El concepto de diversidad
biológica está definido por el Convenio Internacional sobre la
Diversidad Biológica (CDB) como: “la variabilidad de organismos vivos de
cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas
terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos
ecológicos que forman parte de ellos; comprende también la diversidad
existente dentro de cada especie, entre las especies y los ecosistemas”.
Es decir, la diversidad biológica es la variedad de seres vivos
existentes en el planeta, la que comprende ecosistemas, especies y
genes.
Pese a la relevancia de la biodiversidad, pocos entienden lo que
significa y menos aún lo que implica; todo parece indicar que no nos
damos cuenta de la importancia que tiene el mantenimiento o la
conservación de la biodiversidad para sostener los equilibrios en la
naturaleza y, en definitiva, garantizar la sobrevivencia de la especie
humana sobre el planeta. En efecto, parece ser que no vemos la estrecha
relación existente entre la biodiversidad o las diversas formas de vida y
el bienestar humano, la relación entre ecosistemas y el bienestar de
las economías y de las ciudades, a pesar de que los grandes
instituciones del mundo, como la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE), da cuenta de la importancia crítica de
asegurar y mantener el bienestar de la población y de las economías.
El hito que inicia la incorporación del concepto de biodiversidad en
las instancias de decisión pública de muchos países es la suscripción y
posterior ratificación del Convenio sobre Diversidad Biológica que se
adoptó en la Cumbre de la Tierra celebrada en Rio de Janeiro el año
1992, y de la cual este año se conmemoran 20 años. Nuestro país asistió a
dicha Cumbre y suscribió el Convenio de la Biodiversidad, que fue
luego ratificado el año 1994. Con la adhesión a este acuerdo, Chile se
incorpora formalmente a la preocupación mundial por la pérdida de la
diversidad biológica establecida en la Cumbre de la Tierra. Otra
manifestación de Chile por ponerse al día en temáticas ambientales, fue
la promulgación el año 1994 de la Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales
del Medio Ambiente.
Desempeño Ambiental
Según señala en sus conclusiones el Informe sobre la Evaluación del
Desempeño Ambiental de Chile realizada por la OCDE y dado a conocer en
el 2005, “la protección de la naturaleza en Chile no ha contado con el
énfasis y los recursos suficientes para enfrentar las amenazas de largo
plazo de la diversidad biológica altamente endémica del país. No hay
ninguna ley específica de conservación de la naturaleza, y las
estructuras institucionales y de manejo dan una importancia secundaria a
los objetivos de conservación” (Informe sobre la Evaluación del
Desempeño Ambiental de Chile, Capítulo Nº 4, Conservación de la
Naturaleza y la Biodiversidad Biológica, página 101).
Transcurridos siete años de la evaluación de la OCDE a nuestro
desempeño ambiental, el panorama no se ha modificado favorablemente.
Seguimos sin contar con una institucionalidad especializada y las
competencias están dispersas en muchos servicios públicos; además a la
fecha no tenemos una ley de protección de la biodiversidad y/o
naturaleza, lo cual nos pone en desventaja en relación a otros países de
la región.
A nivel global, la pérdida de la biodiversidad es tangible, según la
última actualización de la Lista Roja de la UICN de Especies Amenazadas,
publicada el 19 de junio 2012 —en la víspera de la Conferencia de la
ONU sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en Río de Janeiro, Brasil
entre el 20 y 22 de junio 2012— establece que de las 63.837 especies
evaluadas, 19.817 están en peligro de extinción, incluyendo el 41 % de
anfibios, el 33 % de los corales formadores de arrecifes, el 25 % de los
mamíferos, el 13 % de las aves y el 30 % de las coníferas.
Según argumentan entendidos en el tema, estas elocuentes cifras han
detonado una crisis global, “producto de la falta de conservación y de
la mala gestión en la conservación de la biodiversidad, estamos en
presencia de una crisis importante, nos damos cuenta de la existencia de
la biodiversidad cuando se pierde y muchas veces es muy tarde para la
recuperación”, explica Bárbara Saavedra, presidenta de la Sociedad de
Ecología de Chile (SOCECOL), quien agrega que muchos por desconocimiento
no ven aún esta crisis que ya entrega importantes señales, como la
sequía por la que atraviesan varias zonas del país, en gran medida
causada por la mala gestión en la biodiversidad vegetal que protege las
cuencas y recupera naturalmente los acuíferos. “No sólo se trata de
tener buena gestión de los derechos de agua sino de preservar
efectivamente el recurso. Lo mismo ocurre en el sector pesquero, no se
trata de tener claridad en las cuotas de pesca asignadas, sino en
preservar las especies marinas existentes”, precisa Saavedra.
En 1980, la Estrategia Mundial para la Conservación definió el
término Conservación como: “la gestión de la utilización de la biosfera
por el ser humano, de tal manera que produzca el mayor y sostenido
beneficio para las generaciones actuales, pero que mantenga su
potencialidad para satisfacer las necesidades y aspiraciones de las
futuras generaciones” (IUCN/PNUMA/WWF, 1980). Lamentablemente, el
desconocimiento en materia de conservación de la biodiversidad, incluida
la gestión de la misma, es un problema no sólo de Chile, sino que es
quizás uno de los desafíos más grande que tiene la humanidad, lo que
genera oportunidades para implementar mejoras y cambios. Más aún si
Chile quiere dar cumplimiento a los Objetivos del Milenio propuestos por
la ONU para el 2015, que señalan la intención de “haber reducido y
haber ralentizado considerablemente la pérdida de diversidad biológica”.
Un desafío para el país, ya que según el Informe del Estado del Medio
Ambiente 2011 del Ministerio de Medio Ambiente de Chile, publicado en
junio de 2012, Chile carece de información suficiente respecto al estado
de su biodiversidad, ya sea de especies o de ecosistemas.
Esto debería impulsar a la autoridad a actuar, generando mayor
sistematización de información dispersa, así como incentivos para que
los científicos completen información básica hoy inexistente. Es
evidente que sin información no se pueden tomar decisiones y por tanto,
lo que corresponde es aplicar el “principio precautorio”, definido en el
principio 15 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo
en 1992 “con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deben
aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus
capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta
de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para
postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para
impedir la degradación del medio ambiente”. Es decir, si no hay
información suficiente los gobiernos no deben permitir actividades que
pueden dañar en forma grave o irreversible la naturaleza.
Servicios Ecosistémicos
A diario todos disfrutamos de los servicios ecosistémicos que nos
entrega la naturaleza y dependemos de ellos. Por ejemplo, los
ecosistemas nos proveen de agua y alimento, regulan el clima para la
vida, nos entregan paisajes para desarrollar en ellos actividades de
recreación al aire libre. Toda esta entrega y disfrute es posible porque
hay una variedad de ecosistemas que sostienen estos servicios. Los
servicios ecosistémicos han sido definidos en la Evaluación de los
Ecosistemas del Milenio (2005) como “los beneficios que los seres
humanos obtienen de los ecosistemas sean económicos o culturales”.
Aunque no tengamos conciencia de ello, en la base de todos los
sistemas productivos están los ecosistemas; todas las formas de
producción dependen en mayor o menor medida de los servicios
ecosistémicos que nos provee la naturaleza. “Esto es tan concreto como
que la ciudad de Valdivia depende su abastecimiento de agua del estero
Llancahue que está protegido por bosque nativo, para así producir agua
pura en calidad y cantidad suficiente para la población en época de
mayor demanda”, explica Antonio Lara, ingeniero forestal, doctor y
profesor de la Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales de
la Universidad Austral, quién ha estudiado durante años este tema.
Así,
los bosques nativos son proveedores de estos servicios, asegurando el
abastecimiento y calidad del agua; si existe bosque en la cabecera de la
cuenca y en los bordes del cauce, se asegura el mantenimiento del
proceso de purificación del agua, así como del mantenimiento del caudal.
En este sentido, también entregan servicios importantes los cuerpos de
agua dulce, los ríos, lagos, humedales. Estos últimos, precisa Antonio
Lara, también entregan ejemplos concretos de los servicios que entrega
la biodiversidad. Por ejemplo, la regulación de los flujos hídricos en
la prevención de inundaciones en algunas ciudades depende en gran medida
de los humedales que existen dentro de sus territorios, los que son
capaces de retener y almacenar una gran cantidad de agua. Así, cuando
hay lluvias intensas, esa agua drena hacia los humedales, luego ellos la
liberan lentamente y no se producen inundaciones, con lo que juegan un
rol de amortiguamiento o buffer.
“Aunque su relevancia es estratégica, en Chile no existe un sistema
de pago por servicios ecosistémicos, es decir, no existe un mecanismo
que contemple la aplicación de instrumentos económicos a propietarios
que colaboran con el mantenimiento de estos servicios. Tampoco están
incorporados en la legislación de manera que existan bonificaciones,
pese a que hay métodos para determinar los valores económicos de estos
servicios. La valoración económica por método indirecto por hectárea al
año de bosque nativo que produce agua, en la cuenca Llancahue, es
cercana a los 160 dólares”, puntualiza Antonio Lara.
En el caso de Chile, se da la paradoja que pese a ser uno de los
países más investigados en servicios ecosistémicos, no se aplica en la
práctica pago alguno. “En la región de Los Ríos hemos investigado que
por cada 10 % de bosque nativo que se aumente en una cuenca, aumentan
los caudales de verano de agua en un 14 %. En el caso de las
plantaciones de pinos o eucaliptus, si yo aumento estas plantaciones en
un 10 % el caudal de agua se reduce en un 20 %. Esto da una herramienta
de manejo que no se puede obviar”, detalla Lara, agregando que en “el
plano internacional hay bastantes estudios sobre el tema, como el de
Robert Costanza y colaboradores, quienes son pioneros en el tema de
servicios ecosistémicos. En un artículo publicado en 1997 en la revista
Science estimaron que el valor económico total de los servicios
ecosistémicos en todo el mundo es de 33 trillones de dólares al año”.
Si bien los servicios ecosistémicos son tangibles, se evidencia la
ausencia de una política pública que valore y promueva el pago de estos
servicios para que la conservación y/o gestión de la biodiversidad sea
una tarea interesante desde el punto de vista económico. En todo caso,
es fundamental entender y reconocer que la permanencia o existencia de
estos servicios dependerá de la existencia y permanencia de los
ecosistemas nativos y de su conservación, por ello “la propuesta
concreta que desde la sociedad civil se viene difundiendo desde el año
2002, es promover esquemas de pagos por servicios ecosistémicos e
incorporar en la legislación ambiental el reconocimiento y las
bonificaciones adecuadas”, indica Antonio Lara, quien también es
Presidente de la Fundación FORECOS, dedicada a la promoción, educación e
información sobre servicios ecosistémicos en Chile.
Importantes cambios en la legislación que muchos esperaban que se
empezaran a concretar cuando en enero de 2011 el Presidente Sebastián
Piñera envió al Parlamento un proyecto de ley para crear el Servicio de
Biodiversidad y Áreas Protegidas. Con ello el mandatario daba
cumplimiento al acuerdo suscrito cuando fue aprobada la reforma de la
Institucionalidad Ambiental. “El propósito de esta iniciativa legal
debería ser reunir en una sola institución pública las competencias hoy
dispersas en varios ministerios en relación a la conservación y gestión
de la biodiversidad y áreas protegidas de nuestro país”, detalla Flavia
Liberona, Directora Ejecutiva de Fundación Terram.
Según la profesional, esta iniciativa legislativa pudo ser vista como
un avance significativo, sin embargo el contenido del proyecto
presentado por el Gobierno resultó ser insuficiente para cumplir con los
objetivos mínimos encomendados. Debido a las fuertes críticas que
recibió este proyecto desde diversos sectores, los senadores de la
Comisión Unida de Agricultura y Medio Ambiente, instancia en la cual
recayó el estudio del texto legal, acordaron con el Gobierno conformar
una Comisión Asesora Técnica para que, en conjunto con el Ejecutivo, se
abocara a analizar la propuesta legal y generar mejoras. “Durante varios
meses esta Comisión ha trabajado revisando el contenido del texto
legal, aportando desde distintas visiones y experiencias para, en
definitiva, generar una propuesta que efectivamente cumpla con los
objetivos de conservación de la biodiversidad en los cuales Chile
necesita avanzar y que son parte de los convenios y tratados suscritos
por el país, ahora estamos a la espera que el Ejecutivo, representado
por el Ministerio de Medio Ambiente, presente una propuesta de texto
legal que tenga como base lo discutido en esta comisión“, informó la
Directora de Fundación Terram.
GEF-SIRAP
El Sistema Regional de Áreas Protegidas (SIRAP) inició su trabajo en
2008 con el objetivo de aportar a la conservación y el uso sustentable
de la biodiversidad del bosque templado de las Regiones de Los Lagos y
de Los Ríos, tomando como tarea prioritaria la implementación del primer
Sistema Regional de Áreas Protegidas público-privado y terrestre en
dichas regiones, con la activa participación de instituciones públicas y
privadas. Se trata de una iniciativa financiada por el Fondo para el
Medio Ambiente Mundial (GEF), administrada por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ejecutada por el Ministerio
del Medio Ambiente (MMA) de Chile.
“El
Sistema Regional de Áreas Protegidas trabaja en el sur de Chile porque
allí se encuentra la ecorregión de los bosques templados lluviosos de
Sudamérica, considerado uno de los sitios más importantes de
conservación a nivel mundial, por la rica diversidad de especies
existentes y su endemicidad”, detalla Fernando Aizman, encargado de
Conservación y Biodiversidad de SIRAP. Agrega que esta iniciativa
presenta una serie de propuestas nuevas para ser incorporadas en el
actual Sistema de Áreas Protegidas, distintas estrategias de
conservación con una mirada territorial, las que se traducen en nuevas
categorías de áreas protegidas, que obedecen a una realidad regional. De
esta manera, se pretende que la mirada nacional que tiene el actual
Sistema de Áreas Protegidas de paso a una institucionalidad más
descentralizada, radicada en regiones, alojada en el gobierno regional o
mediante una Corporación, donde confluyan satisfactoriamente actores
públicos y privados vinculados a la conservación.
“Por ello, distintas estrategias o tipos de áreas protegidas intentan
fortalecer, mejorar y hacer más integral el sistema actual y en ese
sentido SIRAP propone dar cobertura a ciertos territorios que están
desprotegidos y, por otro lado, incluye a nuevos actores claves que
tienen competencia o responsabilidad en la conservación de la
biodiversidad, como los gobiernos regionales, municipios, empresas,
instituciones dependientes del Ministerio de Agricultura con competencia
en temas de recursos naturales”, precisa Aizman.
El Proyecto GEF-SIRAP ha desarrollado un proceso de reflexión
participativa, que se ha plasmado en la implementación de proyectos
pilotos en la Región de Los Lagos y Los Ríos, para probar la pertinencia
y generar aprendizajes en torno a los Paisajes de Conservación, Zonas
de Amortiguación, Áreas Protegidas de Pueblos Originarios, y entregando
apoyo a la red de Áreas Protegidas Privadas.
El proyecto ha desarrollado experiencias puntuales en estos cuatro
años, y una de estas experiencias es el Paisaje de Conservación Valle
Río San Pedro, una innovadora iniciativa de conservación fuera de las
áreas protegidas. “Es conservación en territorio productivo, donde
participan activamente los municipios de Los Lagos y Máfil, teniendo en
cada municipio un profesional competente que actúa como punto de unión
entre todos los actores participantes”, agrega Fernando Aizman.
Conservación Privada Comunitaria
Desde hace algunos años, propietarios en distintos lugares de Chile
han estado destinando terrenos o parte de ellos a la conservación a
pequeña y gran escala, aplicando principios de desarrollo sustentable,
enfocados en el ecoturismo o la conservación científica pura. Gracias a
las reuniones coordinadas por el equipo profesional del proyecto
GEF-SIRAP, en el año 2010 un grupo de propietarios vinculados a la
conservación decidieron formar “Así Conserva Chile”, una asociación que
integran 30 áreas protegidas, tres redes de propietarios de áreas
protegidas, la Asociación de Parques Indígenas Mapu Lahual (que reúne a
10 comunidades), la red conservacionista de Contulmo, entre otros. En
total suman cerca de 100 iniciativas de conservación privada
comunitaria, que cubren unas 600 mil hectáreas. Bajo el lema “juntos
podemos promover los intereses conservacionistas de todos los miembros”,
llevan a cabo una labor que contempla educación, investigación, cuidado
de especies en peligro, turismo sustentable, entre otras.
Este ejemplo de una iniciativa privada es una clara demostración de
que en Chile existe una voluntad y un compromiso real por llevar a cabo
acciones de conservación desde los propietarios privados, incluso pese
al nulo interés o reconocimiento por parte del Estado.
Para ellos, resulta alentador que se haya aprobado en la Cámara de
Diputados el proyecto de ley sobre el Derecho Real de Conservación,
iniciativa parlamentaria que tiene por objeto incorporar este derecho en
el ordenamiento jurídico nacional. Este concepto es concebido como un
derecho real que recae sobre un inmueble o una parte de él y que tiene
por objeto destinar una propiedad privada o parte de ella a la
conservación (Boletín nº 5823-07). En definitiva, implica gravar una
propiedad para ciertos fines, en este caso conservación, que garantiza
por un período mínimo de tiempo las voluntades de quienes son
propietarios. En todo caso, esto no quita que, en opinión de Antonio
Lara, “sea el Estado aquel que tenga el deber de conservar, esa es una
obligación constitucional, debe ser el primer agente en mantener áreas
protegidas bien administradas, cuidadas y en expansión, no puede delegar
su rol, la conservación privada debe ser un complemento al rol del
Estado”. El sustento de ésta opinión se ve normada en nuestra
legislación, ya que de acuerdo al artículo 19 Nº 8 de la Constitución
Política de Chile la biodiversidad es un bien público que pertenece a
todos los chilenos, y el Estado tiene el deber de “tutelar la
preservación de la naturaleza”.
Oportunidades
Chile tiene muchas condiciones para hacer conservación de su
biodiversidad. Es un país pequeño, geográficamente aislado, lo cual le
confiere características únicas, con especies altamente endémicas. Según
la autoridad ambiental, se han descrito 30.679 especies y de ellas,
entre el 22 % y el 25 % corresponden a especies endémicas del país —es
decir, aquellas especies que son únicas y exclusivas de una zona o
territorio determinado—, donde destacan grupos como los anfibios, de los
que 65 % de las especies descritas son exclusivas de Chile, los
reptiles (63 %), los peces de aguas continentales (55 %), plantas
vasculares (50 %), entre otras (Fuente: CONAMA 2009).
Según explica la ecóloga Bárbara Saavedra, en otros países, como
México y Costa Rica, existe un Ministerio de Medio Ambiente con años de
trabajo, con gestiones muy claras en materia de gestión de biodiversidad
y áreas protegidas, con una abultada inversión en éstas materias. A
juicio de la profesional, Chile se queda atrás en esta material
básicamente porque no cuenta con un fondo para biodiversidad, no existe
una ley que reconozca este bien común, así como tampoco existe una
institucionalidad pública que se haga cargo del tema. “Tenemos que
reconocer que en Chile hay una gran capacidad institucional, si nos
proponemos metas en la conservación como país lo vamos a lograr, ya que
por el lado de las políticas públicas tenemos explícita interacción
entre el mundo privado y el mundo público, los grandes actores
relevantes en el tema, como no ocurre en otros países, eso debemos de
potenciarlo y trabajar en forma conjunta para conservar nuestra rica
biodiversidad”, puntualiza Saavedra.
En este escenario, el trabajo que realiza el proyecto GEF-SIRAP
brinda importantes aportes, ya que apunta a que el Sistema de Áreas
Protegidas sea más representativo de ecosistemas a nivel local y también
a nivel institucional, articulando a todos los actores claves con
competencia en la conservación de la biodiversidad, como los gobiernos
regionales, municipios, empresas, comunidades indígenas, Ejército e
instituciones dependientes del Ministerio de Agricultura vinculados a
temas de recursos naturales. De esta manera este importante trabajo de
conservación puede continuar en el tiempo y alzarse como un sistema
modelo que permita replicar experiencias de conservación similares en
otras regiones del país.
FUENTE:EL MOSTRADOR
