lunes, 30 de marzo de 2015

Penta: Lily Pérez lanza fuerte crítica a Novoa y dice que sus palabras son “irresponsables” y un intento de lograr impunidad

La parlamentaria cuestionó el apoyo que –según dice– ha visto en dirigentes de la Nueva Mayoría y la Alianza para lograr un acuerdo institucional que signifique dejar atrás las investigaciones en curso. En RN aseguraron que no están disponibles para un "perdonazo".

La senadora de Amplitud y ex militante de RN, Lily Pérez, reaccionó con una fuerte crítica a las palabras de Jovino Novoa respecto de la investigación en el caso Penta. En entrevista conEl Mercurio, Novoa aludió a los fiscales como “figurines”, calificando la idea del “caiga quien caiga” como el “eslogan de los irresponsables” y se dio tiempo para pedir un gran “acuerdo nacional” que permita “salir de este marasmo”.

Lily Pérez, afirmó que “no comparto para nada los dichos del ex senador Novoa, me parecen irresponsables”. La senadora de Amplitud, en entrevista con La Segunda, agregó que “si la política está como está es porque hay dirigentes políticos que han incurrido en acuerdos de esta naturaleza en el pasado”, al tiempo que agregó que lo “único que va a salvar a nuestro país es la verdad y la justicia, no un acuerdo que huela a impunidad, que es lo que he visto que ha sido la reacción de dirigentes de la Nueva Mayoría y de la Alianza”, aseguró.

Menos directas, pero en la misma línea, llegaron las críticas del presidente de RN, Cristián Monckeberg. El diputado afirmó que “creo que el Ministerio Público está haciendo su trabajo. No tengo ningún problema con los fiscales”. Y sobre un eventual “acuerdo nacional”, precisó que “si eso significa borrón y cuenta nueva y perdonazo, yo no estoy de acuerdo con eso”.

También se sumó a estos cuestionamientos Evópoli a través de su secretario general, Jorge Saint Jean. “No tenemos temor al caiga quien caiga, por el contrario, y no es irresponsable”.

Desde la UDI, como era de esperar, el presidente de la colectividad Javier Macaya apoyó las declaraciones del “coronel” del partido. “Su diagnóstico respecto de lo complejo en que puede terminar esto para Chile si no se toman medidas luego, y la necesidad de salir del inmovilismo con liderazgo político, es algo con lo que tengo coincidencia”, afirmó.

FUENTE: EL MOSTRADOR

Declaran admisible ampliación de querella del CDE contra empresas Penta

30/03/2015 |

La ampliación afecta directamente a Pablo Wagner por sus gestiones en favor de una mina de Penta cuando era subsecretario de Minería en la administración de Piñera.

El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la ampliación de la querella por soborno y lavado de activos que interpuso elConsejo de Defensa del Estado en contra de las empresas de Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, en calidad de personas jurídicas, según informa radio Biobío.

Se trata de Penta S.A., Inversiones Penta 3 Ltda., Inversiones BanPenta Ltda. y Andes Iron SpA.

La resolución pide al equipo investigador, encabezado por el fiscal nacional Sabas Chahuán, que identifique la responsabilidad de dichas empresas en la triangulación de dinero que llegó a manos de Pablo Wagner cuando ejercía como subsecretario de Minería.

Lo anterior, en circunstancias que Délano y Lavín -que se encuentran formalizados y recluidos desde el 7 marzo- impulsaban el proyecto minero Dominga.

FUENTE: CAMBIO 21

La UDI tras los pasos de Sabas Chahuán: partido busca poder destituir a Fiscal Nacional con acusación constitucional

30/03/2015 |

Por Nicolás Borcoski

El gremialismo es el principal partido golpeado por la minuciosa investigación que lleva a cabo el Ministerio Público. Por eso no deja de extrañar que escogiera este momento para revivir un proyecto que lleva dormido seis años en el Congreso.

El gremialismo comenzó los trámites para rescatar del archivo una ley que, por los tiempos actuales, puede convertirse en una lucha que se convierta en un arma de doble filo. Se trata de un proyecto presentado hace seis años y que hasta ahora dormía en la comisión de Constitución y Justicia de la Cámara, que pretende dar espacio para acusar constitucionalmente al Fiscal Nacional y así removerlo de su cargo.

Cabe decir que los trámites se reanudan en momentos en que la Fiscalía Nacional, presidida por Sabas Chahuán, sostiene una minuciosa investigación por los casos Penta y SQM que afectan enormemente a la UDI.

Sobre el trabajo iniciado por los diputados gremialistas, el presidente del partido, Javier Macaya, alegó que es "una legítima inquietud", siendo "una discusión que se puede tener y hay que ver de qué manera se hace con la mayor altura de miras posible".

"Todas las señales políticas son importantes y éstas indican que en ciertas situaciones, en ciertas filtraciones, direcciones que se asumieron en el marco de las investigaciones existieron algunas que nos generaron una sensación térmica distinta a la de los partidos", agregó.

Sabas Chahuán asumió personalmente la investigación del caso Penta, luego de la polémica armada cuando se separó de la investigación a Carlos Gajardo.

Divisiones gremialistas

Al interior de la comisión en que descansaba el proyecto, hay tres diputados UDI. Dos de ellos, en conversación con Cambio21, demostraron que existen divisiones sobre el futuro de la iniciativa, pero que se puede concordar que los tiempos para la acción no son los más adecuados u oportunos.

Por una parte, la diputada Marisol Turres, explicó que "todas las autoridades necesitamos tener un contrapeso y poder ser fiscalizadas y autorizadas de alguna manera en el ejercicio de nuestros cargos. El fiscal nacional no lo tiene, así como los ministros o parlamentarios. Me parece que es bueno que a través de este proyecto, abrir el debate. Que una figura tan importante, también tenga un grado de responsabilidad y que tenga esta fiscalización efectiva por medio de una acusación constitucional".

"A veces son situaciones complejas las que llevan y hacen que nazca una nueva legislación, pero este proyecto no va a salir en tres semanas o tres meses, se requiere discusión, un análisis que va a ir mucho más allá de la actual crisis que viven en general los actores políticos en nuestro país", dijo Turres, agregando que este proyecto no debería afectar "en ningún caso", la independencia del cargo en el futuro.

De izquierda a derecha, los diputado Turres y Squella (ambos UDI) presentan diferencias sobre el momento en que se presenta el proyecto.

Por su parte, el diputado Arturo Squella, comparte las preocupaciones sobre el momento en que se presentó , sin embargo, hace hincapié que no es la primera vez que se presenta un proyecto de este tipo de normativa, además de decir que como bancada el tema no se discutió al surgir en semana distrital.

"Es mal momento para plantearlo, porque en el fondo, la lectura podría ser que justo cuando el mundo político está en cuestión, ellos usan sus herramientas para defenderse, y obviamente no corresponde a la realidad, porque ésta es en la que se presentan proyectos de este tipo, imagino yo, desde el momento de la creación del Ministerio Público en adelante".

Es un tema profundo e interesante, que perfectamente se puede debatir y avanzar en esa línea. Hay que recordar, eso sí, que hoy sí existe un mecanismo para remover a fiscales, radicado en la Corte Suprema, por lo que hay que revisarla, pero claramente el momento no ayuda.

Una advertencia a Chahuán

Desde la Nueva Mayoría y como presidente de la comisión, el diputado Leonardo Soto (PS) no duda en decir que "la petición que hace la UDI, es extremadamente inoportuna.

"En el contexto en que estamos, con la crisis que vivimos con los casos que están en la Justicia, como Penta, Soquimich que son llevados personalmente por el fiscal nacional, sin duda que su petición puede ser entendida como una medida de amedrentar al fiscal en sus tareas investigativas. Pareciera que le quieren notificar que si prosigue con la investigación, intentaran acusarlo constitucionalmente. Eso es grave".

Además, el diputado fustigó que el partido UDI haya adoptado la postura de protección a quienes hayan cometido delitos. Por lo demás, definió la idea como "una iniciativa que va directamente a afectar la autonomía en dependencias que tiene el Ministerio Público, porque si prosperara, entenderíamos que el fiscal nacional debiera estar sujeto a responsabilidad política".

FUENTE: CAMBIO 21

Texto

¿Está titulado? Mineduc analiza crear impuesto a profesionales para financiar gratuidad universitaria

30/03/2015 |

La iniciativa estaría siendo trabajada desde hace meses por un círculo pequeño de asesores en el Mineducy su debate "no ha estado exento de polémicas que han demorado el avance de la ingeniería en detalles.

El Gobierno evalúa la posibilidad de crear un impuesto especial para profesionales titulados con la finalidad de garantizar el financiamiento de la gratuidad universal en la educación superior.

Así lo afirma este lunes el diario La Tercera, que señala haber tenido acceso a los borradores del proyecto que trabaja el Ministerio de Educación para la modernización del sistema de financiamiento, acceso, institucionalidad y calidad.

La iniciativa "es trabajada hace meses por un círculo pequeño de asesores en el Mineduc" y su debate "no ha estado exento de polémicas que han demorado el avance de la 'ingeniería en detalles'", señala el matutino, que identifica el presupuesto con el que contará el proyecto para la gratuidad universal como uno de los "traspiés" de la discusión.

De acuerdo con la publicación, la metodología para alcanzar la meta del Gobierno -que contempla fijación de aranceles y límite de años de estudio- "es muy costosa" y comprometería al menos la mitad de los recursos destinados para la cartera, mientras la División de Educación Superior (Divesup) contemplaba ocupar para gratuidad sólo el 30 por ciento.

En esa línea, "los asesores del Mineduc están pensando en un sistema mixto que contemple que un alumno que ingrese al sistema de educación superior estudie gratis y luego al trabajar devuelva parte de lo gastado vía impuesto, el que dependerá de la renta. Es decir, un impuesto al graduado".

Esta idea, afirma La Tercera, "dividió al Mineduc", ya que si bien soluciona el problema del déficit, "complica políticamente el mensaje de gratuidad", pues se podría confundir "con un crédito contingente al ingreso, como funciona hoy el Crédito con Aval del Estado (CAE)".

"La diferencia del crédito con el impuesto, es que éste se descontaría por el sistema tributario y no por una empresa recaudadora", dice el diario, que precisa que el eventual tributo se aplicaría spolo por un período determinado de años (no por el total de la carrera) y afectaría a los profesionales con mayores remuneraciones.

Fin del lucro en CFTs e IPs

Según el diario, otra aspecto que contempla el borrador del proyecto es el fin del lucro en los centros de formación técnica (CFT) e institutos profesionales (IP). Esta medida sería requisito para acceder a dineros estatales, al igual que la Ley de Inclusión que afectará a la educación escolar y que fue aprobada por el Congreso durante enero.

Esta parte de la normativa, sin embargo, vendría integrada en un proyecto distinto al que que el Mineduc presentará durante el segundo semesrtre de este año.

FUENTE: CAMBIO 21

Nueva demanda colectiva contra Soquimich (SQM) en corte de Estados Unidos

30/03/2015 |

La demanda alega que la empresa no entregó información relevante relativa a los recursos que habrían sido destinados al financiamiento de campañas políticas.

Una nueva demanda colectiva fue presentado en Estados Unidos contra la minera no metálica SQM.

El estudio legal Howard G. Smith presentó una demanda en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York en representación de inversionistas que compraron acciones entre el 4 de marzo2014 y el 17 de marzo de 2015.

La demanda alega que la empresa no entregó información relevante relativa a los recursos que habrían sido destinados al financiamiento de campañas políticas.

Asimismo la acción legal sostiene que la empresa carecía de controles internos adecuados sobre los informes financieros y como resultado de lo anterior éstos habrían sido materialmente falsos y engañadores en periodos relevantes.

La semana pasada el nuevo gerente general de SQM, Patricio de Solminihac dijo que la compañía informó al Servicio de Impuestos Internos (SII) que realizó pagos por US$11 millones que no tienen suficiente documentación de respaldo y que pagará los impuestos y multas que correspondan por ello.

"El 20 de marzo de 2015 informamos al SII de pagos por unos US$11 millones que se originaron desde la oficina de nuestro ex CEO (Patricio Contesse) durante seis años, desde 2009 y hasta 2014, que podrían no cumplir los requisitos para ser considerados gastos bajo el Código Tributario chileno, debido a que la documentación de respaldo es insuficiente", dijo el ejecutivo en una conferencia telefónica con analistas.

FUENTE: CAMBIO 21

Condenan a 79 exagentes de la dictadura por una víctima de la llamada "Operación Colombo"

30/03/2015 |

La "Operación Colombo" fue un montaje de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional), la policía secreta de Pinochet cuyo objetivo fue encubrir la desaparición de 119 opositores al régimen afirmando que había sido una vendetta al interior de movimientos de izquierda.

El juez especial Hernán Crisosto condenó a penas de prisión a un total de 79 agentes de la dictadura de Augusto Pinochet por el secuestro calificado del mirista Pedro Poblete Córdoba en 1974.

El nombre de la víctima fue incluido en la llamada "Operación Colombo", un montaje de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional), la policía secreta de Pinochet cuyo objetivo fue encubrir la desaparición de 119 opositores al régimen.

En su resolución de primera instancia, el juez Crisosto condenó a 13 años de prisión a 6 altos oficiales de la DINA, incluido quien fue su jefe, el general en retiro Manuel Contreras Sepúlveda, quien acumula más de 400 años de presidio entre sentencias a firme y otras con instancias pendientes, tras ser condenado en decenas de juicios por violaciones a los derechos humanos.

Los otros jerarcas de la DINA condenados con el general Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, y César Manríquez Bravo, los brigadieres Pedro Espinoza y Miguel Krassnoff Martchenko y el excoronel Marcelo Moren Brito.

Un imputado, Demóstenes Cárdenas Saavedra, fue absuelto al no haberse acreditado su participación.

Pedro Poblete Córdoba, de 27 años y miembro del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue detenido por agentes de la DINA en el centro de Santiago el 19 de julio de 1974. El detenido fue llevado al centro de torturas y exterminio situado en el número 38 de la céntrica calle Londres, y luego al campo de prisioneros "Cuatro Álamos".

Los otros condenados

El juez Crisosto determinó que 39 antiguos agentes fueron sentenciados a 10 años de prisión: Gerardo Ernesto Urrich González, Gerardo Ernesto Godoy García, Ricardo Víctor Lawrence Mires, Ciro Ernesto Torré Sáez, Sergio Hernán Castillo González, Manuel Andrés Carevic Cubillos, José Nelson Fuentealba Saldías, Basclay Humberto Zapata Reyes, José Enrique Fuentes Torres, José Mario Friz Esparza, Julio José Hoyos Zegarra, Nelson Alberto Paz Bustamante, Claudio Orlando Orellana de la Pinta, Enrique Tránsito Gutiérrez Rubilar, Gustavo Galvarino Carumán Soto, Hiro Álvarez Vega, José Alfonso Ojeda Obando, Luis Salvador Villarroel Gutiérrez, Olegario Enrique González Moreno, Orlando Jesús Torrejón Gatica, Rudeslindo Urrutia Jorquera, Alfredo Orlando Moya Tejeda, Carlos Alfonso Sáez Sanhueza, Hernán Patricio Valenzuela Salas, Hugo Rubén Delgado Carrasco, Juan Alfredo Villanueva Alvear, Juan Evaristo Duarte Gallegos, Lautaro Eugenio Díaz Espinoza, Leónidas Emiliano Méndez Moreno, Pedro Ariel Araneda Araneda, Rafael De Jesús Riveros Frost, Víctor Manuel Molina Astete, Fernando Enrique Guerra Guajardo, Manuel Rivas Díaz, Juan Ángel Urbina Cáceres, Risiere del Prado Altez España, Raúl Juan Rodríguez Ponte, Hermon Helec Alfaro Mundaca y Hugo del Tránsito Hernández Valle.

Asimismo, 45 agentes recibieron una condena de 4 años de cárcel, en calidad de cómplices: Luis Eduardo Mora Cerda, José Jaime Mora Diocares, Camilo Torres Negrier, Carlos Justo Bermúdez Méndez, Claudio Enrique Pacheco Fernández, Fernando Adrián Roa Montaña, Gerardo Meza Acuña, Héctor Raúl Valdebenito Araya, Jaime Humberto Paris Ramos, Jorge Laureano Sagardia Monje, José Dorohi Hormazábal Rodríguez, José Manuel Sarmiento Sotelo, José Stalin Muñoz Leal, Juvenal Alfonso Piña Garrido, Luis René Torres Méndez, Manuel Antonio Montre Méndez, Máximo Ramón Aliaga Soto, Moisés Paulino Campos Figueroa, Nelson Aquiles Ortiz Vignolo, Nelson Eduardo Iturriaga Cortés, Pedro Segundo Bitterlich Jaramillo, Reinaldo Alfonso Concha Orellana, Sergio Hernán Castro Andrade, Víctor Manuel de la Cruz San Martin Jiménez, Gustavo Humberto Apablaza Meneses, Héctor Carlos Díaz Cabezas, Jorge Antonio Lepileo Barrios, Óscar Belarmino la Flor Flores, Rufino Espinoza Espinoza, Roberto Hernán Rodríguez Manquel, Víctor Manuel Álvarez Droguett, Héctor Manuel Lira Aravena, Juan Miguel Troncoso Soto y Sergio Iván Díaz Lara.

FUENTE: CAMBIO 21

Rechazo a propuesta de autoamnistía propuesta por Jovino Novoa para los casos de corrupción

EL CIUDADANO· HOY 14:03

CHILE, POLÍTICA

Su total rechazo a lo que llamó “autoamnistía” o acuerdo nacional propuesto por el ex presidente de la UDI, Jovino Novoa, investigado por la justicia en la arista política del caso Penta, para poner fin a la crisis política luego de los escándalos de irregularidades y corrupción conocidos en el país, expresó el presidente de la Izquierda Ciudadana, diputado Sergio Aguiló.

El ex funcionario de Pinochet y ex senador de la UDI llamó el fin de semana a constituir un acuerdo nacional para superar la crisis de credibilidad por la que atraviesan los partidos políticos, precisando que “el caiga quien caiga es el eslogan de los irresponsables”

“Como presidente de la IC y como presidente de un partido de la Nueva Mayoría quiero rechazar en todos los términos esa propuesta que a nuestro juicio no significa más que una autoamnistía”, dijo enfático Aguiló.

“En las actuales circunstancias, luego que el país ha conocido las gravísimas irregularidades en los casos Penta, Caval y SQM y vaya a saber en qué otras aristas más, la presidenta ha adoptado un camino que es el único posible en nuestro país, que es el camino que la justicia, por un lado, analice y juzgue todas las implicancias ilícitas que tiene esta grave situación y aplique sanciones ejemplificadoras en cada uno de los casos, caiga quien caiga. Y por otro lado que la comisión que preside Eduardo Engel proponga un conjunto de normas administrativas y legislativas para que el país haga un cambio profundo en la institucionalidad de aquí para adelante”, remarcó.

Al margen de lo anterior (la justicia y la comisión anticorrupción), Aguiló sostuvo que “no cabe ningún otro acuerdo, porque cualquier otro acuerdo lo que implicaría, como ya lo dije, es una autoamnistía. Y quiero ser enfático en esto: el país conoció una autoamnistía a fines de los 70, la que dictó Pinochet para blanquear todos los crímenes de la dictadura en aquella época. Por eso, Chile nunca más puede volver a estar en condiciones de aplicar una autoamnistía para que los sectores políticos puedan eventualmente por esa vía limpiar irregularidades o ilícitos cometidos en este tiempo”.

Según Aguiló “la Izquierda Ciudadana, al igual como ocurre en una amplia gama de actores de la sociedad civil y de la opinión pública, rechaza en todos los términos la propuesta de Novoa, porque no corresponde a lo que el país reclama y a lo que país está esperando de los políticos en este tiempo”.

Consultado por el apoyo dado por los presidentes del PPD Jaime Quintana y, del PRSD, Ernesto Velasco, la propuesta de Novoa, Aguiló precisó que “habría que preguntarle a ellos por qué comparten y coinciden con Jovino Novoa en este propósito. He conocido las opiniones del PC y del PS y la nuestra. Por lo tanto enfatizo que importantes partidos de la Nueva Mayoría rechazamos la posibilidad de una auto amnistía como la propuesta por ex senador UDI. El único camino posible en Chile hoy es de la justicia y lo que plantee la comisión. No hay otro camino posible. El gobierno ha actuado clarísimo en esta materia y va a seguir actuando cómo tiene que actuar”.

El Ciudadano