Informe de Amnistía Internacional revela las carencias de Chile sobre derechos humanos
El organismo detectó que en Chile se emplea un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, un retraso en los derechos reproductivos de las mujeres y un camino pendiente en relación a la igualdad de género.
Amnistía Internacional (AI) publicó su Informe Anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, documento que incorpora el análisis de 159 países y territorios. De acuerdo a la organización, el 2016 «fue un año en el que la idea de dignidad e igualdad humanas, el concepto mismo de familia humana, fue objeto de un ataque intenso e implacable en forma de discursos acusatorios, basados en el miedo y la búsqueda de chivos expiatorios, propagados por quienes querían tomar el poder o aferrarse a él casi a cualquier precio».
En alusión a la emergencia de líderes como Donald Trump en Estados Unidos y Marine Le Pen en Francia, en conjunto con la oleada nacionalista de Europa, AI destaca que «laretórica del odio, la división y la deshumanización desató los instintos más sombríos de la naturaleza humana. Al atribuir la responsabilidad colectiva de los males sociales y económicos a grupos concretos —con frecuencia minorías étnicas o religiosas—, quienes estaban en el poder dieron rienda suelta a la discriminación y a los crímenes de odio, sobre todo en Europa y Estados Unidos».
Criminalización de la protesta y del pueblo mapuche
En su informe, AI releva el clima de represión que enfrenta la movilización social en el país. En este sentido, el documento expone que en Chile se dan constantemente casos de uso innecesario o excesivo de la fuerza por parte de la policía y destaca que entre las víctimas figuran menores de edad, mujeres, periodistas y trabajadores y trabajadoras del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) que actuaban como observadores.
«En noviembre, Chile terminó con el absurdo de exponer injustamente a civiles a la competencia de la justicia militar. Eso también es algo que veníamos reclamando hace mucho tiempo, en que las denuncias de violencia policial, que son constantes en Chile, eran en su mayoría enviadas a la justicia militar, que no da garantías de independencia e imparcialidad», sostuvo Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Chile.
Una de las tantas deudas pendientes del Estado chileno con los Derechos Humanos concierne a la desaparición forzada del adolescente José Huenante (16 años), quien fue visto por última vez en septiembre de 2005, mientras era detenido por Carabineros. Si bien el INDH interpuso una querella para que los tribunales continuaran investigando el caso, aun no se aclara el destino del joven de Puerto Montt.
En relación a los pueblos indígenas, AI reporta el antecedente referido a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados encargada de indagar los hechos de violencia ocurridos en la Araucanía. Sin embrago, ante las denuncias por uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias realizadas por policías, la instancia alegó que dichos casos no estaban dentro de su competencia.
Las arbitrariedades del Estado también se manifestaron en el proceso judicial al que fueron sometidos el fotógrafo Felipe Durán y el miembro de la comunidad mapuche Cristián Levinao, acusados de tenencia ilícita de armas, imputación que les valió más de 300 días en prisión preventiva, aunque finalmente fueron absueltos de todos los cargos.
Otro atentado a la dignidad de las personas, ejercido por el Estado de Chile, ocurrió con el caso de la machi Francisca Linconao. En marzo fue detenida por su presunta participación en el asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay, episodio inicial de una serie de decisiones contrapuestas de la justicia, que significaron cuatro autorizaciones de arresto domiciliario por su estado de salud, todas anuladas en apelación.
A esto se suma la indolencia del Gobierno, cuando en noviembre la machi fue trasladada al hospital intercultural de Nueva Imperial, lugar donde inició una huelga de hambre por 14 días, con el fin de que se admitiera su permanencia en reclusión dentro de su casa a la espera del juicio.
Necesidades sociales vs. creencias personales
El aborto sigue siendo una de las materias con mayor retraso en el país. Todavía las mujeres pueden ir a la cárcel por la interrupción de su embarazo, despojo de libertad que continuará mientras no se legisle en favor de los derechos que las mujeres tienen sobre su cuerpo.
Si bien el Gobierno estableció el proyecto de aborto por tres causales (peligro para la vida de la mujer, inviabilidad fetal de carácter letal y embarazo por violación) como una prioridad para su último año de administración, este aún se mantiene en el Congreso, sujeto además al fuerte lobby de los grupos ultraconservadores alojados en los partidos de derecha y en parte de la Democracia Cristiana.
Al respecto, Ana Piquer afirmó que «es indigno que algunos/as parlamentarios/as sigan haciendo prevalecer sus concepciones personales a costa de los derechos de las mujeres y niñas chilenas. Mientras los legisladores siguen dilatando la discusión, en Chile siguen habiendo abortos ilegales, clandestinos e inseguros, y mujeres poniendo en riesgo su vida y salud».
Por otro lado, el proyecto de ley de identidad de género tiene un destino incierto. En septiembre se había aprobado en la comisión de Derechos Humanos del Senado, sin embrago, la instancia no pudo votar las indicaciones a la iniciativa por falta de quórum. A dicha sesión de enero faltaron los senadores Manuel Antonio Matta (DC), Manuel José Ossandón (RN) y Jacqueline van Rysselberghe (UDI).
En el informe de AI también se hace mención al compromiso del Ejecutivo de enviar un proyecto de ley para legislar sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, durante el primer semestre de este año.
Una América peligrosa
Amnistía Internacional considera que América continúa siendo una de las regiones más violentas y desiguales del mundo, a pesar del discurso público sobre democracia y progreso económico.
«En toda la región, el año estuvo marcado por la tendencia a una retórica contraria a los derechos, racista y discriminatoria tanto en las campañas políticas como por parte de las autoridades del Estado, una retórica que los medios de comunicación de mayor difusión asumieron y normalizaron», dice el informe. Ejemplo de esta situación sería la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, «tras una campaña electoral en la que causó consternación por su discurso discriminatorio, misógino y xenófobo», afirma AI.
Berta Cáceres
Como uno de los «fracasos más deplorables» califica AI a los intentos de los gobiernos americanos por hacer frente a la violencia de género. De acuerdo al estudio, «la Comisión Económica para América Latina y el Caribe reveló que en la región eran asesinadas diariamente 12 mujeres y niñas por motivos de género (un delito denominado “feminicidio”), y que la mayoría de esos crímenes quedaban impunes».
En este sentido, el informe añada que de acuerdo al Departamento de Estado de EEUU, «una de cada 5 mujeres sufría agresión sexual durante sus años universitarios en ese país, aunque sólo uno de cada 10 casos se denunciaba ante las autoridades».
Por último, el reporte aborda la delicada situación de los/las activistas por los derechos humanos en el continente americano. «Las personas que se dedicaban al periodismo, la abogacía o la judicatura, así como los opositores políticos y los testigos fueron especialmente objeto de amenazas, ataques, tortura y desapariciones forzadas, e incluso algunos murieron a manos de agentes estatales y no estatales que querían silenciarlos», señala AI.
Un caso emblemático fue el de la lideresa indígena hondureña Berta Cáceres, asesinada en marzo a los 44 años. La dirigenta había denunciado anteriormente que había sido amenazada, incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había dictado medidas cautelares para su protección.
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