Frente Amplio Unitario

Financiamiento ilegal de políticos: SII, Fiscalía y Tribunales. "La conjura de la impunidad"

30/01/2016 |

Por Mario López M.

A casi dos años que comenzaran las denuncias en materia de financiamiento ilegal de campañas, han aparecido decenas de empresas y políticos involucrados.

A principios de 2014 se comenzó a conocer de un fraude relacionado con el FUT (Fondo de Utilidad Tributaria), que involucraba a algunas empresas menores y funcionarios del SII. El fraude fiscal era de grandes proporciones y se había destapado gracias al tesón y firmeza de Marisa Navarrete la ex abogada jefe de la Oficinade Licitación Penal del SII, quien había denunciado el ilícito directamente al Ministerio Público a través de un desconocido y joven fiscal, Carlos Gajardo, después que el director y el subdirector jurídico de la época Piñera, se negaban a investigar.

Gajardo demandó del SII los antecedentes y, sorpresa, apareció entre las involucradas un conocido holding controlado por “prestigiados empresarios” como Carlos Lavín y Carlos Délano, este último que incluso dirigía una obra de caridad, Teletón.  En sus declaraciones ante la fiscalía, el entonces gerente de Penta, Hugo Bravo, ratificó un secreto develado antes de morir por uno de los involucrados en el fraude, el martillero Jorge Valdivia, que despertaría el asombro primero y luego la indignación ciudadana: Parte de las platas del desfalco al erario nacional, fueron a parar a políticos.

Mano dura y expedita

Las informaciones llenaron por meses los titulares de noticieros y periódicos dando cuenta de los trascendidos que involucraban a la UDI hasta sus cimientos y luego a otros políticos de distintas tiendas, muchos de ellos que habían usado la transparencia y buenas prácticas como bandera de lucha. El Ministerio Público encargó la investigación a Carlos Gajardo jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, quien se ganó el respeto de la gente por su eficiencia y determinación que incluso llevaron a encarcelar a personeros considerados “intocables” por todos.

A la par el SII presentaba denuncias y  querellas, iniciando acciones que permitieran al Ministerio Público formalizar a aquellos que aparecían responsables de los ilícitos. La rapidez investigativa, la TV mostrando desfiles en tiempo real de “celebridades” ante tribunales, los trascendidos de prensa y lo mediático de transmisiones de audiencias de formalización en directo, hicieron abrigar esperanzas que por fin se pondría el “cascabel al tigre” y que no habría indulgencia con los corruptos.

Todo bien hasta que el diablo metió la cola (disculpe la expresión, pero es la mejor manera de graficar la descarada intervención de poderes fácticos y otros caradura). Ya sea por motivos personales –egos- o complicidad, se desordenó el naipe y nadie pudo entender a qué se jugaba. El SII dejó de presentar querellas, el Ministerio Público entro en una lucha de poder inconcebible en que todos disparaban en contra del único equipo de persecutores que había llevado al organismo a aparecer como adalid de la transparencia y, los tribunales, comenzaron a renunciar a su rol de aplicar justicia y se sometieron a acuerdos, logrados entre gallos y medianoche, que instauraron la impunidad.

Las “vuelta de carnero” del SII

En el SII dos hechos marcaron la pauta de un cambio radical en la manera de ver las causas originadas por el financiamiento ilegal de la política. Por un lado se provocó una lucha intestina entre el anterior director del servicio Michel Jorratt y el ex subdirector jurídico, Cristián Vargas, en que cruzaron acusaciones de presiones externas y negativas de investigar determinadas aristas. La disputa (que terminó con ambos defenestrados), marcó también un cambio sustantivo en la manera de actuar del Servicio, que lo hizo colisionar con el Ministerio Público, quien reclamó (incluso judicialmente) una “inacción que le amarraba las manos a la fiscalía”.

Las denuncias y querellas presentadas hasta entonces por el Servicio de Impuestos Internos, llevaban en la suma (lista al inicio de un escrito judicial que da cuenta de su contenido), una frase sacramental al individualizar en contra de quién se dirigía la acción judicial, pues se agregaba y “en contra de todos los que resulten responsables”. Ello dio pie a la fiscalía a formalizar a delincuentes de cuello y corbata que no aparecían nominativamente individualizados en la acción del SII. No era lo único. El servicio aplicaba un concepto amplio para entender que el financiamiento ilegal a la política, estaba contemplado como ilícito penal en el artículo 97 N° 4 del Código Tributario.

Con la llegada del nuevo director, Fernando Barraza, el  cambio fue radical. El actual  mandamás del SII declaró de entrada que “El servicio no persigue específicamente los ilícitos relacionados al financiamiento irregular de la política, no nos corresponde hacer esa persecución”. Eso fue un portazo que anunciaba el cese de investigaciones futuras. Al balde de agua fría se sumó una segunda y trascendente variación, sin denuncia o querella nominativa en contra de alguien, no se le podía formalizar. Y las querellas nuevas eliminaron la frase que permitía actuar a la Fiscalía. Luego, si el SII ya no consideraba delito el financiamiento ilegal y no iniciaría acciones, la fiscalía quedó maniatada.

Entre puñaladas y componendas

También al interior del Ministerio Público se generó un fuerte cambio de escenario que complotó para generar impunidad. Al menos tres intentos frustrados por desbancar a Carlos Gajardo y su equipo de la dirección de las investigaciones, terminaron por sacarlo del primer plano de las distintas aristas que se investigaban, salvo Penta, hoy. El otrora Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, asumió la totalidad de las investigaciones y decisiones acerca de hacia dónde y hacia quienes se orientarían las pesquisas.  Las consecuencias, más allá de los dichos de Chahuán terminaron en bajarle el perfil a los hechos delictivos y en acuerdos con los querellados (el caso Novoa es palmario), que se transformaron en una burla al país.

El nuevo Fiscal Nacional, Jorge Abbott, -más allá de su currículo y su circunstancial ausencia-, lo que ha alcanzado a mostrar dice absoluta coherencia con los últimos días de Chahuán. En un foro universitario antes de asumir, ya había dado una pista. Allí Abbott aseguró que los delitos investigados en el caso Penta y SQM, “no tenían una trascendencia mayor desde el punto de vista penal”. Era casi la lápida que hacía retroceder la necesaria transparencia que el país demanda. Es sabido que muchos de los políticos involucrados y que se encuentran ya formalizados (mayoría UDI y derecha), exploran junto a la fiscalía acuerdos similares a Novoa.

Muchas son las aristas abiertas y cada día se suman más, como la reciente del Banco de Crédito e Inversiones, que se encuentran en actual investigación. Sin embargo son pocos son los casos en que se augura una sentencia que conlleve cárcel efectiva en contra de los culpables. Hasta hoy, el exsubsecretario de Sebastián Piñera, Pablo Wagner  y el desaforado senador Jaime Orpis (ambos ex UDI), son los únicos que por la gravedad y reiteración de los delitos que se les imputa arriesgan pena de cárcel efectiva. Pero ni aún ellos si es que se continúa con la tesis de bajar la penalidad a los ilícitos de mayor connotación social, como en el lavado de activos.

Un poder judicial ausente

Es cierto que a partir de la Reforma Procesal Penal dejó de existir el juez persecutor y sentenciador a la vez y se traspasó la facultad de investigar al Ministerio Público resguardándose la de sancionar exclusivamente. Pero ello no justifica que deba aceptar sin cuestionar los acuerdos a que la fiscalía llegue con los acusados, como aconteció en el caso del exsenador Jovino Novoa (UDI). En dicha causa se investigaron e imputaron varios delitos, entre ellos los tributarios (distintos ilícitos) y otros relacionados con lavados de activos y la ley de donaciones, etcétera.

El acuerdo que se le concedió por el Fiscal Sabas Chahuán, graciosamente dejó sin investigar y menos sancionar los demás delitos distintos, salvo el que reconoció, un delito tributario menor y con ello Novoa salvó de la cárcel sin perder sus derechos políticos. Podía el tribunal primero y la corte juego revocar el acuerdo y obligar a un juicio oral en que se pudieran investigar todos los actos delictuales, tal como lo pidió, sin éxito, la Fundación Ciudadano Inteligente. Los tribunales renunciaron –tal como lo hicieron en dictadura-, a ejercer la potestad que la Constitución y la ley les asignan.

También han pasado desapercibidas las reiteradas resoluciones judiciales que han bajado la intensidad, de las medidas cautelares que se ha aplicado a los formalizados por el financiamiento ilegal de la política. Es un derecho del procesado acceder a ellos, pero las cautelares deben ser acordes a los bienes jurídicos trasgredidos y, en este caso y tal como lo señaló la fiscal Ximena Chong, “Los delitos de corrupción son delitos graves en el ámbito social”.  Habrá que estar atentos a las condenas en los casos del humorista Checho Hirane y otros por similares delitos imputados a políticos. Mal augurio. Para nadie es un misterio que, tratándose de personas de escasos recursos  que delinquen en contra de la propiedad, las medidas cautelares y sentencias son bastante más gravosas.

¿Y los parlamentarios?

Tampoco han estado ausentes los señores parlamentarios en general, de esta suerte de confabulación que busca sacar indemnes a los vinculados en operaciones truchas que violentan la democracia. Qué decir de los más involucrados, como la UDI que sigue sosteniendo que se trata de “errores involuntarios” y que se ha negado a sancionar políticamente incluso al condenado y confeso Novoa y que ha declarado –en palabras de su presidente el senador Hernán Larraín-, que el senador Jaime Orpis es “un ejemplo” de servicio público.

Entre los delitos que se les imputan a quienes usaron boletas y facturas ideológicamente falsas y que utilizaron además testaferros para limpiar los dineros, está el delito de lavado de activos que conlleva una pena que comenzaba en los 5 años. Ya iniciadas las investigaciones de Penta y SQM, los parlamentarios -tal como Cambio21 lo denunciara oportunamente-, aprobaron una modificación a la ley que rebajó las condenas por ese delito. Para que pueda entenderse cómo opera la nueva norma: el lavado de activos se aplica en relación a un delito base, en este caso el tributario que posee una condena menor, luego se aplicará la sanción del delito menor y no la propia del lavado de activos.

De esa manera, uno de los más gravosos delitos por su sanción, queda sujeto a no cumplir su rol sancionatorio en materia de financiamiento ilegal de los políticos. Aquí opera el principio pro reo al que se pueden acoger los condenados por ese ilícito, entre ellos Orpis y Wagner. No es todo, Algunos desde la UDI han comenzado a sostener que el cohecho no es aplicable a los parlamentarios porque estos no son “funcionarios públicos”, a pesar de la reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema que asegura que sí lo son. Peligrosa tesis que, de materializarse, completaría el cuadro de absoluta impunidad que terminaría de alejar a los políticos de la ciudadanía, transformándose en un peligroso caldo de cultivo para golpistas y populistas.

Penta y SQM son la punta del iceberg

Más de 200 empresas y sociedades se acogieron a la rectificación  de sus impuestos, sacando de sus contabilidades los llamados “gastos rechazados” que en este caso corresponden a pagos contra facturas y boletas falsas por trabajos no realizados efectivamente y que en realidad fue financiamiento a políticos. Se trata de una autodenuncia que permitió ir calibrando qué empresas financiaron bajo cuerda y a qué políticos o sus entornos.

Entre las empresas más connotadas se encuentran el ya señalado Banco de Crédito e Inversiones, sociedades del grupo Angelini, Corpbanca, Alsacia, Copec, Arauco, Aguas Andinas, Cencosud, Ripley, Metalpar, Pesquera El Golfo, Newport, Inversiones Caburga, Endesa, entre otras. Esas empresas usaron de manera ilegal esos documentos para rebajar sus impuestos y los políticos entregaron contra ello documentos ideológicamente falsos… pero, terminará todo en nada, de aplicarse la “nueva doctrina” que hemos conocido tanto del SII como del Ministerio Público.

Hasta donde se conoce, el monto que representan estas autodenuncia, corresponde a la friolera de $ 9.043.845.797. Y esta cifra dice relación solo con 78 sociedades de las más de 200 que rectificaron. Sin embargo el SII no denuncia ni se querella y la fiscalía aduce que no puede hacer nada sin eso… y los plazos siguen pasando y los delitos prescribiendo. Pareciera que existe una especie de acuerdo transversal de que no se investigue más y que todo se limite a la investigación de lo que ya está y a lo que ya se procesa. Punto final.

Marisa Navarrete, la abogada que iniciara las investigaciones que abrieron esta caja de Pandora, asegura que “el llamado que se hizo a empresas para autodenunciarse, terminó en que varias rectificaron sus declaraciones de impuestos pagando lo que supuestamente habrían evadido con estas prácticas similares a Penta y SQM. El tema es que hoy el SII frente a una acción similar debería tener la misma actuación. No puede haber una discriminación”. Y resulta ello claro, pues el que las grandes empresas rectifiquen y se autodenuncien y hasta paguen los impuestos defraudados, no es más que un atenuante, pero con ello no eliminan el delito tributario que ya se cometió.

FUENTE: CAMBIO 21