Fonasa “plus”: el plan para competir con las isapres
En el contexto de la mesa de Acuerdo Nacional de Salud, que el 13 de agosto entregará su informe final, el gobierno propone modernizar el Fondo Nacional de Salud y convertirlo en un seguro público, que ofrecerá un plan universal y convenios complementarios que le permitirían competir con el sistema privado. Para ello se plantea elevar la cotización de salud hasta en dos puntos, limitada actualmente al 7%.
“Homologar a Fonasa con las isapres, en cuanto a que las personas puedan cotizar una imposición superior al 7%, con el objeto de obtener una mejor cobertura”. Esa es una de las propuestas de la Comisión de Acuerdo Nacional por una Salud Digna y Oportuna, que busca modernizar y hacer más competitivo al Fondo Nacional de Salud, en el marco de los cambios que se discuten para el sistema público.
La comisión, formada por alcaldes, parlamentarios, exautoridades y expertos en salud, comenzó a sesionar el 10 de mayo, con el foco en cinco ejes: atención primaria, fármacos, hospitales, listas de espera y Fonasa. La instancia ya emanó un avance preliminar al Presidente Sebastián Piñera hace dos semanas y el próximo 13 de agosto tiene programada la entrega del informe final, con las propuestas que generaron consenso.
Uno de los cambios más radicales que se han discutido son los que tendría Fonasa. La propuesta es transformar a la entidad en un seguro real, público, que dejaría de ser un financiador del gasto de los hospitales para convertirse en comprador de soluciones sanitarias para sus afiliados, con facultades para exigir calidad y tiempos de respuesta a los prestadores. Se trata de mejoras que, además, se plantean en el contexto de una próxima reforma a las isapres, que, de no mediar cambios al funcionamiento de la entidad, podría significar una fuga masiva de usuarios hacia el sistema privado, con el consiguiente perjuicio al Estado por la pérdida de las cotizaciones, que constituyen casi un tercio del presupuesto.
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Así, Fonasa tendría la potestad de crear planes “plus”, es decir, convenios más atractivos en modalidad libre elección, que buscan captar a los afiliados con mayores ingresos y evitar que migren a isapres. Para ello, los usuarios, en forma voluntaria, pagarían una cotización adicional fija por sobre el 7%, de 1 o 2 puntos más, para acceder a mejores coberturas ambulatorias y hospitalarias, junto con una hotelería superior, en clínicas privadas o en los pensionados de hospitales. Frente a esto la minuta, en revisión, propone “iniciar un proceso de cambio de Fonasa en paralelo, pero no junto, con una eventual reforma a las Isapres, de manera de no producir desequilibrios entre el asegurador público y los privados, sobre todo a la población más vulnerable, evitando traspasos violentes entre sistemas y generando los tiempos necesarios para que se solucionen los problemas del sistema público prestador. Al principio, con normativas inmediatas, pero luego con cambios estructurales, preparando proyecto de ley a mediano plazo para entregarle las atribuciones que requieren estas transformaciones”.
La partida de estos cambios es la creación de un Plan de Salud, con énfasis en la prevención, el control de los pacientes crónicos y con un modelo de atención basado en la solución integral de las enfermedades. El Plan de Salud sería financiado por el Estado, mientras que Fonasa gestionaría las cotizaciones, con la potestad de elegir las compras de prestaciones para sus afiliados, por calidad, costo-efectividad y precio, tanto a prestadores públicos como privados, obligando así a los hospitales a ser más eficientes. Esto, en un horizonte de cinco a ocho años. La idea es que dicho plan pueda crecer, y homologarse, con el que ofrecerían las isapres tras la reforma, generándose así un Plan Universal de Salud, para lo cual se plantea un plazo de 8 a 10 años.
Al respecto, el diputado RN, Andrés Celis, sostuvo que los acuerdos de la comisión buscan “conseguir la modernización de Fonasa, logrando equiparar su servicio al que prestan actualmente las isapres. Que el ente público esté a la altura de una institución privada, dejando de ser estigma de una entrega de salud de segunda clase. Asimismo el Estado debe actuar como garante ante la ciudadanía que requiere de soluciones a diversos tipos de enfermedades y tratamientos, para aquello incluso Fonasa debe ser capaz de poder adquirir servicios a terceros para otorgar la atención necesaria al afiliado”.
El diputado Javier Macaya (UDI), señaló que “el gobierno necesita generar los incentivos adecuados para que Fonasa se convierta en un seguro de salud para la personas de mas escasos recursos y ponga competencia a las isapres, captando a una gama de afiliados de clase media que vean en Fonasa una opción”.
A su vez, el diputado Daniel Verdessi planteó que “la tesis es que al perfeccionar el sistema de isapre surja una fuga de afiliados. Por eso se plantea hacer más competitivo a Fonasa frente a ese riesgo, junto con mejorar y diversificar el rol que cumple hoy”.
El ministro de Salud, Emilio Santelices, destacó la colaboración de quienes han participado de la mesa, de distintas corrientes políticas, para “generar propuestas concretas que debieran traducirse, en el futuro, en medidas que podamos desplegar desde el Minsal”.
Hospitales: libre movilidad para usuarios
En su diagnóstico, Salud admite fallas en el financiamiento de la red hospitalaria, pues no se cubren todos los costos de producción, lo que redunda en la deuda del sector, que en junio llegó a $ 321 mil millones. A eso se suma la brecha de camas: los 194 recintos del país disponen de 26.198 cupos, es decir, 2,2 camas por mil personas, menos de la mitad del promedio OCDE. También se advierte el déficit de recursos humanos, con 24,3 médicos por 10 mil habitantes, versus los 34 de la OCDE y una tasa de 42 enfermeras, menos de la mitad de las 88 del organismo internacional. Otros problemas son las esperas en la urgencia: 26% de los pacientes aguarda más de 12 horas por una cama; la baja producción de los pabellones quirúrgicos que llega al 45%; falta de competencias y liderazgo entre los directores de hospitales y la proliferación de sociedades médicas, entre otras materias.
Para resolver esto, la comisión propuso medidas a corto, mediano y largo plazo. Entre estas, fijar el costo real de las prestaciones para mejorar el financiamiento, junto con generar un sistema de transferencia presupuestaria asociada a producción, resolución, celeridad y complejidad de la atención, que disminuya la ineficiencia del sistema. Además, se propone auditar la gestión de los hospitales, homologar los sistemas de información y permitir la libre movilidad de los usuarios entre los distintos centros de salud, asociando dicha atención a la entrega de financiamiento, para incentivar las atenciones oportunas, reduciendo las esperas.
Diagnóstico que preocupa: 51 comunas sin farmacias
Según datos del Minsal, el gasto de bolsillo en salud por hogar representa un 7,6% del desembolso total y equivale a $ 31.838 por persona, al mes, impactando principalmente a los usuarios de Fonasa y de los tres primeros quintiles. Asimismo, se planteó la concentración en la venta de fármacos, con tres cadenas que reúnen el 90% de las ventas y suman 1.464 locales, versus 1.976 recintos independientes. Con todo, aún existen 51 comunas en el país que no cuentan con farmacias. Otros aspectos que debatió la comisión es la dispersión de precios que existe entre los medicamentos, junto con el antecedente de que Chile está entre los países con los remedios genéricos más baratos, y al mismo tiempo, entre los que tienen los productos de marca más caros. De igual modo, existe una baja cobertura del gasto que hacen los chilenos para costear estos productos. Jaime Bellolio, diputado UDI, explicó que la subcomisión que analiza el gasto de bolsillo en fármacos y cómo disminuirlo aún no emana propuestas, pero comentó algunos lineamientos que se están evaluando: “Se analizó el establecer una especie de seguro con cobertura para medicamentos, que podría bajar costo en 30%, pero son temas que aún no hemos zanjado”. El exministro de Salud, Pedro García, destacó que durante la discusión se estableció además como requisito “aumentar la presencia de medicamentos genéricos en el mercado”. Sin embargo, esta comisión aún no emana las propuestas que serán presentadas en el informe final.
Lista de espera priorizada por riesgo de muerte
Luego que la lista de espera para atención quirúrgica y de especialidad superara las dos millones de personas y se identificara que el crecimiento de la demanda fue de un 7% para consultas y 22% para intervenciones quirúrgicas entre 2015 y 2017, además de la revelación de que 25 mil personas en lista de espera no Ges que fallecieron en 2016 esperando atención, es que la mesa de acuerdo incluyó el tema para buscar consensos en cómo realizar la gestión de la lista, disminuir los tiempos y personas en la misma e instalar un nuevo proceso de registro. Para avanzar en esa línea se propuso establecer un marco normativo que regule la institucionalidad de la lista y del sistema de gestión de tiempos de espera. Además, se buscará establecer tiempos máximos tanto para la entrada, el registro, la priorización y la salida del pacientes de la lista, sistema similar al que se utiliza para la gestión de las prestaciones garantizadas en el GES, donde se asegura prestaciones en tiempos determinados por ley. Un registro que se crearía de acuerdo al rut de las personas y no a los casos clínicos. El énfasis de resolución será en casos que llevan más de un año enlistados, en cuyas patología signifiquen un riesgo de muerte o produzca discapacidad o impacto social o familiar. Para esto se generará oferta extraordinaria en hospitales y consultorios, ampliando horarios tanto en la semana como fines de semana. Se propone trabajo integrado con prestadores del sector privado, con equipamiento subutilizado, en la medida en que la oferta pública no de abasto. Luis Castillo, integrante de la mesa y académico de Caples y de Medicina de la UC, explica que además la priorización de la lista se hará a nivel regional. “Se busca hacer una lista de espera regionalizada con priorización sanitaria, dependiendo de las características epidemiológicas de cada región: la lista de Antofagasta tiene enfermedades distintas a las de Coyhaique. Factores como riesgo de muerte, perdida de años de vida saludable son elementos que van a permitir tomar una decisión rápida”, explicó.
Consultorios: ampliar atención a fines de semana
El planteamiento del gobierno respecto de la Atención Primaria de Salud (APS), consultorios y centros de salud familiar, es que existe un déficit de médicos, pese a que se ha aumentado la dotación. Hoy hay 0,3 médicos por mil habitantes, mientras que el promedio OCDE es de 0,8 por mil. Asimismo, de los 1.150 médicos de salud familiar a nivel país, sólo 478 trabajan en APS, los que tienen una distribución geográfica desigual, ya que se concentran en la zona centro del país. A eso se suma que el financiamiento destinado es “insuficiente” y que se ha calculado en base a un conjunto de prestaciones que no contempla el riesgo sanitario.
La comisión propone extender los horarios de funcionamiento de los consultorios durante la semana y los fines de semana. Actualmente operan de lunes a viernes de 08.30 a 17.30 horas. Se propuso crear un plan de incentivos económicos y no económicos para promover la permanencia de los médicos y evitar la rotación.
Sobre las brechas en APS se propuso aumentar la formación de médicos de familia, que tienen una mayor resolutividad y una menor tasa de derivación a especialistas, pues de cada 100 atenciones, derivan 4,03, mientras que el médico general tiene una tasa de derivación de 7,68, es decir, casi el doble.
En financiamiento, se plantea un estudio de la canasta y el valor de las prestaciones para actualizar y adecuar el monto del percápita, de $5.940, desde la georreferenciación, es decir, ajustado a la realidad local de cada comuna. Además, que una fracción de este monto se destine a promoción y prevención. Camilo Bass, vicepresidente del Colegio Médico Regional Santiago y representante de médicos de APS indicó que se propuso aumentar el percápita a $7.000 y extender la duración de una consulta a 20 minutos. “Mientras no tengamos el estándar de un médico por 1.500 habitantes, es necesario tener más tiempo para atender a los pacientes”, explicó Bass.
FUENTE: LA TERCERA
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