Negocio del agua: Gobierno quiere planta desaladora en Atacama
El gobierno de Sebastián Piñera, a través de su oficina de proyectos sustentables, encargada de viabilizar inversiones extranjeras en Chile, puso en carpeta y dentro de sus prioridades la construcción de la planta desaladora más grande de Latinoamérica en la región de Atacama.
Francisco Velásquez
Martes 29 de mayo 2018 20:08 hrs.
La oficina de proyectos sustentables, impulsada por el gobierno de Sebastián Piñera, tiene un nuevo negocio en carpeta: una planta desaladora en la región de Atacama, con una inversión de cerca de mil millones de dólares. Incluso advierten que será la más grande de Latinoamérica.
La sociedad a cargo del millonario negocio de agua está conformada por empresarios saudíes y locales, quienes se han propuesto aportar en la escasez hídrica que la propia minería y el desarrollo agropecuario de la región de Atacama han generado.
La planta estará emplazada en la costa entre Copiapó y Caldera, y tendrá una capacidad de mil litros por segundo de agua desalinizada. si es utilizada a su máxima capacidad, podría llegar a entregar cerca de 2600 litros por segundo.
Este proyecto involucra la construcción de un parque fotovoltaico capaz de producir cerca de 100 mega watts de capacidad. A su vez, tendrá una conexión con una subestación eléctrica para tener energía durante la noche.
Este negocio del agua no es una novedad. Hace algunas semanas nuestro medio anticipaba que dentro de las conversaciones de Sebastián Piñera existían nexos con la embajada de Israel para propiciar la llegada de inversionistas de dicho país para implementar plantas desaladoras en la costa chilena.
En dicho informe se anticipaban los costos ecológicos que podría traer la implementación de una propuesta, que lejos de resolver la sobreexplotación del uso de los acuíferos, integraba una nueva tecnología para que el uso indiscriminado de la tierra fuera concebido como el camino a seguir, sin considerar las implicancias socio ambientales que han traído las faenas mineras y la sobreexplotación agropecuaria en diversas regiones de Chile.
Asimismo, en nuestras publicaciones se han tratado de forma extensa los conflictos socio ambientales producidos por la construcción de plantas hidroeléctricas en diversas regiones de nuestro país, las cuales buscan, por diferentes medios, integrar mayor capacidad energética al sistema interconectado central para que las faenas mineras no mermen en su funcionamiento.
La política energética 2030, impulsada por el gobierno de Michelle Bachelet, anticipaba la sobreproducción de electricidad, pero solo ahora es que podemos ver para qué se necesitaba tanta corriente. Las faenas mineras no solo necesitan energía para funcionar, sino que además ahora necesitan succionar el agua del mar para sostener sus faenas.
La empresa Energía Aguas del Pacifico será la titular de esta nueva obra que ingresa a evaluación ambiental y que hoy es prioridad en la política pública de nuestro país, aun cuando los marcos legales no son suficientes para determinar cuál debería ser el camino de este nuevo negocio del agua.
Según plantea Cristián Chadwick, ingeniero de la Universidad de Chile y especialista en hidrología y recursos hídricos “el gobierno tiene dos lados, uno es generar incentivos para desarrollar nuevas industrias, y por otro tiene que asesorarse para desarrollar la industria de manera sustentable. La desalinización no es un problema, el problema es no tener las herramientas gubernamentales que permitan asegurar al largo plazo un desarrollo sustentable”.
En esta misma línea, el profesor de la Universidad Católica del Norte, Wolfgang Stotz plantea que “tampoco sería un buen desarrollo si la costa se llena de plantas desaladoras, eso si termina generando un efecto, además que por lo general las plantas desaladoras tienen una alta demanda energética para poder separar la sal del agua dulce, se necesita energía, no es un proceso gratuito, tiene sus costos”, subrayó.
Algo que advirtieron ambos expertos es que el estudio de impacto ambiental para este tipo de proyectos es fundamental, ya que según la infraestructura y el territorio en el que se va a emplazar, es necesario considerar si las playas son o no aptas para la posterior descarga de salmuera y si es posible funcionar sin generar un impacto irreversible en el fondo marino.
FUENTE: RADIO U. DE CHILE
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