miércoles, 31 de mayo de 2017

Analista pone en duda el clima que da por ganador a Piñera

Águila apunta el triunfalismo de la derecha y dice que la elite, sus medios y columnistas viven desconectados del país real

por  31 mayo, 2017
Águila apunta el triunfalismo de la derecha y dice que la elite, sus medios y columnistas viven desconectados del país real
"Construye la realidad como le gustaría que fuera, luego la cree y termina habitando plácidamente en esa burbuja", sostiene.
"Un optimismo exagerado recorre a la derecha", sostiene el analista político Ernesto Águila en su columna titulada "La derecha confiada" que publica hoy La Tercera.
A juicio del militante socialista, la derecha se "parapetada en una densa red mediática de columnistas, paneles televisivos favorables y encuestas afines, semana a semana se va convenciendo de la inevitabilidad de su triunfo presidencial. Construye la realidad como le gustaría que fuera, luego la cree y termina habitando plácidamente en esa burbuja".
"Prefiere mirar que en una encuesta Beatriz Sánchez se acerca a Alejandro Guillier que constatar que Sebastián Piñera está hace rato estancado o que baja; o que los candidatos del centro y la izquierda suman más que su opción. Tampoco considerará algo demasiado relevante que una coalición progresista y joven gane el Colegio Médico derrotando a las listas gremiales y de derecha. Un decidor termómetro electoral en capas medias ilustradas de histórica significación política", agrega.
En ese sentido, dice que "esta derecha confiada tampoco reparará que, en un par de jornadas, la candidatura de Guillier ha alcanzado alrededor de veinte mil firmas, acercándose bastante rápido a su objetivo. En el ciudadano de a pie no parece haber ese rechazo ni desprecio -con cierto tinte clasista- que produce Guillier en la elite. En una población más bien mayor y en sectores populares no parece haber dificultades para recolectar las firmas requeridas".
Asimismo ocurre con el Frente Amplio, advierte Águila. "Su opción ha ido creciendo, especialmente, entre los jóvenes, y en dinámicas y emergentes capas medias con motivaciones más posmateriales y de nuevos “estilos de vida”. Es cierto que la derecha promueve, sin pudor, al Frente Amplio, tal como lo hizo el Partido Popular en España con Podemos, hasta que este último creció y fue demasiado tarde. Se trataba de fastidiar al PSOE, pero el desarrollo de Podemos hizo que la rebelión ciudadana del 15-M (2011), aunque sea con siete años de atraso, llegara al PSOE, con el triunfo de Pedro Sánchez, lo que abre perspectivas de confluencia en la izquierda española", señala el analista.
"Lo que caracteriza a una elite oligarquizada y endogámica como la chilena es que su capacidad de percibir las transformaciones sociales y culturales que se van produciendo por abajo es casi nula. Carece de sensores. Confunde de manera narcisista sus incertidumbres con las de la sociedad y subvalora la áspera experiencia cotidiana de las personas con el “modelo” y ese malestar subjetivo que se va produciendo. La batalla cultural del neoliberalismo -explica Owen Jones- no es impedir que ese malestar exista, sino que las personas lo atribuyan a un problema individual y no de la sociedad, que lo asocien a una solución personal y no colectiva", acota.
"La derecha desprecia a sus actuales adversarios. Se resiste a ver la debilidad estructural de su candidato. Piensa que sus contrincantes están poco preparados (lo que quizás sea cierto). Confía en que estos no serán capaces de sumar en segunda vuelta. Sus encuestas semanales confirman la inevitabilidad de su triunfo. Así lo han creído también las elites en diversas partes del mundo, hasta que un día se cuentan los votos y la realidad dice otra cosa", concluye.
FUENTE: EL MOSTRADOR
Fiscal militar incautó material desde los arsenales de la Escuela de Suboficiales

Otra cruz para el General Villalobos: Carabineros desvincula a quienes custodiaban las armas extraviadas

por  31 mayo, 2017
Otra cruz para el General Villalobos: Carabineros desvincula a quienes custodiaban las armas extraviadas
Consultado sobre el caso, el ministro del Interior, Mario Fernández, señaló a los periodistas: "Los detalles no los puedo entregar porque no estoy debidamente informado a esta hora".
Esta mañana se dio a conocer el robo de armas desde la Escuela de Formación de Carabineros "Alguacil Mayor Juan Gómez de Almagro" de la comuna de Cerrillos, luego que se encontrara una subametralladora UZI durante un operativo contra narcotraficantes en La Pintana.
Tras revisar la unidad policial se percataron de la ausencia de 29 revólveres, dos chalecos antibalas y tres grilletes.
El incidente ocurre en momentos en que la institución afronta el llamado "Pacogate" que tiene relación con millonarios fraudes en el que están involucrados cerca de medio centenar de oficiales, entre ellos algunos de alto grado, como generales y coroneles.
Producto de lo anterior, Carabineros ordenó la desvinculación de los funcionarios que estaban encargados de custodiar el armamento.
En tanto, la fiscal Militar, Paola Jofré, inició una inspección de los arsenales de la Escuela de Suboficiales.
Al respecto, la persecutora detalló que se incautó "bastante material. Estamos investigando hechos que podrían revertir características de delitos, pero no los podemos calificar aún".
Por tal razón citó para este jueves a un sargento y a un suboficial mayor, quienes debían resguardar la sala de armas y señaló que están pidiendo todos los registros. "El director de la escuela ha prestado su colaboración", informó la abogada.
Por su parte, el director de Educación de Carabineros, general Rafael Rojas, anunció que la institución instruyó un sumario y se ordenó la conformación de un equipo especial para esta investigación, quienes “se encuentran realizando una exhaustiva revisión”.
“Inmediatamente conocido los hechos se dispuso un sumario y se está interrogando a las personas, por lo tanto los encargados de la sala de armas han sido traspasados a otras funciones para mayor transparencia”, precisó el uniformado.
"Se puso a disposición del Ministerio Público todos los antecedentes que se han recabado. “Es un hecho grave y vamos a entregar todos los antecedentes”, agregó.
Consultado sobre el caso, el ministro del Interior, Mario Fernández, señaló a los periodistas: "Los detalles no los puedo entregar porque no estoy debidamente informado a esta hora".
FUENTE: EL MOSTRADOR

CUT elige a Bárbara Figueroa a menos de un mes de reconocer fraude electoral de 2016

P. Campos y R. Fuentes |Miércoles 31 de mayo 2017 0:03 hrs.
Elecciones CUT
Sin la participación de organizaciones importantes como el Colegio de Profesores, se desarrolló la nueva elección al interior de la Central Unitaria de Trabajadores. La votación dio como resultado el triunfo de la lista comandada por la actual presidenta de la Central.
 Claves: 
Denuncias, dictámenes, reconocimiento de fraude y asociaciones congeladas, ese fue el escenario que enmarcó un nuevo proceso eleccionario de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
Según anunciaron la noche de este martes, y con el 68 por ciento de participación, se eligió mantener a Bárbara Figueroa (PC) en la cabeza de la institución.
Las elecciones de mesa directiva de 2016 no dejaron a nadie indiferente. Incluso, antes de conocerse los resultados de esos comicios, voces disidentes a la administración de Bárbara Figueroa iniciaron denuncias por fraude, acusando principalmente de manipulación en el padrón de votantes, también por falsificación de documentos.
La tensión llevó a que se decidiera una mesa interina para un llamado a nuevas elecciones. En enero, en un pleno de los miembros, se discutió la nueva fecha, además se sometió a votación si se pasaba del voto ponderal al universal (un trabajador un voto), algo que se negó para este 2017.
El resultado de la asamblea solo agrandó la división.
Tras ese encuentro vino el congelamiento del Colegio de Profesores. El órgano del cuál proviene Bárbara Figueroa anunció su marginación de la Central hasta que se avanzara al voto universal o, al menos, se fueran los dirigentes acusados de malas prácticas, entre ellos la propia profesora.
La salud municipal siguió sus pasos. A las pocas semanas de la decisión tomada por el Magisterio, Esteban Maturana de la Confusam anunciaba que sus representados también habían votado marginarse de la CUT.
Con ellos, varios sindicatos menores comenzaron a manifestar situaciones similares.
Entre medio, la Dirección del Trabajo les dio la razón a los denunciantes. Se confirmaba así que en las elecciones de agosto 2016 había ocurrido fraude. La DT denunció ante el Ministerio Público el uso de documentos falsos por parte de sindicatos de la multigremial, y les solicitó investigar estos antecedentes que fueron obtenidos a través de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, luego que las distintas organizaciones de la CUT participaran de esta instancia.
Luego vino la resolución del Tribunal Electoral, entidad que confirmó las irregularidades y solicitó que los nuevos comicios se ajustaran a normas de transparencia.
Crecían las críticas a la conducción de Bárbara Figueroa, también a la mesa interina que encabezaba ella misma junto a Norberto Díaz, un militante DC. Incluso, Arturo Martínez (PS), el histórico dirigente de la Central, anunciaba la creación de una agrupación paralela. Las críticas no se hicieron esperar: los disidentes de la CUT lo acusaron de ser el mismo tipo de dirigente que antepone los partidos por sobre las necesidades de los trabajadores.
Figueroa no pudo seguir en silencio. Luego de casi 10 meses de acusaciones, reconoció el fraude electoral, como la alteración de padrones y aparición de sindicatos fantasmas, votantes que no estaban habilitados para sufragar y pérdida de material electoral.
¿Por qué esperó tanto para hablar?, era la pregunta que muchos se hacían, más cuando en septiembre de 2016 saliera públicamente a desmentir las entonces presuntas irregularidades: “Descarto cualquier intervención en el proceso, porque hubiese sido imprudente que en el marco de un comité electoral electo, cualquier dirigente sintiese que por su cargo tenía la potestad de vulnerar las definiciones del comité electoral. La presidenta del comité electoral objetó organizaciones nuestras, sindicatos que presentamos a la elección y su argumento fue que esas organizaciones no estaban presentando con rigor su información. Nosotros revisamos los antecedentes y esos sindicatos cuentan con certificados de vigencia y no tenían ninguna irregularidad. Cuando se nos consultó, dijimos, bueno pensando que esto podría dar la sensación o construirse la imagen de una intervención, dejemos que esos datos no ingresen y que el proceso siguiera su curso”, dijo en conversación con La Tercera.
El camino al nuevo proceso de elección
“Se declara nula la elección, debiendo dicha organización sindical proceder a la realización de un nuevo acto eleccionario, con estricta sujeción a las normas legales y estatutarias que le sean aplicables”, así se leía en el fallo emitido en mayo por el Tribunal Electoral.
Pese a los llamados a la transparencia, las confianzas ya estaban rotas en el mundo del trabajo. Tanto así que, en medio de la votación uno de los sindicatos más grandes en número de afiliados, el de los profesionales de la salud (Fenpruss) votaba no para elegir representantes en la Central, sino para desafiliarse de la CUT.
Las críticas no detuvieron el proceso y con un conteo preliminar de más del 62 por ciento de los votos emitidos, la lista C “Unidad, Amplitud y Lucha”: Encabezada por Bárbara Figueroa, se alzó como la ganadora en las elecciones realizadas al interior de la Central Unitaria de Trabajadores. 387 mil 667 votos obtuvo en la papeleta los candidatos liderados por la actual timonel, seguida por la lista E, con 293 mil 282 preferencias, encabezada por Ana María Gutiérrez y el actual secretario general de la multisindical, Nolberto Díaz.
Dirigentes de la Confusam, del Colegio de Profesores y de la ANEF acusaron graves vicios de nulidad en el proceso de elecciones de los 45 consejeros nacionales de la CUT.
Uno de los más graves, según la carta entregada por la disidencia de la central a su Colegio Electoral, es que varios candidatos pertenecen a organizaciones congeladas y sin sus cuotas al día. En esta posición estaría la propia ganadora y actual presidenta, Bárbara Figueroa, perteneciente al Colegio de Profesores, que congeló su participación en la multisindical.
Para varios gremios importantes que componen la disidencia, estos comicios “estuvieron viciados” y sólo un debate refundacional podría terminar con la crisis que vive la central.
La desafiliación de la Fenpruss podría concretarse el viernes, cuando acaben las votaciones; los profesores anunciaron que podrían seguir los mismos pasos; mientras que la Confusam ya había informado que en la asamblea anual de este segundo semestre, decidirán si siguen perteneciendo a la Central.
FUENTE: RADIO U. DE CHILE

Diputados acusan “cultura del descontrol” en Carabineros por extravío de armas

Gonzalo Castillo |Miércoles 31 de mayo 2017 20:39 hrs.
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Un oficio para que se realice una “profunda auditoría operativa” al interior de Carabineros fue presentado por el diputado Leonardo Soto al general director de Carabineros, Bruno Villalobos. La medida fue propuesta luego de conocerse el extravío de armamento desde la Escuela de Formación de la policía uniformada.
Un operativo realizado por personal de Carabineros en La Pintana, destapó lo que podría configurarse como un nuevo escándalo al interior de la institución, luego de que se descubriera armamento de la Escuela de Formación de Carabineros “Alguacil Mayor Juan Gómez de Almagro” en poder de delincuentes.
Específicamente se trató de una subametralladora Uzi la que fue encontrada en una serie de allanamientos realizados por la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de la 41° Comisaría de La Pintana, perteneciente a la Escuela de Formación de Carabineros.
La subametralladora, que no tenía encargo por robo,  se suma a las más de 30 armas y artículos como chalecos antibalas y esposas que desaparecieron desde la escuela.
La fiscal Paola Jofré de la Sexta Fiscalía Militar, confirmó que se inició una investigación de este caso, e indicó que en su labor está recibiendo apoyo de la Dipolcar y del Labocar. Además, la persecutora afirmó que aún no es posible hablar de robo de armas sino de extravío, y a pesar de no poder dar un detalle del número de armas faltantes, especificó que se trataría de revólveres, pistolas y “dos armas Uzi que faltan”.
El general Rafael Rojas, director de Educación de Carabineros, sostuvo que se ha iniciado un sumario al interior de la institución y quienes estaban encargados de custodiar el armamento extraviado fueron removidos de sus cargos.
“Los encargados de la sala de armas y el personal responsable, en este caso el jefe de la comisión, han sido destinados a otras funciones para darle transparencia a esta investigación (…) Este hecho está siendo investigado por el Ministerio Público, estamos haciendo la revisión. Hay que ser responsable con esta información, sea una arma la que falta para nosotros el hecho es grave y hay que investigarlo hasta las últimas consecuencias”.
En tanto, el intendente de Santiago, Claudio Orrego, sostuvo que corresponde determinar a los responsables de este caso y que sean sancionados de acuerdo a lo que establece la normativa vigente.
“A mí me parece gravísimo. Si hay dos prioridades que nos ha planteado la ciudadanía en Santiago en materia de seguridad es el tema del narcotráfico y el tema de las armas. En consecuencia, que hayan armas que pertenecen a una institución policial en manos de delincuentes a mí me parece gravísimo y espero que quienes están investigando esta situación la aclaren y establezcan las sanciones que correspondan”.

“El peor de los mundos”

El diputado del Partido Socialista Leonardo Soto, quien integra la comisión investigadora del fraude en Carabineros, manifestó su preocupación por la falta de control ya no sólo a nivel administrativo y financiero, sino que operativo al interior de Carabineros, lo que a su juicio configura “el peor de los mundos”, cuando armas de la policía uniformada van a parar a manos del hampa.
“Pone en tela de juicio el trabajo que se está haciendo en todas las unidades del país, en términos de saber si tienen el adecuado control, tienen el adecuado registro del armamento que se les ha proporcionado para proteger a la población, y eso se suma a otros episodios en otras comisarías donde también se ha detectado pérdida de dinero al interior de las unidades policiales”.
Consultado sobre si este hecho, sumado al millonario fraude en Carabineros, podría dar cuenta de un problema más estructural de falta de control al interior de la institución, el diputado Soto fue enfático en señalar que estos son ejemplos claros de lo que el propio general director Bruno Villalobos ha planteado, que existía en el seno de la policía uniformada una “cultura del descontrol”.
“Hoy día estamos viendo que ese descontrol también es a nivel operativo, en cuanto al uso de vehículos, al uso de armamentos, en cuanto a la cautela del equipamiento. Se encontraron chalecos antibalas, municiones. En consecuencia, dado que esta cultura del descontrol que reconoce el general director también tiene expresiones en lo operativo, es que corresponde tomar medidas inmediatas, y una de ellas es la que le proponemos al general director es que haga una auditoría completa y a fondo de todos los bienes físicos que tiene la institución”.
Finalmente, el diputado Leonardo Soto planteó que además de los sumarios e investigaciones a nivel interno que hagan Carabineros, es necesario establecer controles externos que fiscalicen el funcionamiento tanto operativo como administrativo de la policía uniformada, ya que ha quedado en evidencia que no son suficientes las instancias de control propias de Carabineros.
FUENTE: RADIO U. DE CHILE

martes, 30 de mayo de 2017

En la Araucanía no hay terrorismo: Hay violencia

 Publicado el 30 Mayo 2017
 ESCRITO POR RAFAEL LUIS GUMUCIO RIVAS (EL VIEJO)
La definición de terrorismo: una forma violenta de lucha política, mediante la cual se persigue la destrucción del orden establecido o la  creación de un clima de terror e  inseguridad,  susceptible de intimidar a los adversarios o la población en general. Otra de las acepciones es la sucesión de actos violentos para infundir terror.


Es evidente que el candidato Alejandro Guillier se equivocó al confundir el terrorismo en general con el terrorismo de Estado, pues el terrorismo también lo pueden emplear tanto las personas individuales o grupos sociales y políticos, como el Estado.
Quienes nos oponíamos legítimamente a la dictadura de Augusto Pinochet fuimos  clasificados como terroristas y, por extensión, todo aquel individuo o grupo que esté en contra de un régimen tiránico, siempre el remoquete de terrorista. No hay que confundir la violencia, que puede ser legítima, incluso consignada en la doctrina católica de Santo Tomás de Aquino. El derecho a rebelión es sagrado ante régimen dictatorial.
Las organizaciones terroristas persiguen distintos objetivos y  tiene diferentes justificaciones ideológicas, por ejemplo, el IRA irlandés defendía posiciones católicas; los Cristeros, en México, lucharon por Cristo Rey en contra de Plutarco Elías Calles; la ETA luchaba por la independencia del país vasco; los anarquistas querían una sociedad libertaria,  sin dios, ni amo; los españoles calificaron a los héroes de la Independencia de terroristas;  el régimen jacobino empleó el terror en la guerra de La Vendée. Hoy, el Estado Islámico emplea el terror contra la población indemne, en varios países, especialmente europeos.
El terrorismo de Estado es brutal, pues emplea a los funcionarios del Fisco para perpetrar asesinatos, torturas, desapariciones, y otros, para  infundir terror en la población y doblegar a los opositores.
En la Araucanía, el ejército chileno no sólo usó la fuerza, la  violencia y el terror, sino que también pretendió aniquilar a una etnia, dueña del territorio desde el Bio Bio hasta sur de nuestro país. La llamada “pacificación de la Araucanía” para los liberales en el gobierno constituía una misión civilizatoria: se trataba de extender los límites del país y usurpar a los mapuches un territorio rico en una variada gama de materias primas; era la “civilización” versus la  barbarie, como escribiera Domingo Faustino Sarmiento.
En la mal llamada “Pacificación” hubo muchos más muertos que en la guerra del Pacífico. También hay que reconocer que entre los mapuches hubo algunos que colaboraron con el ejército chileno, incluso, un miembro de la familia Coñuepan, Venancio, fue diputado por el Partido Conservador, en los años 60. Salvo los gobiernos de Eduardo Frei Montalva y de Salvador Allende, con la reforma agraria, ningún otro gobierno ha hecho justicia al pueblo mapuche, despojado de sus tierras, que fueron cedidas a colonizadores extranjeros y chilenos, que hoy son tan víctimas como los mapuches.
Durante el gobierno de Patricio Aylwin se intentó un nuevo trato con el pueblo mapuche que, posteriormente, fue abandonado por los sucesivos gobiernos de la Concertación y de la derecha - con Piñera – manteniendo una errónea política de compra de tierras a los colonos y empresarios, que deshacen de las tierras infértiles a precios muy altos, y que los gobiernos han  pretendido reparar el robo de las mercedes de tierra, concedidas por el gobierno chileno.
Ha sido tan errónea y bipolar la política de los distintos gobiernos de la Concertación con respecto al pueblo mapuche, que ha pasado de las concesiones de tierras a la violencia y del empleo de la represión por parte de las fuerzas policiales. La peor manera de enfrentar el problema de la Araucanía es militarizar la zona, pues los militares están adiestrados para matar y para solucionar los problemas por medio de la disuasión.
El problema de la Araucanía no se soluciona militarizando las zonas en conflicto, tampoco empleando Estados de excepción, mucho menos aplicando la ley antiterrorista, que ha sido declarada ilegítima,  incluso por Organismos internacionales, pues el problema es político, por consiguiente, requiere soluciones basadas en el diálogo y la diplomacia.
No  es de extrañar que para el senador Alberto Espina, por ejemplo, principal consejero de del candidato Sebastián Piñera, la solución sea recurrir a la represión, sea judicial, por la aplicación de la ley antiterrorista, sea militar, por los Estados de excepción; lo grave es que el gobierno de Michelle Bachelet, que prometió no aplicar la ley antiterrorista contra el pueblo mapuche, hoy esté dispuesto a hacerlo,  incluso, seguir la política de militarización, propuesta por la derecha.
La Presidenta perdió una gran oportunidad al despedir al intendente Francisco Huenchumilla, la única persona capacitada para solucionar los distintos problemas, pues al pertenecer a la misma etnia, tenía capacidad de diálogo con las organizaciones mapuches. Los dos sucesivos intendentes que lo reemplazaron han sido un verdadero desastre y los problemas se han agudizado.
Para enfrentar políticamente el problema de la Araucanía hay que dar varios pasos sucesivos y coordinados entre sí: en primer lugar, reconocer a Chile como un  país multicultural y multiétnico y a la legua mapudungun y la de otros pueblos originarios como lenguas oficiales del Estado de Chile; en segundo lugar, declarar a la Araucanía  como una región autónoma – al estilo de Cataluña y otras regiones, en España – que tengan su propio parlamento; en tercer lugar, una cuota de diputados nacionales de representación mapuche; en cuarto lugar, determinar un ítem especial en el presupuesto nacional para el desarrollo de la Araucanía; en quinto lugar, un decidido combate a la pobreza y a la  cesantía, que es la región que tiene más altos índices de pobreza y abandono; en sexto lugar, privilegiar el turismo étnico – en Canadá, por ejemplo, existen muchos empresarios inuit, dueños de Líneas Aéreas -; en séptimo lugar, fomentar la educación y la medicina mapuche; en octavo lugar, limitar y regular el desastre ecológico producido, especialmente, por las empresas forestales.
Decir que en Chile existe el terrorismo sólo puede dañar la imagen del país, ahuyentando a los turistas.
Rafael  Luis Gumucio Rivas (El Viejo)
29/05/2017 
FUENTE: EL CLARIN
Ex Presidente posee 7.08% de las acciones a través de Bancard International Investment Inc.

Las acciones de Piñera que lo vinculan con la polémica construcción de un aeropuerto en Cuzco

por  30 mayo, 2017
Las acciones de Piñera que lo vinculan con la polémica construcción de un aeropuerto en Cuzco
El Consorcio Kuntur Wasi –integrado por la empresa argentina Corporación América y la compañía peruana Andino Investment Holding, esta última donde tiene participación el ex jefe de Estado– están en medio de un escándalo en Perú, que le ha costado la cabeza a uno de los ministros del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Se trata de quien ejercía de titular de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, que además cumple el rol de vicepresidente de la República.
En la memoria anual de la empresa peruana Andino Investment Holding, correspondiente al año 2016, da cuenta de una participación accionaria del ex Presidente Sebastián Piñera en el polémico proyecto de construcción del aeropuerto de Chinchero, ubicado en Cuzco.
Esta firma, junto a la argentina Corporación América, conforman el consorcio privado Kuntur Wasi: el encargado de las cuestionadas obras. El actual precandidato presidencial de Chile Vamos posee 7.08 por ciento de las acciones a través de Bancard International Investment Inc.
Los cuestionados negocios del consorcio Kuntur Wasi con el Estado peruano ya cobraron la primera víctima del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Se trata de quien ejercía de ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, que además cumple el rol de vicepresidente de la República.
La renuncia de Vizcarra ocurre cuando en el Congreso peruano se preparaba una moción de censura en su contra. Medios del vecino país apuntan a que no tenía otra salida, ya que la oposición tiene mayoría en el Parlamento y pocos días antes había censurado a otro ministro.
Todo comenzó en el año 2014, cuando el entonces gobierno de Ollanta Humala firmó un contrato con el mencionado consorcio para construir el aeropuerto, a cambio de US$ 530 millones.
De esta forma, el Estado de Perú tenía que correr con el 28,6 por ciento del costo de la obra y la empresa privada con el restante 71,4 por ciento. Y, a cambio de eso, Kuntur Wasi se quedaba con la administración y explotación del aeropuerto por 40 años.
Todo cambió cuando, en 2016, el consorcio, al tramitar el financiamiento de los primeros 265 millones de dólares, consiguió un préstamo –que sería avalado por el Estado– con intereses tan altos, que fueron considerados como "usureros". Finalmente, el Ejecutivo peruano, con Humala a la cabeza, congeló el tema por el aumento de su responsabilidad financiera, y todo quedó para el nuevo gobierno.
Si bien en un comienzo el actual gobierno de Kuczynski se mostró reticente a la propuesta de financiamiento, luego decidió negociar con la empresa y otorgarle lo pedido a través de una Adenda, considerando lo emblemático del proyecto.
La nueva Adenda dejó al Estado peruano aportando el 80,7 por ciento del costo financiero total y a la compañía solamente el 19,3 por ciento. Un negocio redondo.
Sin embargo, aparecieron antecedentes que complicaron al presidente, además de la recarga financiera con cargo fiscal: la hermana del primer ministro Fernando Zavala era gerenta de Asuntos Corporativos de Andino Investment.
A eso se sumaron los lazos que tenía el propio mandatario con importantes personajes ligados a la firma, que es uno de los principales operadores aeroportuarios y de transporte de Perú, ámbito en el cual el gobernante ha tenido intereses significativos en años pasados.
Lo que terminó de golpear a la línea de flotación del proyecto del aeropuerto del Cuzco fue un informe de la Contraloría peruana que calificó de “ilegal” la Adenda, señalando que esta “solamente favorece al consorcio, perjudicando enormemente al Estado peruano”.
Posteriormente, el propio ministro de Transportes fue el encargado de anunciar la anulación del contrato. El presidente Pedro Pablo Kuczynski, que acompañó al hoy dimitido ministro cuando hizo el anuncio de la suspensión de la construcción de Chinchero, reiteró que se negociaría un nuevo acuerdo, incorporando al mismo las observaciones de la Contraloría peruana y del Congreso, pero postergó la decisión final para unas semanas.
Todo el lío toca un tema emblemático de la seguridad nacional de Perú, debido a la posición de Andino Investment Holding en cuanto al control de la red de concesiones aeroportuarias en el país, al que ahora se sumaría Chinchero en el Cuzco, el más moderno y principal después del de Lima.
FUENTE: EL MOSTRADOR