La historia de esta “cenicienta” dentro del Ejército, que pasó de ser un oscuro y desconocido abogado a transformarse en el principal orejero del dictador, ha estado llena de luces y sombras. En la década del 80 fue uno de los personeros del régimen más conocidos por la opinión pública y más “respetado” al interior de las instituciones armadas. A poco andar llegó a constituirse en un paria entre sus pares al ser sindicado como el responsable del apresamiento de Pinochet en Londres y también uno de los más despreciados de la población.
De “porro” a cometa
Antes de las causas en contra del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) que lo “lanzaron al estrellato”, como solía reconocer en privado, Torres Silva era un oficial de justicia del Ejército cuyo rol más relevante era haber sido designado para participar en los Consejos de Guerra acontecidos después del Golpe de Estado de 1973. Luego sería contratado como asesor presidencial y jefe de la Secretaría de Legislación del Diego Portales, donde operaba la Junta de Gobierno en los primeros tiempos. Sus antecedentes militares eran nulos, pues provenía de la civilidad y cuyo nexo con la institución armada eran sus estudios de derecho. El título lo obtuvo a duras penas y tras cerca de dos décadas, en plena dictadura.
Torres Silva, ya como “fiscal ad-hoc” se transformó rápidamente en un personaje conocido de la prensa, a la cual solía divulgar “trascendidos” en las causas que llevaba, las que los medios de derecha reproducían como verdades absolutas. Entre las causas emblemáticas a su cargo, una le trajo serios problemas pero que lo catapultaron a la cúpula del Ejército. Luego de que la Corte Marcial, de manera inédita el 7 de diciembre de 1998 acogiera un recurso de queja presentado en su contra por el Obispo Sergio Valech por la incautación de fichas de atenciones médicas desde la Vicaría de la Solidaridad, en que incluso votaron en contra de Torres el representante del Ejército, brigadier general Joaquín Erlbaum y el de la Fuerza Aérea, Adolfo Celedón, Pinochet descabezó la justicia militar.
Después de varios conatos, el 28 de diciembre, día “de los inocentes”, Torres fue ascendido al puesto de auditor general del Ejército. Ello fue comunicado a la prensa mediante una declaración para el bronce. El entonces subsecretario de Justicia Luis Manríquez Reyes, señaló: “El fiscal Torres es un héroe de la democracia en Chile”. La Corte Suprema no quedó en menos y dejó sin efecto ese mismo día las sentencias de la Corte Marcial que lo habían castigado por su actuación en el caso Vicaría. Así accedió a la cabeza de la justicia militar, entre gallos y medianoche, sin reunir los requisitos legales, lo que fue obviado por Pinochet quien impuso su nombre por ser “su hombre de confianza”.
Hacía gala de su poder
Torres Silva, mal que mal, era el único que se había preocupado de perseguir a los autores del atentado que casi le costó la vida a Pinochet y a quien lo mantenía al tanto de las acciones que sus “enemigos” dirigían en su contra. Se enorgullecía de haber procesado a más de 120 terroristas, como les llamaba, incluido entre ellos, como lo diría la propia Corte Suprema, un “ayudista” cuyo único delito era haber prestado un teléfono a un amigo sin saber para qué sería utilizado. Además el dictador percibía que el fiscal le había dado el tinte de legalidad a la dictadura que separaba aguas de la brutalidad de otro general, Manuel Contreras.
El fiscal gozaba de gran poder dentro del Ejército y estaba convencido que aún en democracia ese poder debía ser ejercido en plenitud. Uno de los hechos que demostró la presión de la institución armada, se produjo durante el juicio del ex canciller Orlando Letelier, quien fue asesinado a manos de la DINA. Durante las audiencias públicas en Santiago, fue uno de los 4 generales que hizo presencia silenciosa, pero evidente durante los alegatos. También fuera de la sala realizó amenazantes declaraciones que daban a conocer la “molestia de su institución”.
El mega fiscal usó y abusó de los poderes que la justicia militar le concedía y de la influencia que obtenía con el uso de información privilegiada. También logró granjerías económicas indebidas, como su nombramiento en 1986, por el entonces Ministro de Justicia Hugo Rosende como “asesor jurídico” de Gendarmería. Su caída se provocó como consecuencia del encarcelamiento del dictador en Londres. Torres lo había convencido que esa causa de España se había terminado, “le mintió”, aseguró la exministra Mónica Madariaga. El “error involuntario” detonó la decisión de Pinochet de viajar a Europa confiado en la información que el fiscal le entregó. Fue también el detonante de su ocaso, debió renunciar al Ejército.
Voto decisivo
Su trayectoria fue más allá de su cargo en la institución armada, pues en su calidad de auditor integraba la Corte Suprema en causas que involucraban a militares, siendo decisivo su voto en muchas de ellas, como aconteció en el denominado “caso quemados”, que involucró a una patrulla del Ejército en el secuestro y posterior atentado de quemar vivos a Rodrigo Rojas De Negri y Carmen Gloria Quintana. En aquella oportunidad se debatían dos condenas en contra del oficial a cargo de la patrulla, Fernandez Dittus. Tres ministros estaban por condenarlo por homicidio calificado y 2 por cuasidelito. El voto de Torres Silva fue crucial.
“En total (Fernández) fue condenado a 600 días, y le fueron descontados los que cumplió en un regimiento. Aquí influyó mucho el fiscal Fernando Torres Silva, porque gracias a su voto se produjo un empate en la Corte Suprema: tres jueces opinaron que esto era homicidio calificado y lesiones graves, mientras otros tres (incluido Torres), votaron por cuasidelito de homicidio. En Chile cuando hay empate se otorga la pena que favorece al reo”, declaró Carmen Gloria Quintana a Cambio21. Para Quintana, “Todos los juicios en que tuvo participación el fiscal Torres Silva deberían ser declarados nulos por su cobarde servilismo con Pinochet. Él, deshonestamente, trabó la posibilidad de justicia en muchos casos”, aseguró.
La influencia de Torres en las votaciones era evidente, señalan cercanos al palacio de justicia. “Conocía al dedillo las debilidades de cada uno de los miembros de la Corte y sabía usarlas en el momento preciso”, asegura nuestra fuente. Verdad o no, su “señoría” como exigió que se le llamara, trancó, aún en democracia, importantes votaciones que inhibieron proseguir adelante con investigaciones o que imposibilitaron castigo a los culpables de violaciones a los Derechos Humanos. Para el diputado del PPD, e hijo homónimo del dirigente sindical, Tucapel Jiménez, “Torres Silva, cumplía un rol bastante perverso y gracias a él se impidió que se hiciera justicia y se conociera la verdad, bajo sus órdenes se establecieron los cuestionados pactos de silencio y la complicidad para no cooperar con la justicia”, sentenció.
En su propia trampa
La principal labor de Torres Silva una vez recuperada la democracia, fue preparar las defensas de los agentes de seguridad y militares involucrados en violaciones a los Derechos Humanos. Lo que no preparó fue su propio caso, que lo llevó a ser uno de los condenados por la Corte Suprema como encubridor del homicidio del entonces presidente de la ANEF, Tucapel Jiménez, asesinato ejecutado por agentes del régimen en febrero de 1982. La sentencia la cumpliría en libertad, pero lo que tampoco pudo prever, era que ese antecedente le quitaría años más tarde el derecho de acceder a la irreprochable conducta y demás beneficios, dada su reincidencia.
Torres Silva era quien encabezaba desde el Ejército el llamado “sistema de control de bajas”, parte de una alambicada operación de inteligencia que buscaba evitar que agentes de la dictadura cayeran en manos de la justicia. Más que “solidaridad” institucional, lo que se pretendía era que no hablaran. Por ello era importante generar pactos de silencio que, si no era posible o seguro aplicar, implicaban otras medidas, como sacar gente del país o asesinarlos. Así se hizo con el exagente y químico de la DINA Eugenio Berríos a quien, por orden expresa de Pinochet, se le sacó de Chile con destino a Uruguay, donde se le dio muerte por querer volver al país. Torres fue sentenciado por asociación ilícita en este caso.
La condena a 10 años de cárcel sin beneficios procesales ni penitenciarios, a sus 75 años, fue demoledora para el otrora poderoso fiscal. De su departamento en Providencia fue llevado por la Brigada de DDHH de la PDI directo a Punta Peuco, donde ingresó a la 1 de la mañana el 15 de agosto de 2015. Es uno de los pocos residentes en ese lugar que todavía se resiste a su situación y no se conforma con su nuevo estado. Su “desencierro” comienza a las 8:30 de la mañana (no de sus piezas sino que del módulo, por el cual pueden tener acceso a espacios comunes) y a las 22 horas se cierran las puertas a espacios externos. El almuerzo está programado para las 12:30 hrs. y la cena a las 17 hrs.
No deja de “ejercer”
Los primeros días Torres los pasaba encerrado en su módulo –que comparte con Miguel Krassnoff, e Iturriaga Neumann entre otros, desde donde vio “partir” a dos de sus camaradas que le precedían en el lugar: Marcelo Moren Brito y Álvaro Corbalán Castilla. El primero muerto y el segundo trasladado en castigo a la cárcel de Alta Seguridad. “Lee mucho y escribe, además ocupa su tiempo en elaborar cartas que entrega a abogados y familiares para hacerlas llegar al Papa y hasta a contactos que pudieran ayudarle en su situación”, asegura a Cambio21 una fuente muy bien interiorizada del día a día en Punta ¨Peuco, pero que solicita omitir su nombre.
Suele aconsejar a los demás internos que son citados a declarar “para que no se inculpen ni inculpen a los otros agentes. También está preocupado de su propia situación y está redactando una presentación para acogerse a beneficios penitenciarios e incluso ver si puede revertir su condena”, afirma nuestra fuente. Las esperanzas de lograr algo a nivel de tribunales para Torres, se alimentan a partir de la designación del nuevo presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, quien fue el único de los ministros de ese tribunal que estuvo por declarar la “inocencia” de Torres Silva.
“Hacinados”
Para las familias de los habitantes de Punta Peuco, este lugar se encuentra casi a nivel de “hacinamiento”, con una capacidad máxima de 112 personas, lo que les obliga a compartir dormitorios en los módulos que Gendarmería dispone en dicho centro penitenciario y en donde se encuentran concentrados solo algunos de los más grandes violadores a los Derechos Humanos durante la dictadura cívico-militar de Pinochet. Paradojalmente una inspección que realizara el INDH a Punta Peuco fue generada como consecuencia de denuncias de los propios internos, que reclamaron que sus DDHH estaban siendo violados.
Según el informe de 2015 entregado por el Instituto de los Derechos Humanos (INDH), dicho establecimiento sigue contando con beneficios carcelarios que no dispone ningún otro penal en Chile. Piscina, cancha de tenis, mesas de billar, acceso a televisión por cable –sobre la que los internos reclaman que no existe gran variedad de canales-, también cuentan con acceso a internet y telefonía celular, entre otros beneficios. Sume a ello “frigobares”.
Para el INDH “en términos generales, la infraestructura y equipamiento observado da cuenta de condiciones materiales adecuadas y que no posee ningún otro establecimiento penitenciario del país”. Sobre las celdas el informe establece que son “amplias, con excelentes condiciones de iluminación y ventilación, además de baños y estantes para sus artículos personales”. Cuentan además con “artefactos eléctricos que se encuentran en la cocina y comedor de los módulos, los internos en sus celdas tienen televisores con pantalla plana, televisión satelital, frigobares, entre otros”, consigna el documento.
A lo anterior sume una sala multiuso, una biblioteca, una sala de computación, dos multicanchas, cada una de unos 20 por 40 metros cuadradosaproximadamente, que están habilitadas como canchas de tenis, sin techar, pero en buenas condiciones. Claro que muchos por su avanzada edad no usan esas instalaciones. Así que pelotas de tenis no es lo más demandado, por el contrario, uno de los productos que en mayor cantidad ingresa a Punta Peuco, son los “pañales desechables para adultos”.
FUENTE: CAMBIO 21
