El rol clave que jugó Roberto León en la guerra de Ponce Lerou con “Fra Fra” Errázuriz
Hasta ahora Roberto León (DC) ha negado haber hecho gestiones para favorecer a SQM siendo diputado. Una serie de correos electrónicos lo muestran interviniendo en la guerra judicial que libraron durante 15 años SQM con Cosayach, minera de Francisco Javier Errázuriz por las aguas de Pampa del Tamarugal. León envió una minuta a un correo utilizado por Ponce Lerou con indicaciones sobre qué hacer en uno de los juicios que enfrentó SQM. La minuta fue hecha por Antonella Sciaraffia, ex intendenta y diputada y actual jueza de Policía Local de Iquique, donde SQM tiene sus principales explotaciones de yodo.
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El 11 de septiembre del año pasado las fiscales Carmen Gloria Segura y Paola Castiglione se sentaron frente al ex diputado Roberto León (DC) y le mostraron dos cadenas de correos electrónicos entre su cuenta personal y la casilla grillop10@hotmail.com. El correo electrónico de “Grillo” era utilizado por Julio Ponce Lerou, el eterno controlador de SQM, para comunicarse con dirigentes políticos de su confianza. En esas cadenas de mails está la prueba de que Ponce sí participó en las maniobras de SQM para influir indebidamente en procesos legislativos, judiciales y decisiones del aparato público.
Esta es la segunda vez que CIPER revela evidencias que muestran a Julio Ponce enviando correos a diputados para que se ejecuten intervenciones en distintos niveles del aparato público que beneficien su negocio. En paralelo a sus comunicaciones con parlamentarios, fluía un millonario goteo de recursos desde SQM hacia las cuentas corrientes de algunos dirigentes clave de la derecha y de la extinta Concertación, por vías ajenas a las legales.
Entre 2008 y 2014 SQM le entregó de forma ilegal US$14,75 millones a dirigentes de casi todo el arco político chileno.
Hasta ahora toda la responsabilidad penal por los delitos tributarios y de cohecho cometidos desde las oficinas de SQM han sido asumidos por la yunta histórica de Julio Ponce, el ex gerente general de la minera, Patricio Contesse González. Allí radica la relevancia de la información que aquí se revela.
Ex diputado Roberto León (DC)
En un reportaje anterior, CIPER mostró la participación de Ponce Lerou en el agresivo lobby ejercido desde SQM para influir en la tramitación de la Ley de Medioambiente (2009). Este incluyó el envío de una minuta con indicaciones a parlamentarios de su confianza. Parte de esas indicaciones fueron incorporadas a la ley por autoridades del primer gobierno de Michelle Bachelet y por los entonces diputados Francisco Chahuán (RN) y Marcela Cubillos (UDI) (vea reportaje de CIPER).
Ahora, los correos electrónicos entre Julio Ponce y Roberto León revelan cómo ambos conspiraron en secreto para torcer la mano de la justicia.
Todos los mails que las fiscales Segura y Castiglione le mostraron a León cuando lo interrogaron el 11 de septiembre de 2017, tenían que ver con la extensa disputa judicial que enfrentó a SQM con la minera Cosayach, propiedad de Francisco Javier Errázuriz (Fra Fra), por la utilización de reservas de agua en la Pampa del Tamarugal. En ese conflicto, que se extendió durante 15 años (1999-2014), el diputado León jugó un rol relevante para asesorar a SQM.
La disputa por el agua en la Pampa del Tamarugal fue una batalla clave para las ganancias y la proyección del millonario negocio de SQM. Por ello, Ponce Lerou defendió con uñas y dientes su derecho a utilizar las escasas reservas de agua en la zona en la que tiene sus principales yacimientos de yodo.
EL “FACTOR LEÓN”
La cadena de correos electrónicos que las fiscales Segura y Castiglione pusieron frente a Roberto León, es de abril de 2008. Lo que allí aparece no es solo un simple intercambio de mails entre el entonces diputado y el controlador de SQM.
El contexto era el siguiente: en 1999 el empresario Francisco Javier Errázuriz pidió derechos de aprovechamiento de aguas del acuífero La Noria para explotar diez pozos de donde planificaba extraer 105 litros por segundo. La Dirección General de Aguas (DGA) no se pronunció. En 2006, ese mismo organismo detectó que la Compañía Soledad (propiedad de Errázuriz) estaba extrayendo agua de la zona y presentó una denuncia ante el tribunal de Pozo Almonte contra su gerente general, Waldo González. Ese mismo 2006, SQM se sumó a esa acción y se querelló contra el mismo ejecutivo.
El proceso iniciado por esas dos acciones judiciales partió en abril de 2008. El 4 de ese mes llegó un mensaje a la casilla electrónica del entonces diputado Roberto León.
Pampa del Tamarugal
La autora de ese correo era Antonella Sciaraffia, ex intendenta de Tarapacá (2006-2007) y ex diputada por la misma región (1998-2002, por la DC). En ese mail la abogada Sciaraffia le dice a León lo que SQM debía hacer para salir airosa del juicio contra la minera de Errázuriz. Allí se lee que la información que le proporciona se la entregó una “fuente interna” en el Poder Judicial regional. A juzgar por las palabras que utilizó, ella sabía perfectamente que el destinatario final de ese mensaje era SQM:
“Estimado Roberto: respecto del alegato de clausura, me informé cuales son los tópicos que se abordarán en la defensa (que es la última que interviene) y respecto de los cuales la querellante (SQM) se tiene que hacer cargo en su alegato”.
A continuación, Sciaraffia enumera cuáles serán los argumentos de la defensa (Cosayach). Uno de ellos es la “existencia de un título legítimo. Este punto, sostiene mi fuente de información, que es el que menos le importa al juez, que SQM ha gastado mucho tiempo en esto y se harán cargo, pero los otros son determinantes”. Los puntos “determinantes” -según la ex militante DC- eran “la atipicidad de la conducta” y la “falta de autoría y participación de Waldo González”.
Pocos meses después de que enviara este correo electrónico a Roberto León, Sciaraffia sería nombrada jueza de policía local de Iquique, cargo que mantiene hasta hoy (vea aquí su decreto de nombramiento). Por ello, llama la atención que en el texto mencione a su “fuente de información”, la que le permite entregarle a SQM información privilegiada de lo que consideraría el juez a cargo de la causa. Y todo ello a través del entonces diputado León. Sciaraffia no se anda con rodeos al actuar como asesora:
“Sostendrán que este tipo penal es de un delito que requiere un resultado material que sería la afectación de los derechos de un tercero. El artículo dice ‘invadiendo derechos ajenos’. Aquí es muy importante usar la prueba rendida por el perito que presentó SQM, quien señaló al tribunal que el acuífero está disminuyendo en general. Aquí el énfasis hay que ponerlo en que más allá del radio de influencia de los 4 pozos, que ellos dicen que no afectan, cuando SQM quiera explotar sus pozos constituidos, se encontrará con una napa disminuida lo que claramente afecta sus derechos” (lea aquí el mail completo).
Antonella Sciaraffia (elboyaldia.cl)
Apenas 13 minutos después de que recibió esa minuta en su casilla, Roberto León la reenvió a “Grillop10” (el mail utilizado por Ponce Lerou), con copia a marcelorozaslopez@hotmail.com. Marcelo Rozas, uno de los dirigentes DC del grupo de “los salvadoreños”, es otro de los imputados en la indagatoria judicial por los pagos ilegales de SQM a políticos. Según varios testimonios aparece como el vínculo entre Patricio Contesse González con los hijos del senador Jorge Pizarro(DC), el lobista Miguel Salazar (DC) y el hijo del ex diputado Roberto León. Todos imputados por delitos tributarios por recibir dineros negros de SQM.
La importancia de la minuta de Sciaraffia lo grafica bien lo que pasó con ella ese viernes 4 de abril de 2008. Cinco minutos después de que el correo de Roberto León entrara a la bandeja de grillop10@hotmail.com, fue reenviado a Matías Astaburuaga, el abogado que trabajó 27 años en SQM, empresa de la que se retiró en septiembre de 2016.
Astaburuaga era un ejecutivo de la minera que contaba con la plena confianza de Ponce Lerou y de Contesse. De hecho, fue él en su calidad de fiscal de la minera, que en 2010 redactó el artículo que luego Contesse envió a Pablo Longueira y que terminó incluido en la ley del royalty minero. Ese artículo benefició a SQM al incluirla en las empresas que recibirían el beneficio de la invariabilidad tributaria.
La guerra con Errázuriz la ganó Ponce Lerou. En 2014 fue el gerente general de la minera de “Fra Fra”, Carlos Contreras Quispe, quien pagó los platos rotos. En mayo de 2014 el Juzgado de Garantía de Pozo Almonte lo condenó a 61 días por el delito reiterado de usurpación de aguas. El tribunal ordenó, además, el cierre de 38 pozos que Cosayach utilizaba desde 2003.
En la audiencia del 28 de mayo de 2014, Contreras Quispe aceptó los cargos. Mientras que Errázuriz, Waldo González y el ejecutivo Alejandro Puelles, se acogieron a una suspensión condicional del procedimiento. Durante el proceso, la Fiscalía acusó que la extracción ilegal de agua afectó los derechos que tenía SQM sobre napas subterráneas.
Esa batalla con Errázuriz concentró durante años las energías de los ejecutivos de SQM. Así lo reconoció ante la Fiscalía en diciembre de 2017 la ex vicepresidenta de sustentabilidad de SQM, Pauline De Vidts:
“El interés por Cosayach radicaba en que era una empresa competidora muy importante para SQM. Dicha empresa tenía faenas mineras sin permisos ambientales y con extracción de aguas sin los derechos correspondientes, por muchos años. Lo que implicaba una competencia desleal. No solo no tenían permisos ambientales sino que además ampliaban sus faenas. Esto generó preocupación durante muchos años (…) Yo veía la parte ambiental, si presentaban los permisos respectivos o no, y en qué estado estaban. Esto lo veía yo directamente con la Conama de la Primera Región”.
La otra cadena de mails que las fiscales Segura y Castiglione le exhibieron a León el 11 de septiembre del año pasado, es más antigua. Entre el 23 y el 25 de septiembre de 2006 las cuentas electrónicas de León y “Grillop10” intercambiaron un oficio de cuatro páginas “relativo a solicitud de antecedentes sobre la empresa Sociedad Minera de Salitre y Yodo (Cosayach)”, según publicó Radio Bío Bío. Esa cadena finaliza con la cuenta “Grillop10” reenviando esa información al actual gerente general de SQM, Patricio de Solminihac.
En enero de ese mismo año (2006), el ex diputado Roberto León recibió $10 millones desde SQM, apenas terminada la campaña electoral que le permitió retornar al Congreso. Según León, ese pago fue a cambio de una asesoría jurídica. Tiempo después, su hijo, Roberto León Araya, recibió mucho más.
AL SERVICIO DE SQM
Contactado por CIPER, Roberto León apeló al olvido: “De esta información sí que no recuerdo absolutamente nada… No te podría decir. Yo con la Antonella (Sciaraffia) soy amigo desde hace muchos años… pero no tengo la información a la mano, no sé”.
En su respuesta a CIPER, León agregó un dato insólito:
-Yo no conozco a Ponce Lerou. Ponce Lerou dice que no me conoce a mí y yo nunca me he comunicado con él… Yo con Patricio Contesse, sí. Cuando yo fui a SQM fui a reunirme con Patricio Contesse. Yo nunca he visto a Julio Ponce.
Respecto del correo recibido desde la cuenta grillop10@hotmail.com, en el que Julio Ponce le sugiere que el gobierno nombre a Horacio Merlet en la jefatura de la Conama de la Región de Tarapacá (ver reportaje de CIPER), la respuesta de León fue aún más insólita:
-Yo no conozco a esa persona, no la conozco (por Julio Ponce)… No tengo noción en este minuto de haber recibido este correo…, pero no sé. Tendría que empezar a hablar con Marcelo Rozas para preguntarle…, pero yo no me acuerdo de nada. Hoy no tengo noción de haber recibido ese correo, ahora, el día de mañana, no sé.
SQM reconoció ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) que todas las boletas que le emitió el hijo de Roberto León entre 2009 y 2014 no tienen respaldo en trabajos que las justifiquen. Por ello, rectificó esas 63 boletas por un total de $157 millones que le pagó en ese periodo.
El miércoles 31 de agosto de 2016 Roberto León hijo fue formalizado por delitos tributarios. Ese mismo día también fueron formalizados ante tribunales los hijos del senador Jorge Pizarro (DC) y el ex embajador ante República Checa, Marcelo Rozas, su pareja y su hijo.
Marcelo Rozas
La Fiscalía acusó a Rozas, uno de los asesores más antiguos de Contesse, de ser el nexo entre el hijo de León y los hijos de Pizarro con SQM. El ex diputado Roberto León ha sido citado como imputado en dos ocasiones por la Fiscalía y en ambas se acogió a su derecho a guardar silencio (septiembre y noviembre de 2017).
Puede que su silencio esté relacionado con las múltiples pruebas que lo muestran cumpliendo un rol de asesor en beneficio de la minera, a pesar de ser un diputado de la República. Un reportaje de CIPER reveló que el 6 de noviembre de 2013, León envió un oficio desde la Cámara a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) solicitando información sobre la participación de sociedades de Sebastián Piñera en las cascadas de SQM. Esa solicitud estaba en línea con la estrategia de Julio Ponce en el Caso Cascadas, de involucrar a Piñera en las maniobras sancionadas por la SVS (vea aquí ese reportaje).
Dos meses después, desde la bancada de diputados DC salió otro oficio hacia la SVS con el mismo objetivo. Un correo electrónico hallado por la Fiscalía descubrió que ese segundo oficio fue redactado por el abogado Hernán Contreras (PS), director de Norte Grande, una de las sociedades cascada de SQM. Fue un lobista DC, Antonio Saavedra, quien hizo llegar ese documento a los diputados Gabriel Silber y Ricardo Rincón para que lo firmaran y lo despacharan.
A pesar de su oficio a la SVS, su boleta a SQM, los millonarios pagos recibidos por su hijo desde la misma minera y la asesoría jurídica que le envió a Ponce Lerou en medio de su disputa con “Fra Fra” Errázuriz (como revela CIPER en este reportaje), el ex diputado León insiste en borrar sus nexos con la minera.
Hay otras personas que han declarado y que sí lo han mencionado. Por ejemplo, la hija del lobista Miguel Salazar Beltrán (DC), Magdalena. El 29 de junio de 2017 prestó testimonio ante la Fiscalíacomo socia del Centro de Estudios Legislativos (Celac), sociedad que asesoró a León mientras fue diputado. Allí relató que cuando en 2015 estalló el escándalo de los aportes ilegales de SQM a la política, la llamó Roberto León:
“Mi mamá le contestó, él quería que yo fuera a visitar la Cámara para que me vieran allá, porque yo nunca había ido y dijo que era bueno que me vieran presente. Inmediatamente entendí que esto me lo estaba pidiendo por Celac, ya que desde 2012 Celac le estaba emitiendo facturas a la Cámara, y yo nunca gestioné nada ante ellos, nunca entregué un informe, ni entregué facturas, solo fui en algunas oportunidades con mi papá a cambiar cheques de la Cámara en el banco”.
El asesor de Roberto León, Miguel Salazar Beltrán, fue imputado en la investigación judicial por haber recibido $6,7 millones desde SQM a través de boletas, las que fueron rectificadas por la minera. Sobre esos dineros, su hija Magdalena acusó ante los fiscales: “Mi papá no tenía vínculos con SQM, nunca tuvo antes relación alguna con SQM, ni contactos que justificaran pagos de cifras de $5 millones o de $2,2 millones”.
Cuando el Ministerio Público le preguntó a Magdalena Salazar por el destino de los dineros recibidos desde la Cámara de Diputados y desde SQM, respondió: “Siempre tuve la sospecha de que iban al diputado Roberto León, ya que estas cosas irregulares empezaron a pasar cuando mi papá empezó a trabajar con él. Además, mi papá llegó al Congreso con él, y es la primera vez que mi papá constituye una empresa usándome a mí como socia”.
Lo único que Roberto León sí reconoció a CIPER, es su amistad con el ex gerente general de SQM, Patricio Contesse. Y en ese contexto asumió que realizó gestiones para regularizar un pozo del fundo que Contesse posee en Curicó, la zona por donde León era diputado.
CIPER intentó comunicarse en reiteradas ocasiones con Antonella Sciaraffia y Julio Ponce Lerou para que entregaran su versión sobre los hechos aquí relatados. Ambos no respondieron.
FUENTE: CIPERCHILE
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