Frente Amplio Unitario

Exclusivo. Querella por Ley de Seguridad del Estado presentada por Hinzpeter incluye los domicilios de los acusados y criminaliza al movimiento de Aysén

Por Luis Casanova R.
En el escrito presentado en la XI Región, el ministro del Interior señala que habría personas que les proporcionan “alimentos e incluso alcohol” a los manifestantes de Aysén. Uno de los acusados es primo del subsecretario de Telecomunicaciones, Jorge Atton. Lea el texto completo de la querella al final de la nota.

Por un lado, en el Congreso los diputados del bando opositor estudian la posibilidad de presentar una acusación constitucional contra el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, a quien responsabilizan de los excesos cometidos por Carabineros en el control de las manifestaciones en la región de Aysén.

Por el otro, el jefe de gabinete sigue adelante con la querella que interpuso invocando la Ley de Seguridad Interior del Estado (artículo 6º, letras a, c y d de la Ley 12.927) hacia 22 personas a las que acusa de "provocar desórdenes o actos de violencia destinados a alterar la tranquilidad pública, promover o destruir instalaciones o servicios públicos y obstruir el libre tránsito de las personas".

En exclusiva, Cambio21 tuvo acceso al contenido íntegro del escrito presentado en el sur del país, donde el personero de gobierno detalla los nombres de los acusados, junto a sus domicilios particulares, lo que supone un acucioso trabajo de investigación y recopilación de datos.

Además, en el texto, Hinzpeter hace un recorrido de los hechos desde la primera manifestación del mes de febrero hasta la última que tuvo lugar el pasado 14 de marzo en Aysén, Coyhaique y alrededores.

"En forma organizada, premeditada, permanente y constante se han materializado diversos sucesos de naturaleza violenta, acciones de fuerza o vías de hecho que perturban gravemente la tranquilidad pública de los habitantes de toda la región, al extremo de comprometer el interés de la comunidad toda y poner en serio peligro no sólo el ejercicio del derecho constitucional del libre desplazamiento, sino que incluso verse afectada a la vida e integridad física de las personas por carecer de los elementos básicos para la diaria subsistencia, como la alimentación, salud, educación, acceso a las pensiones, etc.", señala.

"Estas situaciones se han ocasionado con ocasión (sic) de la instalación en la región del Movimiento Social por Aysén que pretende obtener demandas sociales y económicas por parte del gobierno", agrega.

Angulo y Atton

Uno de los principales protagonistas de la querella presentada por Hinzpeter es el dirigente pesquero Honorino Angulo, el cual, según el secretario de Estado, "ha fomentado o promovido estas acciones violentas". Además, "incita, promueve o fomenta la materialización de dichas acciones y su persistencia en el tiempo".

Apoyando su tesis, el ministro se amparó en declaraciones de prensa, argumentaciones jurídicas y la definición de la palabra "inducir" en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (RAE).

Para terminar, en el escrito se asegura que "existirían personas que han desplegado en forma constante actividades de cobertura para que los sujetos que materializan los distintos bloqueos de rutas, caminos o calles en forma ininterrumpida, puedan seguir cometiendo estos actos violentos proporcionándoles alimentos e incluso alcohol".

Cabe consignar que uno de los 22 acusados por Hinzpeter es primo-hermano del subsecretario de Telecomunicaciones, Jorge Atton. Se llama Juan Luis Atton Valenzuela, tiene 57 años, es empresario de Puerto Chacabuco, casado y tiene dos hijos y un nieto.

Los demás son David Barrientos Quiñones, Elisa Cuyul Llaiquel, Elizabet Paillaleve Álvarez, Erico Gatica Zenteno, Erika Hernández Vásquez, Erwin Sandoval Gallardo, Félix Rivera Oyarzo, Fernando Quintallana Vera, Gabriela Barrientos Araneda, Guillermina Cayún Poblete, Hugo Jaramillo Caro, Ingrid Becker Cordano, Jacqueline Carrasco Arias, Jorge Corvalán Clavero, Jorge Navarro Arancibia, Juan Almonacid Chiguay, Lucía Pérez Venegas, Pedro Vargas Díaz, Ramón Navarro Arancibia y Sandra Barría Vargas.

Ninguno tiene filiación política.

FUENTE: CAMBIO 21