jueves, 27 de febrero de 2014

Luis García-Huidobro se abocará a trabajar por demandas de comunidades indígenas

Sacerdote defensor de mapuches deja la Compañía de Jesús por su permanente “objeción de conciencia” ante órdenes

“Me uno al camino de tantos cristianos españoles y chilenos que por siglos se dejaron conquistar y pacificar por la buena vida que llevan los mapuche y el aprender a tener la tierra como madre y no como fábrica de plata”, expresó en un mensaje que subió a su cuenta de Twitter.
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A través de un mensaje subido a su cuenta de Twitter, el sacerdote jesuita Luis García-Huidobro, un reconocido defensor de la causa mapuche, anunció este miércoles su decisión de dejar la Compañía de Jesús, para seguir trabajando, como lo ha hecho hasta ahora, a favor de las demandas de las comunidades indígenas del sur del país.
“Les cuento que hace un par de semanas dejé de vivir en comunidad jesuita. Hace pocos días viajé a Santiago a hablar con el Padre Provincial y oficializar mi salida de la Compañía de Jesús”, sostuvo el religioso.
En su mensaje, deja claro que tomó la decisión por su “objeción de conciencia” frente a las órdenes que recibía de la congregación.
“No dejo de ser compañero de Jesús. Sólo me siento dando un paso adelante para seguir caminando. Como dicen las reglas de la Compañía ‘aquel que constantemente sienta objeción de conciencia con lo que se le manda, tal vez debe buscar otro lugar donde servir al Señor’”, expresó.
Y agrega que “me voy agradecido de los jesuitas, que desde niño han sido mis hermanos, papás y abuelos, más allá de congruencias o diferencias ideológicas o del estilo de vida que queremos vivir. Todo mi cariño a la que fue mi familia durante estos años”.
Finalmente, afirmó que en adelante se abocará a “seguir aprendiendo del Buen Vivir” del pueblo mapuche y a trabajar por sus demandas históricas.
“Me uno al camino de tantos cristianos españoles y chilenos que por siglos se dejaron conquistar y pacificar por la buena vida que llevan los mapuche y el aprender a tener la tierra como madre y no como fábrica de plata. Luego me verán casado con una lamgencita para que mis nietos no terminen en 100 años más como usurpadores de miles de hectáreas y explotando a la madre tierra, como tanto wingka ladrón que también ha llegado por aquí”, concluye.
García-Huidobro es un abierto detractor de la aplicación de la Ley Antiterrorista a los comuneros mapuches a los que se atribuye la autoría de ataques incendiarios en la Región de La Araucanía.
De hecho, en una columna publicada por El Mostrador, en noviembre de 2013, criticó a la entonces candidata presidencial de la Nueva Mayoría y actual mandataria electa, Michelle Bachelet, por la poca claridad que había tenido a la hora de afirmar que no estaba en sus planes invocar dicha legislación en causas mapuches, considerando que “la ley penal común tiene herramientas suficientes para juzgar estas causas”.
Al respecto, el ahora ex sacerdote manifestó que “la pregunta legítima que nos queda es si acaso Bachelet se refiere a este mecanismo de utilizar las herramientas de la Ley Antiterrorista sin invocar explícitamente esta ley, dado que los tribunales en La Araucanía ya se han allanado a esa forma de proceder en juicios en teoría comunes; o si acaso hará las reformas penales pertinentes –dada su amplia mayoría en ambas Cámaras– para evitar tales abusos de parte de los tribunales contra el movimiento mapuche”.
 
FUENTE: EL MOSTRADOR
El economista marxista José Valenzuela destapa el verdadero Chile que esconde el neoliberalismo
Publicado el 27 Febrero 2014
Escrito por Roberto Pizarro    
Roberto Pizarro es un economista chileno que fue Director del Centro de Estudios Socio-Económicos (CESO) y Decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. José Valenzuela Feijóo, destacado economista marxista chileno, trabajó en el CESO y, como consecuencia de la dictadura militar, ha desarrollado la mayor parte de su vida académica en México. Acaba de coordinar la edición de un libro, editado en México, en el que participa Pizarro, sobre el neoliberalismo en América Latina.1
RP: Durante el año 2011 los estudiantes universitarios se movilizaron vigorosamente exigiendo educación pública, gratuita y de calidad. A esas protestas le siguieron reivindicaciones regionalistas, a favor de la descentralización de la economía y el poder político; los medio-ambientalistas, han reclamado contra las termoeléctricas y el proyecto hidroeléctrico en Aysén y la Barrick Gold en el norte; los trabajadores subcontratados, en la minería del cobre, demandaron condiciones similares a los asalariados formales; los enfermos han cuestionado la mala salud pública y las discriminaciones y alto costo de las ISAPRES en la salud privada; los ancianos se movilizaron contra el sistema de AFP que entrega pensiones miserables; los indígenas han exigido terminar con la ley antiterrorista que los reprime duramente. Además se puso en agenda la renacionalización del cobre y el cambio constitucional. En fin, 2011 fue un año de luchas inédito, que trasciende aparentemente el desafío al gobierno de la derecha que ha encabezado Sebastián Piñera. ¿Cuál es tu reflexión sobre las movilizaciones que se desataron en el 2011?
 
JV: Tú lo has señalado muy claramente en el libro.2 Las movilizaciones del 2011 y las que siguieron, no eran sólo contra Piñera, sino apuntaban contra el sistema neoliberal. Esto es muy importante: no se trata de reclamar contra tal o cual persona sino en contra de la base estructural que determina la conducta de las personas. Los estudiantes, también han chocado con la “institucionalidad partidaria”, pues en ella no hay oposición ni rechazo real al esquema neoliberal. Hoy, en el país, la derecha y la Concertación (hoy Nueva Mayoría) parecen disputar –como si fuera un concurso de belleza o un “casting”- quien representa mejor a la clase dominante. De hecho, en la Concertación se maneja un “socialismo neoliberal” o de mercado, que es bastante peculiar: no se aplica a un mercado competitivo sino a uno que está del todo dominado por estructuras altamente monopolizadas. Esta es una de las mayores hipocresías del sistema: defender de hecho a los monopolios mientras de palabra se alaba a la libre competencia. Las movilizaciones estudiantiles y populares tienen un gran mérito: la historia es muy clara en mostrar que son las grandes movilizaciones y luchas de los trabajadores los que derrumban los grandes mitos y mentiras de la clase dominante.
 
RP: ¿Qué es lo que más te preocupa del Chile que emergió con la dictadura de Pinochet?
 
JV: Lo primero es la sustancial falta de libertad que sufre el grueso de la población, en especial los trabajadores. Hoy, en el país, la voluntad de los trabajadores no es considerada en las grandes decisiones. Y éstas, les son impuestas.
 
También llama la atención la profunda alienación social. En el país, el grueso de la población regula su vida en términos de conseguir “el éxito” y éste se mide en términos de lograr más y más dinero: uno se acuerda de Babbit. En esta búsqueda pareciera que todo está permitido. Y se llega a vivir en un mundo en que prima la deslealtad: si das la espalda arriesgas la puñalada artera. Por lo mismo, surge una ansiedad muy honda: el otro no es fuente de apoyo y enriquecimiento humano sino origen de miedos y desconfianzas. Como decía el filósofo Hobbes, el hombre se transforma en lobo del hombre.
 
Por supuesto, en el caso de los grandes empresarios, esa línea de conducta se acentúa. Se puede hablar de voracidad empresarial, de una sed de lucro que arrasa con los principios morales más elementales y con la misma legalidad (de por sí muy laxa). Estos empresarios, son los que el domingo por la mañana van a misa y hasta comulgan. Pero ya por la noche, con unos cuantos whiskys en el cuerpo, empiezan a elucubrar sobre las movidas y trampas financieras a desplegar. En este contexto, se debe también destacar la profunda imbricación existente entre política y negocios. Como lo has destacado en tus artículos, existe una puerta giratoria entre la política y los negocios, con autoridades que apenas terminadas sus funciones de gobierno pasan a ser miembros de los directorios de grandes empresas. En corto: vemos que la política funciona como mecanismo de lo que Marx denominaba acumulación originaria.
 
También llama la atención la dictadura mediática que hoy impera en Chile. Todos los diarios son de derecha y las cadenas de televisión y radios han sido compradas por los grandes grupos económicos, algunos de ellos extranjeros, ligados a los “socialistas neoliberales” españoles. Junto al discurso ideológico neoliberal que propagan los medios, uno se encuentra con las grotescas vulgaridades de la farándula. Aquí importa más el revolcón de la Bolocco con Menem, que los sueños y penurias de una obrera, o lo que siente un cesante o lo que pudiera soñar para sus hijos. Es el opio de los tiempos que corren, los mensajes que apuntan a idiotizar y adormecer a la población, en especial a los segmentos más pobres.
 
RP: ¿Por qué te sorprende esa voracidad y lucro empresarial en tu condición de economista marxista, cuando el capital se caracteriza por la valorización del capital y en condiciones que la sed de ganancia empresarial nunca se sacia?
 
JV: No le pedimos “peras al olmo”. No esperamos que los grandes empresarios se parezcan a un León Tolstoi. Por supuesto, el capital se rige por la ganancia. Su lógica es la que sintetizara Marx con su famosa fórmula del D-M-D’. O sea, se invierte dinero para obtener más dinero. Si no existiera tal incremento, si el capital no se ciñera a esa lógica, no sería capital. El punto a subrayar es otro.
 
Si se trata del capital industrial, que es o debería ser el núcleo de todo régimen capitalista, cuando busca maximizar sus ganancias, busca elevar la productividad del trabajo e incorporar progreso técnico. Para lo cual, acumula todo lo que puede y, en consecuencia, también termina por generar altos ritmos de crecimiento del PIB. Con ello también posibilita elevar los salarios reales, sin perjudicar a las ganancias. Y demás está decir: este tipo de capitales también busca desarrollar la ciencia y la tecnología. Como está localizado en el espacio de la producción donde se procesan y manipulan procesos y fuerzas naturales, termina por aprender que esos desarrollos científicos le resultan muy funcionales.
 
Una cosa diferente sucede si el capital financiero es el hegemónico. Este es un capital que opera fuera de la producción, en el espacio circulatorio. No produce plusvalía, sólo se la apropia. Y lo que gana depende de las tasas de interés y de la especulación bursátil. Estos empresarios operan con la lógica de los casinos y cuando ocupan posiciones dominantes, como bien lo advertía Keynes, la sociedad debería preocuparse. Se genera una situación de parasitismo y de trampas. Podemos recordar a Brecht: “peor que robarle a un banco es fundar un banco”. Estos banqueros y especuladores, son como bucaneros modernos, insaciables y tramposos. Lo peor, estando ajenos a los procesos de producción, generan especulación y, casi siempre, estancamiento económico.
 
RP: ¿Y eso qué tiene que ver con Chile?
 
JV: En Chile, junto al segmento exportador, dominan los capitales que operan en el espacio de la circulación, el comercial y el financiero. Este es un rasgo consustancial al neoliberalismo. Con lo cual, se coarta al capital industrial amén de reprimir duramente la participación salarial.
 
RP: Pero a la economía chilena le va bien. Es cierto que tiene una pésima distribución del ingreso, pero su crecimiento ha sido notable durante treinta años.
 
JV: Probablemente, Chile sea el único país neoliberal que ha logrado un crecimiento alto. Es como la excepción a la regla. Conviene también alertar: esos ritmos de crecimiento, si estimamos los promedios o valores de tendencia, no resultan tan altos. El modelo es bastante oscilante y cuando el PIB cae, lo hace en serio.
 
Como sea, contestar tu pregunta en un minuto es muy difícil, pero me atrevería a señalar: a) hay un sector agropecuario que opera con altísima productividad. En consecuencia, se abarata la canasta salarial (no opera el mecanismo ricardiano en que el alto costo de los alimentos castiga a las ganancias industriales) y se facilita el mecanismo de la plusvalía relativa; de este modo, puede combinarse una alta tasa de plusvalía con salarios que para estándares latinoamericanos no son bajos;
 
b) el país dispone de una fuerza de trabajo que es disciplinada y bastante calificada (herencia de otros tiempos, de gobiernos –como los radicales- que impulsaban la educación pública gratuita y de calidad);
 
c) la dictadura y lo que le siguió, configuraron una clase obrera muy golpeada y débil. Con lo cual, para la clase capitalista se abrió un largo horizonte de tranquilidad social en que puede moverse con confianza y a voluntad;
 
d) En tal clima, puede extender la jornada de trabajo y también elevar la intensidad. Hacerlo sin generar (al menos hasta hace poco) grandes rebeliones;
 
e) desarrolló una gran capacidad exportadora, basada en la explotación de recursos naturales. Además, a diferencia de otras épocas, opera con alguna diversificación de productos y, sobretodo, de mercados de destino;
 
f) a riesgo de provocar malentendidos, también diría que los empresarios chilenos, en su mayoría, han mostrado gran eficiencia. No son torpes. El problema no radica en un bajo coeficiente intelectual, pues lo que hacen lo hacen bastante bien. El problema reside justamente en eso, en lo que hacen, en una estructura socio-económica que los lleva a actuar como actúan, a invertir donde invierten, a buscar las ganancias en los lugares que la encuentran. O sea, el problema de fondo reside en la existencia de una estructura que genera una jerarquía de rentabilidades que no incentiva un desarrollo económico sólido para el largo plazo.
 
En todo caso, creo que falta investigación sobre el tema. Y en esto, no debemos confundir las denuncias morales con la explicación de lo que objetivamente viene sucediendo.
 
RP: ¿Es frágil el modelo chileno?
 
 
 
JV: Mañana y pasado mañana, no se cae. Pero si pensamos en un plazo más largo, es bastante frágil. Podemos indicar: 1) al dominar el capital financiero, éste se maneja con muy alta rentabilidad. Pero como se trata de capitales improductivos, sus ganancias provienen de la plusvalía que generan los sectores productivos. O sea, una buena parte de lo que estos producen, se le traspasa al capital financiero. Lo cual, a la larga, afecta el crecimiento de los productivos y arriesga con “secar el pozo”;
 
2) el crecimiento ha estado impulsado por un sector exportador muy dinámico. Pero, demasiado asentado en recursos naturales. Esto, significa amarrarse a una demanda que, en el largo plazo, no es muy dinámica. Amén de que estos segmentos generan muy pocos efectos de arrastre;
 
3) la mala distribución del ingreso, a la larga puede generar una explosión social.
 
Como sea, la economía pudiera empujar al cambio. Pero sin fuerza política, nada se resuelve.
 
RP: Hasta hora, al menos desde la crisis de 1983, no se observa ningún colapso.
 
JV: Luego del 83, se adoptó una política económica algo menos “fundamentalista”, algo más pragmática. De Friedman se pasó a Mankiw. En todo caso, no olvidemos que colapsos mayores o “derrumbes automáticos”, como regla no tienen lugar en el capitalismo. Y si va a darse un cambio estructural, éste pasa por la variable política. Y por este lado se observan carencias mayores: falta una organización política, lúcida, fresca, capaz de unificar a todas las fuerzas populares. El artículo de Ahumada y Latorre, en nuestro libro, creo que puede abrir una discusión necesaria.
 
RP: ¿Hay algo más que venga apoyando al modelo?
 
JV: Para mejor explicar creo que conviene ensayar un pequeño rodeo. En el país, nos encontramos con una tasa de plusvalía bastante elevada y, en consecuencia, la parte del excedente (o plusvalía) en el Ingreso Nacional es también muy elevada: debe girar entre un 75% o más.
 
En este marco, los asalariados productivos compran un 25% del Ingreso Nacional y la pregunta que surge es qué factores de demanda pueden comprar (o sea “realizar”) el 75% restante, la parte que funciona como excedente. Si la distribución es muy regresiva, es evidente que la inversión y el crecimiento no pueden girar en torno al Departamento II de la economía, el que produce bienes de consumo para los asalariados. Debería concentrarse en el Departamento I, el de la industria pesada, el que produce medios de producción. Pero esto exige un muy fuerte apoyo estatal y medidas de protección del todo ajenas al criterio neoliberal. Si no existieran otras salidas el sistema se derrumbaría.
 
En un plano teórico general, las salidas son los mercados externos y el gasto improductivo (vg. estatal-militar:
 
a) el consumo capitalista, que en el país llega a ser insultante;
b) el gasto improductivo, parte del cual viene dado por lo que gastan los asalariados del sector improductivo;
c) las exportaciones, que han tenido un comportamiento muy dinámico;
d) la inversión inducida que provoca el crecimiento del sector exportador;
e) la inversión que se aplica en rubros como telecomunicaciones y servicios básicos;
f) la aplicación del excedente en otros países. Hoy por hoy, Chile se viene transformando en un país exportador de capitales. Cadenas comerciales, bancos, agencias de publicidad, se han localizado en el exterior. Las inversiones directas en el extranjero suman cerca de US$ 80.000 millones. Algo inédito y que llama la atención por la pequeña dimensión de nuestro país.
 
Los rubros c), d) y e) son los que soportan el crecimiento. Pero si bien se examinan, parece difícil que mantengan el paso. Máxime en una economía mundial que no recupera un gran dinamismo.
 
RP: ¿Y por qué entonces somos considerados la “joya de la corona”?.
 
JV: Porque el país crece (es como la excepción a la regla) y lo hace aplicando la “idea” neoliberal. Con lo cual, también genera altas oportunidades de inversión al capital extranjero. El modelo chileno le sirve al capital financiero internacional. Le entrega respaldo ideológico.
 
RP: ¿Qué implicaciones “espirituales” tiene el hecho que la fracción capitalista dominante en el poder sea el capital financiero-especulativo?
 
JV: Este capital gana (o lucra) por la vía de los intereses y con la especulación bursátil. Es la lógica del jugador, del que vive en los casinos. El buen especulador es el que engaña, el tramposo. Lo cual genera una descomposición moral que inunda al conjunto de la sociedad. Esto lo advirtió Marx cuando analizaba una situación relativamente parecida, en la Francia de mediados del siglo 19. Creo que conviene citarlo:
“…se repetía en todas las esferas, desde la corte al cafetín de mala muerte la misma prostitución, el mismo fraude descarado, el mismo afán por enriquecerse, no mediante la producción sino por medio del escamoteo de la riqueza ajena ya creada”.
 
En Chile está sucediendo lo mismo. En las cúpulas económicas y gobernantes, las trampas y coimas se han convertido en algo cotidiano. Y se llega a crear la imagen de que las ganancias surgen de esos artilugios y manejos sucios y no del proceso productivo per-se. Es el “arte” del birlibirloque.
 
No hay que engañarse. El excedente, que es la fuente de todas las ganancias, sólo puede surgir en el espacio de la producción. En cambio, el capital financiero, sólo puede apropiarse, mas no producir, ese excedente o plusvalía. Es un capital parasitario y este rasgo termina por contagiar al conjunto de la sociedad.
 
RP: No hay que olvidar al sector exportador, de gran dinamismo en la economía chilena. ¿Como se inscribe en tu análisis?
 
JV: La burguesía exportadora opera estrechamente ligada al capital extranjero y se asienta en la explotación de recursos naturales.
 
Los recursos naturales con valor económico tienen ventajas conocidas: su costo de producción es muy bajo no en virtud de capacidades productivas excepcionales sino por un don de la naturaleza. Ello posibilita el surgimiento de una renta del suelo bastante elevada. Esto, unido a una fuerza de trabajo barata (o sea, barata en valor), les otorga una buena posición competitiva. Estos factores, mucho más que tecnologías sofisticadas y de vanguardia, son los que favorecen al sector exportador e incluso compensan una política cambiaria diseñada para estimular la inversión extranjera especulativa y que, de paso, premia a los importadores y castiga a los exportadores.
 
 
De este modo, tenemos exportadores que poco tienen de empresarios shumpeterianos y sí tienen mucho de “rentistas”. Situación que, en algún grado, recuerda a los antiguos terratenientes, exportadores de trigo, de mediados del siglo XIX. O a los viejos mineros de Atacama.
 
En definitiva, tanto en el sector exportador como en el resto de los sectores productivos, podemos detectar la ausencia de capacidades productivas sólidas y avanzadas. Por ejemplo, los gastos en investigación y desarrollo alcanzan a sólo el 0,50% del PIB. Hay muchos actuarios y expertos en finanzas, pero pocos ingenieros industriales; muchas agencias de publicidad y de mercadeo, pero muy pocos laboratorios y centros experimentales. Los nuevos empresarios quizá saben mucho de matemáticas financieras, pero de física y química, nada.
 
RP: ¿Y cómo se proyecta esa realidad al mundo universitario?
 
JV: Para los neoliberales, lo “eficiente” es aplicar una división del trabajo en que los países centrales piensan e investigan y la periferia aprende el idioma inglés para memorizar las ordenanzas del centro. Por eso, se desprecia el desarrollo de las universidades y centros de investigación, que sean sólidos en ciencias básicas. Del saber, sólo interesa lo que pudiera rendir ganancias rápidas. Por lo demás, no olvidemos el dato básico: sin una industria pesada muy sofisticada, la ciencia moderna no puede operar. ¿Quién puede producir los aparatos de medición modernos, los lentes, los conductores y aceleradores de partículas? ¿Se los vamos a encargar al carpintero de la esquina? ¿Al peluquero? ¿Al experto en marketing?
 
Investigar la naturaleza para domarla (real condición de la libertad de los humanos), es algo que escapa a los neoliberales. Simplemente no les interesa: no ven más allá de sus narices y, por lo mismo, si contaminar los ríos rinde ganancias, se contaminan. Luego, si el delicado equilibrio ecológico se rompe, nos espetan el consabido “tant pis pour vous.”
 
RP: En este cuadro, ¿cómo calificas el aperturismo externo radical que ha caracterizado a la economía en los últimos 25 años?
 
JV: El aperturismo neoliberal es muy diferente al aperturismo de por ejemplo Corea del Sur. El neoliberal es: i) violento: se bajan o eliminan aranceles en un tiempo cortísimo, que no deja reaccionar a las empresas afectadas; ii) es indiscriminado: se aplica por igual, a cualesquiera rama o sector. Las consecuencias se conocen: emerge una fuerte des-industrialización.
 
¿Quiénes se salvan? Uno: las empresas que pueden controlar recursos naturales privilegiados. Y a partir de esta base, se dedican a exportar. Otro grupo de empresas, para defenderse de la competencia externa, se desplazan al sector de no-transables, donde buena parte de las actividades son improductivas. Son, por ejemplo, los que antes elaboraban textiles y ahora se dedican a su importación. En general, se ha olvidado algo bastante elemental: sin desarrollo industrial, no hay desarrollo económico que sea sólido y duradero.
 
1 Victor Palacio y José Valenzuela, Crisis Neoliberal y Alternativas de Izquierda en América Latina, Coordinadores Edic. P.R.D. e Instituto Nacional de Investigación, Formación Política y Capacitación en Política Públicas y Gobierno, México, 2013.
 
FUENTE: EL CLARIN

Análisis

A menos de dos semanas de su salida del gobierno, todos quieren ser Sebastián Piñera. Sepa por qué

26/02/2014 |
Por Equipo Cambio21
Piñera se va, pero todos los indicadores adelantan que se tratará de un hasta luego. Primero, la Alianza solamente tiene en carpeta el liderazgo de Manuel José Ossandón (directivo de RN) para hacerle frente. Y segundo, la lápida que le puso a la derecha dura y pinochetista con motivo de los 40 años del golpe militar (los trató de "cómplices pasivos") y la agenda pro derechos humanos que encabezó en el apodado "septiembre negro" lo aproxima a un centro liberal que parece estar huérfano.
Restan menos de dos semanas para el término del período presidencial de Sebastián Piñera y el retorno a La Moneda de Michelle Bachelet y todo parece indicar que lejos de abandonar el ruedo, el saliente mandatario se mantendrá vigente mediáticamente hablando durante gran parte de 2014.
 
Tal como él mismo lo adelantó en plena campaña de segunda vuelta, creará una fundación vinculada a las políticas públicas y también hará todo lo posible para que el "legado" de lo que fue su gobierno se transforme en su plataforma de retorno en algunos años más.
 
Sólo como dato a considerar, el senador socialista Fulvio Rossi le puso nota 5.0 a su gestión, números que contrastan con las fuertes críticas que desde el primer año de estadía en La Moneda recibe por el lado de la Concertación, hoy Nueva Mayoría.
 
En el momento del adiós, Piñera se lleva algunos conceptos que difícilmente podrá eliminar del inconsciente colectivo político. Para muestra algunos botones: constituyó inicialmente un gabinete de "gerentes", se alejó de los partidos de la Coalición por el Cambio que lo llevaron a la victoria en 2009, tuvo en su equipo de trabajo a personeros vinculados a conflictos de interés derivados del mundo privado y empresarial y desafortunadas frases como "en 20 días hicimos más que en 20 años" y "a los delincuentes se les acabó la fiesta" se transformaron en una mochila muy difícil de sobrellevar.
 
Solamente las cómicas "Piñericosas" lo acercaron a esas cualidades "blandas" tan decisivas que todo jefe de Estado debe manejar: cercanía y confianza.
 
De todas maneras, sin perjuicio del rechazo o adhesión que genera su figura a días de transformarse en un civil más, hay algunos rasgos de su indetectable personalidad que amenazan con quedarse por mucho tiempo en la actividad política criolla, incluso cuando por motivos estratégicos deba alejarse de las luces de la contingencia.
 
Es más, aunque suene tétrico, sus más férreos detractores no lo saben, pero en su actuar tienen interiorizado esta especie de "gen" Piñera. Se trata de los mismos que cuestionaron la omnipresencia e incontinencia verbal y actoral del mandatario cuando, por ejemplo, intervino en la proceso eleccionario de la ANFP que terminó con Marcelo Bielsa renunciando a la banca de la Selección Nacional, aterrizó con su helicóptero en plena carretera por problemas de falta de combustible y paseó el papelito de los 33 mineros por todo el mundo, lo que provocó retos de su propia esposa Cecilia Morel.
 
Son esos mismos que rechazaron el estar "en todas" de Piñera, pero que son capaces de presidir un partido (nacional o regional) o al menos sumarse a una vicepresidencia, ser alcaldes, accecer al Parlamento (lo que los lleva a componer y dirigir comisiones legislativas y hacer vida distrital y provincial), aspirar a la primera magistratura, competir en primarias, estar en ternas o quinas para ser ministros, subsecretarios, intendentes y comandar cualquier tipo de operación política, sea ésta chica o de proporciones. ¡¡¡ Todo al mismo tiempo !!!
 
¿Cuál vendría a ser la queja entonces? Su dinero, obvio. Con justa razón se le exigió (desde todos los sectores) que vendiera o traspasara sus acciones y empresas cuando accedió a la presidencia. Basta recordar que la forma como comenzó su camino a la riqueza en los años 80 (caso Banco de Talca) fue uno de los temas ancla en la competencia que libró con Eduardo Frei, Marco Enríquez-Ominami y Jorge Arrate en 2009.
 
Sin embargo, a la hora de concurrir a las urnas la gente que lo apoyó hizo caso omiso de aquello, como también del  "Piñeragate" (o "Kiotazo") y el "caso Spiniak", escándalos en los que terminó peleándose a muerte con la UDI. Pero como el tiempo y el poder cura las heridas, tanto Evelyn Matthei como Pablo Longueira (símbolos del gremialismo) aceptaron dejar el Senado para sentarse en el gabinete y así ser ministros.
 
Ojo que el propio Longueira (antes de ganar las primarias de la derecha ante Andrés Allamand y después caer en depresión) se declaró "fanático" de las "bilaterales" que implementó su ex enemigo con cada uno de los secretarios de Estado durante su administración. Se trata de una práctica comúnmente aplicada en los países donde acceden presidentes con tinte personalista y que habla de una supervigilancia del gobernante en todas las determinaciones a seguir.
 
Piñera se va, pero todos los indicadores adelantan que se tratará de un hasta luego. Primero, la Alianza solamente tiene en carpeta el liderazgo de Manuel José Ossandón (directivo de RN) para hacerle frente (¿a la UDI le alcanzará con el batallón femenino que componen Ena von Baer y Jacqueline van Rysselberghe?). Segundo, la lápida que le puso a la derecha dura y pinochetista con motivo de los 40 años del golpe militar (los trató de "cómplices pasivos") y la agenda pro derechos humanos que encabezó en el apodado "septiembre negro" lo aproxima a un centro liberal que parece estar huérfano.
 
Y tercero, los dos movimientos que nacieron bajo el alero de sus cuatro años, Evópoli y Amplitud, amenazan con transformarse en la nueva derecha que llegará a los acuerdos con la Nueva Mayoría en las votaciones parlamentarias que requieran de altos quórums en el Congreso.
 
No hay dudas, sería un hasta luego. Ahora, si le alcanza para volver a ponerse la banda tricolor en marzo de 2018, eso es harina de otro costal. Total para algunos soñar no cuesta nada. ¿Arriba los corazones?
 
FUENTE: CAMBIO 21

4° aniversario del 27F: La historia del boicot contra Bachelet por parte de mandos de las Fuerzas Armadas en las horas posteriores al terremoto

27/02/2014 |
Por Equipo Cambio21
Dos de los comandantes en jefe se quedaron en sus casas, el Ejército no informó que disponía de un completo sistema de comunicaciones y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Cristián Le Dantec, notificaba directamente al entonces Presidente electo, Sebastián Piñera, a pesar que la mandataria estaba a escasos metros de distancia
Han pasado cuatro años del terremoto y posterior tsunami que asolaron nuestro país, pero para millones de chilenos que vieron cómo su vida cambió en esos fatídicos tres minutos, las heridas no se cierran.

Son miles las familias que se sienten burladas con las cifras de reconstrucción (que según el gobierno alcanzan casi el 100%) y porque durante estos años han visto en forma majadera cómo su dolor ha sido utilizado con fines político-electorales, para desprestigiar a Michelle Bachelet e impedir que fuera nuevamente Presidenta de la República.

Como siempre, apoyada por los grandes medios de comunicación, la derecha se lanzó en una campaña para responsabilizar a la ex mandataria de las fallas que impidieron dar la alerta del tsunami que ocasionó 156 muertes, a pesar de que la justicia la eximió de toda culpa. Esta cruzada no dio frutos, al contrario, sólo en Constitución - donde el tsunami causó 55 muertos, 10 de ellos aún desaparecidos - la mandataria alcanzó el 71% de los votos.

Entretanto, los familiares de las víctimas siguen viendo con impotencia cómo con el paso del tiempo las responsabilidades se siguen diluyendo, a pesar de que las investigaciones de los hechos han confirmado que muchos de los muertos y desaparecidos en lugares como Constitución o Juan Fernández podrían haberse salvado si las Fuerzas Armadas hubieran cumplido su rol en hechos cruciales ocurridos las horas inmediatamente posteriores a la tragedia.

La desinformación en horas decisivas

Fue Cambio21 el único medio que hace dos años dio a conocer los entretelones del actuar de los uniformados que debieron haber mantenido a Bachelet al tanto de lo que ocurría, en un reportaje que dejó en manifiesto la forma al menos negligente en que actuaron los altos mandos: dos de los comandantes en jefe ni siquiera se presentaron esa noche en la Onemi, el Ejército no informó que disponía de un completo sistema de comunicaciones -conocido como Plan Torrente - y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Cristián Le Dantec, notificaba directamente al entonces Presidente electo, Sebastián Piñera, a pesar que la mandataria estaba a escasos metros de distancia.

Las primeras autoridades en llegar a la Onemi la madrugada del 27 de febrero fueron la ex directora de la entidad, Carmen Fernández; el ex subsecretario del Interior, Patricio Rosende y la ex presidenta, Michelle Bachelet. Posteriormente, hicieron su arribo el ex ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, el ex ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar y el ex ministro de Defensa, Francisco Vidal.

No estaban ni estuvieron presentes en esa crucial cita los encargados de entregar ayuda y de dar las respuestas claras, específicas y necesarias para este tipo de emergencias: los altos mandos de las Fuerzas Armadas simplemente no se presentaron.... Fue ahí cuando Bachelet, en medio de la confusión reinante, se preguntó: "¿Dónde están los altos mandos?", o cuando a las 06.26 horas se cuestionó: "¿Cuál es mi dificultad, mi problema? Me gustaría que estuviera alguien de la Armada aquí".
"Mirado desde la perspectiva de estos cuatro años, es evidente que hay una falla en la comunicación de las Fuerzas Armadas. Yo lo viví directamente en la reunión temprana encabezada por la Presidenta Bachelet en la oficina de la Onemi, donde se notó la ausencia de las Fuerzas Armadas y al día siguiente donde viví la experiencia directa de esta falta de información en la reunión de coordinación, en la que la información que nos entregaban era que no pasaba nada respecto al tsunami. ¡Ya era domingo, el tsunami había pasado y no había información!", recordó el ex ministro Sergio Bitar.

La politización

En conversación con este medio, Bitar, entonces titular de Obras Públicas, recalcó que "hay que distinguir las investigaciones de lo que sucede mediáticamente, porque todos los informes señalan que las responsabilidades recaen en el SHOA. Otra cosa es el uso posterior que hace la derecha para atacar a Bachelet y debilitar a otros funcionarios de su gobierno".

Recordó que en este caso "se dio la misma estrategia contra el presidente Lagos, que no dio ningún resultado", porque la ciudadanía se da cuenta de que se trata de una manipulación política.

Al hacer un análisis de este tipo de prácticas dijo que "es propio de la democracia, mientras más bajo el nivel, más bajas las críticas. Las críticas cuando son de buen nivel siempre hacen bien a la democracia. Para ser franco, yo espero tener una oposición constructiva y en ese sentido no me alegro de ver a la derecha como está ahora, destruida. Lo importante es que la Nueva Mayoría no se tiente, pensando que no tiene oposición y termine teniendo problemas internos".

Afirmó que en este tema hay que sacar lecciones positivas para el futuro. "La presidenta es una mujer que tiene un conocimiento acabado del tema y la perspectiva es generar un diálogo serio cívico- militar y contar con los elementos técnicos y tecnológicos" y lamentó que en las relaciones entre uniformados y la ciudadanía aún no esté todo resuelto, por los resabios de la dictadura.

Por su parte, en conversación con Cambio21, el abogado Luciano Fouillioux, representante de la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández, aseveró que tras cuatro años de analizar fríamente los antecedentes del caso, "se ratifica lo que sostuve hace un año en otro reportaje de su medio, respecto a que en esta causa la responsabilidad es del SHOA".

"El tema se politizó desde un comienzo, partió como una decisión política y ha estado cruzada durante toda su tramitación por un componente político importante que genera mayor repercusión pública y mediática", señaló Fouillioux en esa oportunidad y respecto a que si esto se suma a un afán de la derecha de apoyar a las FFAA, declaró: "Yo no me quisiera pronunciar sobre eso, porque la historia habla por sí misma".

En el mismo reportaje, el también ex ministro de Bachelet, Francisco Vidal, estimó que más allá de la protección a las Fuerzas Armadas, durante estos cuatro años lo que había era un claro afán electoralista, porque "pese a que la mitad de los procesados por la fiscal Huerta son marinos, para los efectos mediáticos los marinos son cero amenaza electoral para la derecha".

Vidal dijo que "en el caso de la Armada, hay una clara responsabilidad del SHOA" e insistió en que no se buscaran responsabilidades en los altos mandos. "La derecha concentra sus fuegos en lo que importa, y ¿qué le importan a la derecha las responsabilidades del almirante González?... Nada".

Añadió que "los errores cometidos fueron de la Armada en el funcionamiento del SHOA; están acreditados en el proceso penal los errores. En el caso de la Fuerza Aérea, hubo un error menor, que los helicópteros estaban pero no la tripulación en la base aérea", sin embargo, desestimó cualquier intencionalidad en la desinformación.

Coincidiendo con estas declaraciones, el ex ministro Sergio Bitar enfatizó: "Me niego a creer cualquier teoría conspirativa".

La declaración de Carmen Fernández ante la Fiscalía

El 22 de octubre de 2010, la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández, declaró ante la Fiscalía Local de Talagante. Cambio21 accedió de la manera exclusiva a este documento, donde Fernández dejó entrever que los organismos presentes en la Onemi fueron los que dificultaron el acceso a la información, y que nunca existió un apoyo a la presidenta.

"La Presidenta reiteraba la solicitud de información a los organismos, preguntando por medios alternativos de comunicación que pidiéramos usar, información sobre carreteras, puentes, entre otros aspectos. Quiero dejar expresa constancia sobre dos aspectos: ninguno de los organismos presentes, algunos representados por sus más altas autoridades, proporcionaron ni un mínimo de antecedentes sobre situaciones del mar, lo que me validaba lo informado por el segundo fax del Shoa, porque no puede ser que a nivel de autoridades que se encontraba en el COE a esas alturas de la madrugada, no hubiese un indicio de la ocurrencia de un tsunami, salvo Juan Fernández".

"El jefe del Estado Mayor Conjunto general Le Dantec, en ningún momento indicó que se mantenía operativo su plan de comunicación "Torrente", el que habría constituido una importante alternativa si lo hubiese informado. El general Le Dantec me informó el domingo 7 de marzo de 2010 que la "Red Torrente" siempre funcionó y que habría bastado con que la Presidenta se hubiese constituido en algún regimiento la madrugada del 27 de febrero de 2010 para que hubiese contado con buenas comunicaciones. Por otra parte, la madrugada del 27 de febrero la Presidenta también le solicitó al general Le Dantec que pusiera al máximo de su gente en la calle a trabajar".

Luego de conocer esta información inédita de Le Dantec, Carmen Fernández se enojó y puso la información en manos del ex ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, que a su vez también reaccionó indignado citando de urgencia a Francisco Vidal, a quien le enrostró delante de otros ministros si tenía conocimiento del Plan Torrente del Ejército. Ratificado por el propio ex ministro de Defensa, la existencia del sistema, Pérez Yoma le informó a la Presidenta Bachelet.

Los ausentes: Comandante en Jefe del Ejército y La Armada se quedaron en sus casas

El máximo jefe de la Armada, almirante Edmundo González, quien debía hacerse presente la madrugada del 27 de febrero en la Onemi, estaba en Santiago y no en Valparaíso, sin embargo nunca llegó a la Onemi.

Frente a los diputados de la comisión investigadora del caso terremoto, declaró que permaneció en su hogar de la comuna de Vitacura, cerca de Américo Vespucio.

"Yo me mantuve en mi casa. Tenía energía, un generador propio, entre comillas, porque al final no tuve ningún celular, ningún teléfono satelital, hasta que al final, a las 5:10 AM fui informado de que la escuadra no había zarpado, que no había maremoto porque la alerta había sido cancelada hacía cinco minutos y, obviamente, me relajé un poco. Por eso, cuando yo llegué a la coordinación a mí también me afectó la falta de asesoría que afectó a lo mejor a la Presidenta y a otras personas", argumentó González.

Posteriormente y antes de pasar a retiro, el almirante González, hizo lo que fue interpretado como un mea culpa: "Toda la responsabilidad es mía y me siento en paz".

Por su parte, cuando se produjo el terremoto, el entonces comandante en jefe del Ejército, Oscar Izurieta, se encontraba a días de entregar el mando y ya había sido contactado por Sebastián Piñera para asumir como Subsecretario de Defensa.

El alto oficial se había trasladado a su departamento de calle Las Tranqueras en Vitacura. "Estaba armando todo, con cajas y cuadros en el suelo. Había dejado la casa del comandante en jefe, donde hay grupo electrógeno, respaldo telefónico. Aquí estaba sin teléfono fijo y me quedé sin celular y además sin luz", explicó Izurieta, quien dejó el cargo el 9 de marzo de 2010 y por eso tuvo que hacer la mudanza.

El actual subsecretario de Defensa, cargo que asumió 16 días después de dejar el Ejército, aseguró que "nunca se ocultó información" a la Presidenta Bachelet tras el 27 de febrero y advirtió que "el Ejército no se equivocó".
La pregunta de la mandataria: ¿Y dónde está el piloto?

Cinco horas se demoró la Fuerza Aérea para poner un helicóptero a disposición de la ex presidenta Bachelet. Según le explicaron, fue porque no había piloto para las máquinas. Sin embargo, el ex jefe de la FACH, general Ricardo Ortega, reconoció que dos horas después de la catástrofe (5:30) "todo estaba listo para que me dijeran dónde llevar y qué llevar (...) el problema es que no llegó la orden".

En este punto, todos los actores políticos señalaron que el militar faltó a la verdad, lo que quedó absolutamente demostrado en el video de la Onemi, donde cerca de las 8.30 horas del día del terremoto, la mandataria ya enojada (a su manera) de tanta ineficiencia, dice en un tono irónico: "¿Y dónde está el piloto?".

A esa hora, Bachelet -con un grado de indignación mayor- le espetó al ministro Vidal esta ineficiencia, señalando que pidió un helicóptero hace más de tres horas y el ministro le señala hacia el lado, donde está un oficial de la Fach.

El completo sistema de comunicaciones que el Ejército no informó a la Presidenta

El Plan Torrente del Ejército es un mecanismo de telecomunicaciones simple, no de combate. Son radios VHF y UHF. Se compraron 1.100 equipos y 60 centrales. Cada unidad del Ejército posee una central y un número determinado de equipos, según su tamaño. Requiere operadores para cada central y para cada radio. Se diseñó para enlazar a militares con militares y a unidades con unidades, para propósitos institucionales.

Según justificó Izurieta: "Este sistema era exclusivamente entre unidades militares... Y si la Onemi no tenía la capacidad para comunicarse, era un problema de ese organismo". Es decir, parece ser que para Izurieta el quinto cataclismo más grande de la historia del mundo no es un problema que ataña al Ejército. Ahí es cuando surge la duda: ¿por qué la presidenta no supo que el Ejército sí tuvo comunicación con todo el país durante la fatídica madrugada del 27 de febrero?

Carmen Fernández aseguró que "el plan Torrente siempre funcionó y que habría bastado con que la Presidenta se hubiese constituido en algún regimiento la madrugada del 27 de febrero para que hubiese contado con buenas comunicaciones".

La existencia del Plan Torrente y la supuesta omisión sobre la existencia del sistema de las autoridades de la época, lo que hubiera hipotéticamente servido para contactar Santiago con las zonas afectadas con el terremoto y tsunami, fue puesta en el tapete por el abogado de la ex directora de Onemi Carmen Fernández, Luciano Fouillioux, quien acusó que no se informó a la ex presidenta Michelle Bachelet que el sistema estaba operativo el 27F.

La conversación de Le Dantec con Piñera

Otro dato que dio a conocer el reportaje de Cambio21, de lo ocurrido esa madrugada en las oficinas de la Onemi, dice relación con las secretas llamadas que recibía y que hacía el ex jefe del Estado Mayor Conjunto, el general de Ejército Cristián Le Dantec, a Sebastián Piñera -entonces presidente electo- , informándole todo lo que estaba ocurriendo en ese recinto. Ello, pese a que la presidenta aún estaba en ejercicio y se encontraba en las mismas dependencias, a metros de distancia. Así lo confirmaron tres ex altas autoridades de la Onemi y dos ex funcionarios del gobierno saliente.

Le Dantec, según la versión a la que tuvo acceso Cambio21, salía al patio exterior de Onemi, donde estaban estacionados los vehículos de la entidad de emergencia.

"Nosotros fumábamos en el patio y escuchamos decir al general: "Sí, señor Presidente, me parece, señor Presidente, ¿Usted va a venir?", relataron los testigos.

"Vimos entrar al ayudante de Le Dantec -otro militar- tres veces a la sala donde estaba la presidenta Bachelet, indicándole que tenía una llamada, y él salía a hablar al estacionamiento, donde nosotros estábamos. Él no se dio cuenta de nuestra presencia", señaló un ex funcionario del anterior gobierno, que entregó este dato a las ex autoridades.

"Obviamente, él bajaba el tono de voz cuando hablaba con el Señor Presidente, así es que no escuchábamos lo que le decía a su interlocutor, que nos imaginamos que era Piñera", declaró un testigo.

A través de una carta enviada a Cambio21, Le Dantec, desmintió estas afirmaciones: "Conforme con mi autorización voluntaria, en el proceso se debe encontrar el registro de todas las llamadas recibidas y enviadas desde y hacia mi celular esa madrugada. Este elemento de absoluta objetividad debió haberse considerado antes de afirmar lo que el medio a su cargo sugiere en forma irresponsable."

Agregó que "Mi actuar y el de la FFAA siempre se encuadró dentro de la obediencia al mando civil, a las leyes y legalidad vigentes."
Sin embargo, los cinco testigos que conversaron con Cambio21, ratificaron sus dichos.

Posteriormente Le Dantec salió de su cargo, pero no por los errores del 27 F, sino porque quiso comprar una casa avaluada en un millón de dólares para realzar su cargo de jefe del Estado Mayor.
 
FUENTE: CAMBIO 21
José Ramón Ugarte, ex presidente del Colegio de Arquitectos

El asesor del Minvu que instaló “leyes de amarre” que favorecen negocios inmobiliarios

 
ugarte_ugarte1_vimeo Decretos que permiten concretar un megaproyecto hotelero en el Club de Golf Los Leones y una ampliación del Alto Las Condes son parte de una batería de reformas que en los dos últimos años debilitaron las regulaciones en beneficio del negocio inmobiliario. José Ramón Ugarte, asesor del ministro de Vivienda, es señalado como su promotor. Arquitectos del Minvu firmaron una carta en la que acusan que se han aprobado normas a favor de “grandes empresas”. La investigación de CIPER muestra el detalle de estas reformas y sus nexos con los proyectos a los que la nueva normativa les abrió la puerta.
El viernes 13 de diciembre los titulares de la prensa especializada en economía y negocios anunciaban que el Banco Central había decidido mantener la tasa de política monetaria en 4,5%, que CorpBanca había informado a la SVS que analizaba una posible fusión y que el agro había perdido casi 76 mil puestos de trabajo por las heladas. No hubo información sobre el importante decreto promulgado por el Ministerio de Vivienda (Minvu) el día anterior. En apenas dos páginas la nueva norma abrió el camino legal a negocios inmobiliarios por cientos de millones de dólares. Uno de ellos es la edificación de un complejo de 11 edificios en el cerro San Luis de Las Condes, una operación que incluye a protagonistas tan disímiles como el Club de Golf Los Leones, la cadena hotelera internacional Four Seasons y el Ministerio de Obras Públicas (MOP).
La publicación en el Diario Oficial del Decreto Nº 1 de 2013 del Minvu pasó inadvertida para casi todo el mundo, pero no para los inversionistas inmobiliarios que operan en el rubro de los malls ni para los directivos del Club de Golf Los Leones. Tampoco para el Colegio de Arquitectos, el que junto a un grupo de decanos de Arquitectura emitió una declaración con ácidas críticas a la nueva norma.
Vista aérea del Club de Golf Los Leones en Vitacura. A la derecha detalle de la intervención.
El decreto es de carácter “misceláneo”, una suerte de popurrí de reformas sin un eje conductor aparente, que modificó diversos artículos de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC). Los urbanistas y arquitectos advirtieron de inmediato que el decreto contiene una reforma que parece hecha a la medida, pues permite la aprobación de los resistidos malls de Castro y del Muelle Barón, y deja la puerta abierta para la instalación de otros centros comerciales del mismo estilo en barrios residenciales. Pero los críticos no repararon en que el decreto del Minvu también dejó a tiro de piedra la instalación de otro megaproyecto: el complejo hotelero de la cadena Four Seasons en los cotizados campos del Club de Golf Los Leones.
Las críticas iniciales al decreto podrían dar paso a una situación más compleja en virtud de dos antecedentes nuevos: su “toma de razón” por parte de la Contraloría demoró apenas algunas horas y han emergido denuncias de que su tramitación adolece de vicios administrativos.

ASESOR BAJO LA LUPA

Tras la severa crítica del Colegio de Arquitectos al Decreto Nº 1, seis profesionales del Ministerio de Vivienda firmaron una carta que sacudió a las jefaturas de esa cartera. El texto está fechado el 13 de enero y fue suscrito por los arquitectos del Departamento de Planificación y Normas Urbanas, que son los encargados de una tarea clave: redactar los decretos y proyectos de ley que modifican las reglas de desarrollo urbano, además de interpretar las normas vigentes cuando un particular pide aclaraciones sobre lo que se puede o no edificar. En otras palabras, de su labor dependen inversiones inmobiliarias que se cuentan en millones de dólares.
La carta, a la que CIPER tuvo acceso, indica que se han impulsado normas que atentan contra el bien público y la calidad de vida de los ciudadanos, con el único propósito de apalancar proyectos inmobiliarios de “grandes empresas”.
J. R. Ugarte - segundo de derecha a izquierda - acompañando al Presidente Piñera en el lanzamiento de la nueva política urbana.
Aunque en su carta los seis arquitectos no lo mencionan, funcionarios del Minvu señalaron a CIPER que el principal responsable de estos cambios es José Ramón Ugarte, ex presidente del Colegio de Arquitectos (2002–2004) y asesor del ministro Rodrigo Pérez. En su investigación, CIPER detectó que existen proyectos particulares de Ugarte o de personas de su entorno profesional que se habrían beneficiado con reformas que él impulsó desde su estratégica posición ministerial. El arquitecto reconoció que ha participado en la redacción y tramitación de modificaciones a las normas, pero descartó la existencia de “conflictos de interés”. Sin embargo, al menos en un caso, las reformas favorecen directamente un proyecto en el que Ugarte figura como arquitecto y que posibilitaría un multimillonario negocio de Cencosud: la ampliación del mall Alto Las Condes.

MOP, CLUB DE GOLF Y FOUR SEASONS

El Decreto Nº 1 del Minvu establece que los proyectos destinados a alojamiento (como hoteles y apart hoteles) y que antes solo se admitían en zonas residenciales, ahora podrán ser emplazados en áreas destinadas a equipamiento. El presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, sostiene que esta modificación es “un traje a la medida” para el megaproyecto hotelero de Four Seasons en el Club de Golf Los Leones. La obra, diseñada por el mismo arquitecto del mall de Castro, Rodolfo Miani, considera 11 torres de cinco pisos y ocho subterráneos cada una, ubicadas en los faldeos del Cerro San Luis. El 13 de mayo de 2013 la Dirección de Obras Municipales de Las Condes aprobó el anteproyecto, con una superficie a edificar de 25.691 metros cuadrados.
-Se alteró el artículo 2.1.25  de la OGUC para posibilitar la ejecución de proyectos hoteleros y de apart hotel en áreas verdes, destinos que antes eran considerados “residenciales” y ahora son “equipamiento”. Con este traje a la medida los socios del club de golf podrán arrendar por 99 años una fracción de su área verde para que se construyan 11 torres, ahora singularizadas como equipamiento, cuyo acceso está previsto en la estrecha calle Luz -sostiene Herman.
En todo caso, la modificación a la OGUC sería apenas uno de los engranajes que se movieron en una compleja operación destinada a materializar este proyecto. En la cuenta anual 2011 del Club de Golf Los Leones, su presidente, Sergio Urrejola Monckeberg, informó que se había firmado un protocolo de acuerdo con el MOP para aprobar la construcción de un túnel bajo la avenida Kennedy, entre Américo Vespucio y la Rotonda Pérez Zujovic.
En su cuenta, Urrejola afirmó que el club aceptó la construcción del túnel en su subsuelo, evitando la expropiación de una franja a todo lo largo de su límite con avenida Kennedy. A cambio, explicó Urrejola, el MOP aprobó un plano que permite al club obtener una vía de ingreso vehicular de dos pistas, entre calle Luz y Vitacura, para acceder a sus diez hectáreas del Cerro San Luis:
“Un grupo de inversionistas (…) presentó un anteproyecto de construcción de un hotel en el cerro. Este anteproyecto fue aprobado en octubre del 2010 por la Dirección de Obras de la Municipalidad de las Condes, teniendo en consideración el protocolo de acuerdo entre el MOP y el club a que me he referido anteriormente y en el cual es de la esencia de él el acceso (vehicular) que hemos obtenido”, dijo Urrejola, quien también preside el Consejo de Defensa del Estado.

UN TÚNEL PARA PAULMANN

José Ramón Ugarte asegura que durante su asesoría nunca actuó con intención de favorecer grandes negocios inmobiliarios. Según señaló a CIPER, sólo trabajó como asesor y nunca tuvo la calidad de funcionario público, por lo que no contó con facultades o prerrogativas que permitan señalarlo como principal responsable de las reformas. Pero una presentación Power Point de uso interno del Departamento de Planificación y Normas Urbanas, indica que ya en 2011 Ugarte estaba integrado a ese equipo por sobre los coordinadores de las áreas de Política Urbana y Agenda Legislativa (que definía los proyectos de ley y modificaciones a la OGUC). Además, los registros del Congreso Nacional muestran que el mismo asesor del ministro Pérez concurrió en diversas ocasiones al parlamento como representante del Minvu para promover la aprobación de reformas.
Sobre sus eventuales nexos con la industria de los malls, Ugarte aseguró que no ha tenido vínculos profesionales con ese rubro, salvo por una actuación puntual que ocurrió hace unos cinco años, según recuerda, cuando tramitó una ampliación del Parque Arauco para acogerla a la Ley de Copropiedad.
Con una ayuda memoria de CIPER, Ugarte finalmente recordó que sí tiene un vínculo con este sector, relacionado con un ambicioso proyecto de Cencosud. La compañía de Horst Paulmann adquirió un terreno en la esquina nororiente de avenida Kennedy con Padre Hurtado. Allí, según publicó El Mercurio en junio de 2010, Paulmann planea edificar un centro comercial complementario al mall Alto Las Condes, uniendo ambos inmuebles mediante un túnel. El proyecto, según las cifras de El Mercurio, tendría un costo de US$ 120 millones (adicionales al pago del terreno).
Mall Alto Las Condes
El propietario original del paño era Carlos Celle, quien en 2000 consiguió un permiso de edificación para construir 270 mil metros cuadrados, según consta en los registros de la Dirección de Obras de Vitacura, donde se emplaza el terreno. El arquitecto que tramitó ese permiso fue José Ramón Ugarte, quien consiguió sucesivas prórrogas que han mantenido con vida esa autorización. Lo que Celle le vendió a Paulmann en US$ 50 millones fue el terreno más el valioso permiso de edificación. Por eso, otra publicación de El Mercurio, también de junio de 2010, informaba que “ahora Paulmann deberá trabajar con el arquitecto que diseñó la iniciativa sobre la que se otorgaron los permisos a Carlos Celle, José Ramón Ugarte, para tener la misma constructibilidad en el terreno que compró”.
Ugarte reconoce que, ya como asesor del Minvu, participó en la redacción del Decreto Nº 25 de 2012. Funcionarios del ministerio dicen que ese decreto fue presentado para solucionar problemas del edificio Moneda Bicentenario que se construye en la esquina surponiente de Moneda con Teatinos, frente al Palacio de Gobierno. Entre otras modificaciones a la OGUC, la norma permite la construcción de túneles como el que requiere el proyecto de Cencosud: “Asimismo, la Municipalidad podrá autorizar conexiones subterráneas bajo la vía pública entre distintos inmuebles, de acuerdo con las normas pertinentes”, establece esa reforma.
El arquitecto sostiene que esta norma solo regulariza algo que los municipios ya hacían mediante la fórmula de “permisos precarios”. Ugarte indicó a CIPER que, aunque efectivamente es el profesional del proyecto que ampliaría el Alto Las Condes, no tiene “conflicto de interés”. Esto, porque asegura que al inicio de su asesoría le entregó a la División Jurídica del Ministerio de Vivienda una carpeta con todos los proyectos en los que participaba.
-¿Y con eso consideró que estaban resueltos sus posibles conflictos de interés?-Sí, porque está todo informado.
-¿No le pareció inapropiado participar en la redacción de este decreto?-No, porque son normas generales para todo el país, no se hacen por un interés particular.

AL OTRO LADO DEL MESÓN

Uno de los problemas frecuentes del negocio de los malls es que para ampliar o modificar sus instalaciones se necesita la aprobación de la asamblea de copropietarios (locatarios) y algunos de ellos rechazan las remodelaciones, ya sea porque se les reasignan espacios que consideran mal ubicados o porque se integran nuevos competidores. En 2007 y 2008 José Ramón Ugarte, en calidad de profesional del área privada, dirigió consultas a la DDU con el evidente objetivo de evitar este problema a los desarrolladores inmobiliarios de centros comerciales. Las respuestas, en ambos casos, mantuvieron a firme las normas que incluyen la aprobación de las asambleas.
En 2010, Ugarte se puso al otro lado del mesón y se convirtió en parte del equipo ministerial que redacta las reformas normativas y las respuestas a los consultores privados. En esa calidad impulsó un proyecto de ley que está a punto de ser promulgado y que, precisamente, introduce modificaciones en los artículos 13 y 17 de la Ley de Copropiedad Inmobiliaria que permitirían no considerar a las asambleas de copropietarios en caso de remodelaciones o ampliaciones, tal como lo refleja un documento de análisis comparado utilizado por los parlamentarios que revisaron el proyecto. En la tramitación de esa iniciativa, el arquitecto Ugarte se presentó ante la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados como representante del Minvu.
Ugarte señaló a CIPER que la norma no busca “saltarse” las asambleas de copropietarios: “Lo que hace este proyecto es reconocer que el mandato de la asamblea esté reflejado en el reglamento de copropiedad”.
José Ramón Ugarte no fue contratado por el ministerio, sino por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como asesor dentro de un convenio de cooperación entre esa entidad y el Minvu (vea en la web del PNUD el registro Nº 039/2013). Su asesoría se extendió desde 2010 hasta diciembre de 2013. En el último año su contrato le reportó un pago de $18 millones por seis meses de trabajo y estableció que se desempeñaría como asesor de la DDU del Minvu “en aspectos de legislación urbana referidos a la implementación de la Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), instrumentos de planificación territorial y otros aspectos relativos al ámbito del urbanismo”. De hecho, Ugarte fue el secretario ejecutivo de la comisión que preparó la PNDU, cuyo texto fue promulgado en octubre del año pasado y que fija los lineamientos del desarrollo urbano futuro.
El 7 de marzo de 2013 la Contraloría General de la República recibió una denuncia del arquitecto Andrés Vásquez Carreño, quien acusó a Ugarte de ir más allá de lo estipulado en su contrato con el PNUD al ejercer labores propias de un funcionario público sin tener esa calidad, por lo que consideró ilegal su participación en la redacción y tramitación de modificaciones a la normativa. La Contraloría solicitó al Minvu que aclarara el rol de Ugarte, lo que la cartera hizo mediante un oficio de abril de 2013. Aún se espera el pronunciamiento de la entidad fiscalizadora.

BATERÍA DE REFORMAS

Los decretos Nº 1 y Nº 25, así como el proyecto de reforma a la Ley de Copropiedad, son apenas una parte de las modificaciones que han flexibilizado las normas de desarrollo inmobiliario en los últimos dos años. La ofensiva que desde las alturas del Minvu, bajo la coordinación de Ugarte, ha debilitado las regulaciones urbanas para poner luz verde a negocios inmobiliarios de alto impacto, quedó en evidencia con la carta que firmaron los seis arquitectos del Ministerio de Vivienda el pasado 13 de enero:
“Se nos sindica como partícipes de favorecer, con estos cambios normativos, proyectos específicos que corresponderían a intereses de grandes empresas (…). Al respecto, queremos manifestarles que nos preocupa que se nos vincule profesionalmente con dichos propósitos, y se nos involucre en querer propiciarlos, toda vez que, a nuestro juicio, no están en la línea conceptual del desarrollo urbano y del bien público. De hecho, y como ustedes así lo han decidido, no hemos tenido participación alguna en el proceso final de elaboración de determinadas normas”, dice la carta dirigida a la jefa del Departamento de Planificación y Normas Urbanas, Ángela Prado, y a su superior inmediata, la jefa de la División de Desarrollo Urbano (DDU), Pilar Giménez.
Lo que describe el texto de los funcionarios es una batería de normas ya promulgadas o que están al final de su trámite legislativo, y que propiciarán la instalación de grandes proyectos inmobiliarios en zonas residenciales y vías públicas menores, además de regularizar urbanizaciones que no cumplían con la ordenanza.
Entre estas modificaciones los seis arquitectos mencionan las que flexibilizan las áreas de riesgo para la construcción, como zonas de borde costero bajo peligro de tsunami; las que suprimen la facultad de los planes reguladores intercomunales de fijar usos de suelo en áreas rurales y las que restringen facultades del Ministerio de Salud para calificar proyectos industriales que podrían afectar la salud de la población. A ellas se agrega el proyecto de Aportes al Espacio Público, cuyo efecto práctico sería la eliminación de la evaluación obligatoria del impacto vial provocado por grandes proyectos inmobiliarios y la disminución de áreas verdes, equipamientos y vialidad. Por último, se señala el proyecto que reforma la Ley de Copropiedad y la Ley General de Urbanismo y Construcciones, el que facilitaría la ampliación de malls, eliminaría la obligación de las copropiedades de urbanizar áreas de utilidad pública y constituiría una “ley del mono” permanente para normalizar urbanizaciones irregulares.

APURO EN LA CONTRALORÍA

Ugarte es parte de una familia de arquitectos. Su padre, del mismo nombre, fundó el estudio José Ramón Ugarte y Asociados y dos de sus hermanos comparten la misma profesión. Uno de ellos, Juan José Ugarte, fue decano de Arquitectura de la PUC y luego jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación (Mineduc), cargo que dejó en mayo de 2013 en medio de críticas por la omisión de esa repartición en la investigación de las denuncias de lucro en las universidades Santo Tomas y Uniacc realizadas por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). Durante su gestión también fue fustigado por su desempeño como representante del Mineduc en la misma CNA. En esa entidad, Juan José Ugarte se opuso a utilizar las “minutas financieras” para evaluar universidades, documentos que indicaban que en algunos centros de Educación Superior se desvió patrimonio a sociedades comerciales (vea el reportaje de CIPER “Lucro en la Universidad Santo Tomás: Los préstamos por $13 mil millones que el Mineduc obvió).
A la derecha, el arquitecto José Ramón Ugarte.
El arquitecto José Ramón Ugarte es descrito como un hombre de trato afable y acogedor. De ideas liberales, quienes trabajaron con él en el Minvu no le conocieron militancia política. Lo que sí destacan es que la impronta de su trabajo fue flexibilizar las normas que regulan el mercado inmobiliario.
Entre las reformas más controversiales que impulsó se cuenta la que terminó con la obligación de que los proyectos inmobiliarios de alta carga ocupacional destinados a equipamiento (como centros comerciales y torres de oficinas) enfrenten vías expresas y troncales. Ahora, en virtud del ya mencionado Decreto Nº 1, los malls podrán ubicarse en una calle menor que solo debe estar relacionada, a una distancia de hasta 300 metros, con una vía importante. Esta modificación es la  que se interpreta como una solución “por secretaría” para los polémicos malls de Muelle Barón y Castro.
Para algunos arquitectos y urbanistas esta reforma conlleva el riesgo de que se construyan megacentros comerciales en calles ubicadas al interior de barrios residenciales, provocando la saturación de las vías aledañas. Al amparo de esta reforma podrían reflotar proyectos como el mall que intentó edificar Cencosud en la calle Martín de Zamora y que fue desestimado por la Municipalidad de Las Condes en 2010, debido al resultado adverso de un plebiscito realizado entre sus vecinos.
El presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, denuncia que la tramitación del controversial Decreto Nº 1, adolece de graves vicios administrativos. Para corroborar lo anterior exhibe dos documentos. El primero es una copia del Decreto Nº 1 tal como fue enviado originalmente por el Minvu al Ministerio Secretaría General de la Presidencia, en junio de 2013, para la firma del Presidente Sebastián Piñera, luego de lo cual debía ir al trámite de “toma de razón” en la Contraloría. El segundo es el mismo decreto, ya tramitado por la Contraloría, de diciembre de 2013. Herman repara en que ambos documentos son sustancialmente distintos.
Del decreto original solo se conservó la primera hoja y la última. Todo el contenido interior, cuatro páginas, fue cambiado. Por eso, en la versión final del documento, cada una de estas cuatro páginas interiores lleva un timbre que indica “hoja rectificada”. Es habitual que cuando un ministerio tramita un decreto y la Contraloría le pone reparos, la cartera retire el documento, lo corrija y vuelva a ingresarlo indicando los cambios con el logo de “hoja rectificada”. También es usual que este procedimiento se utilice solo para correcciones menores.
Cuando los cambios son sustantivos, lo que procede es reiniciar todo el trámite: se hace otro decreto, identificado con un número nuevo, que se vuelve a presentar a la firma del Presidente de la República para su posterior envío a la Contraloría. En el caso del Decreto Nº 1, que es una modificación a un Decreto Supremo, la reforma es una facultad privativa del Presidente. Por eso, si los cambios al Decreto Nº 1 fueron de fondo y esas correcciones sólo se hicieron en el Minvu, sin pasar nuevamente por el despacho presidencial, existe la posibilidad de que La Moneda no haya estado en conocimiento del tenor de las modificaciones. Eso es precisamente lo que teme Patricio Herman, quien ya puso en antecedentes a diputados de la Comisión de Vivienda de la Cámara para que oficien al Minvu y a la Presidencia en busca de respuestas.
Lo más grave es que de la comparación del decreto original con el que finalmente salió de la Contraloría el 6 de diciembre pasado, se aprecia que la modificación que precisamente permite aprobar proyectos de equipamiento mayor (como malls o edificios de oficinas) en vías menores ubicadas a menos de 300 metros de vías expresas o troncales, se introdujo en el Minvu mediante las “hojas rectificadas”. Es decir, no estaba en el decreto original que se envío a La Moneda.  “Cabe la posibilidad de que la Presidencia nunca haya sabido de esto”, dice Herman.
Otro dato peculiar es que, al revisar los timbres que lleva la carátula del Decreto Nº 1, queda en evidencia que fue ingresado tres veces a la Contraloría y que, de acuerdo a ese registro, en su último envío a “toma de razón” fue tramitado en tiempo récord. El primer ingreso fue el 25 de junio de 2013 y se retiró “sin tramitar” el 18 de julio. Luego fue reingresado el 22 de agosto y nuevamente se retiró el 9 de septiembre. Esto indicaría que los reparos de la Contraloría pudieron ser sustantivos o, al menos, persistentes. Por eso, causa extrañeza que finalmente el decreto se ingresara a la Contraloría el 6 de diciembre y que ese mismo día finiquitara su “toma de razón”. Tres días después, la Subsecretaría del Minvu le puso el timbre de “decreto tramitado” y seis días más tarde, el 12 de diciembre de 2013, fue publicado en el Diario Oficial.

ESTACIONAMIENTOS Y APORTES

Otra reforma en la que participó Ugarte, contenida en el Decreto Nº 25 de 2012, y que también facilitaría la instalación de grandes proyectos inmobiliarios, es la que permite reducir a la mitad los estacionamientos que deben habilitarse si la construcción se ubica a no más de 300 metros de una estación de metro, en el caso de proyectos de vivienda, y hasta 600 metros si es un proyecto de equipamiento de servicios.
Asimismo, Ugarte trabajó en la elaboración del proyecto de Ley de Aportes al Espacio Público que autorizará a los urbanizadores a sustituir las cesiones de terreno que deben hacer a los municipios -para desarrollar equipamiento de servicio a la comunidad- por un pago en dinero o por una cesión en otro sector. Aunque esta iniciativa ofrece la ventaja de proveer recursos frescos a los municipios, sus detractores temen que termine por sustituir los Estudios de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (Eistu), que establecen las mitigaciones viales que obligatoriamente deben ejecutar los desarrolladores de grandes proyectos inmobiliarios.
El arquitecto Juan Pablo Vigneaux publicó en CIPER una detallada columna de opinión criticando esta misma iniciativa legal y otras reformas previas porque, entre otros efectos negativos que menciona, abrirían la puerta a regularizar urbanizaciones y condominios ABC1 que se desarrollaron de manera ilegal en suelos agrícolas. La normativa, argumenta Vigneaux, en los hechos invalida lo dispuesto en los planes reguladores comunales, metropolitano, intercomunales y regionales, convirtiéndolos en “letra muerta”.

LOS PROBLEMAS DEL DUOC

En 2012 el Minvu respondió una consulta de la Subsecretaría de Transportes que pedía aclarar si correspondía hacer un nuevo Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (Eistu) cuando se amplía o remodela un proyecto que ya tiene aprobado un estudio de ese tipo. Aunque no lo mencionan los documentos, los funcionarios del Minvu señalan que la consulta se originó porque el Instituto DUOC construyó una sede junto al mall Plaza Norte, en Huechuraba, y presentó su edificio acogiéndolo al EISTU del centro comercial que ya estaba aprobado. Con ello, el DUOC evitaba hacer un nuevo Eistu, el que podía dar origen a onerosas mitigaciones viales y más estacionamientos. En los registros de la Dirección de Obras Municipales de Huechuraba consta que la Seremi de Transportes pidió que se aclarara si esta sede del DUOC efectivamente era una ampliación del mall o debía ser considerada un proyecto independiente.
En la redacción de la respuesta del Ministerio de Vivienda a la Subsecretaría de Transportes participó José Ramón Ugarte, quien no se inhabilitó a pesar de tener un vínculo comercial con la oficina de arquitectos que tramitaba el proyecto del Instituto Profesional DUOC.
Duoc, sede Huechuraba
El arquitecto del nuevo edificio del DUOC es Juan Sabbagh, Premio Nacional de Arquitectura 2002, quien también es el principal responsable del proyecto City Park, un gran desarrollo inmobiliario de oficinas de lujo ubicado en la misma comuna de Huechuraba, en avenida El Salto frente a Espacio Riesco. José Ramón Ugarte figura como “asesor urbano” de City Park, un negocio de Inversiones Urbanas, empresa inmobiliaria vinculada a la cadena de farmacias Cruz Verde.
Funcionarios de la Dirección de Obras Públicas de Huechuraba señalaron a CIPER que el año pasado el propio Juan Sabbagh, acompañado de la ex seremi metropolitana de Vivienda, Marisol Rojas, se reunió con el jefe de esa repartición municipal para intentar resolver los problemas del proyecto DUOC. En ese momento, Marisol Rojas -quien fue seremi desde marzo de 2010 hasta diciembre de 2012- se desempeñaba junto a Ugarte como asesora del Minvu para la implementación de la PNDU, labor que ejerció hasta enero de este año.
Consultada por la reunión con el director de Obras de Huechuraba y por sus vínculos con Ugarte, Marisol Rojas respondió por escrito: “Sobre la reunión que plantea, no tengo ninguna relación con el proyecto DUOC de Huechuraba. No he asesorado dicho proyecto. Y sobre mi relación con el Sr. José Ramón Ugarte, se enmarca en aquellas materias que él como asesor del ministro ha desarrollado y que por mi parte se vincularon a las tareas de la PNDU”.
El arquitecto Ugarte señaló a CIPER que en este caso tampoco ve “conflicto de intereses”:
-No tengo nada que ver con el proyecto del DUOC. Juan Sabbagh ha sido el arquitecto histórico del DUOC, pero el único proyecto que yo tengo con él es el de City Park.
-¿No le pareció inconveniente, por su nexo comercial con Sabbagh, participar en la elaboración de la respuesta sobre la obligación de realizar o no un Eistu?-Pero es que yo no tenía idea de que este tema (el oficio de respuesta del Minvu) tenía relación con lo del DUOC. Me enteré ahora.
 
 
FUENTE: CIPERCHILE