Las millonarias deudas de la nueva gobernadora de Cachapoal
Desde que fue nombrada gobernadora de la Provincia de Cachapoal (Sexta Región) el 5 de marzo pasado, Ivonne Mangelsdorff Galeb (RN) ha aparecido en varios medios de comunicación de Rancagua dando a conocer los lineamientos de lo que será su gestión y también se han hecho públicas sus primeras actividades en terreno.
A mediados de marzo, el nombre de Mangelsdorff apareció repetidamente en el diario El Rancagüino, aunque su irrupción en la prensa nada tuvo que ver con su nombramiento como autoridad de la Región de O’Higgins. Los días 14, 15 y 16 de marzo de 2018, el tradicional periódico de la Sexta Región publicó sucesivos avisos a través de los que se notificó a la gobernadora de una sentencia dictada en su contra en febrero de 2018 por el Segundo Juzgado Civil de Rancagua. La razón: el no pago de una millonaria deuda contraída con un banco de la plaza en 2012 y 2013 (ver aquí).
Ivonne Mangelsdorff (a la derecha) asume como gobernadora provincial de Cachapoal (12 de marzo de 2018).
El historial financiero y judicial de Mangelsdorff indica que este no es un hecho aislado. La indagación de CIPER arrojó al menos diez acciones judiciales de cobranza que han recaído desde 2013 a la fecha sobre la nueva gobernadora de Cachapoal. Scotiabank, Banco Santander, Banco Itaú, Clínica Santa María e Isapre Consalud son algunas de las instituciones privadas que han emprendido acciones legales en su contra por el no pago de sus compromisos financieros.
La suma de los montos en mora de Ivonne Mangelsdorff reclamados por esas entidades supera los $250 millones. Parte de las demandas fueron interpuestas cuando Mangelsdorff se desempeñaba como seremi del Trabajo y Previsión Social en la Región Metropolitana, cargo al que llegó en octubre de 2011 –en el primer gobierno de Piñera– y por el que recibió una remuneración que hacia el final de su periodo (marzo 2014) alcanzó los $4,4 millones.
Con anterioridad, la abogada se desempeñó como jefa de Gabinete de la dirección regional de la Junta Escolar de Jardines Infantiles y Becas (Junji) de la Sexta Región, cargo que ocupó hasta octubre de 2011 y por el que recibía un sueldo de $2,3 millones.
En la declaración de Interés y Patrimonio que realizó tras asumir en marzo el cargo de gobernadora, Ivonne Mangelsdorff declaró pasivos por un total de $114 millones. Según ese documento el monto corresponde a dos créditos hipotecarios solicitados a los bancos Scotiabank y Santander (ver aquí).
Ambas operaciones de crédito esconden una larga trama judicial aún en curso. En enero de 2015, el Scotiabank demandó a Mangelsdorff por morosidad en el pago de sus obligaciones. Tres años después, en febrero de 2018, el Segundo Juzgado Civil de Rancagua condenó a Mangelsdorff al pago de $54,8 millones, más intereses y costas, porque la deuda estaba “totalmente vencida”. La condena tiene relación con tres pagarés impagos por créditos solicitados por la gobernadora entre febrero de 2012 y junio de 2013.
Esa no fue la primera ni la última demanda del Scotiabank contra la nueva autoridad provincial. En junio de 2013 ese banco la demandó por un crédito impago de $4,5 millones; en octubre de ese mismo año la institución financiera volvió a la vía judicial para hacer efectivo el pago de una deuda por poco más de $1,8 millón y en abril de 2014 el Scotiabank le exigió a al actual gobernadora la devolución de $71,5 millones de un crédito hipotecario cuyas cuotas se hallaban impagas desde mayo de 2013.
El Banco Santander ha demandado en dos oportunidades a la ex seremi del Trabajo y hoy gobernadora. La primera data del 24 de abril de 2014 y en ella se le exige el pago de $5,5 millones correspondiente al saldo de un crédito por $6 millones solicitado en 2013. Una nueva demanda del Banco Santander cayó sobre Mangelsdorff en junio de 2014, a través de la que se le exigió el pago de $31,5 millones de un crédito no saldado y de otros $60,5 millones de un mutuo hipotecario.
Otro banco que ha emprendido acciones judiciales contra la actual gobernadora es el Itaú. En noviembre de 2013 la demandó por el no pago de cuatro créditos por $3,2 millones, $5,5 millones, $1,8 millones y $7 millones.
Al Banco Itaú se suman la Clínica Santa María y la Isapre Consalud. En mayo de 2014, la primera demandó a Mangelsdorff en el 25 Juzgado Civil de Santiago por el no pago de una deuda de $2,2 millones. En febrero y mayo de 2015 Consalud interpuso demandas por una deuda de $1,4 millón.
Consultada por CIPER, la gobernadora de Cachapoal indicó que las demandas se originaron por “un problema personal importante” con su ex pareja: “Me tuve que hacer cargo sola –y con dos hijas– de un montón de deudas. Quedé endeudada como muchos chilenos y siempre he tenido toda la disposición a solucionar el tema con los bancos”, señaló.
Aseguró que sus deudas hoy se remiten únicamente a los créditos otorgados por los bancos Santander y Scotiabank y que su situación está “regularizada”.
“SIN ACTIVIDAD”
En la declaración de Interés y Patrimonio que presentó poco después de asumir como gobernadora de la Provincia de Cachapoal, la abogada Ivonne Mangelsdorff indicó no haber realizado actividades profesionales o laborales (remuneradas o no remuneradas) en los últimos 12 meses (ver aquí).
Edificio de la Gobernación Provincial de Cachapoal
En la página del Poder Judicial en la que aparece la nómina de todas las demandas interpuestas en su contra por deudas, Mangelsdorff también figura como abogada demandante en distintas causas también relacionadas con cobros judiciales. En concreto, son once acciones judiciales patrocinadas por la abogada y hoy gobernadora. Todas ellas fueron presentadas en tribunales entre noviembre y diciembre de 2017, por lo que debieron haber quedado consignadas en su declaración jurada.
Consultada sobre esa omisión, la abogada indicó a CIPER: “el año pasado trabajé como abogada independiente. No lo declaré porque no fueron actividades remuneradas y ya no continúo haciendo ese trabajo”.
–Pero en la declaración de Interés y Patrimonio se le pide transparentar actividades, remuneradas o no, en los últimos 12 meses…
–No sabía, si es así tendré que corregirlo –señaló la gobernadora a CIPER.
En las once demandas de cobranza Mangelsdorff figura como abogada en representación de distintos clientes: del Real Autos, Automotora Aquelarre, Inversiones Nueva Alameda y Minera Arenat.
En el encabezado (suma) de todos esos escritos judiciales la abogada aparece con su nombre y su RUT. Sin embargo, en el primer párrafo de cada una de esas once demandas Mangelsdorff figura con un RUT y un estado civil que no le corresponde (ver aquí un ejemplo).
Al respecto, la gobernadora señaló: “Es un error. Lo que importa es la suma (encabezado). Debe haber sido un error de tipeo del procurador. Lo que tiene que importar es el RUT del encabezado. No me percaté del error porque mi RUT está presentado en el encabezado de manera correcta y porque para ingresar a trámite esas demandas en el sistema se debe utilizar mi RUT y mi clave”.
Cabe señalar que el RUT que aparece en el primer párrafo de cada una de las once demandas corresponde al de una mujer de la Región Metropolitana propietaria de una empresa de transporte de carga en carretera, a quien la gobernadora dijo no conocer.
LOS ASESORES DE LA GOBERNADORA
Las demandas de cobranza interpuestas en noviembre y diciembre del año pasado por Ivonne Mangelsdorff fueron tramitadas por la abogada cuando trabajaba para el estudio BLO Consultores SpA (vínculo que omitió en su Declaración de Intereses y Patrimonio).
BLO –sociedad dedicada a prestar servicios jurídicos, realizar investigación de mercado y educación a distancia– fue constituida en febrero de 2017 por dos mediáticos abogados de la plaza: Marcelo Brunet Bruce y Óscar Lantadilla Tapia.
Fuentes ligadas a la Gobernación de Cachapoal indicaron a CIPER que en las últimas semanas se ha visto transitar con frecuencia a ambos abogados por los pasillos del edificio del gobierno regional.
Aunque aún no ha sido confirmado en su cargo, Lantadilla habría sido llevado por Mangelsdorff como asesor jurídico de la Gobernación de Cachapoal. La información fue ratificada a CIPER por la propia gobernadora: “Sí, tengo pensado contratarlo. Es un excelente abogado en derecho administrativo”, señaló Mangelsdorff.
Óscar Lantadilla fue asesor jurídico de la Municipalidad de Cerro Navia y en agosto de 2015 fue formalizado por el Ministerio Público por fraude al Fisco reiterado en el denominado “Caso Basura” (ver reportaje de CIPER). Tras la audiencia de formalización Lantadilla quedó con arraigo nacional y firma semanal por los ilícitos cometidos para favorecer a KDM en los contratos para la recolección de la basura en las calles de Cerro Navia, cuyo alcalde era entonces Luis Plaza Sánchez (también formalizado en la misma causa).
En diciembre de 2017, Lantadilla fue beneficiado con una salida alternativa (suspensión condicional del procedimiento) y recibió como “castigo” la realización de trabajos comunitarios y el pago de $3 millones.
A Marcelo Brunet también se le ha visto, aunque con menos frecuencia, en la gobernación. Fuentes de esa repartición pública informaron a CIPER que Mangelsdorff lo tendría considerado como jefe de gabinete. Consultada al respecto, la gobernadora descartó la llegada de Brunet.
Mangelsdorff y Brunet –quien es miembro de la Comisión Política de Renovación Nacional– han cultivado una relación de confianza. Brunet, de hecho, ha defendido a la actual gobernadora en tribunales de familia. La abogacía y su trabajo en BLO Consultores no es lo único que comparten. Brunet también ha debido lidiar con deudas. En 2011 la Isapre Colmena Golden Cross y la Clínica Alemana iniciaron acciones judiciales de cobranza en su contra. En 2016, Forum Servicios Financieros también le exigió por vía judicial el pago de una deuda de $10,5 millones.
En enero de 2013, un reportaje de The Clinic informó que Brunet arrastraba protestos bancarios por cerca de $28 millones. En esa misma investigación periodística figuran varios ex compañeros de colegio de Brunet del Luis Campino, quienes señalaron haber sido “estafados” por el abogado luego de que le prestaran dinero que nunca devolvió. Tras la revelación de estos dineros desaparecidos de los ex alumnos del Luis Campino, Brunet, que en ese momento se preparaba para postular a la Cámara de Diputados, debió desistir de su candidatura.
En octubre de 2017, BLO Consultores, la empresa de Brunet, Lantadilla y en la que Mangelsdorff trabajó como abogada hasta fines del año pasado, firmó un contrato por un año renovable con la Municipalidad de Pichidegua (Sexta Región) liderada por el alcalde Rubén Cerón González (PRSD). La contratación –anual y por $2 millones mensuales– se hizo por trato directo (sin licitación) argumentándose la “confianza, seguridad y experiencia” de los socios de la empresa (ver contrato).
FUENTE/ CIPERCHILE
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