sábado, 1 de marzo de 2014

Exigen resolver vacíos legales que hacen del Sernac un “mero buzon de reclamos”

Cristián Pacheco | Sábado 1 de marzo 2014 - 18:06 hrs. |

Distintas asociaciones analizaron los problemas que tiene la Ley de Protección al Consumidor y las limitadas facultades del servicio para defender a quienes reclaman contra los abusos del mercado. Además, calificaron como un fracaso el Sello Sernac, ya que ninguna entidad financiera ha solicitado la garantía en sus dos años de implementación.

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Claves: conadecus, deficiencias, isapres, ley del consumidor, seguros de salud, sernac, vacíos legales

Este miércoles se realizará la cuenta pública del Servicio Nacional del Consumidor, uno de los bastiones del mandato de Sebastián Piñera que se erigió como respuesta a los abusos de empresas.
Pese a que ha habido avances, la mala redacción de la Ley de Protección al Consumidor (19.496) se ha prestado para diferentes interpretaciones, por lo que hay varias modificaciones pendientes para suplir las deficiencias de fondo.
Si bien la Corte de Apelaciones ha ratificado facultades difusas en la normativa, la no claridad del derecho permite que proveedores pongan en duda el involucramiento del Sernac.
Peor aún, ya existen votos de minoría en la Corte Suprema que no permiten hablar de jurisprudencia, sino sólo de una tendencia favorable para que el Sernac se haga parte de importantes conflictos legales, como el caso de colusión de las farmacias.
Según Hernán Calderón, presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus) ha faltado voluntad política para regular el mercado y la libre competencia.
Si bien evalúa positivamente la gestión de Juan Antonio Peribonio y Juan José Ossa a la cabeza del servicio, expresó la urgencia de resolver los vacíos y exclusiones en la normativa: “Modificar la Ley del Consumidor, para terminar con las exclusiones. Hoy día tenemos un problema no menor cuando las isapres cambian unilateralmente los contratos y en la cual en la Ley del Consumidor quedó establecida que está excluida la salud, los seguros de salud. Creemos que esto es necesario modificarlo, para que tengan una protección de la Ley del Consumidor los usuarios de isapres”, dijo Calderón.
“El retail sigue en tierra de nadie” afirmó Calderón, quien propone una superintendencia específica para el área, al igual que para regular a los emisores de tarjetas de crédito. Además, indicó que en los próximos años los principales conflictos estarán relacionados a la banca.
Por su parte, Armando Bustos, encargado de la asociación que defiende los derechos de consumidores y usuarios de seguridad social (Anadeus), señaló que el Sernac nació con deficiencias que aún no han podido ser resueltas por la inexistencia de un sistema integral de protección de derechos.
Al respecto explicó que: “A la luz, el agua, el teléfono, las isapres, los bancos y las compañías de seguros no se les puede aplicar la Ley del Consumidor. Cuando partió esto, el propio director del Sernac, el señor Francisco Fernández, él mismo dijo que eso le bajaba mucho el peso a la Ley, y eso es cierto porque todas aquellas actividades que se rigen por leyes especiales, no se les puede aplicar la Ley del Consumidor”, señaló Bustos.
Asimismo, el presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (Odecu), Stefan Larenas expresó su insatisfacción con las capacidades limitadas del servicio que considera sólo un aparato comunicacional: “El Sernac no sabe ser más que un buzón, donde uno deposita su reclamo y ese reclamo, al final si Sernac estima lo lleva o no a un tribunal y, salvo las presiones mediáticas, no tiene más facultades para sancionar”.
La cuenta pública del Servicio Nacional del Consumidor se realiza el mismo día en que se cumplen dos años de vigencia del Sernac Financiero.
Si bien su existencia ratifica que los consumidores tienen derechos, el sello de calidad voluntario aún no ha sido solicitado por ninguna empresa.

FUENTE: RADIO U. DE CHILE

Sequía se agrava en siete regiones y reactiva discusión por el derecho al agua

Diana Torres | Sábado 1 de marzo 2014 - 8:54 hrs. |

Nuestro país vive la mayor crisis hídrica de los últimos años. El principal factor es el cambio climático, la ausencia de gestión y administración gubernamental acorde a las nuevas necesidades y la falta de un cuerpo legal que proteja el agua han empeorado la situación, según los especialistas.

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Claves: agua, dirección general de aguas, greenpeace, maría inés figari, rodrigo weisner, samuel leiva, sequia, sociedad agrícola del norte

El pronóstico para este año es crítico. Según un informe emitido por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en 2009, variables como el aumento de las temperaturas han sido las generadoras de la sequía que azota al país, provocando un déficit hídrico en cuencas, ríos y canales de riego.
A esto se suma el crecimiento de la población, lo que ha provocado una disminución en la disponibilidad de agua per cápita y el aumento en la demanda de este recurso por la economía. En esta línea, la Dirección General de Aguas (DGA) ha indicado que los derechos de su uso son utilizados principalmente por la agricultura.
Actualmente, en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Maule, Biobío, La Araucanía, Los Lagos y Aysén hay abastecimiento de agua potable gracias a camiones aljibe. La situación ha avanzado incluso en zonas que tienen abundancia del recurso, como Chiloé, donde no hay disponibilidad de agua para uso doméstico ni para la pequeña agricultura.
Mientras, la zona del Valle del Elqui ha reducido a un tercio la producción de uva. Ya son ocho años desde que los diferentes poblados han tenido que organizarse para determinar necesidades y recurrir a las autoridades. Los campos se están secando y con ello la fuente laboral de muchos.
En este sentido, María Inés Figari, directora de la Sociedad Agrícola del Norte, indicó que la conservación de agua ha sido fundamental para la región, donde hay dotación cero: “Todavía no se han tomado todas las medidas lo suficientemente urgentes que se necesitan y esto no da para más. No se puede entrar en proyectos de riego. El Estado ha puesto bastante plata en la Comisión Nacional de Riego, donde uno puede postular, pero una postulación toma, a lo menos, seis u ocho meses, y el agua ya la perdimos. Entonces tiene que haber algo diferente y nosotros estamos proponiendo qué, cómo y dónde es la urgencia inmediata donde hay que recurrir”, dijo.
El Gobierno ha tomado medidas de mitigación a largo plazo para aumentar los recursos. La DGA ha informado que el déficit hídrico va de la mano con la infraestructura, por lo que han promovido la construcción de embalses.
Para el coordinador de campañas de Greenpeace Chile, Samuel Leiva, la administración no sólo depende de los organismos públicos, sino que de unos 40 actores más, por lo que hay que avanzar en una institucionalidad que pueda enfrentar la crisis.
Leiva recordó además que “en el norte de Chile hay conflictos entre comunidades indígenas y el sector minero por el uso de agua; en la zona central hay problemas con robo de agua y derechos de agua ilegales; y en el sur hay conflictos que no tienen que ver con la escasez, sino con el uso que le queremos dar a los recursos, especialmente con los grandes embalses, donde las comunidades dicen no estar dispuestas a que el agua se utilice para la destrucción del medio ambiente”.
En esta línea, el ex director de la DGA, Rodrigo Weisner, explicó que el Código de Aguas separa el recurso de la tierra, lo que permite su aprovechamiento y la promoción de un criterio de mercado. Es decir, una legislación que regula fines extractivos desde las napas subterráneas o desde aguas superficiales para incorporarlo al riego o uso industrial, pero no niega la concentración de los privados.
Respecto del derecho de acceder al recurso, el jurista indicó que no existe un criterio internacional. Sin embargo, estimó que “el consumo humano debería garantizarse en la Constitución para que toda la legislación tenga que respetar este principio. Así como se consagra el derecho a la vida, el consumo para fines humanos debería ser una consecuencia del derecho a la vida. Creo que es un piso mínimo que deberíamos darnos como sociedad”.
El abogado agregó que los efectos por el calentamiento global deben ser la razón principal que motive crear una legislación que se adapte: “No es posible llevar a cabo una gestión solo por la vía de asignar cuotas y derechos en zonas de sequía prolongada, tiene que haber una adaptación y tiene que ser luego”, enfatizó.
Según las proyecciones, este año se vislumbra tan seco como los anteriores y Chile aún no cuenta con las medidas necesarias para solventar la grave situación.

FUENTE: RADIO U. DE CHILE

Calidad y precarización: El debate que esconden las cifras de empleo

Héctor Areyuna S. | Viernes 28 de febrero 2014 - 14:27 hrs. |

Luego que el INE entregara los datos del último trimestre, el Presidente Sebastián Piñera dio por cumplida la meta de crear un millón de puestos de trabajo. Sin embargo, especialistas y trabajadores advirtieron que "muchos de los empleos que creó el Gobierno son precarios".

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Claves: andrés solimano, cut, desempleo, empleo precario, ine, nolberto díaz, presidente sebastián piñera, trabajo

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que la tasa de desempleo del trimestre móvil noviembre-enero alcanzó a 6,1%, variando 0,1 en doce meses y aumentando 0,4 puntos porcentuales respecto del trimestre móvil anterior.
La Fuerza de Trabajo y los Ocupados registraron variaciones trimestrales de 0,6% y 0,1%, respectivamente, mientras que los Desocupados anotaron un mayor aumento respecto de los períodos anteriores (8,6%).
Esto último, incidido principalmente por las personas que buscan trabajo por primera vez, como ha sido en años anteriores para este mismo trimestre, aunque también aumentaron los Cesantes.
El Presidente Sebastián Piñera resaltó los logros de su Gobierno, considerando que el organismo estadístico confirmó la creación de 990 mil nuevas plazas, compromiso de campaña de la Alianza.
De todas formas, el mandatario reconoció desafíos pendientes: “Estamos como país avanzando no solamente en crecer, sino que también en crear empleo, mejorar los salarios, mejorar la capacitación y reducir la tasa de accidentes en el trabajo. Sin duda la tarea no está completa, sin duda todavía tenemos que seguir creando trabajo para los jóvenes que se incorporan a la Fuerza de Trabajo, y para las mujeres que se están incorporando también a la Fuerza de Trabajo”
El economista Andrés Solimano dijo que las buenas cifras macroeconómicas justifican las tasas de desempleo, pero cuestionando la calidad de esto.
Por esto, el ex asesor económico de ex candidato Marco Enríquez-Ominami señaló que “el promedio de crecimiento de los últimos años del gobierno de Piñera es 5,3%, que es bastante más alto del que hubo en el gobierno anterior de la Presidenta Michelle Bachelet, como todavía ha estado creciendo y ha habido un ciclo expansivo, por eso el empleo ha crecido bastante, habría que ver el tipo de empleo, pueden ser empleos de corto plazo. Cabe recordar que para ser considerado como empleo basta con que la persona esté trabajando tres horas por semana y ya está empleado”.
Esto lo subrayó el vicepresidente de la CUT, Nolberto Díaz, quien aseguró que las plazas de empleo no son de calidad ni estables: “Nosotros entendemos trabajo decente, por aquellos trabajos que son con contrato, con derechos, con beneficios, con formalidad, no ese trabajo y ese empleo en donde no hay contrato de trabajo, donde se vive la informalidad. Todo gobierno tiene que hacerlo y este Gobierno lo que hizo fue crear bastante empleo, pero mucho de los empleos que creó, es un empleo precario, es un empleo sin derecho y nosotros creemos que esa es una discusión central”, enfatizó el dirigente.
Respecto del al leve incremento de la desocupación, Felipe Larraín dijo que esto se explica por la incorporación de más de 50 mil personas a la fuerza laboral en un trimestre. “La tasa de aumento de la fuerza laboral en 12 meses es de 2,4% y la tasa de creación de empleos en el mismo período alcanzó el 2,2%”, agregó.

FUENTE: RADIO U. DE CHILE

Celestino Córdova es condenado a 18 años de cárcel

Diario Uchile | Viernes 28 de febrero 2014 - 16:16 hrs. |

El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco entregó esta tarde la sentencia para la autoridad religiosa mapuche, el único condenado por la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay. Mientras que desde La Moneda anunciaron que esperaban una pena mayor, la defensa adelantó que apelará a la resolución.

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Claves: andrés chadwick, celestino córdova, juicio, ministro del interior, pena, recurso de nulidad

El machi Celestino Córdova fue condenado este viernes a 18 años de presidio mayor en grado máximo, por el delito de incendio con resultado de muerte.
La determinación fue tomada por mayoría por el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, que analizó la causa por el crimen de Werner Luchsinger y Vivian Mackay, ocurrido el 4 de enero de 2013 en Vilcún.
La lectura de sentencia contó con la asistencia de familiares del matrimonio y representantes de comunidades indígenas. Desde antes de la audiencia, más de un centenar de efectivos policiales se encontraban en los alrededores del centro de justicia.
Cabe recordar que la parte querellante pedía presidio perpetuo para Celestino Córdova, lo que no fue acogido por el tribunal.
Luego de la audiencia, el abogado defensor Pablo Ortega sostuvo que “lo importante es que se determine la inocencia. Esta sentencia se entiende en el sentido de que Celestino Córdova no fue condenado por ser autor material de los hechos, sino por ser una persona que eventualmente cooperó o conoce a quienes estaban en ese momento”.
En ese sentido, el jurista explicó que, luego de estudiar la sentencia, intentará revertir la condena: “En virtud de esos antecedentes recién vamos a establecer qué tipo de causales vamos a recurrir ante los tribunales superiores. Están abiertas todas las opciones, tanto en la Corte de Apelaciones de Temuco como en la Suprema. Eso estará determinado cuando estudiemos y evaluemos la sentencia en su integridad”, adelantó.
Asimismo, la vocera Kelv Tranamil adelantó que se pedirá la nulidad del juicio y consideró que “esta condena política es una más en el contexto de la criminalización que el Estado ha hecho a las justas demandas del pueblo mapuche”.
“No es satisfactorio en ningún caso que el machi tenga que pagar cárcel cuando no ha habido un juicio justo. Sin embargo, continuamos firmes en respaldarlo y confiados en que se pueda anular el juicio, para que se realice uno justo”, añadió.
En esa línea, Tranamil sostuvo que Celestino Córdova “se encuentra asumiendo la prisión política porque es un machi de una comunidad que está en lucha y siempre ha manifestado su respaldo al proceso de recuperación territorial”.
Desde La Moneda, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, dijo que: “Dada la gravedad de delito, esperábamos una pena mayor”. Sin embargo, destacó que la sentencia impuesta está “dentro de los rangos más altos” que contempla la ley chilena: ”Aspirábamos a más. Creemos que en justicia correspondía, que existían los instrumentos jurídicos para una pena mayor, pero estamos frente a una condena a 18 años de presidio efectivo, que está dentro de los rangos más altos que contempla la legislación penal”, dijo Chadwick.
El ministro agregó que el equipo jurídico del Gobierno “va a estudiar con detenimiento los fundamentos, los razonamientos que han tenido los jueces para determinar esta pena”. Para luego evaluar si procede o no un recurso de nulidad.
Así mismo, el abogado del ministerio del Interior, Luis Hermosilla, se manifestó “conforme” con la decisión, pero no descartó pedir la nulidad del juicio: “Siempre es posible interponer el recurso, pero la sentencia tiene más de 150 páginas y hay que estudiarla con detalle y ver cómo razonó el tribunal para llegar a las conclusiones que llegó”.
En tanto, el fiscal regional Cristián Paredes destacó que “se ha obtenido una sentencia condenatoria por un delito especialmente complejo de acreditar. Recordemos que estamos en presencia de un incendio con resultado de muerte, uno de los delitos más graves en cuanto a penalidad que contempla nuestro ordenamiento jurídico. En segundo término, la pena es de 18 años de cumplimiento efectivo, sin posibilidad de optar a beneficios alternativos. Por tanto, nos parece que a lo menos en parte se condice con la gravedad del mal causado a las víctimas”.
El pasado jueves, los jueces Luis Sarmiento, Óscar Viñuela y Juan Santana determinaron que se acreditó la participación de Celestino Córdova en el ataque, Sin embargo, desestimaron que se tratara de un delito de carácter terrorista, como solicitaban el ministerio del Interior y la Fiscalía.
Asimismo, el tribunal decidió la absolución por los delitos que se le imputaban respecto del incendio del fundo Santa Isabel, ocurrido en diciembre de 2012.

FUENTE; RADIO U. DE CHILE

Nexos con universidad le costaron en 2011 su salida del Mineduc

Lavín retoma los vínculos con la UDD y asume como decano de Economía y Negocios

El ex ministro de Educación y otrora candidato presidencial de la UDI regresa el próximo lunes a la Universidad del Desarrollo. Es uno de los fundadores de este centro de estudios privado, junto a Cristián Larroulet, quien volverá a sus funciones de profesor. Su relación con la UDD fue cuestionada por el movimiento estudiantil cuando estaba a la cabeza de la cartera de Educación.

por El Mostrador

El próximo lunes, Joaquín Lavín regresará a la Universidad del Desarrollo. Asumirá como decano de la Facultad de Economía y Negocios. No llega solo. El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Cristián Larroulet, volverá a sus funciones de profesor. Un dato relevante: ambos fueron fundadores de la UDD. Otro hecho a consignar: sus nexos con este centro de estudios privado le significaron a Lavín su salida del Mineduc.

De hecho, tuvo que entregar, por solicitud de la Contraloría General de la República, un documento aclaratorio del asunto. Presión que provino de la movilización estudiantil de 2011 y que tuvo como principal demanda el “fin del lucro en la Educación”.

Lavín ya había asistido a la comisión de Educación del Senado, en donde descartó tener vínculo alguno con la UDD, afirmando, de paso, que “como persona he cumplido siempre la ley no sólo en su letra, sino también en su espíritu, y espero que la Contraloría así lo establezca en algunos días más”.

En su cita con la comisión del Senado, el titular del Mineduc dijo que “no tengo ningún conflicto de interés respecto a ninguna institución de educación superior, porque antes de asumir como ministro de Educación me retiré de cualquier institución de educación superior en que pudiera haber participado directamente o indirectamente”.

Los cuestionamientos en su contra crecieron como una bola de nieve. Eduardo Engel aseguró que Lavín tenía un “conflicto de interés enorme” por sus vínculos con la UDD. Mario Waissbluth, de Educación2020, reparó en que “si la UDD desea proteger a Lavín, y también al Ministro Larroulet, debiera ser la primera en transparentar voluntariamente los datos arriba mencionados”. Y la entonces presidenta de la FECh, Camila Vallejo, lo descartó como “interlocutor válido”.

Lavín vuelve este lunes a la UDD y reemplaza al economista y ex investigador de Libertad y Desarrollo, Rodrigo Castro, quien se desempeñaba en su actual cargo desde 2010. Según El Mercurio, Castro dejó la UDD para dedicarse a tiempo completo a su empresa –la Consultora Génesis, creada en 2006–, que desde hace dos años administra fondos de inversión. En ella, Castro es socio con el ex director ejecutivo de Canal 13 Jaime Belollio; el ex subsecretario de Minería Pablo Wagner –quien salió del Gobierno tras la polémica y fallida licitación del litio–; Andrés Meirovich, Hipólito Escalona y Rodrigo Prado.

FUENTE: EL MOSTRADOR

La cuestión educacional y el grado cero de la gratuidad

Juan Carlos Orellana y Mauro Salazar Jaque: Juan Carlos Orellana es doctor en Educación Universidad de Barcelona. Mauro Salazar es investigador asociado Universidad Arcis

Es un lugar común afirmar que el 2011 será recordado como el “año de la inflexión”; aquí se puso al descubierto un conjunto de contradicciones inexcusables heredadas de la refundación económico-social de los años 80 –en pleno viraje institucional de una “dictadura modernizante” (1981)–. La palabra ‘modernización’, más allá de un eufemismo editorial, alude globalmente a los procesos técnicos e instrumentales que apoyan la sustentabilidad del gasto público focalizado. Aunque resulte curioso, en el campo de las ciencias sociales existe un consenso –más o menos compartido– respecto a la necesaria desestatización del tejido social luego de dos décadas de “hegemonía desarrollista” en América Latina (1950-1970). La implementación de programas sociales, la sectorialización del conflicto social, y el paso a una matriz de bienes y servicios, representan un reconocimiento implícito de este tránsito (sin perjuicio de las distorsiones del sistema ‘vouchers’ en la educación escolar). En una referencia más concreta, esto ha dado lugar a una desresponsabilización del Estado del ámbito social y una privatización del conflicto (y de la propia acción política).

Las movilizaciones del último decenio (años 2003, 2006 y 2011) abrieron un “crudo” cuestionamiento a toda la vertebración neoliberal de la sociedad chilena. El problema educacional en ningún caso puede ser concebido de modo “compartimental”, como si los vacíos de la educación escolar estuvieran divorciados de la educación universitaria, por el contrario, la evidencia indica sus relaciones e innegables alcances sociales. Buena parte de la biblioteca de las ciencias sociales se ha consagrado a estudiar –con diversas estrategias metodológicas– la necesidad de una modernización basada en programas focalizados, en superar –según los mentores del Capital Humano– las trabas de la ‘burocracia estatal’. Adicionalmente, todo ello se ha visto ‘entrampado’ por la ausencia de una cultura deliberativa que reconozca el valor de los “bienes públicos” y nos permita dimensionar los programas de ciudadanía más allá del uso formal de este término.

El movimiento estudiantil ha establecido un fuerte reclamo por redituar la educación en torno a un “horizonte normativo”, un espacio de inclusión, regido por un ‘principio de igualdad’ que pueda revertir la crisis de “cohesión social”. Se trata de un desafío mayor por cuanto la refundación “orquestada” por los ‘chicagos boys’ dio lugar a una concepción neohobessiana del orden social… hombre lobo del hombre.

A la sazón, y sin perjuicio del actual sentir ciudadano, el problema del lucro no está zanjado, existe una arraigada “razón privada” que tiene a su haber tres decenios y pasa por valorar la eficiencia de la gestión más allá de la “burocracia pública” de origen estatista. Al mismo tiempo, “circulan” juicios que reivindican la “motivación empresarial” y el sistema de incentivos como una condición necesaria de las organizaciones capitalistas. Si bien hay consenso de que el modelo chileno financia instituciones privadas que persiguen el lucro mediante recursos estatales para competir con instituciones públicas, aún persisten “voces elitarias” que exaltan la “motivación lucrativa”, la “gestión empresarial”, como mecanismos que optimizarían la calidad y la eficiencia de la prestación educacional, por sobre las instituciones públicas (Bellei, 2013).

Un reciente libro que lleva por título El otro modelo (2013) nos recuerda con cierto desenfado un “desprecio por lo público” como una de las causas que explicarían la crisis de la matriz vigente. Todo indica que el peso de la noche agravaría la constitución de un programa de ciudadanía que restituya nociones como “lo común”, “lo colectivo”, más allá de una representación de intereses particulares vehiculizados socialmente, que inclusive pueden llegar a la sensible exclamación ¡la educación es un derecho, no un privilegio! El quid del problema parece estar asociado con la apabullante penetración de una ‘cultura crediticia’ o, bien, una ‘subjetividad suntuaria’ enraizada en la porosidad (por no decir en los “procesos cognitivos”) de los actores sociales, en los estilos de vida y en diversas reivindicaciones gestionales. Ello se expresa, especialmente, en el caso de los nuevos ‘grupos medios’ cuya socialización cultural tuvo lugar bajo las modificaciones estructurales implementadas en los años 70 y 80 (el celebrado “milagro chileno”). Pero ciertamente ese “desprecio por lo público”, aquel incurable “vacío de secularización”, debe ser ubicado en la debilidad ancestral de los modos de sociabilidad, deliberación e integración social como males endémicos del Chile republicano, y que inclusive no pudieron ser superados pese al lenguaje de la reforma que se abrió con el célebre discurso de proclamación de Arturo Alessandri en la convención liberal de 1920.

Lo anterior nos obliga a interrogar el estatuto “real” de la demanda socio-educacional. De un lado, se enarbolan discursos sustantivos, extremadamente críticos, so pena de un autoritarismo ético, partidarios de una revisión global de la ‘liberalización’ gestada a fines de los años 80, más aún, si atendemos a los inauditos niveles de “segregación social” que el mercado educacional ha perpetrado. La magnitud de los movimientos sociales durante el año 2011 ha tenido (en términos gruesos) un cauce institucional en el conglomerado de la Nueva Mayoría –sin perjuicio de que la contingencia no nos deja de sorprender–. A tres décadas del inicio de la transición chilena a la democracia, aún hay destellos de nuevos híbridos entre el sector público y la gestión empresarial que son síntomas de la crisis estructural del actual modelo socioeducacional.

Es un dato de la causa que el “grito de la calle” contribuyó decisivamente en denunciar los alcances sociales del diseño de Jaime Guzmán y probablemente ello reforzara un reformismo de “baja intensidad” –que tampoco podemos desestimar apriorísticamente–. Esto nos recuerda una lección de la teoría política contemporánea, a saber, la democracia no es atributo pasivo, no se trata de un “activo dado” en favor de un régimen político determinado, muy por el contrario, la democracia obra del lado de las conquistas sociales activadas por diversos movimientos y organizaciones de la sociedad civil, por diversas formas de acción colectiva que tuvieron su mayor expresión durante la politización del 2011. La compleja (y trabajosa) desbinominalización del Chile actual es una muestra genuina de esto último.

Sin perjuicio de todo lo anterior, y dada la apabullante ramificación del “neoliberalismo avanzado” en el caso chileno, no podemos desestimar que muchas veces el proceso deliberativo contra el modelo mercado-educación se juega en un plano instrumental. Si bien ello no nos autoriza a trivializar las raíces del problema, aquí se abren otro tipo de interrogantes cuyas conclusiones pueden ser “indeseables”. Merced a la extensión del consumo en las relaciones sociales, y de una cierta validación del emprendimiento como experiencia cultural, podemos aventurar que la demanda social también se orienta a mejorar la gestión, la rentabilidad y el acceso al mercado socio-ocupacional, sin que estos indicadores de logro busquen –necesariamente– articular un nuevo diseño socioeducacional, a la usanza del horizonte público donde la educación sea ubicada en un pedestal programático sobre el conjunto de la sociedad chilena. Si esta hipótesis es viable, la cuestión de la segregación social trasciende un (indispensable) sistema de coberturas –se trata de un problema eminentemente cultural cuyo cambio se ubica en la ‘larga duración’–.

En el Chile actual, pese a la vitalidad de la movilización (2011), la extensión de la conflictividad aparece “entremezclada” con una subjetividad crediticia, con reivindicaciones suntuarias muy cercanas al ‘proceso de individuación’ que heredamos de la dictadura. Lejos de cerrar el problema apelando a la tesis del “mayo chileno”, nos encontramos ante una resignificación de la protesta en clave de gestión y unidad de servicios –especialmente en el caso de los nuevos grupos medios–. Pese al inusitado ciclo de protesta social que ha tenido lugar, no sabemos con certeza si prima una genuina aspiración por modificar las bases globales del modelo mercado-educación y restituir un marco regulatorio general, o bien somos “testigos privilegiados” de una “reivindicación por eficacia” que busca optimizar la gestión, la rentabilidad y transparentar el modelo mercado-educación (intereses particulares vehiculizados colectivamente). Cabe subrayar lo que aquí denominamos el dilema utilitario de la demanda social: de un lado, una crítica sustantiva a la institucionalidad socioeducacional tras un “horizonte normativo”; de otro, un conjunto de demandas instrumentales (aranceles, empleabilidad, subvenciones, obtención de puntajes en la prueba SIMCE).

Tal dilema debe ser considerado como una hipótesis de trabajo, pues adicionalmente existen actores de la institucionalidad educacional que –desde diversas tribunas de opinión– reivindican la producción de bienes públicos desde el ámbito privado, como, asimismo, nos encontramos con discursos que intentan salvaguardar con argumentos –no menos atendibles– el “derecho a la inversión” ajustado a un nuevo marco judicativo. Un problema que no pasa inadvertido por estos días es el desenfadado juego de intereses (corporativos) entre expertos que lideran importantes instituciones privadas de la educación superior y su capacidad fáctica para “pautear” las nuevas coordenadas de la reforma educacional; más allá de la experiencia curricular de las autoridades político-académicas, ello pone de manifiesto un entrecruzamiento demasiado evidente, extremadamente impúdico, entre campo político y campo académico.

Un caso aparte lo representa un reconocido especialista en políticas educacionales, nos referimos a José Joaquín Brunner. Su innegable trayectoria investigativa representa un síntoma de una peculiar imbricación entre política y academia. A la entrada de la década de los años 90 y en el ambiente de las políticas de “ajuste estructural” promovidas por el FMI para América Latina, se afirmaba que “(…) está llegando a su fin el ciclo (….) en que podía disponerse de recursos financieros con relativa abundancia y sin vincular su asignación a programas, a metas evaluables, y a criterios de desempeño y rendimiento” (Comisión de estudio de la educación superior, 1990, p. VIII).

A la sazón, y sin perjuicio del actual sentir ciudadano, el problema del lucro no está zanjado, existe una arraigada “razón privada” que tiene a su haber tres decenios y pasa por valorar la eficiencia de la gestión más allá de la “burocracia pública” de origen estatista. Al mismo tiempo, “circulan” juicios que reivindican la “motivación empresarial” y el sistema de incentivos como una condición necesaria de las organizaciones capitalistas. Si bien hay consenso de que el modelo chileno financia instituciones privadas que persiguen el lucro mediante recursos estatales para competir con instituciones públicas, aún persisten “voces elitarias” que exaltan la “motivación lucrativa”, la “gestión empresarial”, como mecanismos que optimizarían la calidad y la eficiencia de la prestación educacional, por sobre las instituciones públicas (Bellei, 2013).

Y para muestra un botón: ya transcurrido el movimiento estudiantil del 2011, en Junio del 2012 se presentó un proyecto de ley que crea un Sistema de Financiamiento para la Educación Superior. Allí se establecían algunas modificaciones al actual “arancel de referencia”. Más allá de la conocida y problemática brecha entre arancel de referencia y arancel real que cobran las Universidades, ahora se trataría de cautelar la duración de la carrera, su empleabilidad (según un estudio del INJUV, el 57% de los egresados no trabajan en lo que estudió) y el sueldo promedio de los egresados. Con esta modificación se les sugiere a las Universidades: si ustedes quieren un arancel de referencia más alto, deben cumplir con estos tres criterios. De otro modo, todos aquellos contenidos curriculares que no tengan que ver con las demandas del mercado laboral deben ser eliminados; esto representa un problema respecto de aquellas formaciones que aún apelan a una base más integral. De paso –dado el criterio de empleabilidad–, ello es un incentivo para que los egresados encuentren trabajo en el menor tiempo posible. Por último, está la cuestión del sueldo promedio, a saber, que el futuro profesional aspire a la mayor remuneración posible. Esto, de una u otra manera, nos conduce hacia una fuerte mercantilización del ciclo de la educación superior, donde todo quedaría a merced del mercado ocupacional. Como podemos ver, los incentivos son perversos y son síntomas de una concepción lucrativa de los procesos formativos –y todo ello a pesar del ciclo de protesta social del año 2011–.

Pese al “consenso global” por aligerar los niveles de desregulación, proseguir con la desbancarización, mejorar los sistemas de acreditación y reducir la brecha de la desigualdad, ello no agota el debate en términos de una propuesta consensuada. Dada la gravedad del problema en cuestión, todo indica que estamos frente a un fenómeno multiforme que, para bien o mal, no tolera antídotos. Es por ello que el conflicto de interés que ha brotado desde los fallidos nombramientos de la Nueva Mayoría debe ser concebido como la funesta comprobación del mundo que este conglomerado edificó desenfadadamente durante dos decenios y que hoy en día revela sus más nefastas consecuencias.

FUENTE: EL MOSTRADOR