miércoles, 1 de noviembre de 2017

La estrategia electoral de los últimos 20 días estará centrada en el despliegue territorial

A Beatriz Sánchez le falta punch: Frente Amplio se juega su futuro en la recta final de la campaña electoral

por  31 octubre, 2017
A Beatriz Sánchez le falta punch: Frente Amplio se juega su futuro en la recta final de la campaña electoral
Se acercan las elecciones del 19 de noviembre, para muchos la “verdadera prueba de fuego” para el Frente Amplio, ya que sería uno de los factores que determinaría la viabilidad del proyecto a futuro. En este contexto es que se han reforzado las estrategias comunicacionales, en redes sociales y la campaña en la calle, “con la gente”, toda una nueva apuesta que busca dar respuesta a críticas internas al desempeño de la periodista como carta presidencial, pero más aún a la poca colaboración que habría tenido el comando presidencial con las campañas parlamentarias en el primer tiempo de la contienda electoral.
Han sido semanas complejas para el Frente Amplio (FA), nunca comparadas con la crisis vivida por el denominado “mayolazo”, pero el ambiente se encuentra tensionado por las discusiones internas en torno a la segunda vuelta, los complejos números entregados por la Encuesta CEP y los últimos veinte días de campaña presidencial y parlamentaria.
A pesar de que la discusión respecto a segunda vuelta logró pausarse, y que la línea del comando de Beatriz Sánchez –de esperar a después del 19 de noviembre– logró imponerse, todos reconocen que la discusión “por la prensa” fue un verdadero balazo en los pies, principalmente para la apuesta presidencial.
El mea culpa vino desde las vocerías frenteamplistas. Rodrigo Echecopar (RD) reconoció que en las últimas semanas perdieron el foco y se dedicaron a especular “sobre qué pasará en segunda vuelta”, abandonando la centralidad en el programa y despliegue territorial, los dos factores determinados como estratégicos para esta última etapa.
Por otra parte, el desplome en la Encuesta CEP, bajando de un 17,9% a 8,5% en la intención de voto presidencial, evidentemente representaron números que “no eran los esperados”, reconoció la misma Beatriz Sánchez. Tras los resultados, los principales cuestionamientos apuntaron a la falta de despliegue territorial en conjunto con los candidatos parlamentarios y la falta de irrupción en medios, “de una forma más dura, disruptiva” en la discusión presidencial, que ha sido acaparada por las apariciones de MEO y Alejandro Navarro. Al interior del Frente Amplio reconocen que el vacío impugnador no fue llenado por la apuesta presidencial, que “le falta punch” a la campaña y que el programa no ha sido capaz de traducirse en una línea comunicacional más clara para los electores.
Desde el comando de Sánchez, su jefe de campaña, Sebastián Depolo (RD), reconoció que ha sido difícil comunicar esta nueva apuesta, pero que claramente el Frente Amplio no cuenta con la máquina electoral del duopolio, ni tampoco con los recursos de Sebastián Piñera.  Agregó que lo importante es lograr comunicar que “hay una forma distinta de hacer política”.

El factor Sánchez

El blindaje a la figura de la periodista se ha reforzado en el último mes, de forma que se lograron anular las críticas a la forma en que se ha desempeñado públicamente, y aseguran que el “hecho de tener un programa” le da mayor solvencia y contenido a la candidatura. Aun así existe preocupación y una sensación de decepción en algunos sectores, principalmente por la baja aparición de la candidata en la prensa, “lo que claramente es más responsabilidad de los medios que del trabajo del comando”, indican desde la mesa política del FA.
Es más, la última aparición de Sánchez en 'Tolerancia Cero' dejó “bastante que desear”, los chats frenteamplistas comentaron la debilidad en algunos temas de la abanderada, principalmente en la defensa de puntos programáticos claves, como el impuesto a los súper ricos. Aunque, en todo caso, reconocen que las apariciones en este tipo de espacios televisivos no son determinantes electoralmente, sino más bien “un saludo para la barra, para el militante del Frente Amplio, para subir la moral”. Además, afirman que lo importante es permear el discurso en la calle, en los puerta a puerta, “es ahí donde se ganan las elecciones y sabemos que nuestro mensaje está llegando”, agrega un dirigente del Frente Amplio.
Otra crítica se ha centrado en la incapacidad de posicionarse como una contraparte directa a Sebastián Piñera, “no logramos capitalizar el 'Todos contra Piñera' como nuestro”, explican desde el FA. Para el analista político Andrés Cabrera esto se debe a que “la derecha y la Nueva Mayoría han sido capaces de encasillar al Frente Amplio como un proyecto agotado”. “Algunos dicen que ella podría tener un rol mucho más impugnador con la derecha y se ha encasillado con este relato de la vocería del programa”, agrega. El problema real, según Cabrera, radicaría en que pese a que Beatriz Sánchez ha levantado un discurso impugnativo, “no le ha puesto rostro”.
Aunque es normal escuchar los argumentos del “amateurismo, pero seriedad en la campaña de Beatriz Sánchez” y que el Frente Amplio no cuenta con una amplia experiencia electoral, cabe destacar que detrás del despliegue discursivo y la estrategia comunicacional ha estado Sebastián Kraljevich, especialista en campañas políticas, quien se desempeñó como asesor estratégico del comando de Marco Enríquez-Ominami, en la campaña de 2009. Además fue asesor de la Democracia Cristiana, consultor de estrategia electoral en las campañas parlamentarias de Boric y Jackson en 2012 y fue parte de la campaña para la rectoría de la Universidad de Chile de Ennio Vivaldi.
Un destacado especialista en el ámbito comunicacional que se preocupó de armar una estrategia en conjunto con un grupo asesor compuesto por distintos miembros del Frente Amplio, especialistas o con experiencia en campañas políticas y estudiantiles. Desde dicho espacio reconocen que adecuarse a la línea pragmática –determinada por los liderazgos políticos del comando– de generar una apuesta presidencial viable, que diera la sensación de seguridad y proyección de gobernabilidad, fue “a lo menos complejo”.
Para Cristián Leporati, director de la Escuela de Publicidad de la UDP, el posicionamiento de Beatriz Sánchez es real y señala que la candidata ha logrado “consolidarse como un potencial nuevo referente o rostro en la política chilena” y que emana “factores positivos: una persona agradable y cercana, con la que se puede conversar”, a la vez que humaniza la contienda electoral. Esta fortaleza “es su peor debilidad”, pues su apuesta comunicacional “no cuadra con el imaginario presidencial del chileno medio”.
“Beatriz Sánchez  desea obtener resultados e imponer propuestas con la fuerza de la atracción, cooptar en lugar de obligar, dar visión al proyecto por la inteligencia emocional y la capacidad de comunicación, pero ella no está en EE.UU. ni tampoco es Obama. Quizás su mayor defecto competitivo es ser comunicadora, le juega en contra”, explica Leporati.
Isabel Palominos, miembro de la Comisión Política asesora del comando presidencial, indica que como Frente Amplio no apostaron “por montar un show más mediático, para eso, Navarro y MEO tienen años de experiencia”. “Hemos conversado y creemos que Beatriz viene desde el mundo del periodismo, no ha tenido una carrera política, es una profesional que tiene un compromiso con un programa, con una propuesta, eso queremos reforzar, que se dé relevancia a través del programa”, puntualiza.
La dificultad de esta apuesta radica en que los problemas de Beatriz Sánchez, según Cristián Leporati, “no (solo) pasan por las propuestas y la probabilidad de bajarlas a políticas públicas abordables y realizables hoy en Chile.  La política hoy es de personas-rostros, no partidos, de marcas personales, como Macrón, Obama, Xi, Putin  o Trump, sin ir más lejos. En este contexto, la personalidad y ethos de la marca Beatriz Sánchez no genera la confianza y la credibilidad necesarias como para abordar el cargo más importante del país, a ojos del electorado”.

Ser oposición a Piñera

Otra crítica se ha centrado en la incapacidad de posicionarse como una contraparte directa a Sebastián Piñera, “no logramos capitalizar el 'Todos contra Piñera' como nuestro”, explican desde el FA. Para el analista político Andrés Cabrera esto se debe a que “la derecha y la Nueva Mayoría han sido capaces de encasillar al Frente Amplio como un proyecto agotado”. “Algunos dicen que ella podría tener un rol mucho más impugnador con la derecha y se ha encasillado con este relato de la vocería del programa”, agrega. El problema real, según Cabrera, radicaría en que pese a que Beatriz Sánchez ha levantado un discurso impugnativo, “no le ha puesto rostro”.
Para el candidato a diputado por el D11, Tomás Hirsch (PH), es importante impulsar la línea de que  “efectivamente el Frente Amplio es la única alternativa a la derecha en nuestro país, ya que la Nueva Mayoría es una forma de administración del modelo de la derecha”. Plantea que “es necesario tener una diferenciación total al duopolio, aunque en el Frente Amplio hayan algunos que optaron por no marcar tanta distancia con el duopolio”.
Para Cabrera, lo fundamental es que el Frente Amplio entienda que su objetivo no es ganar las elecciones, “sino consolidarse en un plano de oposición, y eso va más allá de la posibilidad de alianzas políticas de la bancada frenteamplista con la Fuerza Mayoría u otros grupos más progresistas”. Explica que para su consolidación como nueva fuerza, el FA necesita de un ímpetu refundador, pero también debe afianzar el lazo entre “el factor política y sociedad”, que los pisos mínimos electorales “son importantes, pero lo importante es la estructura base, la alianza con los movimientos sociales y los territorios, y eso es lo que hoy tambalea”.
Las principales apuestas del frenteamplismo, sus comandos presidencial y parlamentario, es reforzar la presencia de Beatriz Sánchez en la calle y vincularla más a la disputa parlamentaria, con más cercanía con los candidatos. Lograr hacerle frente a “la campaña del terror” levantada por grupos económicos, y por la derecha, explica Isabel Palominos.
Un punto que, a juicio de Tomás Hirsch, estaba flojo en los primeros meses de campaña, principalmente en la complementación de las campañas presidencial y parlamentaria. En los próximos días se grabará una franja en conjunto y se reforzará el despliegue territorial principalmente en Santiago, Valparaíso y Concepción. "Era evidente que se requería un trabajo más coordinado, convergente, más en cuña”, explica Hirsch.
FUENTE: EL MOSTRADOR

Alberto Precht: “Necesitamos un Consejo para la Transparencia con mayores atribuciones”

P. López y C. Medrano |Martes 31 de octubre 2017 19:10 hrs.
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El Director Ejecutivo de Chile Transparente se refirió a la renovación de los integrantes del Consejo para la transparencia y a la necesidad de potenciar los atributos de dicha entidad a diez años de su creación.
“No podemos llegar al extremo del que el criterio político sea superior al técnico”, afirmó el director ejecutivo de la Fundación Chile Transparente, Alberto Precht, respecto de los criterios de selección de los integrantes del Consejo para la Transparencia y que deben ser renovados dentro de estas semanas.
Recordemos que hace pocos días se conoció el nombre del nuevo presidente de la entidad encargada de velar por el cumplimiento de lo dispuesto en la ley de transparencia, responsabilidad que recayó en el abogado Marcelo Drago Aguirre.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Precht recalcó en la importancia de que los integrantes de dicha entidad, cumplan con los requisitos necesarios para un cargo que calificó de “sumamente técnico”.
En esa línea propuso un nuevo sistema de carácter mixto para la designación de los directores integrantes del Consejo “ocupar el criterio de Alta Dirección Pública como primer filtro y que luego el Senado decida a partir de una quina aprobada por la Presidenta de la República. Hoy día esto tiene que ver con el momento político más que con el momento técnico y este es un organismo muy importante de la República que debería tener mayores atribuciones”, sentenció.
Precht recalca que la evaluación que realiza Chile Transparente de la aplicación de la ley durante la última década es positiva, pero sostiene que es necesario adecuarla a los nuevos tiempos.
En ese sentido considera que existen una serie de nuevos escenarios donde la ley no actúa, a pesar que podría hacerlo “creemos que ya estos diez años amerita pasar hacia un nuevo estado de evolución para pasar, por ejemplo, avanzar hacia un consejo que sea permanente y que se amplíe a otros sectores de la sociedad, el principio debe ser, ‘si hay plata pública, debe ser susceptible a lo que dice la ley’”, recalcó.
Alberto Precht añadió que lo público no tiene que ver necesariamente con lo estatal, por lo que es necesario articular el debate en esa dirección y recordó que en Suecia “la primera ley de transparencia se aprobó en 1670, en Chile en 2008, estamos recién aprendiendo a caminar, pero ya algo sabemos”.
Finalmente Precht recalcó en la importancia que tiene este tema dentro de una sociedad con la que vivimos y señaló que “no se concibe una democracia moderna sin acceso a la información”.
FUENTE: RADIO U. DE CHILE

Luz Mónica Arancibia: la jueza clave del “Caso Iglesia” y la “Operación Huracán”

Natalia Figueroa |Martes 31 de octubre 2017 10:38 hrs.
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Durante los últimos días, la Justicia ha dado un mensaje claro respecto de causas en las que se ha involucrado a mapuches. La absolución de comuneros que se mantuvieron durante meses encarcelados evidencia la injusta aplicación de la prisión preventiva. La jueza Luz Mónica Arancibia es reconocida como una figura relevante para el desarrollo de algunos de estos.
En el transcurso de un mes, los tribunales han decretado la libertad de doce personas que se encontraban procesadas en los casos Luchsinger-Mackay y en la denominada “Operación Tauro”. Coincidentemente, todos son mapuches que cumplieron largos encarcelamientos que acabaron cuando los jueces determinaron su inocencia. Aunque dentro de los mensajes implícitos de los fallos judiciales, la Corte Suprema recientemente hizo un llamado de atención más específico, dirigido a una de las magistrados de La Araucanía: Luz Mónica Arancibia Mena.
La magistrada del Juzgado de Garantía de Temuco es reconocida por su rigurosidad y, en general, por no dictar fallos con argumentaciones muy extendidas. El pasado 19 de octubre, una de sus sentencias, aplicada en la denominada “Operación Huracán” contra ocho supuestos involucrados en el caso, fue desestimada por el Máximo Tribunal precisamente por no argumentar el porqué de la medida cautelar.
Parte del documento de 19 líneas firmado por la abogada, indicaba: “Con la senda información entregada por el Ministerio Público, en el cual a concepto de la suscrita se encuentran acreditados el hecho delictivo y la participación en ellos por parte de cada uno de los imputados (…) teniendo presente además que los delitos por los cuales se ha formalizado a cada uno de los imputados están dentro del marco de los delitos terroristas (…) se accede a la solicitud del Ministerio Público y se decreta la prisión preventiva de cada uno de los imputados”. Además, aseguraba que la detención de los comuneros “se ajustó a derecho”.
Luego de entregar el fallo al amparo interpuesto por las defensas de los detenidos en Huracán, el ministro Milton Juica, fue explícito: “La Corte Suprema está consciente de la injusticia que se comete con personas que han sido procesadas en prisión preventiva y luego absueltas y es difícil reparar esa prisión”. Posiblemente, la posición de los ministros era evitar que se repitiera una huelga de hambre que mantuvo en riego vital a los mapuches imputados en el “Caso Iglesia” o que al igual que la causa Luchsinger- Mackay estuvieran presos por más de un año. Pero con esto, la causa dio un vuelco que ni el Ministerio Público ni el Ministerio del Interior esperaban.
El Máximo Tribunal fue enfático en señalar que la medida resuelta por la jueza abrió dudas sobre la pertinencia de la prisión preventiva a sabiendas de que esa medida cautelar se aplica en situaciones excepcionales: cuando existen fuertes sospechas de la culpabilidad de los imputados, en el caso de que se acredite que su libertad implica un riesgo para la sociedad o si se vuelve indispensable para desarrollar las diligencias. Para los cinco ministros de la Corte ninguno de estos factores se logró constatar.
Desde el comienzo las defensas señalaron que el procedimiento policial se fundaba en irregularidades y que, en adelante, el proceso investigativo demostraría serias falencias a nivel de pruebas. Y quedó claro que una investigación basada en una red de presuntos implicados que mantenían vínculos por Facebook, revisión de perfiles a través de Wikipedia y que habrían intercambiado mensajería a través de sus celulares, demostró un estándar probatorio muy deficiente para mantener a ocho personas privadas de libertad.
El domingo 24 de septiembre de este año, en una audiencia que se extendió entre las 10:23 y las 15:00 horas, la magistrada Arancibia dictó la medida cautelar y fijó cuatro meses de investigación por los supuestos delitos de incendio consumado y asociación ilícita terrorista. Fuentes del Ministerio Público, consultadas por nuestro medio, la destacan por tener en general un “estilo” bastante escueto al momento de resolver, y dijeron que incluso en esa oportunidad no hubo recesos en medio de la audiencia como lo hacen otros magistrados para formular con mayor precisión. Después de cuatro horas de alegatos, la jueza se tomó no más de dos minutos para dar una sentencia en la cual no se hizo referencia a ninguna de las 23 líneas argumentativas que presentaron las defensas.
Sin embargo, desde la Fiscalía de La Araucanía argumentaron, fuera de micrófono, que se trataría sólo de un error técnico y no de un “supremazo” que dejaría sin efecto la acusación del Ministerio Público amparado en las pruebas presentadas por la Dirección de Inteligencia de Carabineros- principalmente mensajería intercambiada entre los comuneros- y solicitadas por la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), dependiente del Ministerio del Interior.
Proyectando los siguientes pasos en la causa, uno de los escenarios que se avizora es que el Ministerio Público solicite nuevamente la prisión preventiva en una audiencia de revisión de medidas cautelares, sin necesariamente realizar nuevas diligencias. Sin embargo, durante el fin de semana pasado informaron al diario El Austral de Temuco que esperarán el “momento más oportuno” para actuar, una vez que concluyan los peritajes a los celulares y computadores incautados a los imputados.
Probablemente la magistrada, conocida por algunos en el ambiente judicial temuquense como Luz ‘Biónica’ Arancibia, vuelva a encontrarse con esta causa, en caso de coincidir las fechas.
Sentencia en el “Caso Iglesia”
Sin querer dar su propia versión de los hechos, los fallos de Luz Mónica Arancibia permiten observar su constante rigidez en los temas mapuche, aunque es difícil ahondar en su criterio. Esto lo perciben los propios encarcelados por orden de Arancibia, como son los comuneros del “Caso Iglesia”. Fuentes cercanas a los imputados comentaron a nuestro medio que una vez que ingresaron al módulo común en la cárcel de Temuco, los demás presos les hicieron saber que era difícil salir de la prisión preventiva. “Ahh, cagaron con la vieja”, fue la primera reacción.
La magistrada ha sido una figura relevante para el curso que ha tomado esta causa, iniciada por la quema de un templo evangélico en la comuna de Padre Las Casas, en La Araucanía, en la que se encuentran imputados cuatro comuneros mapuche: Alfredo Tralcal y los hermanos Benito, Ariel y Pablo Trangol.
El 10 de junio de 2016, la magistrada dictó su prisión preventiva por el supuesto delito de incendio terrorista. Al cumplir un año encarcelados en el centro penitenciario de Temuco, los imputados iniciaron una huelga de hambre que se extendió por 115 días. Una medida que hasta hoy no depone Ariel Trangol Galindo.
Pese a las reiteradas solicitudes de los abogados defensores de modificar dichas medidas, éstas han sido rechazadas en tres oportunidades por el Juzgado de Garantía de Temuco. Pero más allá de eso, otra de las resoluciones firmada por la jueza Arancibia fue en la audiencia de revisión de prisión preventiva del 13 de septiembre de 2016, donde rechazó levantar el secreto de una serie de diligencias que, a cuatro meses de la detención, todavía eran desconocidas por las defensas. Dentro de ellas, figuraba el parte policial, las primeras declaraciones que se tomaron el día del arresto de los comuneros y la identidad de algunos testigos, pruebas que manejaba la Fiscalía y que la magistrada avaló mantener en secreto hasta que otro juez modificó la medida. En ese documento tampoco se argumenta el porqué de su decisión, aunque todas las audiencias tienen un registro de audio de sus veredictos.
Del 23 de junio de 2017 data otra resolución donde Arancibia afirmó que dejar a Ariel Trangol con una medida distinta a la prisión preventiva constituiría “un peligro para la sociedad”. Aunque otros jueces rebajaron la medida a arresto domiciliario total a Pablo y Ariel, eso no se extendió por más de una semana, cuando la decisión fue revocada.
Por ahora, los cuatro comuneros se encuentran nuevamente en la cárcel de Temuco después de estar internados en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial, ante la resolución de la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco que ratificó la prisión preventiva dictada por el tribunal, el viernes 20 de octubre pasado. Fue un fallo dividido de los ministros Alejandro Vera, Cecilia Aravena y Julio Grandón, donde sólo este último apuntó a que “la necesidad de cautela se satisfacería con otra medida de menor intensidad” y aludió expresamente al tiempo que han permanecido prisioneros los mapuches.
Desórdenes Públicos
Una causa donde también es posible observar similitudes con lo ocurrido en la “Operación Huracán” es el juicio simplificado que condenó al dirigente Aucán Huilcamán. En esto, dos coincidencias: fue la ministra Mónica Arancibia que sentenció al líder del Consejo de Todas las Tierras Mapuche y a otros cinco comuneros a una pena de 61 días de reclusión nocturna, pero luego la Corte de Apelaciones de Temuco los absolvió por no acreditarse los delitos en las pruebas presentadas por la Fiscalía.
Los hechos se desarrollaron en medio de una manifestación que convocó la organización en el centro de Temuco, el 10 de enero de 2006, y donde Huilcamán encabezó un discurso para referirse al conflicto que enfrentan las comunidades por la usurpación de tierras y, en particular, posicionar la demanda de autodeterminación del pueblo mapuche.
Sin embargo, se generaron incidentes con los funcionarios de la policía, quienes dispersaron el acto argumentando que se trataba de una marcha no autorizada por la Intendencia, y detuvieron a un grupo de personas, de las cuales ocho fueron procesados por desórdenes públicos y agresión a carabineros en servicio. Finalmente, cinco fueron formalizados e investigados- entre ellos el dirigente y hoy candidato a senador por la región-.
Luego del plazo de investigación otorgado por el Juzgado de Garantía de Temuco, se desarrolló el juicio abreviado, en noviembre de 2006, donde la magistrada Arancibia condenó a los comuneros. Pero la apelación que presentó la defensa de los acusados ante la Corte de Apelaciones fue admitida y la resolución de los ministros unánime. No existía mérito suficiente para la medida aplicada y, con esto, se evidenciaba la errónea aplicación del derecho de la jueza.
Consultado por esta causa, Huilcamán precisó que en esa oportunidad presentaron una denuncia por agresión de carabineros contra mujeres mapuche ante la Fiscalía Militar, que se mantiene archivada. El dirigente planteó una situación transversal al conflicto: “Existen jueces y ministros que viven en predios mapuche. Entendemos que ellos no usurparon el territorio pero sí viene de un acto irregular previo, porque son tierras que están dentro de un título de merced. Todo eso genera un clima de animadversión generalizada con las causas mapuche”.
Aplicación (indiscriminada) de la prisión preventiva
A pocos días de que el Tribunal Oral de Temuco dictara el veredicto absolutorio para los mapuches procesados en el caso Luchsinger- Mackay, nuevamente los cuestionamientos apuntan al criterio de los jueces y a las líneas investigativas del Ministerio Público.
Respecto de la jueza Luz Mónica Arancibia es preciso señalar que su decisión de aplicar prisión preventiva no sólo se observa específicamente en causas mapuches, lo registramos en otros casos de fraude al fisco, por instalación y detonación de artefactos explosivos, falsificación de instrumento público, entre otros delitos. Asimismo, también ha revocado prisiones preventivas por ejemplo al comunero Bernardo Carillán Tropan que se mantuvo casi dos meses cumpliendo esta medida cautelar, en 2012, por el supuesto homicidio frustrado de Carabineros, usurpación violenta, daños calificados y lesiones.
Pero en otras causas mapuche la magistrada también fue mencionada: en el caso de Sabino Catrilaf y Pablo Canio Tralcal, imputados por delito terrorista por el supuesto ataque a una máquina de Turbus en el baipás de Temuco, en 2009. Los comuneros se mantenían en prisión preventiva desde hace once meses e iniciaron una huelga de hambre acusando injusticia por los cargos que se les imputaban. Al cumplir 60 días de ayuno, la magistrada revocó su prisión y dictó su libertad imponiendo un pago de 1 millón de pesos por concepto de “caución”, es decir, para garantizar que seguirían en proceso. Sin embargo, ambos mapuches fueron absueltos en este caso junto a otras diez personas, en 2013.
Otro episodio que importunó a la magistrada Arancibia fue el caso de Huaiquilaf Antonio Cadín Calfunao, hijo de la longko Juana Calfunao, cuando presidía la audiencia de revisión de medidas cautelares, en 2006. El comunero al finalizar la sesión se levantó a gritar que se trataba de un proceso injusto y fue respaldado por un grupo de mapuches que fueron retirados por los gendarmes. Desde ahí que habría cierta animadversión de la jueza a este tipo de causas, según señalaron algunos de los que estuvieron presentes.
El escenario antes descrito mostraría que la prisión preventiva se estaría aplicando de manera indiscriminada, lo que configura graves arbitrariedades como lo han manifestado varios abogados vinculados a las causas. Esta última idea fue planteada por el propio Defensor Nacional, Andrés Manhke, en medio del seminario “Inocentes Encarcelados”, realizado en Santiago el 19 de octubre pasado. Señaló que se estaría empleando como una “condena anticipada o, peor aún, derechamente como un mecanismo de control social, desvirtuando completamente el sentido de esta medida cautelar”.
Consultado sobre la situación, el longko Víctor Queipul de la comunidad autónoma de Temucuicui, dijo esperar que la “Operación Huracán” tenga el mismo desenlace que el caso Luchsinger- Mackay. Y respecto de la jueza Luz Mónica Arancibia señaló: “Nosotros ubicamos a todos los magistrados de Collipulli, Angol, Temuco y sabemos que hay muchos que pretenden mantener a los mapuche en prisión preventiva por meses. Hay racismo de por medio. Ahora, la jueza debería disculparse por privar de libertad injustamente a los ocho peñis, no digo pedir perdón porque no somos ningún dios, pero sí que asumiera su error”.
Diario y Radio Universidad de Chile intentó comunicarse con la jueza para obtener su versión de los hechos. Hasta el cierre de este reportaje fue imposible obtener su testimonio.
FUENTE: RADIO U. DE CHILE

Cómo los archivos en microfilme de la dictadura de Pinochet se hicieron humo

Pascale Bonnefoy |Martes 31 de octubre 2017 14:46 hrs.
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Diez años después del regreso a la democracia, los archivos microfilmados de los principales órganos de inteligencia de la dictadura de Pinochet fueron quemados en las afueras de Santiago. ​Mientras, el Ejército negaba su existencia ante el requerimiento de jueces que investigaban causas de derechos humanos.
*Este artículo fue publicado originalmente en The New York Times en su edición del día lunes 30 de octubre.
SANTIAGO – Un caluroso día de comienzos del año 2000, una mujer y dos hombres ingresaron a la Escuela de Inteligencia del Ejército en la localidad de Nos, en la orilla sur de Santiago.
Llevaban bolsas con películas de microfilme arrancadas de sus cartuchos. En silencio comenzaron a desenrollar las cintas y arrojarlas a un horno encendido. Repitieron la rutina hasta que no quedó nada.
Eran decenas de miles de imágenes de documentos: los archivos microfilmados de los principales órganos de inteligencia de la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990): la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) y su sucesora, la Central Nacional de Informaciones (CNI), responsables de la mayoría de los crímenes durante su régimen.
Con el retorno a la democracia y la disolución de la CNI en 1990, sus agentes, bienes y archivos pasaron a la Dirección de Inteligencia del Ejército, DINE. Los cartuchos de microfilme quedaron bajo la custodia de su Departamento de Contrainteligencia, en una bóveda especialmente climatizada en el subterráneo. Allí permanecieron durante una década, mientras el Ejército negaba su existencia ante el requerimiento de jueces o detectives que investigaban causas de derechos humanos.
 “Para mí ha sido un misterio lo que pasó con esos archivos”, dijo el exministro de la Corte de Apelaciones Alejandro Solís, quien investigó casos de derechos humanos y hoy es coordinador de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa. “Preguntaba a los militares dónde habían quedado y nadie sabía. Esa siempre fue su posición oficial”.
En 2015, citados a declarar ante la justicia en la causa por el homicidio del expresidente Eduardo Frei Montalva en 1982, algunos oficiales y empleados civiles del Ejército comenzaron a revelar lo sucedido ese verano de 2000 en los hornos de Nos. The New York Times tuvo acceso a estas declaraciones, enterradas en los sesenta tomos del expediente Frei.
Por muchos años se especuló que el director de la DINA, el general Manuel Contreras —fallecido en 2015—, había hecho copias de la documentación y la había enviado fuera del país o la había guardado en alguna otra parte en Chile. Las Fuerzas Armadas siempre han alegado que no tenían información porque había sido quemada, legalmente, antes de que Pinochet abandonara el poder. Al disolverse en 1977, la DINA traspasó sus bienes y la mayoría de sus agentes a la CNI. Exagentes de la CNI han dicho a la justicia que recibieron los archivos de la DINA y procedieron a microfilmarlos.
Varios testigos coinciden en que cada rollo de microfilme contenía unas 2500 imágenes. Sin embargo, según Surrey, cada cartucho de microfilme podía guardar ‘fácilmente hasta 10.000 documentos, dependiendo de su tamaño o grado de reducción’.
La CNI contrató a la subsidiaria en Chile de la empresa multinacional Kodak, una de las tres compañías que ofrecía servicios de microfilmación en el país. Kodak Chile tenía el monopolio de la cartera CNI y, paradójicamente, también de la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago, la principal organización de defensa de los derechos humanos durante la dictadura.
Kodak les vendió equipos de microfilmación e insumos, hizo la mantención y reparación de los equipos, capacitó a los agentes sobre cómo usarlos y les dio charlas sobre cómo resguardar la información. Según el exejecutivo de ventas de Kodak Chile a cargo de ambas carteras, Willy Surrey, los equipos que tenía la CNI eran de alta velocidad, capaces de procesar grandes volúmenes de documentos y permitían búsquedas automáticas. Comenzaron a microfilmar en 1977.
La quema de los microfilmes a inicios de 2000 se produjo antes del regreso a Chile del exdictador desde Londres, donde llevaba más de un año bajo arresto domiciliario a la espera de un procedimiento de extradición a España. CreditReuters
“Nunca vi los documentos originales que microfilmaban”, aseguró Surrey en una entrevista telefónica. “Cuando hacíamos capacitación, usaban fotocopias de los documentos donde tachaban en negro los nombres u otra información sensible”.
Entre los documentos que Surrey recuerda que la CNI microfilmaba había carpetas con fichas de personas, cédulas de identidad, fotografías, planos y recortes de diarios. Cada carpeta correspondía a una persona o hecho de relevancia, dijo.
El suboficial Raúl Otárola, del departamento de Microfilm de la División de Informática de la CNI, atestiguó que luego de la microfilmación los originales en papel eran devueltos a sus unidades para su destrucción.
Cuando llegó a ese departamento en 1983, agregó, escuchó de parte del empleado civil Juan Crisóstomo, encargado de codificar la documentación, que años antes el exdirector de la DINA había retirado los “únicos tres rollos de microfilmación relativos al caso de Orlando Letelier”, el excanciller chileno asesinado en un atentado con auto bomba en Washington en 1976. Otárola no aceptó una solicitud para entrevista.
En una conversación telefónica, Crisóstomo negó haber dicho eso y aseguró que lo único que se microfilmaba en la CNI eran archivos administrativos. “No tengo idea de qué pasó con la información de inteligencia o de operaciones”, dijo.
De acuerdo con las declaraciones judiciales, a fines de 1999 el director de inteligencia del Ejército, el general Eduardo Jara, le ordenó a la entonces jefa de la sección Archivo del Departamento de Contrainteligencia de la DINE, la mayor Mercedes Rojas, revisar los microfilmes por si contenían información relacionada con derechos humanos.
Meses antes, en agosto, el gobierno había convocado a una mesa de diálogo con las Fuerzas Armadas para ver la manera en que entregaran información sobre el destino de los desaparecidos. Los resultados de la mesa, que se prolongó durante diez meses, fueron un fiasco, pero dentro del Ejército ya sonaban las alarmas.
Rojas dijo haber pasado un par de horas al día durante dos meses mirando los aproximadamente cincuenta rollos. El material era irrelevante, estaba ocupando espacio en la bóveda y no servía para nada, le informó a su superior.
Jara le instruyó, verbalmente, incinerarlo todo. Fue entonces que Rojas pidió ayuda a dos de sus subalternos, el suboficial Luis Zúñiga y el cabo Osvaldo Ramírez. Les ordenó sacar los rollos de celuloide de sus cartuchos y meterlos en bolsas, y los tres partieron a Nos. Fue escogido ese lugar en las afueras de la capital, señaló Ramírez al tribunal, “más que nada para no contaminar el aire de Santiago”.
Rojas dijo que no quedaron duplicados y según Ramírez también se quemaron las copias de seguridad. Tampoco se dejó acta de incineración.
Varios testigos de la CNI y la DINE interrogados por la justicia coinciden en que cada rollo de microfilme contenía unas 2500 imágenes. Sin embargo, según Surrey, cada cartucho de microfilme podía guardar “fácilmente hasta 10.000 documentos, dependiendo de su tamaño o grado de reducción”.
Jara, el exdirector de inteligencia —quien rechazó una entrevista—, declaró ante la justicia que rindió cuenta del hecho al entonces jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Patricio Chacón. No se ha podido confirmar desde dónde provino la orden de destruir los rollos de microfilme y, más allá de su responsabilidad de mando, cuál fue el grado de participación del entonces comandante en jefe del Ejército, ya fallecido, general Ricardo Izurieta, sucesor de Pinochet.
La quema a inicios de 2000 se produjo a las puertas del regreso a Chile del exdictador desde Londres, donde llevaba más de un año bajo arresto domiciliario a la espera del procedimiento de extradición solicitado por la Audiencia Nacional de España. En ese lapso, en Chile se habían acumulado más de 300 querellas criminales en su contra.
Tal vez lo único que quedaría de los archivos de la represión, además de lo que, hipotéticamente, se habrían llevado algunos oficiales a la casa, son las fichas resumen de cada expediente que era microfilmado.
Según explicó a la justicia el coronel retirado Ricardo Yáñez, exjefe del Departamento de Computación de la CNI, antes de que las carpetas fueran microfilmadas se elaboraban fichas resúmenes digitalizadas de sus contenidos. Estas fichas se guardaban en un “computador central” antes de que los expedientes fueran microfilmados. Al menos hasta 1987, cuando Yáñez dejó la CNI, dijo, las fichas resúmenes aún estaban en ese computador central, cuyo destino se desconoce.
“Sería extraordinario contar con esos documentos porque podría
mos aclarar el destino de los cerca de mil detenidos-desaparecidos y resolver muchos crímenes”, afirma Luis Henríquez, exjefe de inteligencia de la Policía de Investigaciones y jefe de primer equipo de investigación de la policía en causas de derechos humanos. “Pero, lamentablemente, por lo mismo creo que los destruyeron”.
FUENTE: RADIO U. DE CHILE