropuerto. Miembros del Comité Fada -que esperaban expectantes la llegada uno de los desterrados de la democracia- sostenían con firmeza carteles que rezaban “Fin al destierro… por el derecho a vivir en mi tierra”. Los flashes de las cámaras no dejaban de parpadear apuntando en todas direcciones. Guardias del recinto solicitaban a los presentes que abrieran paso a los pasajeros que salían por la puerta de vuelos internacionales por la que al fin aparecería Marchant, quien, desafiando al Gobierno, se empeñó en ejercer su derecho de entrar al país que lo vio nacer y en el que se enfrentó a la dictadura en los años más duros del terrorismo de Estado.
La incertidumbre era inevitable; se trataba de la tercera vez que Marchant intentaría ingresar al país en menos de un mes. La posibilidad de que fuera nuevamente retenido y expulsado a Buenos Aires por la Policía de Investigaciones (PDI) persistía, pero sus familiares y abogados confiaban en que esta vez se haría respetar la resolución de la Corte Suprema que aprobó la suspensión de la pena de extrañamiento -destierro- por 15 días, que ya había otorgado el Ministro de Fuero de la Corte de Apelaciones, Joaquín Billard, y que había desestimado el 2 de diciembre la Policía de Investigaciones. Fueron 27 días de lucha judicial, que vería sus frutos en los siguientes minutos.
Su esposa, Silvia Aedo, lo recibe en el momento en que cruza la puerta de arribos internacionales.
En el aeropuerto se veían cercanos y cercanas de Marchant, quienes lucharon junto a él en contra de la dictadura y otros que fueron compañeros de prisión desde 1983, cuando fue apresado y recluido en la desaparecida Cárcel Pública de Santiago, acusado de participar en el atentado en contra del ex Intendente de Santiago de la dictadura, coronel Carol Urzúa, con resultado de muerte del militar.
El miembro de la Asamblea Nacional por los Derechos Humanos, Humberto Trujillo -quien cayó preso en 1983 y compartió con Marchant nueve años, hasta 1992- se presentó en la convocatoria para dar la bienvenida a su compañero. Él mostró su repudio a que aún exista el destierro luego de 22 años que acabó la dictadura. “Cualquier persona tiene derecho a vivir en su país, con su familia y sus amigos -aseguró-, por ello vamos hacer una Campaña Nacional para poner fin al destierro”, iniciativa en la que ya se encuentran empeñadas las personas que conforman el Comité Fin al Destierro Ahora, muchas de las cuales ya eran parte del Comité Chile Vuelvo, que se conformó en 2009 para terminar con una de las grandes deudas que mantiene la democracia en materia de derechos humanos: El destierro y la reparación para presos y presas políticos de la dictadura.
En Chile nunca se ha reconocido la labor y el sacrificio que hicieron sus prisioneros y prisioneras políticos/as. Todos y todas salieron de las cárceles con beneficios carcelarios a los que se puede acoger cualquier delincuente; quedaron con sus papeles marcados; y nunca se les otorgó el reconocimiento como los luchadores y luchadoras sociales que se empeñaron por una sociedad más justa en tiempos en que hacerlo el costo podía ser la vida.
 

Sus primeras palabras a la prensa junto a su hija, en su primer reencuentro en Chile, tras 19 años de exilio.
SE TRATA DE LUCHAR POR UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA
“Esto se inserta en la lucha de todo el movimiento social y político de Chile por buscar un cambio más profundo en la sociedad chilena”, aseguró Higinio Esperguer, coordinador Nacional de ex Presos Políticos de Chile, quien también llegó para recibir al ex mirista en el aeropuerto. Esperguer estuvo ochos años detenidos en la Cárcel Pública y allí también compartió con Hugo Marchant, quien lleva 19 años exiliado en Finlandia y fue uno de los que protagonizó una de las huelgas de hambre más prolongadas por la libertad de los prisioneros políticos en el primer gobierno de la Concertación.
Se sumaba cada vez más gente. La Presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Chile (Afep) -y activista por la libertad de los presos políticos durante la dictadura-, Alicia Lira, dijo que es una “vergüenza” y una “injusticia” que exista el destierro “para aquellos chilenos que dejaron todo y arriesgaron hasta su vida para terminar con la cultura de la muerte y el terrorismo de Estado en este país. El premio que le dieron los gobiernos de la Concertación, y que hasta la fecha no han reparado, fue el exilio permanente.”
Eran las 9.30. A esa hora, se supone, llegaría Marchant. Pero eso aún no ocurría. Su esposa, Silvia Aedo, convocó a un punto de prensa en el que aseguró a los periodistas que el ingreso de su compañero al país estaba cerca -el dato se había confirmado por teléfono-, y que se trataría del “primer paso para que todas las personas que están con 20, 25, 30 y 40 años de destierro puedan volver a su patria”, en una señal de que esta lucha que han dado por el derecho de caminar libremente en Chile no es un asunto solo personal, sino que es la realidad de muchas personas que aún siguen siendo castigados por haberse opuesto al terrorismo de Estado instaurado por Pinochet.
Un consenso que se expresó entre quienes llenaban el pasillo del aeropuerto, es que no se trata solo de beneficiar a un grupo de personas, sino que es un asunto de lograr una sociedad más justa, en donde el respeto por los derechos de las personas, de los derechos humanos, sea una prioridad para el Estado, y para todos los miembros de la sociedad. Quienes lucharon contra la dictadura se empeñaron por esa sociedad y la democracia les pagó dándoles la espalda y enviando a algunos al exilio.
La abogada Alejandra Arriaza, enfatizó el punto en que los juicios en que los presos y presas políticas fueron condenados “fueron sumamente irregulares. Sus condenas fueron dictadas en procesos donde se aceptaron testimonios obtenidos bajo tortura”, entre otras cosas que no se ajustan a derecho. “Es tiempo de cambiar esta injusticia”, declaró la abogada.
Han pasado 19 años desde que el Presidente de la época, Patricio Aylwin, firmó un decreto que autorizaba la expulsión a poco más de una treintena de prisioneros políticos de la dictadura y los mandó al destierro con destino a diferentes países de Europa. La alternativa que les ofrecía la democracia que se había esperado tras 17 años de dictadura, era quedarse a cumplir su condena en la cárcel; Marchant, luego de pasar nueve años en prisión, subió a un avión y partió a vivir en Finlandia, “país que nos ha dado mucho y con el que estamos muy agradecidos -dijo Silvia Aedo, su esposa-, pero que sigue sin ser el nuestro”.
En total, han sido 28 años de condena, para hacer una pausa desde hoy -jueves 29 de diciembre-, y nuevamente, caminar por las calles de Santiago. Hugo Marchant, entre el aeropuerto y la Alameda, miraba largamente por la ventana en el bus en que lo acompañaba una veintena de personas con las caras sonrientes, y que entre tanto y tanto le pasaban sus teléfonos portátiles para que saludara a más gente que le quería dar la bienvenida.
Silavia Aedo dijo que si se mira bien, en realidad son casi 40 años en que su compañero no camina tranquilo por las calles de Santiago, desde que salió a su primer exilio en 1974, luego cuando volvió y asumió la clandestinidad, la prisión, el nuevo destierro, esta vez por la “democracia”. “Cuanta vida ha corrido entre tanta muerte”, reflexiona.
Roberto Márquez, de Illapu, agrupación chilena que estuvo en el exilio durante la dictadura, llegó a recibir a Marchant.
MARCHANT ESTÁ EN CHILE PARA LUCHAR
“¡Terminar, terminar, el destierro por luchar! ¡Terminar, terminar, el destierro por luchar!”se esuchaban las voces de los familiares y amigos de Hugo Marchant Moya cuando lo vieron aparecer a las 9:50 horas. Le siguieron aplausos, gritos de felicidad, festejos y emoción.
“No sé que decir, porque estoy muy emocionado”, dijo mientras avanzaba por el pasillo del aeropuerto rodeado por micrófonos, grabadoras y cámaras fotográficas que no le perdían el paso. Varios abrazos lo obligaban a detenerse cada minuto. De pronto, una voz se alzó y pidió orden, para que todos se detuvieron en medio del pasillo que daba a una de las salidas, y Marchant habló ante una docena de periodistas, igual número de cámaras y varias decenas de personas:
“Me siento muy feliz de haber llegado a mi país y sobre todo porque entramos obteniendo esta pequeña pero gran victoria en la cual empezamos a vencer lo que es el destierro… podemos decir que estamos empezando a volver… y la lucha continúa… -¡Bravo! ¡Bravo! Respondió el grupo. Y Marchant prosiguió: “Tenemos que continuar esta campaña hasta que terminemos definitivamente con el exilio que pesa en contra de todos los compañeros que están impedidos de ingresar a Chile por distintas razones”, aseguró.
Acto seguido, Adriana Litwin, de la organización argentina Mujeres Marchando, quien viajó para esta ocasión, leyó una carta en representación de su organización que en una de sus partes decía: “Nuevamente la impunidad solapada se hace visible en la desvirtuada democracia chilena, ya que ni siquiera se respeta una dictamen de su propia justicia… ahora sí, compañeros, se ha respetado. Por esa razón -continuó- expresamos nuestra solidaridad con él. La desterritorialización y el desarraigo producen una cicatriz profunda, siendo un castigo solo reparable con el fin del destierro… si así ocurriere estaríamos en el camino de mejorar la democracia del hermano país”. Litwin agregó, por último, que el documento está firmado extraoficialmente por el vicepresidente de Argentina, Amado Boudou.
Eduardo Márquez, de la agrupación Illapu, cuyos integrantes también estuvieron exiliados en los años ’70, se acercó y le dio un abrazo a Marchant al tiempo que entonó un pedazo de ‘Vuelvo’, el emblemático tema que habla del retorno luego del destierro.
Márquez dijo que fue al aeropuerto porque es un asunto de justicia. “Conocimos a Hugo cuando fuimos a ver a los presos políticos a la Cácel Pública cuando los Illapu volvimos a Chile a principios de los años ’80. Incluso hicimos un concierto en la cárcel”, recordó. Luego agregó que “este es un primer paso para que se acabe con el exilio de muchos chilenos que aún están imposibilitados de volver”.  Y también expuso que acabar con el destierro es una deuda que esta “democracia” tiene pendiente.
Marchant pidió agua. Continuaron avanzando en dirección a la salida. Pero nuevamente empezaron los saludos. Se detuvieron. Su hija, Javiera, lo abarazó y le dijo rodeada de cámaras que van a “seguir luchando hasta que se pueda venir a vivir aquí a Chile”. Ella tenía 9 meses cuando fue detenida el año 83 junto a su madre, Silvia Aedo, por agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI). Permaneció de niña en el Cuartel Borgoño y creció con el temor de que su padre fuera asesinado,puesto que por años pesó sobre él una condena a muerte y que a su madre, cualquier día, no la volvería a ver. Aprendió a caminar en la cárcel, en los días de visita. Creció con un dolor, que ella califica como la “enfermedad de la dictadura”, que es la que padece, aseguró.
Prosiguieron los abrazos. Algunos lloraban. Juan Carlos Chávez Pilquil, hijo de Ismael Darío Chávez -detenido desaparecido el 26 de julio de 1974- se acercó a Marchant y le entregó un regalo: Una estrella de ocho puntas armada con palitos de canelo. Es un ngunelfe, que significa “lucero del nuevo amanecer”; para Pilquil, es el concepto que representa la llegada del ex mirista a Chile, puesto que lo ubica en una realidad de lucha en que con fuerza se vuelve a posicionar una causa por los derechos humanos que no se han resuelto en Chile.
Rosa Silva, ex dirigenta de la Agrupación de Ejecutados Políticos se acercó a Marchant, lo abrazó y luego, a pedido de él, gritó con una voz potente que resonó por todo el primer piso del aeropuerto, ante las miradas expectantes de turistas y viajeros: “¡Cooooompañero Hugo Marchant! ¡Presente!, respondieron los asistentes” “¡Coooooompañero Hugo Marchant! ¡Presente!, volvieron a responder y rieron de manera cómplice con la rememoranza de una época a las afueras de la cárcel pública, donde se escuchaba la voz de la activista, sin amplificación, en los años 80 y 90. Silva recordó el año 84, dijo, cuando “gritaba afuera de las cárceles… eran códigos que usábamos y van quedando a pesar del paso del tiempo. El mismo Hugo -Marchant- me lo pidió cuando me vio”, concluyó.

Hugo Marchant junto a sus esposa, hija, hijo y hermana, cruzando la Alameda después de 28 años.
28 AÑOS SIN PISAR LA ALAMEDA
Eran las 10.15 y Marchant se subía al bus junto con sus acompañantes en dirección a la Casa Cultural Simón Bolivar ubicada en Avenida Brasil. “Hay que empezar a quebrar esta condena demasiado cruel porque nos tiene demasiado lejos de nuestras raíces… este es un primer paso”, declaró el ex mirista antes de poner el primer pie en la escalera del vehículo. Luego, en estación Los Héroes del Metro, el bus se detuvo y Marchant bajó. “Son 28 años que no pisaba la Alameda”, aseguró, mientras encendía un cigarrillo y luego de escribir un saludo para la suegra del chofer del bus, quien le dijo que ella también fue una prisionera política.
Marchant miró a su alrededor y apunto a la Torre Entel: “Está todo totalmente cambiado… esa torre, por ejemplo, no tenía antes tantas antenas como ahora (…) voy a tener que volver a conocer esta ciudad”, señaló, mientras avanzaba por calle Cienfuegos y se quitaba su chaqueta negra, en dirección al centro cultural, a dos cuadras de la Plaza Brasil.
Cienfuegos. Huérfanos. Avenida Brasil. Hugo Marchant avanzó sin prisa y sin pausa hasta llegar a la Casa Cultural Simón Bolivar. Le ofrecieron sopaipillas en el camino. ¡No quiero nada! Dijo y siguió caminando. Antes de entrar, dio media vuelta y levantó el puño apretado junto a una imagen del Ché Guevara. Allí, a las 11.15 horas, lo esperaba un buen número de amigos y amigas, quienes lo recibieron con un aplauso, unas empanadas y un par de botellas de tinto.
Según Guillermo Rodriguez -más conocido como “El Ronco”- también ex preso político del MIR, se trató de “una buena recepción popular de los que luchan para uno que lucha”. Y agregó que es una alegría que “Hugo vuelva a Chile para luchar, porque hay quienes solo quieren una vida tranquila, conseguir un puesto de trabajo y olvidarse de ue requiere nuestro pueblo”, enfatizó.
“Tomen asiento, muchachos”, invitó el mismo Marchant a sus acompañantes, pasando de invitado a anfitrión. Se sirvieron bebidas, encendieron cigarrillos y en medio del alboroto, Marchant empezó a hablar:
“Quiero que sepan que esta no es sólo una lucha por estar con la familia o una demanda por reencontrarme con la cultura. Esto es una demanda por el derecho que tengo de vivir y de luchar en mi país. Y no es solo mi caso el que se debe resolver, sino el de todos los luchadores que hoy no pueden entrar a Chile”, señalando que aún queda una decena de condenados al destierro y cerca de un centenar que siguen con procesos pendientes desde la dictadura, entre quienes se cuentan quienes protagonizaron la fuga de la ex cárcel pública en marzo de 1990, a días de que Pinochet le cediera la banda presidencial a Patricio Aylwin.
Alfredo Vielma fue al encuentro con la voluntad de manifestar su solidaridad y apoyo.
Hasta el lugar llegó Alfredo Vielma, el dirigente de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces), quien le dijo a Hugo Marchant que estaba ahí a título personal, pero que está seguro que representa a un buen número de sus compañeros. “Usted representa la lucha por lo mismo que nosotros buscamos, una sociedad más justa y quiero que sepa que es muy importante para nosotros que usted venga a Chile a sumarse a la lucha por conseguirla”, dijo el secundario.
Marchant se emociona, y con la voz entrecortada, le dice que cuando evaluaron con su familia volver a hacer el intento por ejercer el derecho de entrar al país, una de las cosas que les dio la fuerza para hacerlo en este momento, en “gran medida fue inspirada por la lucha que han dado ustedes, los estudiantes”, recalcó.
Javiera Marchant tomó la palabra y dijo que ha leído en la prensa que señalan que ella está enferma. “Me importa un pico que piensen que estoy enferma de la cabeza -enfatizó-. Quiero que sepan que sí, estoy enferma y mi enfermedad se llama dictadura, se llama cárcel. Cuando se habla de los caídos, de los prisioneros políticos, hay una historia que se olvida, que es la de los hijos e hijas que tuvimos que crecer en medio de esta injusticia. No es sólo mi caso, son cientos de hijos los que tuvieron que enfrentar esa realidad”, e hizo referencia a que su hermano menor, quien nació en Finlandia, por primera vez está en Chile con su padre y que este reencuentro con su historia no es un favor sino un derecho.
Los días siguientes son de descanso. Un par de días para enfrentar el primer año nuevo en familia luego de 29 años. Y después, la próxima semana, llena de actividad, puesto que “la lucha continúa”, insistió Marchant, quien está decidido a hacer lo posible para que se erradique el destierro de la institucionalidad chilena y con ello, contribuir con otro gran grano de arena, para que construyamos una sociedad más justa. “Esta es solo una más de las muchas deudas que Chile tiene con los derechos humanos” -resaltó- “y algo tenemos que hacer para que eso cambie”.
Por Esteban Acuña Venegas y César Baeza Hidalgo (Twitter @Cesar_inBH)
El Ciudadano